Alfredo Enrique Llafquén Huilipán fue oficialmente aceptado como candidato al Consejo de la CONADI en cupo urbano, en la elección que se realizará en abril próximo y que renovará este organismo clave para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la correcta aplicación de la Ley Indígena. Su candidatura se sustenta en una trayectoria político-social y territorial, con fuerte arraigo en Nueva Imperial y en el movimiento mapuche.

Dirigente desde temprana edad, Llafquén integró el Departamento de Jóvenes de la Asociación Comunal Mapuche y participó en la consulta nacional de Bases Curriculares de Lenguas y Culturas de los Pueblos Indígenas. Desde 2018 es parte del Movimiento por la Libre Determinación y ejerció representación popular como concejal de Nueva Imperial entre 2021 y 2024. Actualmente se desempeña como Vice-presidente de la Comunidad Soto Calfuqueo y Secretario General de la Confederación Nacional Voz del Campo.

“Esta elección es clave para recuperar el sentido político y social de CONADI, una institución que debe defender efectivamente los derechos colectivos del pueblo mapuche y no limitarse a una gestión administrativa”, afirmó Llafquén. Añadió que su candidatura busca representar las demandas del mundo mapuche urbano, históricamente postergado en las políticas públicas, y avanzar en desarrollo con identidad, fortaleciendo el acceso a la tierra, la participación comunitaria y el desarrollo productivo.

La elección de abril será de carácter voluntario, por lo que Llafquén hizo un llamado a la participación informada de las personas indígenas habilitadas para votar y a renovar este espacio: “Participar es una forma concreta de incidir en el futuro de CONADI y en las decisiones que afectan a nuestro pueblo, sobre todo en el nuevo ciclo político que estamos comenzando”, concluyó.

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La Consejera Nacional Mapuche ante la CONADI, Ana Llao, rechazó enérgicamente las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien en su visita a Temuco anunció su intención de derogar la Ley Indígena N° 19.253 y poner fin a la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT. “Estas afirmaciones son abiertamente racistas, negacionistas y un grave retroceso democrático”, señaló Llao.

La consejera acusó a la ultraderecha chilena de impulsar una agenda peligrosa que pretende borrar décadas de lucha y avances en derechos indígenas. “No se trata solo de ignorancia, sino de una política deliberada de exclusión, colonialismo y racismo institucional”, agregó. A su juicio, se busca debilitar toda norma que reconozca la existencia y los derechos de los pueblos originarios en Chile.

Tanto la Ley Indígena como el Convenio 169 de la OIT son pilares del marco legal que protege los derechos colectivos de los pueblos originarios, como la tierra, la cultura y la participación política. Su derogación constituiría una violación grave de los tratados internacionales firmados por Chile y un ataque directo al derecho a la autodeterminación.

“La ultraderecha no solo nos quiere callar, también quiere eliminarnos como sujetos de derecho”, advirtió Llao, quien llamó a las instituciones del Estado y a la sociedad chilena a rechazar este tipo de discursos que fomentan el odio y la exclusión. “No permitiremos que se legisle sobre nosotros sin nosotros. No aceptaremos retrocesos”, afirmó.

Finalmente, la autoridad mapuche llamó a la unidad de los pueblos indígenas y de todos los sectores democráticos para defender los avances alcanzados. “Nos quieren invisibilizar, pero estamos más presentes que nunca. Y no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y territorios”, concluyó.

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Esta semana, las comunidades Pangueco Grande Soto Lincoñir, de Galvarino, y Gallardo Tranamil Pichún, de Nueva Imperial, celebraron este momento como un triunfo de la perseverancia y el trabajo comunitario. La semana anterior, la comunidad mapuche Manuel Huentemilla, ubicada en la comuna de Teodoro Schmidt, firmó escrituras por 426 hectáreas.

