Con el objetivo de acercar la atención del Estado a las personas y facilitar el acceso a diversos trámites y prestaciones, este lunes 8 de junio se realizará una nueva jornada del programa Gobierno en Terreno en la comuna de Cholchol.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas en dependencias de la Municipalidad de Cholchol y contará con la participación de diversos servicios públicos que entregarán orientación, información y atención directa a la comunidad.

Entre las instituciones que estarán presentes se encuentran la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (DOH), SENAMA, Registro Civil, ORASMI de la Delegación Presidencial Regional, SERCOTEC, FONASA y JUNAEB, entre otros servicios.

El delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, hizo un llamado a las vecinas y vecinos de la comuna a participar de esta instancia, que busca facilitar el acceso a los servicios del Estado, resolver consultas y acercar la oferta pública a las localidades.

“Invitamos a todas las vecinas y vecinos de Cholchol a aprovechar esta jornada de Gobierno en Terreno, donde podrán acceder a la atención de diversos servicios públicos en un solo lugar. Como Gobierno, estamos comprometidos con acercar el Estado a las personas, facilitando el acceso a información, beneficios y trámites de manera oportuna y cercana”, señaló la autoridad.

El programa Gobierno en Terreno es una iniciativa impulsada por el Gobierno que promueve la presencia de los servicios públicos en las comunas, fortaleciendo la atención ciudadana y contribuyendo a una gestión más cercana y oportuna para las personas.

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Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de una iniciativa que busca adaptar la legislación laboral a las características del sector turístico, una actividad clave para la economía regional.

La creación de un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo fue uno de los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, iniciativa que busca modernizar las condiciones laborales de una industria marcada por la estacionalidad y que en regiones como La Araucanía se ha convertido en una importante fuente de empleo y desarrollo económico.

El proyecto de ley, que será ingresado en las próximas semanas, pretende fortalecer la formalidad laboral, facilitar la contratación durante las temporadas de mayor actividad turística y generar mecanismos que permitan enfrentar de mejor manera los períodos de menor demanda. Según explicó el Mandatario, la propuesta busca otorgar mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empresas del sector.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, valoró el anuncio y señaló que permitirá avanzar hacia un marco regulatorio más acorde con la realidad de una actividad económica que funciona con temporadas altas y bajas.

“El Presidente ha dado una señal clara de que el turismo debe ser un sector clave para el desarrollo del país. Este estatuto permitirá aprovechar de mejor manera los períodos de alta demanda turística, con mayor adaptabilidad y siempre con responsabilidad”, indicó la autoridad.

Impacto para La Araucanía

El anuncio cobra especial relevancia para La Araucanía, una región que ha consolidado al turismo como una de sus principales actividades económicas gracias a sus parques nacionales, volcanes, lagos, termas, gastronomía y riqueza cultural mapuche.

Durante la Cuenta Pública, el Presidente también se refirió específicamente a la región, señalando que la recuperación de las condiciones de seguridad debe traducirse en más inversión, más turismo y mayores oportunidades de desarrollo para sus habitantes. Asimismo, destacó el potencial de La Araucanía como uno de los destinos con mayor riqueza natural, cultural y patrimonial del país.

Desde el Ejecutivo explicaron que el fortalecimiento del turismo forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el crecimiento económico regional. Entre las metas planteadas se encuentra aumentar en 100 mil los empleos generados por el sector y elevar su aporte al Producto Interno Bruto nacional durante los próximos años.

Actualmente, el turismo genera más de 723 mil empleos directos en Chile y aporta cerca del 3% del PIB nacional, consolidándose como una actividad con gran capacidad para dinamizar las economías locales y generar oportunidades en regiones con alto potencial turístico como La Araucanía.

La propuesta del nuevo Estatuto Laboral para el Turismo responde a una demanda histórica de la industria y está siendo elaborada en conjunto por la Subsecretaría de Turismo y el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de adecuar la legislación a las particularidades de un sector que cada año recibe millones de visitantes nacionales y extranjeros.

