Marcelo Parra fue apartado de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo y una investigación judicial en su contra.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, ordenó la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de su jefe de gabinete, Marcelo Parra, luego de que este fuera formalizado por el delito de fraude de subvenciones.

La medida implica que Parra permanecerá separado de sus funciones mientras se mantenga en curso la investigación sumaria en su contra, en línea con los principios de probidad y transparencia en la función pública.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el sociólogo es investigado por la adjudicación de más de $8 millones mediante una subvención de la Municipalidad de Temuco, destinada a un proyecto de reciclaje de la Fundación Karukeché Sin embargo, la indagatoria apunta a que los recursos habrían sido utilizados para fines personales.

A esto se suma lo señalado recientemente por Fiscalía, que expuso la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, incluyendo una factura cercana a los $6 millones para justificar maquinaria que, según los antecedentes, ya había sido adquirida previamente y que habría sido solicitada al proveedor por no pago.

Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, el jefe de gabinete quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Además, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El gobernador Saffirio señaló que tomó conocimiento de los hechos a partir de la información entregada por el propio Parra, tras lo cual instruyó la apertura del sumario. “Dispuse de inmediato el inicio de un sumario administrativo en estricto apego a los principios de probidad y transparencia”, afirmó.

En este contexto, Araucanía Noticias consultó al Gobierno Regional respecto a la pertinencia de instruir un sumario administrativo considerando que los hechos investigados no estarían directamente vinculados al Gore. Asimismo, se solicitó información sobre si durante el período de suspensión el jefe de gabinete continuará percibiendo remuneraciones pese a no ejercer funciones.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno Regional.

La investigación se mantiene en curso, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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El diputado Eduardo Cretton solicitó la salida del jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía, Marcelo Parra, luego de conocerse que será formalizado por el Ministerio Público por un presunto fraude de subvenciones.

La investigación de la Fiscalía apunta a que Parra, en su calidad de ex presidente de la Fundación Karukeché, habría obtenido recursos municipales por cerca de $8 millones mediante un proyecto de reciclaje que presuntamente no se ejecutó conforme a lo comprometido, existiendo además antecedentes de uso indebido de los fondos y rendiciones irregulares.

Al respecto, el parlamentario señaló que “el Gobernador Saffirio tiene que pedirle la renuncia a su jefe de gabinete. El señor Marcelo Parra no puede seguir en su cargo ad portas de ser formalizado, y el gobernador, si tiene el mismo estándar que ha tenido respecto de otras investigaciones, tiene que removerlo”.

Cretton enfatizó que, frente a situaciones de esta gravedad, es fundamental resguardar la probidad y la confianza pública en las instituciones, especialmente cuando se trata del uso de recursos fiscales.

Cabe señalar que la audiencia de formalización está fijada para el próximo 13 de abril en el Juzgado de Garantía de Temuco.

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Fiscalía acusa fraude en subvención asociado a la Municipalidad de Temuco y apunta a uso personal de fondos destinados a reciclaje a través de la Fundación Karukeché, cercana a la diputada Ericka Ñanco.

Fiscalía confirmó la formalización de Marcelo Esteban Parra, actual jefe de gabinete del gobernador regional René Saffirio, para el próximo 13 de abril, por su presunta responsabilidad en un fraude vinculado a uso de recursos públicos.

El Ministerio Público sostiene que, en 2023, Parra —ex presidente de la Fundación Karukeché— presentó el proyecto “Karuplast” por más de $8 millones, orientado a instalar una planta de reciclaje de plástico. Sin embargo, según publicación de Mega, la investigación apunta a que la iniciativa habría sido utilizada como una fachada para obtener financiamiento, sin intención real de ejecución.

Según los antecedentes, cerca de $7,9 millones habrían sido transferidos a su cuenta personal de Marcelo Parra, siendo utilizados en gastos particulares, incumpliendo el objetivo del convenio suscrito con la Municipalidad de Temuco.

A esto se suma la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, donde se incluyó una factura cercana a los $6 millones para justificar la compra de maquinaria que, de acuerdo con la Fiscalía, ya había sido adquirida previamente. El perjuicio fiscal se estima en al menos $5.950.000, recursos que no habrían sido destinados al fin comprometido.