Más de 570 hectáreas de tierras fueron adquiridas en la modalidad de copropiedad para 42 familias de la comunidad Pangueco Grande Soto Lincoñir, de la comuna de Galvarino, cuyo dirigente, Óscar Quilaleo Nahuelpi, presidente de la comunidad, señaló que “esta fue una lucha muy grande para recuperar las tierras de nuestros antepasados, y no fue una lucha fácil, por lo que agradecemos a la mesa territorial, el apoyo de los concejales de Galvarino, personas políticas,  y especialmente estamos agradecidos de los funcionarios de la CONADI por este instante y ser parte de nuestro proceso de compra”.

En este mismo sentido, el coordinador de la mesa territorial Galvarino, Ernesto Lincoñir Paillalid, agregó que “es un éxito trabajar de manera conjunta entre comunidades, entre territorios, apoyados por el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric y especialmente con la CONADI, con su director y sus equipos. Esto nos ha permitido avanzar de manera colectiva en la restitución de tierras para nuestras comunidades”.

Cabe mencionar que la comunidad Pangueco Grande Soto Lincoñir inició este proceso en agosto de 2014, cuando la comunidad presentó su solicitud a CONADI, respaldada por el Título de Merced N° 43, otorgado en 1885 a sus antepasados.

20 años de espera

Por su parte, la comunidad Gallardo Tranamil, comenzó este proceso en 2005, y lograron la restitución de 750 hectáreas de tierras para sus 66 socios tras 20 años de tramitación.

La presidenta de esta comunidad, Mercedes Curimil Alcamil, indicó que “este es un logro importante para nuestra comunidad, ya que fueron 20 años, fue muy largo el proceso, y agradecemos a las personas que nos ayudaron, estamos contentas y felices de haber logrado el objetivo que teníamos de comprar la tierra para nuestra comunidad”.

En la firma de sus escrituras, la comunidad fue acompañada por el alcalde de Nueva Imperial, César Sepúlveda Huerta, quien dijo que “este momento ha sido fundamental para las familias que llevaban 20 años en la espera de que llegara por fin esta buena noticia. Agradecemos infinitamente las voluntades políticas, y del mismo director nacional de CONADI, que siempre tuvo la mejor disposición para recibirnos y agilizar los procesos”.

Recuperar la base material

El director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, indicó que “con las firmas de escrituras estamos llegando al final del camino en que se materializa la compra de tierras y reparamos los desmedros, las pérdidas territoriales, y las comunidades recuperan una base material donde generar emprendimiento, desarrollo, calidad de vida y por supuesto, cultura, cosmovisión e identidad”.

“Esto es lo que queremos para todas las comunidades, y por eso estamos avanzando rápidamente para generar números positivos y llegar lo más lejos posible, beneficiando a la mayor cantidad de comunidades durante este año 2025”, puntualizó el directivo.

En este sentido, sólo una semana antes, el director nacional suscribió las escrituras por la compra de 426 hectáreas de tierras para la comunidad mapuche Manuel Huentemilla, ubicada en la comuna de Teodoro Schmidt, quienes también tuvieron casi 20 años de espera.

Finalmente, cabe señalar que las compras de tierras que realiza CONADI, se basan en el artículo 20 de la Ley Indígena (Ley 19.253); 20 letra a, en el caso de las compras mediante un concurso que entrega subsidios para la adquisición de tierras, y 20 letra b, en el caso de las solicitudes de las comunidades para ampliar sus tierras o solicitar restituciones respaldadas con documentos históricos, e informes legales y antropológicos, entre otros.

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El director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, participó en la celebración a la que también asistieron las consejeras nacionales ante CONADI, Francisca Huirilef Barra y Emilia Coñumil Quiñimil, así como la Seremi de Desarrollo Social y Familia de La Araucanía, Mariela Huillipan Peña, junto a otros invitados de la comunidad.

La comunidad mapuche Pedro Huenchulao de Victoria obtuvo su personalidad jurídica a fines de 1994, a sólo un año de la creación de CONADI, y tiene origen territorial en el Título de Merced N°2705, otorgado en 1916 al lonko Pedro Huenchulao y a sus familiares en el sector Quilquilco, departamento de Mariluán, hoy comuna de Victoria.

