Desde la teoría política y sociológica, los conflictos prolongados tienden a transformarse en espacios de disputa simbólica. Carl Schmitt sostenía que la política moderna se estructura sobre la distinción entre amigo y enemigo; en contextos de violencia persistente, esa lógica se intensifica porque el conflicto permite cohesionar sectores políticos, movilizar apoyos y legitimar decisiones excepcionales. Michel Foucault, por su parte, advertía que el poder no se ejerce únicamente mediante la represión, sino también a través de la administración de discursos y categorías. Así, definir si existe “terrorismo”, “violencia rural”, “resistencia”, “autodefensa” o “conflicto político” no es una cuestión semántica inocente: cada concepto habilita determinadas respuestas estatales y clausura otras.

En Chile, el conflicto mapuche ha sido instrumentalizado por distintos sectores políticos. La derecha lo ha utilizado frecuentemente como evidencia del debilitamiento del orden público y de la necesidad de fortalecer el aparato coercitivo del Estado. Parte de la izquierda, en cambio, lo ha interpretado como consecuencia de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, enfatizando dimensiones de exclusión, despojo territorial y colonialismo interno. Ambos enfoques contienen elementos reales, pero muchas veces reducen un fenómeno extraordinariamente complejo a narrativas funcionales a sus propios proyectos políticos.

La disminución relativa de hechos violentos durante parte del gobierno de Gabriel Boric puede analizarse desde esa perspectiva. No necesariamente como resultado de una capacidad especial de gestión, sino porque existía una relación distinta entre sectores históricamente vinculados al activismo territorial, organizaciones radicales y actores políticos que pasaron a ocupar espacios institucionales. La literatura sobre movimientos sociales y cooptación política —desde Antonio Gramsci hasta Sidney Tarrow— muestra que cuando sectores movilizados perciben canales de incidencia dentro del sistema, parte de la presión violenta puede disminuir temporalmente.

Eso no significa que el conflicto desaparezca ni que exista subordinación orgánica entre grupos radicalizados y el gobierno de turno. Uno de los rasgos centrales del escenario en La Araucanía es precisamente la ausencia de una conducción unificada. No existe una sola organización, ni una jerarquía central, ni una estrategia común. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por ejemplo, ha desarrollado una lógica de “resistencia autónoma” que busca incentivar núcleos de acción más que construir una estructura cohesionada. Su discurso privilegia la confrontación contra el sistema económico y el Estado antes que la subordinación a una orgánica vertical. En ese contexto, basta compartir ciertos principios generales —anticapitalismo, reivindicación territorial, resistencia al Estado— para legitimar acciones diversas y descentralizadas.

La composición de quienes participan en acciones violentas demuestra además que el fenómeno excede lo estrictamente territorial. Las muertes de figuras como Matías Catrileo o Pablo Marchant revelan que parte de la radicalización también proviene de jóvenes urbanos, militantes ideológicos o activistas externos al territorio mapuche tradicional. Esto refuerza la idea de que el conflicto se transformó en un símbolo político más amplio, capaz de articular causas antisistémicas, identitarias y revolucionarias.

Desde esa lógica, también resulta insuficiente afirmar que el aumento de hechos violentos bajo un gobierno que prometió seguridad representa simplemente un fracaso administrativo. Los conflictos fragmentados suelen reaccionar frente a cambios en las relaciones informales de poder. Cuando actores que antes mantenían vínculos, canales o afinidades con sectores movilizados salen del espacio institucional, pueden debilitarse ciertos mecanismos de contención indirecta. Esto no implica conspiración ni coordinación, sino transformaciones en el ecosistema político del conflicto. En estudios sobre insurgencia y violencia política, este fenómeno suele describirse como pérdida de intermediación o ruptura de puentes informales entre el Estado y actores radicalizados.

Otro elemento central es la progresiva hibridación entre reivindicación política y economías criminales. Sectores como Temucuicui representan precisamente esa complejidad. Allí convergen demandas históricas, control territorial, resistencia política y dinámicas asociadas al crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, armas y robo de madera. Diversos autores han descrito cómo ciertas insurgencias o movimientos armados terminan financiándose mediante economías ilícitas, generando incentivos propios para la continuidad de la violencia. Cuando eso ocurre, las acciones dejan de responder únicamente a objetivos políticos y comienzan también a proteger intereses económicos clandestinos.