La causa no solo involucra a Parra. En la misma audiencia serán formalizados otros integrantes de la Fundación Karukeché, ampliando el foco de la investigación sobre esta organización en el marco del Caso Convenios: Diego Iturra, quien actualmente también es parte del equipo del gobernador Saffirio; Jorge Acuña y Luis Alberto Fuentes Lobos.

Todo esto ocurre en un escenario de creciente tensión regional, marcado por cuestionamientos públicos del propio gobernador Saffirio al avance de las investigaciones en la región y críticas dirigidas al fiscal regional.

En paralelo, el caso ha reactivado antecedentes anteriores que vinculaban a la diputada Ericka Ñanco con la fundación. La parlamentaria descartó cualquier relación directa, señalando que se trataba de información falsa, aunque reconoció que personas de su equipo trabajaron en la organización en el pasado.

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Gissel Treulén, quien trabajó ocho años en el Gobierno Regional de La Araucanía y fue promovida por el propio gobernador René Saffirio como administradora regional, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

Asegura que su salida fue una represalia por negarse a firmar una compra directa por $25 millones, que habría carecido de fundamentos legales. Afirma que la hicieron firmar su renuncia “bajo presión”, que la carta fue ingresada sin su autorización y que fue reemplazada por un funcionario asociado al proceso irregular.

Gissel Treulén ingresó en 2017 al Gobierno Regional de La Araucanía (GORE), donde pasó por diversos cargos técnicos hasta convertirse, en enero de 2025, en Administradora Regional, una de las posiciones más relevantes de la institución. El nombramiento —según señala en la tutela laboral— fue realizado directamente por el gobernador electo, René Saffirio.

“Lo asumí con gran felicidad, ya que era un gran reconocimiento a mi calidad como profesional”, señala en el escrito judicial en que demanda al Gore de La Araucanía. Sin embargo, menos de cinco meses después, la relación laboral cambiaría abruptamente.

El conflicto central descrito en la demanda estalla el 21 de agosto de 2025, cuando el Gabinete del Gobernador solicita acelerar la adquisición de un software por trato directo, decisión que, según Treulén, no cumplía con la normativa de compras públicas.

En el documento afirma que advirtió a su equipo que no podía firmar sin cumplir los requisitos legales: “Sin ese antecedente, yo no podía autorizar ni firmar la adquisición solicitada, ya que hacerlo habría significado infringir la normativa vigente y vulnerar los principios de probidad administrativa”. Relata que Saffirio le habría enviado un mensaje directo presionando para que el proceso avanzara rápidamente, eludiendo la vía regular.

En el texto jurídico la afectada relata: “El 21 de agosto de 2025, el Jefe de Gabinete del Gobernador, Marcelo Parra, solicitó información sobre la inversión regional a Marco Rosas, profesional de la DIPLADER encargado del proceso de planificación y subordinado mío en esa época. El profesional me informó de dicha petición y le indiqué que no había inconveniente en entregarla, pero que correspondía requerirla por la vía oficial, al menos mediante correo electrónico«.

«Posteriormente, ese mismo día, recibí un mensaje de WhatsApp de René Saffirio, mediante el cual me indicó lo siguiente: “Gissel. El proceso de adquisición del programa computacional Arcgis lo seguirá llevando adelante Marcelo Parra en conjunto con Marcos Rosas. Se trata de una iniciativa prioritaria que debe avanzar sin obstáculos. Gracias”, expresó.

El relato de la ex funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía continúa: “Al día siguiente, el 22 de agosto de 2025, al llegar a mi oficina, encontré sobre mi escritorio una solicitud de adquisición del software, acompañada de una cotización por un monto aproximado de 25 millones de pesos, en la que se me solicitaba aprobar con mi firma el procedimiento para realizar la compra mediante trato directo. Ante este requerimiento, hablé directamente con Marco Rosas, indicándole que, según la instrucción del Gobernador, la gestión de ese proceso sería llevada adelante por el Gabinete y por él mismo. El señor Rosas me respondió que no podía hacerlo, ya que dichas funciones correspondían a la encargada de DIPLADER, o sea yo”.

