Acuerdo de colaboración ratifica plataforma como ventanilla única de acceso a la información para los ciudadanos y permite el acceso a datos, ligados a la transparencia activa, a más de 600 instituciones públicas. Con ello, se generará un ahorro de $480 millones anuales para el Estado.

Por ley, todas las instituciones públicas y sujetas al cumplimiento de la Ley de Transparencia, están obligadas a publicar de manera periódica datos relacionados a su gestión financiera y administrativa. Es lo que se denomina “Transparencia Activa”, condición que permite a los ciudadanos visualizar, por ejemplo, las remuneraciones, el personal, las compras y otros antecedentes de un organismo del Estado a través de internet.

Sin embargo, hasta hoy, quienes quisieran indagar en ese tipo de datos debían visitar el sitio de cada una de las reparticiones. Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sellaron hoy un acuerdo de colaboración que permitirá incluir a 352 nuevos organismos de la Administración Central del Estado al PortalTransparencia.cl, plataforma creada por el CPLT para concentrar la información de las instituciones públicas en un solo sitio web.

Hasta ahora, solo cinco instituciones de la Administración Central (Intendencias, Subsecretarías, Gobiernos Regionales, entre otros) utilizaban la plataforma para cumplir con sus obligaciones de Transparencia Activa, por lo que el ingreso de estas entidades a la plataforma del CPLT representa un gran avance para los ciudadanos.

“La firma de este convenio y la posterior incorporación de los organismos a nuestro sitio web no sólo ratifica la utilidad de nuestra plataforma, sino que además avala que las buenas prácticas en materia de modernización del Estado nos benefician a todos”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que la idea es que el Portal de Transparencia se transforme en una especia de ventanilla única que permita el acceso más expedito de los ciudadanos hacia la información de las instituciones del Estado.

Con la concreción de este proyecto, las personas podrán visualizar hacia principios del próximo año los datos de Transparencia Activa de más de 600 organismos públicos. A eso suma la posibilidad de exigir información pública a 761 instituciones, como municipios, universidades públicas, ministerios y otras entidades. Se calcula que con la incorporación de estos 352 nuevos servicios, el ahorro anual para el Estado será superior a los $480 millones.

“No tienen ningún sentido que los ciudadanos gasten su tiempo y esfuerzo, recorriendo de ventanilla en ventanilla, para completar un trámite o conseguir información que le interesa. Al revés, es el Estado quien debe gastar su tiempo y esfuerzo para coordinarse de tal modo de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos”, señaló el subsecretario de la Segpres, Víctor Maldonado.

El sitio PortalTransparencia.cl recibe más de 185 mil visitas mensuales y en él, los ciudadanos realizan, en promedio, 14 mil solicitudes de información cada mes.

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Además de datos ligados a la gestión administrativa de las instituciones del Estado, los ciudadanos están utilizando la Ley de Transparencia para realizar consultas ligadas al medioambiente, y en particular, para concretar solicitudes de información ligadas al manejo, funcionamiento y cierre de vertederos del país.

De hecho, en el último año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha recibido cinco reclamos por la denegación o entrega incompleta de información sujeta a estas temáticas.

Entre los casos resueltos por el CPLT, destaca la solicitud de dos ciudadanos que le exigieron a la Seremi de Salud de la Quinta Región el plan de cierre del vertedero La Hormiga, ubicado en San Felipe.  Al no recibir una respuesta satisfactoria, ambos usuarios presentaron —de manera independiente– dos reclamos ante el CPLT que finalmente concluyeron en la entrega de la información.

Algo similar es lo que experimentó una vecina de Santiago, que solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, información respecto de los volúmenes y tipos de residuos que han ingresado al relleno Sanitario Santiago Poniente durante 2015 y 2016, así como el manejo de la basura y el biogás emanado desde ese vertedero. Tras la gestión del CPLT, la ciudadana obtuvo la información

Más al sur, una ciudadana pidió a la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos el plan de cierre del Vertedero Industrial Eujenín en Chiloé. Al no recibir los datos exigidos, recurrió al CPLT, el que finalmente resolvió ordenar la entrega de los antecedentes exigidos.