En 1979, dicho título fue cancelado y subdividido, lo que se tradujo en una paulatina pérdida de terrenos y dificultades para seguir desarrollándose. Es por ello que, tras la promulgación de la Ley Indígena (1993) y creación de CONADI, comenzaron a reunir sus antecedentes para solicitar la aplicación del artículo 20 letra b de la ley 19.253, trámite que hicieron efectivo en agosto de 1998, demostrando su pérdida territorial.

27 años de espera

“Esta es una reclamación que se inició el año 1998 y obtuvieron su aplicabilidad en 2009, y hasta hoy, el día de la compra de las tierras y la entrega de sus títulos han pasado 27 años. Esto pone en relieve la necesidad de dotar de mayores y mejores instrumentos a la CONADI, para que estos plazos no se repitan en un contexto donde la justicia que tarda no es justicia”, señaló el director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo.

Por su parte, la presidenta de la comunidad, Rosa Levis Amaza, señaló: “Para mí este momento es algo grande, muy significativo. Tantos años y por fin se logró este anhelo que teníamos. Han sido 27 años de lucha, fue un proceso agotador. Pero especialmente estos últimos años nos encontramos con gente que realmente nos apoyaron, que nos ayudaron a llegar a esta instancia. Estoy muy feliz, feliz por mí y por mi comunidad”.

Agilizar procesos

“Esta entrega de tierras es fruto de la orden del Presidente Boric en el sentido de agilizar los procesos para dar respuesta a estos sueños, que también han sido dolores para las comunidades, y que hoy se transforman en esperanza, y es parte también del compromiso que reafirmamos desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para seguir avanzando, seguir acompañándolos en las etapas que vienen, y también destacando el proceso de diálogo, de compromiso que han tenido sus dirigentes y sus autoridades ancestrales”, indicó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Región de La Arcuanía, Mariela Huillipan Peña.

“Agradecemos a la comunidad por la invitación a esta ceremonia y felicitamos a las lideresas que llevaron adelante este proceso con una larga espera de 27 años, que llevaron de manera pacífica, poniéndole todo su empeño para lograr este objetivo que es la restitución del territorio tan anhelado. Por fin se hace justicia en este territorio y ahora continuaremos con toda la socialización de la Comisión de Paz y Entendimiento, donde también se abren luces para poder seguir dialogando y avanzando”, agregó Emilia Coñumil Quiñimil, consejera nacional ante CONADI.

Madre tierra

Por su parte, la consejera nacional ante CONADI, Francisca Huirilef Barra, agregó que “para nosotros los mapuche la tierra es la Ñuke Mapu (la Madre Tierra), porque somos parte de ella y ella es parte de nosotros, entonces, estar sin tierras, es como para los no mapuche no tener a su madre, esa es la importancia que tiene para nosotros. Y a ello se debe también la importancia de que el Estado nos pueda, de una u otra forma, devolver esto que nos pertenece, no es un favor, no es un regalo, es un derecho, y cuando es un derecho, entonces hay que actuar”.

Cabe señalar que a la comunidad Pedro Huenchulao de Victoria pudo restituir sus tierras en el mismo territorio del cual son originarios, y con esta compra por parte de CONADI -en modalidad de copropiedad- han obtenido una solución total a su demanda de tierras 27 años después iniciado este proceso.

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La comunidad mapuche Juan Puen se localiza en la Provincia de Cautín, 18 km al sur de la ciudad de Nueva Imperial, en el sector denominado “Levipille”. Hasta aquí llegó el Director Nacional (s) de CONADI, Álvaro Morales Marileo para hacer entrega de la resolución de aplicabilidad del artículo 20 letra b de la Ley Indígena (19.253).