Esa transformación vuelve extremadamente difícil cualquier solución simple. No basta con más policías, ni únicamente con diálogo político, ni exclusivamente con reconocimiento territorial. El conflicto se encuentra fragmentado entre actores con motivaciones distintas: algunos mantienen demandas políticas e identitarias; otros operan bajo lógicas revolucionarias antisistémicas; otros participan derechamente de circuitos criminales. Incluso dentro de las comunidades mapuche existen profundas diferencias respecto al uso de la violencia, la relación con el Estado y las estrategias de autonomía.

Por ello, atribuir la disminución o aumento coyuntural de ataques a las “habilidades” de un gobierno termina siendo una lectura reduccionista y funcional políticamente. La violencia en la Macrozona Sur posee raíces históricas, culturales, económicas y políticas de larga duración. Los gobiernos pueden alterar temporalmente las condiciones del conflicto, modificar incentivos o generar ciertos niveles de contención, pero difícilmente controlarlo por completo mientras persistan la fragmentación organizativa, la legitimidad simbólica de la resistencia y las economías ilegales que alimentan la continuidad de la violencia.

En definitiva, el uso político del conflicto consiste precisamente en transformar una realidad compleja en un relato simple y útil: “se controló porque gobernaban los correctos” o “se desató porque fracasó la seguridad”. Ambas interpretaciones ignoran que el conflicto mapuche contemporáneo es una estructura heterogénea, descentralizada y atravesada por factores históricos y criminales que ningún gobierno, por sí solo, puede resolver rápidamente.

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Este miércoles, en las inmediaciones de la sede social de la Villa Santa Elena de Maipo – Sector Amanecer en Temuco-, se realizó la ceremonia de clausura del curso de capacitación en cocina chilena impartido por PF Alimentos. En esta oportunidad, fueron 15 los participantes reconocidos, quienes aprendieron diferentes métodos gastronómicos de la mano de profesionales de la compañía para mejorar sus técnicas de cocina nacional a la hora de preparar platos típicos.

A través de estas capacitaciones, PF Alimentos apoya la especialización de personas en el rubro gastronómico, entregando distintas herramientas que les permiten interiorizarse y adquirir conocimientos en distintas áreas. Además, al finalizar, los participantes reciben un incentivo económico para adquirir implementos y maquinaria para comenzar sus propios emprendimientos culinarios.

De esta manera, en los dos meses que duró la capacitación, los asistentes se formaron en control de higiene y manipulación de alimentos con miras a cumplir la normativa sanitaria nacional vigente y contar con los más altos estándares de inocuidad.  También, en el mismo ámbito, fueron instruidos en la aplicación de técnicas de higiene, sanitización, manejo de residuos y buenas prácticas ambientales en los procesos alimentarios.

Finalmente, fueron capacitados en prevención de riesgos, fase en la que se impartieron las normas y protocolos de seguridad en situaciones de emergencia durante la actividad alimentaria.

«Los responsables fueron muy amables y estaban siempre atentos a cuando los necesitábamos, entregándonos todas las herramientas para el curso. Hubo cosas que me llamaron la atención y me gustaron, como la preocupación por el orden de todos los ingredientes antes de empezar a cocinar, que tuvieran el tiempo justo de cocción para que no pierdan sus propiedades y la importancia de trabajar en equipo, con disciplina y limpieza en la cocina», cuenta Romina Pérez, participante del curso.

La Jefa de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de PF Alimentos, Ignacia Mediavilla, explicó que “Sabemos que la instalación de capacidades es clave para el desarrollo de las personas, es por esto que hace un par de años decidimos apoyar a comunidades que estuvieran cerca de nuestras plantas productivas o terminales regionales con estos cursos que además nacen de inquietudes de ellos, ofreciéndoles así, capacitaciones acorde a sus necesidades. Esto lo estamos realizando también en Concepción, Talca y Santiago.”

Este curso fue abierto a vecinos de Temuco, previa inscripción, mayores de 18 años, que estuviesen desocupados y/o cesantes y que viviesen preferentemente cerca del terminal regional de PF Alimentos.