En la misma X región, un ciudadano solicitó a varios vertederos información relacionada al manejo de salmones muertos y otros detalles ligados a la “composición química y componentes de la mortalidad vertida”. En este caso, el reclamante recibió una parte de los datos, pues las empresas no contaban con toda la información demandada.

Para revisar cada uno de estos casos, se puede consultar el sitio web www.consejotransparencia.cl, en los siguientes números de rol:

ROL C3983-16

ROL C4196-16

ROL C3625-16

ROL C2831-16

ROL C3791-16

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El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó su reporte estadístico mensual de octubre, que da cuenta de los casos a nivel nacional ingresados a la institución, en el cual destacó como tema más recurrente en las decisiones el ítem “Gestión y administración territorial (Urbanismo)”.

El total de casos ingresados durante octubre fue de 321 reclamos a nivel nacional. A su vez, se despacharon 355 decisiones, de las cuales:

– 22 (6,1%) correspondieron a desistimientos (el reclamante no continuó voluntariamente con el proceso de tramitación).

– 96 (27%) fueron declaradas inadmisibles (pues no cumplen los requisitos de forma para ser sometidos a tramitación).

– 147 (41,4%) Decisión de fondo. (casos que efectivamente se someten a tramitación en el CPLT, dado el contenido de la solicitud).

– 90 (25,3%) Decisiones donde se da por entregada la información al ciudadano con Acuerdo de SARC[1] (casos sometidos a un trámite más breve en el CPLT, y enfocado a instar al sujeto obligado a entregar la información que en primera instancia denegó, en cierta forma, al ciudadano requiriente).

– 0 (0%) Concluido por causas sobrevinientes (según Artículo 40 Ley 19.880).

De los reclamos ingresados el pasado mes, 111 (34,6%) corresponden a Municipalidades y 210 (65,4%) a organismos de la Administración Central del Estado.

Desde 2009 se han acumulado un total de 17.204, en tanto que se han despachado un total de 16.474 resoluciones.

Región de La Araucanía

A nivel regional, la Región de La Araucanía registró un total de 9 casos ingresados al Consejo para la Transparencia (CPLT) en Octubre. 5 de ellos fueron interpuestos contra municipalidades y 4 a otras instituciones públicas.

Entre las causas de la región resueltas por el CPLT este mes alcanza un total de 13 casos, donde 3 son desistimientos, 3 fue declarada inadmisible,  6 pasaron a decisiones de fondo, y 1 fueron decisiones con Acuerdo de SARC.

Por su parte, de las resoluciones adoptadas por el Consejo, destaca el reclamo de un ciudadano que solicitó información a la Dirección de Vialidad de la Región de la Araucanía sobre la conservación y mantención de caminos de acceso a comunidades indígenas, en la comuna de Traiguén, provincia de Malleco.

En un principio, la información fue negada por la entidad, pero luego de la intervención del CPLT el ciudadano pudo acceder a los datos requeridos.

La resolución puede ser revisada en el sitio web del CPLT bajo el Rol C1997-16.

El Consejo para la Transparencia desde noviembre de 2010, elabora mensualmente un completo Reporte Estadístico que analiza los reclamos que ingresan al CPLT y su tramitación desde varios aspectos cualitativos y cuantitativos.

[1] SARC: Sistema Anticipado de Resolución de Controversias.

Para más información ingresa a nuestro sitio web www.cplt.cl

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Al respecto, García señaló “hace algún tiempo, la jefa regional del departamento de ingenieros del MOP Araucanía denunció que el camino Lumaco – Purén estaba construido en malas condiciones. Lejos de tomar la denuncia, a esta señora se le desvincula de su trabajo. Tanta razón tenía ella en su denuncia que la volvieron a incorporar. Por razones de secreto de sumario, no voy a dar el nombre en este momento, pero a la prensa de le digo: averigüen quién era el inspector fiscal de ese camino.”