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Desde la teoría política y sociológica, los conflictos prolongados tienden a transformarse en espacios de disputa simbólica. Carl Schmitt sostenía que la política moderna se estructura sobre la distinción entre amigo y enemigo; en contextos de violencia persistente, esa lógica se intensifica porque el conflicto permite cohesionar sectores políticos, movilizar apoyos y legitimar decisiones excepcionales. Michel Foucault, por su parte, advertía que el poder no se ejerce únicamente mediante la represión, sino también a través de la administración de discursos y categorías. Así, definir si existe “terrorismo”, “violencia rural”, “resistencia”, “autodefensa” o “conflicto político” no es una cuestión semántica inocente: cada concepto habilita determinadas respuestas estatales y clausura otras.

En Chile, el conflicto mapuche ha sido instrumentalizado por distintos sectores políticos. La derecha lo ha utilizado frecuentemente como evidencia del debilitamiento del orden público y de la necesidad de fortalecer el aparato coercitivo del Estado. Parte de la izquierda, en cambio, lo ha interpretado como consecuencia de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, enfatizando dimensiones de exclusión, despojo territorial y colonialismo interno. Ambos enfoques contienen elementos reales, pero muchas veces reducen un fenómeno extraordinariamente complejo a narrativas funcionales a sus propios proyectos políticos.

La disminución relativa de hechos violentos durante parte del gobierno de Gabriel Boric puede analizarse desde esa perspectiva. No necesariamente como resultado de una capacidad especial de gestión, sino porque existía una relación distinta entre sectores históricamente vinculados al activismo territorial, organizaciones radicales y actores políticos que pasaron a ocupar espacios institucionales. La literatura sobre movimientos sociales y cooptación política —desde Antonio Gramsci hasta Sidney Tarrow— muestra que cuando sectores movilizados perciben canales de incidencia dentro del sistema, parte de la presión violenta puede disminuir temporalmente.

Eso no significa que el conflicto desaparezca ni que exista subordinación orgánica entre grupos radicalizados y el gobierno de turno. Uno de los rasgos centrales del escenario en La Araucanía es precisamente la ausencia de una conducción unificada. No existe una sola organización, ni una jerarquía central, ni una estrategia común. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por ejemplo, ha desarrollado una lógica de “resistencia autónoma” que busca incentivar núcleos de acción más que construir una estructura cohesionada. Su discurso privilegia la confrontación contra el sistema económico y el Estado antes que la subordinación a una orgánica vertical. En ese contexto, basta compartir ciertos principios generales —anticapitalismo, reivindicación territorial, resistencia al Estado— para legitimar acciones diversas y descentralizadas.

La composición de quienes participan en acciones violentas demuestra además que el fenómeno excede lo estrictamente territorial. Las muertes de figuras como Matías Catrileo o Pablo Marchant revelan que parte de la radicalización también proviene de jóvenes urbanos, militantes ideológicos o activistas externos al territorio mapuche tradicional. Esto refuerza la idea de que el conflicto se transformó en un símbolo político más amplio, capaz de articular causas antisistémicas, identitarias y revolucionarias.

Desde esa lógica, también resulta insuficiente afirmar que el aumento de hechos violentos bajo un gobierno que prometió seguridad representa simplemente un fracaso administrativo. Los conflictos fragmentados suelen reaccionar frente a cambios en las relaciones informales de poder. Cuando actores que antes mantenían vínculos, canales o afinidades con sectores movilizados salen del espacio institucional, pueden debilitarse ciertos mecanismos de contención indirecta. Esto no implica conspiración ni coordinación, sino transformaciones en el ecosistema político del conflicto. En estudios sobre insurgencia y violencia política, este fenómeno suele describirse como pérdida de intermediación o ruptura de puentes informales entre el Estado y actores radicalizados.

Otro elemento central es la progresiva hibridación entre reivindicación política y economías criminales. Sectores como Temucuicui representan precisamente esa complejidad. Allí convergen demandas históricas, control territorial, resistencia política y dinámicas asociadas al crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, armas y robo de madera. Diversos autores han descrito cómo ciertas insurgencias o movimientos armados terminan financiándose mediante economías ilícitas, generando incentivos propios para la continuidad de la violencia. Cuando eso ocurre, las acciones dejan de responder únicamente a objetivos políticos y comienzan también a proteger intereses económicos clandestinos.