El 12 de noviembre de 2002, los integrantes de la comunidad Juan Puen, de Nueva Imperial, presentaron una carta ante la Subdirección Nacional de CONADI, en Temuco, manifestando el problema de tierras que afectaba a sus 133 integrantes agrupados en 36 familias.

“En el año 1900 pasó la primera remensura al cacique Juan Puen y a 65 personas le dieron solamente 272 hectáreas, mientras que al cacique José Martin Nahuelhuen y 12 personas les dieron 78 hectáreas, y todos estos terrenos Malalcahuellu, Tolhuaca, Huapinda, Payunfuta, quedaron como fiscales, pero nuestros antepasados aseguran que ellos eran los verdaderos dueños de estos terrenos” -relatan en la historia de la comunidad- agregando que “después del 1900 llegaron los colonos encerrando todos estos terrenos que seguramente el Estado les dio”.

Recuperación de tierras

Para el Lonko José Alonso Millan Licanqueo, la entrega de esta resolución de aplicabilidad es un avance importante en el proceso de obtener la restitución de las tierras ancestrales. “Soy lonko del sector Levipille y de la comunidad Juan Puen, en la comuna Nueva Imperial, y estoy muy agradecido porque hoy día recibimos la aplicabilidad que tanto anhelamos, que tanto esperamos para avanzar en la recuperación de las tierras. Agradecemos a Dios y también le damos las gracias a los funcionarios y funcionarias de la CONADI que nos han apoyado”.

Por su parte, el director nacional (s), Álvaro Morales Marileo, señaló que “en el marco de esta entrega de aplicabilidad pudimos participar de una ceremonia muy emotiva en que la comunidad Juan Puen recibió este documento tan anhelado. Hoy, casi 25 años después de iniciado el proceso ante CONADI, estamos abriendo un camino hacia la reparación de la pérdida de sus tierras, demostrando que como CONADI estamos haciendo el trabajo que nos mandata la Ley Indígena y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

Se debe destacar que esta resolución de aplicabilidad constituye el reconocimiento que realiza el Estado sobre el problema de tierras que una comunidad indígena puede presentar, los que se comprueba a través de un estudio social, un estudio ocupacional y un estudio jurídico. Si con estos estudios se logra comprobar la pérdida o desmedro de la titulación, la comunidad aplica para ser sujeto de compra según el criterio del artículo 20 letra b de la Ley Indígena 19.253.

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“Teníamos hambre, nuestros hijos no tenían qué comer, porque nos robaron nuestros kullin (animales), y comenzamos a pedir trigo al winka, trigo que ellos tenían gracias a las tierras que nos robaron, y como no teníamos plata para pagarles, nos pedían tierras»… así comienza uno de los relatos presentados por la comunidad mapuche Pedro Huenchulao Epu, junto al Título de Merced 2705 de noviembre de 1916, en que el Estado de Chile les reconoce, aunque ya reducidas, la propiedad de sus tierras.

Esto es lo que el artículo 20 letra b de la Ley Indígena (Ley 19.253), reconoce como un “problema de tierras”, donde CONADI está facultada para adquirir tierras -a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas- y solucionar el problema de tierras generado por pérdidas territoriales acaecidas en el pasado, un aspecto en que ha puesto énfasis el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, considerando que sólo durante el presente año se contabiliza la entrega de casi 50 resoluciones de aplicabilidad.

Ejercicio de justicia

“Esto no se trata sólo de compra de tierras, sino también es un tema de respeto por lo que ha sucedido con las comunidades y sus territorios, y un ejercicio de justicia al reconocerse cómo la acción u omisión del Estado, ha generado perjuicio o detrimento territorial en dichos territorios, lo que ha tenido efectos socioeconómicos en la calidad de vida de las personas indígenas que todavía habitan esos territorios”, señaló Álvaro Morales Marileo, Director Nacional (s) de CONADI, agregando que “las resoluciones de aplicabilidad son documentos de bastantes páginas, de bastante profundidad, porque hacen referencia a una historia que muchas veces es muy delicada, trágica, y que debe ser consignada para efectos de poder justificar la aplicación del mecanismo del artículo 20 letra B de la Ley Indígena (Ley 19.253)”.

