Una secretaria de Costa Araucanía denunció los hechos ante la Inspección del Trabajo y entregó antecedentes a la PDI.

Una segunda denuncia de una trabajadora vuelve a poner en cuestión la situación de Ricardo Herrera Floody, actual secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía (AMCA), exalcalde de Carahue y exconsejero regional de La Araucanía.

La denunciante es Silvia Fuentes, quien se desempeña como secretaria de la organización en Carahue y comunicó que recurrió a la Inspección del Trabajo por situaciones que califica como presunto acoso sexual laboral y acoso laboral. También informó que puso antecedentes en conocimiento de la Policía de Investigaciones (PDI).

El caso adquiere especial relevancia porque sería la segunda denuncia de similares características vinculada a Herrera Floody, mientras antecedentes laborales y judiciales dan cuenta de procedimientos anteriores relacionados con la Asociación.

Denuncia fue comunicada a los municipios

En una declaración pública, Fuentes confirmó la presentación de las acciones, aunque decidió no revelar detalles mientras se desarrollan los procedimientos.

“Serán exclusivamente las instituciones competentes las encargadas de investigar, establecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan”, sostuvo.

La trabajadora enfatizó que su objetivo no es establecer anticipadamente responsabilidades y pidió respeto por las investigaciones.

Además, informó que remitió su declaración al presidente de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, al directorio de AMCA y a los concejos municipales de las comunas que integran la organización.

Existe otro procedimiento laboral ante la justicia

La nueva denuncia se conoce mientras existe un procedimiento laboral anterior relacionado con Costa Araucanía que llegó al Juzgado de Letras y Garantía de Carahue.

Una resolución judicial del 28 de enero de 2026 confirma que el tribunal tuvo por interpuesta una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimiento de tutela laboral y fijó audiencia preparatoria para el 24 de abril de este año.

En esa causa, la parte demandada es la Asociación de Municipios Costa Araucanía, según establece expresamente la resolución judicial.

Este antecedente confirma la existencia del proceso laboral, pero no constituye una sentencia ni permite dar por acreditadas las denuncias que se investigan.

Fiscalización de la Dirección del Trabajo

A los antecedentes se suma una fiscalización realizada en 2025 por la Dirección del Trabajo a la Asociación de Municipios Costa Araucanía.

El informe identifica a la Asociación como entidad fiscalizada y a Ricardo Herrera Floody como representante legal para efectos de ese procedimiento. La documentación registra visitas inspectivas realizadas durante agosto y septiembre de 2025.

El informe de exposición señala que la fiscalización se originó a partir de una denuncia bajo Ley Karin. La revisión posteriormente incorporó distintas materias laborales relacionadas con contratación, remuneraciones, cotizaciones y registro de asistencia.

La Dirección del Trabajo constató infracciones relacionadas con la escrituración de contrato, entrega de comprobantes de remuneraciones y cotizaciones previsionales, las cuales fueron corregidas dentro del plazo otorgado y no terminaron en sanción administrativa.

Distinto fue el caso del registro de asistencia, donde se constató una infracción que derivó en una multa.

El documento no establece responsabilidad de Herrera Floody por acoso sexual, por lo que ambos antecedentes deben ser diferenciados.

Concejala pide que Herrera deje temporalmente el cargo

La nueva denuncia generó una reacción de la concejala de Carahue Paola Retamal Arévalo, quien confirmó haber recibido antecedentes del caso y solicitó medidas al interior de Costa Araucanía.

La autoridad comunal planteó que debe garantizarse una investigación objetiva, la protección de la trabajadora, la ausencia de represalias y la colaboración de quienes integran la Asociación.

Sin embargo, considerando que se trataría de una segunda denuncia de una trabajadora, Retamal pidió una medida concreta: que Herrera Floody dé un paso al costado de la secretaría ejecutiva mientras se esclarecen los procesos.

A su juicio, debería hacerlo voluntariamente o mediante una decisión del directorio, argumentando que la situación está afectando la imagen de la organización.

La concejala recalcó al mismo tiempo que debe respetarse el derecho a defensa y la presunción de inocencia.

Directorio deberá evaluar los antecedentes

La controversia alcanza directamente a una organización integrada por municipios de la costa de La Araucanía, cuyos alcaldes y concejos ya fueron informados de la nueva denuncia por la propia trabajadora.

Ahora será el directorio de la Asociación de Municipios Costa Araucanía el que deberá evaluar si adopta alguna medida administrativa mientras avanzan los procedimientos.

Por el momento, no existe una resolución que determine responsabilidad de Ricardo Herrera Floody respecto de esta nueva denuncia. Corresponderá a los organismos competentes establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades.

Lo concreto es que una nueva trabajadora recurrió a la Inspección del Trabajo y entregó antecedentes a la PDI, mientras una concejala de Carahue ya solicita que Herrera Floody deje temporalmente la secretaría ejecutiva de Costa Araucanía hasta que los casos sean esclarecidos.