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En el marco de un Desayuno Público autoridades de gobierno dieron a conocer los beneficios, además de derechos de los trabajadores jóvenes.

Con el fin de dialogar con los jóvenes de distintos lugares, edades, y comunas de La Araucanía, el Instituto Nacional de la Juventud realizó un Desayuno Público en donde el tema central fue la precariedad del trabajo juvenil.

La actividad se desarrolló en el liceo particular subvencionado Carlos Condell de la Haza de la comuna de Temuco y contó con la participación del SEREMI del Trabajo Joaquín Bascuñan, el Director de INJUV Araucanía Luis Villegas y la Directora de la Dirección del Trabajo Maite Nuñez, quienes dialogaron con 25 jóvenes, los que pudieron aprender sobre sus derechos, saber la realidad del empleo juvenil en La Araucanía y los beneficios que tiene el Gobierno para cada uno de los jóvenes como también los que vendrán a partir de enero del año 2015.

Esta instancia es parte de una serie de desayunos públicos, organizados por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), inmerso en el Programa de Apoyo a Iniciativas Sociales Jóvenes y que cuenta entre sus objetivos con el forjar un mecanismo para que el Gobierno reciba de manera directa la opinión de líderes juveniles respecto a temas de relevancia país; que los líderes jóvenes conozcan, de igual manera, las acciones y directrices que lleva a cabo el Gobierno en dichos temas; y potenciar el desarrollo de redes entre jóvenes líderes de distintos ámbitos y orígenes.

El SEREMI del Trabajo Joaquín Bascuñan junto con agradecer la instancia de poder dialogar con los jóvenes expresó que “queremos que los jóvenes sepan cuáles son los beneficios que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tiene para ellos, entre estos el programa Mas Capaz que comienza en Enero de 2015 en la Araucanía, enfocado en dos segmento de la población que son las mujeres y los jóvenes, estamos hablando de un programa que pretende capacitar a 150.000 mil jóvenes a nivel nacional con el fin de potenciarlos laboralmente, además del subsidio al Empleo Joven que en promedio entrega directamente al trabajador la cantidad aproximada de 26.000 mil pesos, y que hoy los jóvenes no están haciendo uso de él, como del mismo modo el subsidio a la cotización”

Mientras que el director de INJUV y coordinador de la actividad señaló que “hoy hemos conversado sobre la precariedad laboral en torno a los jóvenes y sus familias y nos damos cuenta que muchos jóvenes en edad escolar tienen que salir a trabajar pues los salarios de los padres no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, por eso hemos querido venir con el Seremi y la Directora del Trabajo para que una vez que ellos salgan a trabajar sepan reconozcan sus derechos y así ningún empresario los vulnere y los pase a llevar”.

Quien también pudo dialogar con los jóvenes y saber cuáles y cómo fueron sus primeras experiencias laborales fue la directora regional de la Dirección del Trabajo Maite Nuñez, quien alabó la iniciativa. “Agradezco la invitación pensando que estos jóvenes serán la fuerza laboral del país el día de mañana y puedan desarrollarse en pleno conocimiento de sus derechos y decir que la Dirección del Trabajo está muy preocupada por velar por sus derechos, queremos que los conozcan y tengan la posibilidad de acudir a nosotros ante cualquier problema que tengan”.

Estos desayunos públicos se efectúan periódicamente y se espera que en la Región de La Araucanía sean 150 jóvenes que se reúnan con diferentes autoridades de Gobierno para plantearles sus necesidades frente a las distintas áreas de desarrollo regional.

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Con recursos provenientes los Fondos de Incentivo al Fomento Productivo, INDAP Araucanía entregó un apoyo directo a 30 pequeños agricultores de Loncoche. Gracias al incentivo, ellos podrán fortalecer su actividad productiva y mejorar sus ingresos.

La inversión realizada supera los 17 de millones de pesos, utilizados para la adquisición y construcción de 22 cobertizos, dos bodegas, tres rastras, un desbrozador y un motonivelador. Toda la implementación fue recibida por pequeños productores del Programa de Desarrollo Local, Prodesal, Área Loncoche.