Elba Fierro Curilao, Presidenta Comunidad Lof Railao Tori II de Victoria, señaló que “para mi es un orgullo sacar adelante a mi comunidad y haber obtenido esta aplicabilidad para poder comprar el territorio que nos corresponde por descendencia comprobada a través de un Título de Merced de 1888, así es que esperamos que nos respeten esos antecedentes y podamos avanzar prontamente en la compra de tierras”.

Tierras usurpadas

Por su parte, José Alberto Levi, de la Comunidad Pedro Huenchulao Epu de Victoria, cuyos antepasados recibieron un Título de Merced en 1916, indicó que “esta aplicabilidad para nosotros era muy esperada y por eso estamos contentos, pero también esto significa que el Estado reconoce que a las comunidades sí se les usurparon sus tierras, su territorio. Así es que estamos felices, es un paso importante, como dijeron los peñi, pero vamos a estar más felices cuando nos empiecen a devolver el territorio”.

En tanto, Ismael Quiñelén Cayuqueo, de la Comunidad Juan Colimil de Nueva Imperial, quienes recibieron un Título de Merced en 1904, señaló que su actual demanda territorial se inició hace 16 años, y hoy, “es un honor tener esta aplicabilidad en mis manos, este es un regalo para mi gente, para mis peñi (hermanos), esta va a ser una solución para que todos tengan un buen vivir, todos los integrantes de la comunidad y agradezco a quienes hicieron la pega para tener nuestra aplicabilidad. Se agradece mucho”.

Cabe señalar que en esta actividad también estuvo presente el lonko Alberto Curamil Millanao, del Lof Radalko; José Millalén Paillal, gestor territorial del Plan Buen Vivir en La Araucanía, y representantes de la la DOH Araucanía.

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Director Nacional de CONADI, Luis Penchuleo Morales, concreta importantes avances en materia de restitución territorial, en cumplimiento al compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con las comunidades mapuche de la Región de La Araucanía.

La comunidad mapuche Andrés Pichincura, de la comuna de Traiguén, junto al director nacional de CONADI, firmaron las escrituras de compraventa por 301 hectáreas ubicadas en el Fundo Nancahue, en un proceso que llega a su fin después de 16 años de espera.

Este proceso corresponde a la aplicación del artículo 20 letra b de la Ley Indígena (19.253), y tiene un fundamento histórico en el Título de Merced del año 1917 en que el gobierno de la época reconoció la propiedad de las tierras del lonko Andrés Pichincura a través de la Comisión Radicadora de Indígenas.

“Como mapuche estábamos sin tierras y empezamos a postular a este beneficio que entrega el gobierno a través de CONADI, y gracias a dios salimos aceptados. Ahora, queremos trabajar para salir adelante con la tierra, estamos muy agradecidos, porque lo necesitábamos, y seguiremos trabajando todos juntos como comunidad”, señaló el presidente de la comunidad, Sergio Pichincura Caniuqueo.

Cumpliendo compromisos

“Con estas entregas de tierras y aplicabilidades estamos cumpliendo el compromiso que hizo el Presidente Boric con las comunidades indígenas del país, y también el mandato que recibimos como administración a cargo de la CONADI, en el sentido de acelerar los procesos de restitución territorial y aplicabilidad del articulo 20 letra b de la Ley Indígena, y así, hemos estamos avanzando a un ritmo histórico en esta materia”, explicó Luis Penchuleo Morales, Director Nacional de CONADI.

Posteriormente, durante la misma jornada el Director Nacional hizo entrega de cinco resoluciones de aplicabilidad, en que el Estado reconoce los problemas de tierras de las comunidades Bollilco (Ercilla), Francisco Alcapán (Villarrica), Porma Ñanco (Lonquimay) y We Folil Mariman (Temuco), además del Eltun (cementerio) de la comunidad Melilonco de Nueva Imperial.