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El Gobierno prepara cambios ante la congestión de la Dirección del Trabajo: el 45% de las presentaciones no fue clasificado bajo la normativa y algunas investigaciones están tardando hasta diez meses. La propuesta exigiría antecedentes mínimos y abre dudas sobre qué ocurrirá con quienes no saben cómo relatar el acoso, denuncian verbalmente o no logran reunir la información dentro del nuevo plazo.

Tres días podría tener un trabajador para completar una denuncia por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo si la Dirección del Trabajo considera que no contiene información suficiente. Este es uno de los principales cambios incluidos en el borrador del nuevo reglamento de la Ley Karin que prepara el Gobierno.

La propuesta surge en medio de una importante congestión. De las 68.468 presentaciones ingresadas ante la Dirección del Trabajo, 30.565, equivalentes al 45%, no fueron clasificadas como Ley Karin, mientras otro 15% continuaba en revisión. Al mismo tiempo, investigaciones que deberían concluir en 30 días están tardando entre ocho y diez meses, según ha reconocido el Ministerio del Trabajo.

Para acelerar la tramitación, el borrador incorporaría una evaluación antes de iniciar la investigación, exigiría antecedentes mínimos y permitiría solicitar que una denuncia incompleta o inconsistente sea complementada dentro de tres días. La Dirección del Trabajo también podría utilizar sistemas automatizados para analizar inicialmente la información, aunque bajo supervisión humana.

El cambio todavía no está vigente y deberá ser enviado a la Contraloría General de la República. Actualmente, las denuncias pueden presentarse verbalmente o por escrito y el reglamento prohíbe aplicar un control de admisibilidad al comienzo del procedimiento.

¿Qué debería contar el trabajador al momento de denunciar?

Una denuncia no necesita utilizar palabras jurídicas ni identificar exactamente qué norma fue vulnerada. Sin embargo, debe entregar información que permita comprender qué ocurrió y orientar una investigación.

“Una persona que está viviendo acoso puede encontrarse asustada, confundida o emocionalmente afectada. No se le puede exigir que redacte como abogado, pero sí es importante que describa hechos concretos. Decir solamente ‘mi jefe me hostiga’ expresa un malestar, pero no permite saber qué hizo esa persona, cuándo ocurrió o quiénes podrían aportar información”, explica Pedro Peña, director del Área de Litigación de SoyTrabajador.

Para evitar que el relato quede incompleto, la denuncia debería intentar responder preguntas sencillas:

¿Qué ocurrió? Detallar palabras, amenazas, gestos, mensajes, decisiones o acciones concretas.

¿Cuándo y dónde? Incorporar fechas exactas o aproximadas y el lugar de los hechos.

¿Quiénes participaron? Identificar a la persona denunciada y posibles testigos.

¿Cómo sucedió? Precisar si fue presencialmente, por correo, mensajes, reuniones u otro canal.

¿Existen antecedentes? Conservar conversaciones, documentos, instrucciones o comunicaciones relacionadas.

¿Ocurrió más de una vez? Indicar la frecuencia o aclarar si se trató de un solo episodio.

No tener mensajes, grabaciones o testigos no significa que una persona esté impedida de denunciar. Tampoco corresponde que el trabajador investigue por su cuenta o reúna toda la prueba antes de solicitar protección.

“Muchas conductas ocurren en privado y sin testigos. La persona debe entregar los antecedentes que permitan diferenciar lo que vivió de aquello que supone y evitar completar los vacíos con información que no puede sostener. La falta de una captura de pantalla no elimina el derecho a denunciar ni significa que los hechos no ocurrieron”, señala Peña.

¿Qué ocurriría si no logra completar los antecedentes en tres días?

El borrador plantea que la Dirección del Trabajo revise inicialmente si la denuncia contiene la información necesaria, si existe una relación laboral vigente y si los hechos descritos podrían estar cubiertos por la Ley Karin.

Cuando la presentación sea considerada incompleta, el trabajador tendría tres días para entregar lo solicitado. Sin embargo, todavía deben precisarse aspectos relevantes: cómo se notificará el requerimiento, desde qué momento comenzará a correr el plazo y cuál será la consecuencia exacta de no responder oportunamente.

“Tres días pueden parecer suficientes para completar un formulario, pero no necesariamente para reconstruir situaciones ocurridas durante meses, recuperar mensajes, identificar testigos o pedir ayuda mientras se continúa trabajando junto a la persona denunciada. Agilizar el sistema es necesario, pero una presentación no debería quedar fuera solamente porque la víctima no supo explicar jurídicamente lo que vivió”, advierte el abogado.

¿Y si la denuncia fue realizada verbalmente?

La Ley Karin permite denunciar ante el empleador o directamente en la Dirección del Trabajo, tanto de manera escrita como verbal. Cuando la presentación es verbal, quien la recibe debe levantar un acta y entregar una copia timbrada, fechada y con la hora de ingreso.

Esta modalidad abre otra interrogante frente al nuevo filtro: qué ocurriría si el trabajador entrega su relato correctamente, pero la persona encargada de redactar el acta omite información relevante.