Esa transformación vuelve extremadamente difícil cualquier solución simple. No basta con más policías, ni únicamente con diálogo político, ni exclusivamente con reconocimiento territorial. El conflicto se encuentra fragmentado entre actores con motivaciones distintas: algunos mantienen demandas políticas e identitarias; otros operan bajo lógicas revolucionarias antisistémicas; otros participan derechamente de circuitos criminales. Incluso dentro de las comunidades mapuche existen profundas diferencias respecto al uso de la violencia, la relación con el Estado y las estrategias de autonomía.

Por ello, atribuir la disminución o aumento coyuntural de ataques a las “habilidades” de un gobierno termina siendo una lectura reduccionista y funcional políticamente. La violencia en la Macrozona Sur posee raíces históricas, culturales, económicas y políticas de larga duración. Los gobiernos pueden alterar temporalmente las condiciones del conflicto, modificar incentivos o generar ciertos niveles de contención, pero difícilmente controlarlo por completo mientras persistan la fragmentación organizativa, la legitimidad simbólica de la resistencia y las economías ilegales que alimentan la continuidad de la violencia.

En definitiva, el uso político del conflicto consiste precisamente en transformar una realidad compleja en un relato simple y útil: “se controló porque gobernaban los correctos” o “se desató porque fracasó la seguridad”. Ambas interpretaciones ignoran que el conflicto mapuche contemporáneo es una estructura heterogénea, descentralizada y atravesada por factores históricos y criminales que ningún gobierno, por sí solo, puede resolver rápidamente.

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La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) condenó el ataque incendiario registrado durante la jornada de este jueves en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, donde al menos dos camiones fueron quemados por sujetos armados en un camino forestal.

Desde el gremio señalaron que este tipo de hechos no solo afectan directamente a los conductores y empresas de transporte, sino que además generan un clima de inseguridad permanente para miles de trabajadores que diariamente deben desplazarse por distintas rutas del país.

“Condenamos enérgicamente este nuevo atentado que afecta a transportistas y trabajadores del sector. No es posible normalizar hechos de violencia de esta gravedad, menos aun cuando en los últimos días se han vuelto a registrar situaciones similares que generan temor e incertidumbre entre quienes desarrollan labores fundamentales para el funcionamiento del país”, señaló Sergio Pérez, presidente de la CNTC.

La Confederación sostuvo que, si bien existe comprensión respecto a que las nuevas autoridades se encuentran en un proceso de instalación y despliegue de sus políticas de seguridad, resulta fundamental que comiencen a observarse señales concretas y claras de que las medidas que se están impulsando efectivamente permitirán reducir los actuales niveles de violencia y delincuencia.

“Hoy más que nunca se requiere reforzar las medidas de seguridad y control en las rutas, especialmente en zonas donde históricamente se han registrado hechos de violencia. Los transportistas necesitan certezas y señales claras de que el combate al crimen organizado y a la delincuencia tendrá efectos reales y concretos”, agregó Sergio Pérez.

Asimismo, desde la CNTC señalaron que también resulta clave fortalecer el trabajo y la coordinación del recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública, junto con entregar mayores herramientas, atribuciones, respaldo operativo y coordinación efectiva a las Fuerzas Armadas desplegadas en el marco del Estado de Emergencia, para que puedan cumplir adecuadamente su labor preventiva y de resguardo en las zonas más complejas.

“Es indispensable que exista una coordinación real y efectiva entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad y que las Fuerzas Armadas cuenten con los respaldos y atribuciones necesarias para actuar. La ciudadanía y especialmente los transportistas necesitan percibir que efectivamente se está avanzando en recuperar la seguridad en las rutas y en combatir al crimen organizado”, añadió el presidente de la CNTC, Sergio Pérez.

Finalmente, la CNTC hizo un llamado al gobierno a fortalecer la coordinación entre las policías, el Ministerio Público y las autoridades regionales, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y resguardar la seguridad de quienes cumplen una labor estratégica para la cadena logística y el abastecimiento del país.

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Seremi de Seguridad Pública aseguró que el ataque busca intimidar frente al avance de las acciones policiales en La Araucanía. Carabineros confirmó que trabajadores fueron amenazados por sujetos armados antes de incendiar los vehículos.