“Posteriormente, se desvincula a 12 funcionarios del MOP, entre ellos gente que tiene fuero sindical. Es decir, una persecución tremenda. No se ha respetado la democracia, el fuero sindical, simplemente nada. Hay gente que viene saliendo de la universidad, con un años o dos, y tienen grado 8, grado 10, y hay gente de carrera que lleva 25 años y tienen grado 20. Más adelante, este mismo personaje –tengo una grabación- le ordena al jefe que adjudica los contratos que él quiere que sea ésta o ésta otra empresa la que realice los contratos y no las otras y que las calificaciones que tienen esas empresas tiene que cambiarlas o modificarlas para que queden las empresas que él desea”, argumentó el legislador.

Al finalizar, García puntualizó “lo más grave de esto es que la semana pasada llamé al Subsecretario Galilea para exponerle que habían problemas aquí y antes que le dijera ningún nombre él me dice: “Diputado, la persona que Ud. me va a decir es de mi absoluta confianza”. La pregunta es ¿cómo sabía el señor Galilea a quién me iba a referir?” Por lo tanto, hoy en el MOP Araucanía hay personas que estás ocupando el ministerio para beneficio personal, para favorecer a sus amigos, para favorecer a empresas para que le den pega a sus parientes y eso no puede seguir así. Aún más, a uno de los desvinculados lo echa por contestar oficios de Ley de Transparencia. Esto recién comienza, tengo un legajo de más de 300 páginas, ya se le envió un oficio al Ministro y ahora se presentará una denuncia a la Contraloría General de la República para que esto no quede en la impunidad. Ahora el Gobierno tiene que dar un paso al lado, respetar la Ley de Transparencia y dejar que las instituciones actúen.”

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La actividad dio a conocer la normativa que regula la transparencia de la función pública y el derecho a acceder a la información de entidades gubernamentales.

Con el objetivo de que los funcionarios municipales conozcan los principales lineamientos de la Ley de Transparencia, este miércoles se realizó una jornada de capacitación con el propósito de orientarles en el uso de esta ley, en lo que respecta al acceso a información de carácter público.

A la jornada que se llevó a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Collipulli, el encargado de Transparencia del municipio, Felipe Morales, explicó que esta normativa regula la transparencia de la función pública y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información de entidades como los ministerios, intendencias, gobernaciones y municipios.

Además, puntualizó que existe una “Transparencia Activa”, que obliga a los organismos a publicar información de manera permanente, y el “Acceso a la Información”, que exige a los organismos a responder a solicitudes de información de parte de los vecinos en un plazo de 20 días hábiles.

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La actividad dio a conocer la normativa que regula la transparencia de la función pública y el derecho a acceder a la información de entidades gubernamentales.

Con el objetivo de que la comunidad conozca los principales lineamientos de la Ley de Transparencia, es que el municipio de Collipulli, realizó este viernes una jornada de capacitación para dirigentes sociales de la comuna, con el propósito de orientarles en el uso de esta ley, en lo que respecta al acceso a información de carácter.

A la jornada que se llevó a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Collipulli y que contó con la participación de dirigentes de juntas de vecinos de la comuna, la encargada de Transparencia del municipio, Pamela Devaud, explicó que esta normativa regula la transparencia de la función pública y el derecho a acceder a la información de entidades como los ministerios, intendencias, gobernaciones y municipios.

Además, puntualizó que existe una “Transparencia Activa”, que obliga a los organismos a publicar información de manera permanente, y el “Acceso a la Información”, que exige a los organismos a responder a solicitudes de información  de parte de los vecinos en un plazo de 20 días hábiles.

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