“Le señalé que, por el monto de la compra, el procedimiento correcto debía ser una licitación pública y no un trato directo, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Él insistió en que se trataba de un proveedor único, ante lo cual le pedí el certificado correspondiente emitido por Mercado Público, documento que acredita esa condición y que es requisito indispensable para justificar una contratación directa. Me respondió que no contaba con dicho certificado, por lo que le indiqué que, sin ese antecedente, yo no podía autorizar ni firmar la adquisición solicitada, ya que hacerlo habría significado infringir la normativa vigente y vulnerar los principios de probidad administrativa que rigen la función pública”, indica la demandante.

Rumores internos, tensiones y ambiente hostil

Al día siguiente, la profesional asegura que comenzaron a circular rumores en el edificio del GORE: “Había circulado el rumor de que el viernes anterior yo había ‘entrampado’ una compra importante, y que dicha situación había generado malestar en el Gobernador Regional”, explicó Treulén afirma que estos comentarios buscaban desacreditarla, generando “ambiente de hostilidad” y una “sensación de deslegitimación” frente al personal.

Cuando intentó explicarle directamente los fundamentos jurídicos al Gobernador, señala que éste le respondió que la compra “se realizaría de acuerdo a lo establecido legalmente”, pero que la tensión ya estaba instalada.

Treulén explicó al mismo gobernador Saffirio la situación y posterior a ello se reunión con el jefe de Gabinete y otras áreas del Gore, “en la que se analizó la viabilidad presupuestaria del software. En esa instancia confirmo que el proceso debía realizarse mediante licitación pública, ya que no existían condiciones legales para un trato directo”.

La cita a Gabinete y el giro inesperado

Según el escrito, el 29 de agosto, a su regreso de una actividad en terreno, fue citada de urgencia a la oficina del jefe de Gabinete, Marcelo Parra. Ahí —relata— le comunicaron que el Gobernador había decidido “reorganizar” el equipo y le solicitaron su renuncia sin entregarle motivo alguno. “Me pedían que retirara mis cosas ese mismo día, pues ya no formaba parte del Gobierno Regional”, asegura.

Treulén sostiene que pidió hablar con Saffirio, pero le respondieron que “no la recibiría”, añadiendo que le dijeron “que debía retirar mis pertenencias ese mismo día, pues ya no formaba parte del Gobierno Regional. Le dije que iría el lunes a hablar con el Gobernador y me dice (el jefe de Gabinete) que no insista que él no me va recibir y que por favor me fuera”.

Renuncia firmada bajo presión y carta ingresada sin su aprobación

En la demanda acusa que fue presionada para firmar una renuncia voluntaria: “Me vi forzada a redactar una carta de renuncia… firmé con el único propósito de evitar un daño mayor a mi trayectoria funcionaria”.

En el escrito señala que conversó con la jefa del Departamento Jurídico, Mariela Valdés, “a quien le pregunté si estaba al tanto de la situación. Ella me confirmó que el día anterior, Marcelo Parra y el Administrador Regional le habían solicitado preparar la carta de petición de renuncia, la misma que me acababa de ser entregada”.

“Le manifesté mi desconcierto y le pregunté qué ocurriría si no la firmaba; me indicó que sería “peor”, recomendándome firmar la renuncia, argumentando que de lo contrario se declararía vacante mi cargo y que eso “se vería mal” para mi curriculum”, señaló.

Pero agrega un antecedente particularmente sensible: la carta no fue entregada por ella, pues la oficina de Partes estaba cerrada ese viernes por la tarde. “Decidí presentarla el día lunes, pero esa carpeta se me quedó en la que ahora era mi ex oficina, posteriormente el día lunes me indican de Oficina de Partes que alguien había sacado mi carta y la habían presentado. Desconozco quién lo entregó posteriormente, ya que no realicé personalmente su ingreso ni autoricé a nadie para hacerlo”, acusa.

Treulén afirma que el golpe final llegó al enterarse de quién ocupó su lugar: “El funcionario que había participado junto al jefe de Gabinete en la gestión irregular de la compra… fue designado como nuevo jefe de la DIPLADER” . Según la demandante, esto confirma que su salida “no respondió a razones técnicas”, sino que fue una represalia por negarse a firmar una compra ilegal.