Un nuevo atentado incendiario se registró la mañana de este jueves en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, dejando dos camiones completamente destruidos en un predio forestal ubicado en el sector San Gregorio, camino a las Termas de Tolhuaca.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas en el kilómetro 20 de la ruta R-570, donde trabajadores denunciaron haber sido interceptados por sujetos encapuchados y armados, quienes los intimidaron antes de incendiar los vehículos utilizando líquido acelerante.

El teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto subrogante de la Prefectura Malleco, confirmó que al llegar al lugar personal policial verificó que ambos camiones estaban completamente consumidos por las llamas. Fiscalía instruyó diligencias especializadas al OS-9 para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Tras el atentado, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, endureció el tono y calificó el hecho como una reacción de grupos violentos frente al trabajo que se está desarrollando en materia de seguridad en la región.

“Los atentados ocurridos en Victoria son una respuesta desesperada de grupos violentos frente al buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad. Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado”, afirmó la autoridad regional.

El seremi agregó que el Gobierno continuará respaldando el trabajo de las policías en el combate contra el crimen organizado y los hechos de violencia rural que afectan a la zona.

“No vamos a retroceder ni permitir que la violencia se normalice. Cada acción de estos grupos solo fortalece nuestra convicción de seguir trabajando unidos por la paz y la seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo Calderón.

En paralelo, personal del Ejército perteneciente a la Jefatura de la Defensa Nacional (JDN) La Araucanía y efectivos de la Fuerza de Tarea Victoria desplegaron patrullajes y operativos de apoyo en el sector para reforzar la seguridad y colaborar en la búsqueda de los autores del ataque.

Desde la JDN señalaron que “se están agotando todos los recursos operativos” para ubicar a los responsables y condenaron los hechos de violencia registrados durante la jornada.

El atentado también generó reacciones políticas. El diputado Stephan Schubert aseguró que “todo indica que sería un ataque terrorista”, afirmando que estos hechos ocurren porque “el Estado empieza a hacer la pega” frente a grupos armados que operan en la macrozona sur.

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Los legisladores hicieron un llamado a evitar disputas por el “protagonismo” entre los partidos oficialistas.

Los parlamentarios Jorge Guzmán y Tomás Kast, salieron al paso de las declaraciones del senador de la UDI, Sergio Gahona, quien afirmó que su colectividad ha sido “el partido más leal” a la administración del Presidente José Antonio Kast. Desde Evópoli, llamaron a dejar de lado las disputas por protagonismos internos y a enfocarse en el trabajo conjunto para dar cumplimiento a las urgencias de la ciudadanía en materia de economía y seguridad.

El diputado Jorge Guzmán, fue enfático al decir que “la lealtad es el principio, es la base sobre la cual se construye este acuerdo político que está gobernando hoy día Chile. Y esto no se trata de quién es más leal o quién se atribuye esa lealtad. Se trata de demostrarla con hechos concretos, aportando al debate, contribuyendo, ayudando, generando acuerdos, también visibilizando cuando existen errores y resolviendo esos errores. Y eso es lo que representa Evópoli, una forma de hacer política responsable, seria, con lealtad, pero también con mucha capacidad de construir acuerdos, de abrir puentes y de dialogar”.

Por su parte, el parlamentario de La Araucanía Tomás Kast señaló que “más que quién se arroga quién es el partido más leal al gobierno. Aquí, lo importante es que todos estamos trabajando unidos para que a este gobierno le vaya bien, porque lo importante es que a Chile le vaya bien con las ideas correctas para poder tener un crecimiento económico que dé más empleo, mejores salarios, y para que podamos llevar todas esas expectativas de volver a tener más seguridad, más oportunidades para nuestras familias se puedan concretar. En eso estamos trabajando muy unidos, todos por el gobierno del Presidente Kast”.

Con este emplazamiento, los legisladores oficialistas cerraron filas en torno a una estrategia de colaboración amplia, instando a todos los partidos de la coalición a priorizar la gobernabilidad y los resultados concretos por sobre las tensiones por el control de la agenda política.

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En el marco del Taller de Gestión de Emergencias organizado por el Gobierno de La Araucanía junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), se anunció la apertura de un nuevo fondo concursable destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de las 32 municipalidades de la región frente a incendios forestales, inundaciones, nevadas, erupciones volcánicas y otras contingencias.