En el recinto de la Expo Loncoche, donde se realizó la entrega, el Director Regional de Indap, Alex Moenen-Locoz, destacó el compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con el agro y, especialmente, con los pequeños agricultores. “Con estas inversiones el Gobierno está entregando herramientas para que la agricultura familiar pueda producir más y mejor sus tierras; generando oportunidades para  alcanzar un desarrollo sustentable,  y de esta forma  disminuir las brechas de desigualdad que, lamentablemente, existen en La Araucanía y que como INDAP vemos diariamente. Queremos seguir contribuyendo y avanzando en esta línea", dijo.

Rosa Santos, una de las beneficiarias, destacó el aporte de INDAP para con los pequeños campesinos. “Estamos muy agradecidos con esta ayuda. La necesitábamos para trabajar mejor nuestras tierras. Estamos comprometidos con estos proyectos, que llegan en el momento preciso. Esperamos sacarles provecho, para ayudarnos nosotros mismos y a nuestras familias”, concluyó.

El Programa Prodesal, que entrega asesoría técnica, beneficia a cerca de 12 mil familias en todas las comunas de la Región de La Araucanía.

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El estímulo es para potenciar praderas suplementarias y recursos forrajeros.

En una emotiva ceremonia, INDAP Araucanía entregó incentivos a 156 pequeños productores ganaderos de las comunas de Gorbea, Pitrufquén y Freire, con el objetivo de potenciar el desarrollo de praderas suplementarias.

La inversión total realizada por INDAP en las tres comunas fue de 40 millones de pesos, y benefició a los agricultores PDTI – PRODESAL, en el marco del programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros. En este contexto, cabe destacar que el programa entrega una ayuda económica del 80% de los costos netos, asociados a los insumos y labores requeridas para el establecimiento de praderas suplementarias, de acuerdo a una tabla de costos definida. Para acceder a este beneficio, los agricultores podían postular hasta un monto máximo de 1 millón de pesos al año. Sin embargo, para sectores especiales, este monto máximo puede ser de hasta 1 millón 250 mil pesos.

Según Ricardo Mège, director regional de INDAP, “este incentivo es para que los ganaderos establezcan praderas suplementarias y cuenten con recursos forrajeros disponibles en los meses de invierno. Es un apoyo que va en directo beneficio a las familias del campo, donde la crianza de animales es el negocio principal de su sistema productivo”, puntualizó el director.

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Un importante apoyo de reactivación productiva entregó INDAP a pequeños frambueseros de las comunas de Freire, Pitrufquen y Gorbea, que vieron mermada su producción producto de la sequía.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Agricultura a través de la institución de fomento, forma parte de un paquete de medidas paliativas orientadas a mitigar las grandes pérdidas que cientos de familias han tenido que afrontar durante la presente temporada.

En una ceremonia encabezada por el director regional de INDAP, Ricardo Mège, y la presencia de los consejeros regionales, Liselotte Meier y Henry Leal; concejales y equipos técnicos, se hizo entrega de 145 incentivos económicos por un monto total de 17 millones de pesos, para la compra de insumos agrícolas que permitan levantar los sistemas productivos de estos pequeños agricultores.

“Como Gobierno asumimos el compromiso de apoyar oportunamente a los campesinos que han vivido una difícil situación producto de la sequía, y estamos cumpliendo con la entrega, tanto de estos recursos como a través de otras medidas que estamos implementando para disminuir las pérdidas, y así recuperar las unidades productivas para la próxima temporada“, señaló Mège.

Los productores agradecieron el apoyo que viene a dar un respiro justo en el periodo cuando comienzan a realizar sus actividades agrícolas. “Estamos agradecidos por esta ayuda que es muy importante para nosotros, porque este año tuvimos muchas pérdidas producto del calor y la falta de agua para riego” dijo Silvana Millanao.

Cabe destacar, que estos incentivos se suman a los 31 millones de pesos que entregó INDAP a 225 frambueseros de la comuna de Loncoche, apoyo que será complementado en un mediano plazo con asesoría técnica e inversiones, para recuperar este importante rubro productivo que genera ingresos y empleo para cientos de familias de este territorio sureño de La Araucanía.

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