“Este es un logro importantísimo para nuestra comunidad, algo por lo que hemos luchado desde hace años, y agradecemos al peñi Gabriel Boric, Presidente de la República, al peñi Luis Penchuleo, director nacional de CONADI, y al peñi Bernardo Huaiquilao, asesor de CONADI, por apoyarnos en este proceso, y agilizar la gestión, porque en las administraciones anteriores fue imposible llegar a un diálogo”, indicó Carlos Carilao, presidente de la comunidad mapuche Bollilco de Ercilla.

Cabe mencionar que avanzar en las soluciones al problema de tierras del pueblo mapuche a través de la vía institucional que establece la Ley Indígena es un eje que ha estado en el centro de esta gestión, logrando durante este periodo dar solución de tierras a 35 comunidades que optaron por el mecanismo institucional, alcanzando cerca de 11 mil las hectáreas restituidas, mientras que 74 comunidades han concretado el reconocimiento jurídico a los problemas de tierras presentados a través de la resolución de aplicabilidad.

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La Comunidad Francisco Paillal Llufquentue recibió el documento de manos del director Nacional de CONADI, Luis Penchuleo Morales, quien estuvo acompañado por autoridades comunales y regionales.

“La resolución de aplicabilidad para la compra de tierras es el reconocimiento explícito del Estado al problema de tierras que, en este caso, tiene la comunidad Francisco Paillal Llufquentúe, por lo que se trata de un paso muy importante, en que a la comunidad se le reconoce un problema de tierras, que debe ser solucionado, y ahora pasan al proceso de compra. Esta entrega además se da en el marco de un trabajo conjunto que estamos realizando con una mesa de comunidades de Galvarino”, explicó el Director Nacional de CONADI, Luis Penchuleo Morales.

Cabe destacar que durante la actual administración, en materia de aplicabilidades, además de responder con mayor rapidez en esta etapa, CONADI ha realizado importantes avances en el mejoramiento de los procesos y en la definición estandarizada de criterios institucionales que ha permitido una mayor fluidez en la tramitación interna. 

Hito histórico

“Estamos todos contentos con la ilusión que nos van a comprar las tierras luego de un proceso largo, de unos siete años, y gracias a la ayuda de muchos peñi, especialmente de la mesa territorial. Este día será recordado como un hito histórico para nosotros y todas nuestras familias”, agregó el Presidente de la Comunidad Francisco Paillal Llufquentue, José Colihuinca Peñeipil.

“Una de las principales solicitudes que nos han hecho las comunidades consiste en obtener la mayor cantidad de aplicabilidades posibles durante esta administración, porque de esta forma comienza a hacerse realidad el sueño de la recuperación de tierras”, indicó Francisca Huirilef Barra, Consejera Nacional Mapuche ante CONADI.

“Esta es una de las muchas comunidades que llevan años en la espera de este hito que significa obtener la resolución de aplicabilidad. Si bien esta no es una entrega inmediata de tierras, es un importante avance por el reconocimiento del Estado chileno hacia ellos y su restitución territorial”, señaló Carmen Gloria Oñate, Subdirectora Nacional Sur de CONADI.

“Hace mucho tiempo que esta comunidad venía demandando sus tierras, es una de las más grandes de Galvarino en cuanto a cantidad de familias, y forma parte de una coordinación de comunidades que se han organizado para alcanzar sus objetivos. Últimamente estaban sufriendo mucho hacinamiento y creo que este es un gran paso para la comunidad y para el Estado que restituye espacios territoriales que les corresponden a las comunidades”, agregó José Millalén Paillal, representante territorial del Plan Buen Vivir.