El anuncio fue realizado por el Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, el cual busca dotar a cada comuna con un completo kit de intervención para actuar con mayor rapidez y autonomía en sectores rurales y aislados. “Hemos resuelto poner en marcha un proceso que nos tiene que llevar a entregar a cada una de las municipalidades de la región, camionetas equipadas con tecnología de última generación para abordar localmente esas emergencias y, de esa forma, descomprimir la presión que se produce sobre el sistema regional en los momentos de mayor complejidad”, explicó.

La máxima autoridad regional explicó que además de esta importante inversión, se le presentará al Consejo Regional un mensaje para financiar la adquisición de un Centro de Alerta Temprana Móvil, que estará a cargo de SENAPRED. “Nos va a permitir mejorar, desde el punto de vista de la tecnología que hoy se requiere para hacer las cosas bien a tiempo, salvar vidas, salvar bienes y llevar seguridad a la gente”, agregó.

El fondo permitirá financiar una camioneta 4×4 de alto rendimiento equipada con tecnología y herramientas especializadas para emergencias. Cada unidad incluirá un dron de alta autonomía para reconocimiento de zonas críticas y búsqueda de personas, generadores eléctricos, motobombas de alto volumen e iluminación de alta potencia para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.

Jaqueline Romero, presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), agradeció la voluntad del Gobernador de La Araucanía de impulsar este financiamiento. “Esta iniciativa nació el año pasado cuando se la planteamos a nuestro Gobernador como AMRA, por la tremenda necesidad que hay en las comunas. Este año se concretó con el trabajo de SENAPRED, del Gobierno Regional y la tremenda voluntad del Gobernador de poder hacer este sueño realidad”, explicó.

La estrategia fue diseñada por el Departamento de Medio Ambiente, Emergencia y Riesgo del Gobierno de La Araucanía, en coordinación con SENAPRED y la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA).

Ian Gorayeb, director regional de SENAPRED, hizo un llamado a los equipos técnicos municipales a preparar y presentar sus iniciativas con celeridad. “Este es un proyecto inédito que, gracias a la visión que ha tenido también nuestro Gobernador, permitió que se postulen y que se financien las 32 camionetas que estamos hablando del orden de más de 3 mil millones de pesos en una compra que nos va a beneficiar como región y va a permitir llegar a todos los lugares y comunas más rurales”.

Para el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, este equipamiento será fundamental para enfrentar contingencias en el territorio. “Los vecinos de la comuna de Lautaro, que son los que sufren en invierno y en verano, por los riesgos y desastres que ocurren, van a estar muy contentos, más contentos que nosotros incluso, porque van a tener un equipo que va a estar motivado cuando recibamos una camioneta que nos van a entregar a la comuna de Lautaro y a las 32 comunas”.

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El parlamentario destacó que la resolución confirma el cumplimiento de los requisitos legales y permite al partido seguir aportando desde el Congreso y el Gobierno.

Un ambiente de optimismo y proyección se vive en Evópoli tras la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que confirmó que el partido cumple con los requisitos legales para mantenerse vigente. La noticia fue valorada por el diputado por La Araucanía, Tomás Kast, quien destacó el impacto de esta decisión.

“Estamos muy contentos con esta noticia del Tricel, que es el órgano competente para resolver estas materias, porque ratifica la tesis que siempre sostuvimos, que es que Evópoli cumplió con el requisito de tener a cuatro parlamentarios en ejercicio”, expresó el parlamentario.

La resolución del Tricel estableció que el partido cumple con la normativa vigente al contar con representación parlamentaria suficiente, incluyendo diputados y senadores en ejercicio, lo que permite su continuidad dentro del sistema político nacional.

Desde la región, Kast valoró especialmente lo que esto significa para el trabajo político que se desarrolla en La Araucanía y en el país. “Esto nos permite seguir aportando al país desde la construcción de acuerdos, de buenas políticas públicas, en el debate de las ideas y apoyando al gobierno”, señaló.

El diputado también destacó la presencia de Evópoli en distintas áreas del Estado, subrayando el rol que cumple el partido dentro del actual gobierno. “Tenemos al ministro Undurraga, en el Ministerio de Cultura; además la dirección de Conadi, con Ignacio Malig aquí en la región de La Araucanía, y muchos seremis también a nivel nacional”, afirmó.