“Este acto afectó profundamente mi estabilidad laboral, mi honra y mi dignidad profesional, configurando un despido arbitrario y discriminatorio, contrario a los principios fundamentales que rigen el ejercicio de la función pública”, concluyó.

Acusaciones de vulneración a la integridad psíquica

Treulén describe un profundo impacto emocional: “Experimenté ansiedad, insomnio y desmotivación… la forma abrupta en que se me solicitó la renuncia me dejó en estado de shock”. Sostiene  en el documento que su dignidad, estabilidad laboral y honra profesional fueron dañadas.

“Mi desvinculación generó temor y desconfianza entre los equipos de trabajo, instalando la percepción de que quienes se rigen por la legalidad y la ética pueden ser sancionados, mientras que quienes acatan instrucciones irregulares son premiados con ascensos o confianza política. En consecuencia, el mensaje que se transmitió dentro de la institución fue profundamente desmoralizador y contrario al espíritu del servicio público, confirmando que mi salida tuvo un carácter represivo, arbitrario y discriminatorio, que excede toda razonabilidad administrativa”, expresa en el escrito.

Lo que pide a la Justicia

Dentro de las medidas que solicita Treulén en el escrito es su reincorporación al Gobierno Regional así como una indemnización por daño moral; asimismo exige el pago de horas extras y vacaciones adeudadas. Incluye dentro de lo solicitado charlas obligatorias en el GORE sobre derechos fundamentales para los funcionarios.

Si el tribunal acoge la denuncia, podría configurar una de las controversias laborales más delicadas del periodo para la administración del gobernador regional René Saffirio, pues el relato expone presiones políticas, irregularidades en compras públicas, manipulación de renuncias, represalias internas por negarse a infringir la ley, y eventuales favoritismos en cargos estratégicos, acusaciones que a menos de un año de la gestión del actual gobernador, darán que hablar.

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Landini Ebner, junto con agradecer la oportunidad al Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Ximena Sepúlveda; manifestó tener la convicción de querer aportar en acercar la institución con la ciudadanía, a través de su experiencia.

Por su parte la Seremi de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía, Ximena Sepúlveda Varas, señaló que “este apoyo que llega a la Seremi para colaborar decididamente en el cumplimiento del programa de gobierno del Presidente Boric, avanzado con el plan de Plan de Emergencia Habitacional, el desarrollo de ciudades justas y el impulso para comprender la seguridad social y ciudadana desde el punto de vista de la co-responsabilidad y el cuidado”.

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Obra de Títeres, globoflexia, cantos y regalos fueron los ingredientes perfectos para llevar alegría a los cerca de 90 niños que se encuentran internados en el recinto hospitalario.

En la oportunidad, las autoridades regionales realizaron un recorrido por las piezas donde pudieron compartir con los niños y sus familias trasmitiéndoles un mensaje de fe y esperanza en estas fechas.

El intendente de La Araucanía, Andrés Molina, afirmó estar "muy contento de poder participar de la actividad y ver las caritas de alegría. Estoy seguro que nadie puede quedar indiferente a estos niños. Aprovecho de agradecer a los cientos de temuquenses que gracias a sus aportes, pudimos cumplir sus sueños", puntualizó la primera autoridad regional.

Por su parte, el jefe de gabinete de la seremi de Desarrollo Social, Juan Pablo Aravena, aprovechó de comentar que gracias al programa Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social se transferirán 10 millones de pesos al Hospital Regional de Temuco para la habilitación de espacios públicos para promover y potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia, para que así se estimule el juego y las condiciones de acompañamiento familiar en los recintos hospitalarios.

“Postularon alrededor de 21 hospitales a lo largo de todo Chile y solo 9, fueron seleccionados, siendo el Hospital Hernán Henríquez Aravena, uno de ellos. La idea es implementar en todas las unidades pediátricas, entornos físicos y equipamiento no clínico más amigable, acorde a las necesidades de los niños y niñas hospitalizados y sus familias”, agregó el jefe de gabinete.

Cabe destacar que la entrega de regalos se realizó gracias al apoyo desinteresado de cientos de familias, quienes aportaron  con su granito de arena para entregarles alegría a los cerca de 90 niños que se encuentran internados en el hospital.

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