“Felicito al director nacional de la CONADI a quien he visto muchas veces en terreno en nuestra comuna, en la región y en el país; y felicito también a la comunidad Francisco Paillal, una de las comunidades mapuche más grandes de nuestra comuna, que con este documento ya tiene una esperanza concreta de acercarse a la recuperación de sus tierras”, puntualizó Marcos Hernández Rojas, Alcalde de la Comuna de Galvarino.

Aplicabilidades

Cabe señalar que durante el 2023 CONADI entregó aplicabilidades a 32 comunidades y realizó 9 procesos de compras de tierras, a pesar de la Glosa 10 incorporada en la Ley de Presupuesto 2023 durante la discusión parlamentaria, la que estableció nuevos requisitos que limitaron las compras a comunidades y afectando de manera significativa el cierre de la demanda de las comunidades.

Afortunadamente, gracias al trabajo mancomunado de CONADI, las consejeras y consejeros nacionales, así como profesionales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la discusión del presupuesto 2024 en el Congreso no se incluyó nuevamente esta glosa, volviendo a retomar las condiciones de compras que se venía implementando regularmente mediante la Ley Indígena 19.253.

Con la continuidad de los procesos de compra iniciados al asumir este gobierno y que incluyen la entrega de aplicabilidad a las comunidades, y la habilitación productiva de los predios, junto al trabajo de La Comisión de Paz y Entendimiento y la implementación del Plan Buen Vivir, CONADI avanza en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para abordar como Estado el problema histórico de las tierras indígenas.

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“Estamos en un momento histórico en que los pueblos indígenas requieren políticas públicas acordes a sus derechos”, señaló Luis Penchuleo Morales, Director Nacional de CONADI, quien destacó la evolución que ha existido en la situación de los pueblos desde 1993 hasta la actualidad.

Con una ceremonia mapuche en la Plaza de Armas de Nueva Imperial se inició la actividad de conmemoración de los 30 años de la Ley Indígena (19.253) y la creación de CONADI, convocando a dirigentas y dirigentes históricos, autoridades de Gobierno, e incluso dirigentes que firmaron el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, antecedente directo de la Ley indígena.

“Este es el momento de ir cerrando un ciclo e iniciando otro respecto de la relación del Estado con los pueblos originarios. Debemos recalcar el hito histórico que significa la conmemoración de los 30 años de la ley indígena en esta ciudad, en Nueva Imperial, que es justamente donde se firmó el pacto de Nueva Imperial, y que dio finalmente nacimiento a la ley indígena, y al año siguiente, en 1994, a la CONADI”, relató Luis Penchuleo Morales, Director Nacional de CONADI.

Dirigentes históricos

Para esta ocasión fueron invitados principalmente dirigentes que participaron en procesos históricos como la recuperación de la democracia tras el golpe de estado, algunos de quienes firmaron el Acuerdo de Imperial, con el entonces candidato a la Presidencia Patricio Aylwin Azócar;  así como quienes trabajaron en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), en la elaboración de la Ley Indígena, los primeros integrantes del Consejo Nacional de CONADI e incluso el primer director nacional, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo.

“Debemos reconocer la labor de hombres y mujeres dirigentes de aquella época que comenzaron a organizarse en plena dictadura, y cuyo resultado para el movimiento mapuche fue la creación de esta ley y una institucionalidad indígena al interior del Estado”, agregó Penchuleo.

“Cuando ya derribamos la dictadura surgió la idea de una ley indígena y por lo tanto aquí participó todo el pueblo mapuche, todos nosotros estuvimos presentes, dimos la cara y encabezamos el movimiento. Si no hubiésemos participado de esa manera, con el apoyo de todo el pueblo, hoy no habría ley indígena. Eso es lo grande y creo que por eso estamos aquí”, agregó José Santos Millao, histórico dirigente del territorio de Purén.

Mujeres en puestos de Gobierno

Entre las autoridades de Gobierno presentes en la actividad se encontraba la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, quien destacó la importancia de contar con la Ley indígena en estos 30 años.