En esa línea, proyectó el trabajo legislativo que viene, poniendo énfasis en la reactivación económica y el fortalecimiento del empleo. “Queremos, desde el Parlamento, poder apoyar al Gobierno, sobre todo en estos momentos, con el proyecto de reconstrucción económica y social del país, para darle más competitividad a nuestra economía”, indicó.

Asimismo, adelantó que se están impulsando medidas concretas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. “Buscamos ayudar a fortalecer el empleo, dándole a las pymes una tasa de impuestos favorable, manteniendo el 12,5% y con incentivos que podrían incluso llevarlas a tributar cerca de un 7%”, explicó.

La resolución del Tricel marca un hito para Evópoli y abre una nueva etapa de proyección política, donde desde regiones como La Araucanía se busca seguir contribuyendo al desarrollo del país con propuestas enfocadas en el crecimiento, el empleo y el diálogo.

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, considera una serie de medidas para fortalecer la seguridad en colegios, entre ellas la revisión de mochilas, sanciones ante hechos de violencia y modificaciones al Código Penal para endurecer las penas en delitos cometidos dentro de recintos educativos.

En este contexto, uno de los puntos centrales del debate ha sido la inclusión de una medida planteada previamente por el diputado Eduardo Cretton (UDI), que establece la posibilidad de retirar el beneficio de gratuidad en la educación superior a aquellos que cometan actos graves de violencia dentro de las salas de clases.

El parlamentario valoró que su propuesta haya sido recogida por el Ejecutivo, señalando que responde a una demanda ciudadana por mayor orden y respeto dentro de las comunidades educativas.

“Lo que estamos diciendo es muy claro, no puede haber impunidad frente a la violencia en las salas de clases. La gratuidad es un beneficio que entrega el Estado y debe estar asociado también a deberes. Quienes agreden, intimidan o ponen en riesgo a otros, no pueden seguir accediendo a estos beneficios como si nada. También es clave apoyar a nuestros profesores, porque no pueden estar solos enfrentando estas situaciones dentro del aula”.

Cretton enfatizó que la violencia escolar no solo afecta el aprendizaje, sino también la convivencia y la seguridad de estudiantes y docentes, por lo que considera urgente avanzar en medidas concretas que permitan revertir esta situación.

Finalmente, el diputado hizo un llamado al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto, asegurando que “la educación debe ser un espacio seguro, donde se formen personas en un ambiente de respeto, y para eso se requieren decisiones firmes y oportunas”.

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Este 11 de abril se cumplió el primer mes del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Bajo este contexto, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, José García, junto al delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, lideraron un gabinete regional durante la mañana de este sábado.

En la instancia, se dieron a conocer los avances en la Región así como también el diagnóstico encontrado durante estas primeras semanas en los distintos servicios. De la misma forma, el ministro García, también dio bajada a los planes que está trabajando el gobierno con el fin de generar un gobierno coordinado en todo el país.

Tras esto, el ministro José García Ruminot, dijo que “hemos tenido una reunión de trabajo muy interesante, muy intensa. Me atrevería a decir que hemos pasado revista a las principales preocupaciones que tiene La Araucanía, con todos sus secretarias y secretarios regionales ministeriales. Los he visto a todos muy empoderados, muy bien informados, a pesar de que llevan poco tiempo -algunos de ellos llevan muy poco tiempo-, sin embargo, veo que tienen una información y un detalle de las urgencias que hay que atender aquí en la Región y también de aquellos proyectos que tenemos que ir sacando en el mediano y largo plazo”.

Por su parte, Francisco Ljubetic, delegado presidencial regional, señaló que “la importancia que tiene La Araucanía para el gobierno es gigante y estamos enfocados trabajando a partir de los pilares y los ejes transversales que tiene el programa de gobierno del Presidente Kast (…) Cada uno de los Seremis, en sus cargos, han expuesto cuestiones relevantes de sus servicios y al mismo tiempo, algo no menor, el constante contacto que hemos tenido con la ciudadanía y con los distintos problemas que nos han ido exponiendo”.

El encuentro permitió reunir a las autoridades del gabinete regional para reiterar el compromiso de cada uno de ellos con el fin de trabajar por La Araucanía, el desarrollo, la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias de la Región como ha mandatado el Presidente José Antonio Kast.

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