“Desde el comienzo de nuestra administración, hemos estado presentes en los territorios, ya que es desde aquí que debemos recoger las necesidades de las personas, y específicamente hoy, de los pueblos indígenas, donde sin duda la participación de las mujeres debe ser un pilar fundamental”, enfatizó la autoridad del Ministerio de la Mujer”, destacando que “el hecho de que una mujer mapuche pueda ocupar un puesto en el Gobierno, entre las más altas autoridades, es un claro aporte de la Ley Indígena. Que las mujeres indígenas puedan identificarse con su esencia y tener una participación política activa es también parte del significado de esta ley”, afirmó la subsecretaria.

“Cuando se creó la Ley Indígena, el país contaba con unas 600 mil personas que se auto identificaban como pertenecientes a pueblos indígenas. Hoy día tenemos a más de 2 millones de personas en nuestro país que se sienten pertenecientes o que se auto perciben como pertenecientes a pueblos indígenas. Y en ese sentido, obviamente que eso debe generar varios cambios, por ejemplo, en relación con las tierras, las becas indígenas, entre otros, que deben estar plasmados en una ley”, agregó el Delegado Presidencial Regional, José Montalva.

Amplia participación

En la actividad también estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo Comisión para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos; el Encargado Nacional del Plan Buen Vivir, Francisco Arellano, así como su contraparte regional, Marcelo García, además de representantes de diversos servicios públicos, municipios, comunidades y asociaciones indígenas.

Cabe destacar que esta actividad, organizada en conjunto entre la Subdirección Nacional Sur de CONADI y el Municipio de Nueva Imperial, fue uno de los actos que se están realizando en todo el país para relevar los treinta años de la entrada en vigor de Ley Indígena 19. 253 y su contribución al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como el hecho que su promulgación fue la expresión y resultado concreto de la participación y diálogo político del movimiento indígena con el Estado tras el retorno a la Democracia.

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En esta ocasión, Hernando Silva, Coordinador Área Jurídica, Observatorio Ciudadano, ha sido invitado para exponer sobre los alcances e implicancias que podría tener una modificación a la Ley Indígena, la que busca concretar el Gobierno del presidente, Sebastián Piñera.

Silva ha valorado positivamente esta actividad, y destacó que ha podido intercambiar puntos de vista con distintos representantes de los credos en la región, a fin de establecer un diálogo intercultural, y respetuoso, manifestó.

El integrante del Observatorio Ciudadano, expresó también que esto permite “conocer distintas realidades y entregarles información respecto de la situación sobre la propuesta de reforma legislativa de la Ley Indígena, para que estos líderes de opinión, al estar informados, puedan manifestar opiniones relevantes sobre esta materia e incluso, conversarlo con sus comunidades religiosas, para conocerla, y dar una respuesta concreta a los requerimientos de ellos”.

Por su parte, el reverendo, Jaime Medina, de la Iglesia Metodista de Temuco, en representación del obispo, Jorge Merino en la Mesa de Diálogo Interreligioso, agradeció al Observatorio Ciudadano por entregar los elementos jurídicos más relevantes, ya que la ciudadanía debe estar al tanto de lo que va a implicar esta reforma a la Ley Indígena, “porque tenemos un ambiente muy complejo acá en la región”, y a la vez, subrayó, “que no quieren que una situación, de la cual no hemos sido informados, puedan generar más situaciones de conflicto”.

La Mesa de Diálogo Interreligioso, por medio del reverendo Medina, ha hecho un llamado “a que todos pongamos de nuestra parte en informarnos, porque los trabajos que hacemos, pastorales, en las comunidades que estamos insertos, la gente nos esta preguntando de un tema que no conoce”, por lo cual, ha agradecido este aporte.

La Mesa de Diálogo Interreligioso es integrada por representantes de las iglesias, Católica y Evangélica; de las comunidades Budista, Judía, Islámica y Bahai, así también, la espiritualidad Mapuche, a la que se suma la Red Interreligiosa Latinoamericana de Educación para la Paz, RILEP.

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