“Sería especialmente grave que alguien terminara perjudicado por una redacción que no realizó. Si la denuncia es verbal, la responsabilidad de registrar adecuadamente los hechos no puede recaer únicamente en la persona afectada. El nuevo reglamento debería asegurar que pueda revisar el acta, corregirla y recibir orientación antes de que comience cualquier plazo”, afirma Peña.

Guardar la copia o comprobante de la denuncia será fundamental para acreditar qué información fue entregada y cuándo se realizó la presentación. Si el empleador se niega a recibirla, no entrega respaldo o aparecen represalias, el trabajador puede acudir directamente a la Inspección del Trabajo y buscar orientación jurídica.

Para el abogado, ordenar las denuncias puede ayudar a reducir los retrasos y concentrar los recursos en situaciones que efectivamente correspondan a la Ley Karin. No obstante, el filtro debe considerar las condiciones en que una persona denuncia.

“El acceso a la protección no puede depender de quién escribe mejor, conoce palabras legales o cuenta con asesoría desde el primer día. Una denuncia debe permitir comprender los hechos, pero el sistema también tiene la obligación de orientar a quien está pidiendo ayuda”, concluye.

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De acuerdo con los antecedentes entregados, en los últimos meses se han registrado prácticas de acoso psicológico, descalificaciones personales y presiones indebidas, generando un ambiente de temor e inestabilidad. Estas situaciones habrían escalado hasta transformarse en una forma de persecución con connotaciones políticas, afectando especialmente a quienes han manifestado opiniones divergentes o han cuestionado decisiones administrativas.

Según las denuncias, las acciones de hostigamiento se habrían centrado en la apertura reiterada de sumarios administrativos, los cuales se estarían utilizando como una herramienta de presión hacia determinados funcionarios. Asimismo, se acusa que las denostaciones públicas y privadas hacia los trabajadores se enfocan en cuestionar injustamente su desempeño profesional, señalando de manera infundada que “no cumplen con sus funciones establecidas”, pese a que estos realizan sus labores conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.

Las denuncias también apuntan a incumplimientos de la “Ley Karin” (Ley N°21.643), normativa que refuerza la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en el sector público y privado, estableciendo la obligación de los organismos del Estado de garantizar espacios de trabajo seguros, libres de violencia y discriminación.

Ante la gravedad de los hechos, las personas afectadas han solicitado la intervención de las autoridades competentes y el inicio de investigaciones internas y externas que permitan esclarecer responsabilidades y restablecer un ambiente laboral digno. No obstante, desde el Gobernador René Saffirio y su equipo de confianza, no se ha prestado apoyo efectivo, y los procesos, en lugar de avanzar, se han visto retardados en sus respuestas, dejando a los profesionales sin protección ni acompañamiento institucional.

Actualmente, existe un ambiente laboral deteriorado, en donde existe preocupación frente a la posibilidad de que estas persecuciones estén directamente relacionadas con eventuales despidos injustificados que podrían concretarse durante el presente mes, lo que aumentaría aún más la tensión y la incertidumbre dentro del equipo.

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Mediante la Resolución Exenta E19982/2025, firmada el 26 de septiembre de 2025, la Contraloría Regional de La Araucanía desestimó iniciar sumario administrativo por presunto acoso laboral contra la concejala Claudia Peñailillo Guzmán y ratificó que sus declaraciones se enmarcan en su rol fiscalizador establecido en la Ley 18.695.

La Contraloría Regional de La Araucanía rechazó la denuncia presentada bajo la Ley 21.643 (Ley Karin) por el funcionario municipal Gustavo Fuentes Barra —actual director de Operaciones y quien hasta dos semanas atrás dirigía Medio Ambiente en la Municipalidad de Temuco— en contra de la concejala Claudia Peñailillo Guzmán. La acción se había fundado en presuntos actos de acoso laboral derivados de afirmaciones y gestiones fiscalizadoras de la edil relacionadas con eventuales irregularidades en contratos municipales.

De acuerdo con la Resolución Exenta E19982/2025 (Unidad Jurídica, Contraloría Regional de La Araucanía), el órgano de control desestimó iniciar sumario administrativo y confirmó que las actuaciones de la concejala corresponden a su función de fiscalización prevista en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En su análisis, la Contraloría recordó el estándar legal aplicable de la Ley 21.643 y del Código del Trabajo respecto de la definición de acoso laboral.

En el punto central del dictamen, la entidad concluye que las conductas denunciadas “no revisten la entidad suficiente para ser calificadas como constitutivas de acoso laboral” conforme a la Ley 21.643, por lo que resolvió “desestimar el inicio de un sumario administrativo”. Asimismo, establece que “no se advierte que las situaciones expuestas tengan la entidad suficiente para ser consideradas como constitutivas de acoso laboral”, ordenando notificar la decisión al denunciante.

La resolución también deja establecido el procedimiento aplicable cuando las denuncias involucran a autoridades comunales y hace referencia a pronunciamientos anteriores del propio órgano de control, reafirmando el marco jurídico que ampara la labor fiscalizadora de concejales y concejalas.

Con esta decisión, la Contraloría frena el intento de trasladar a la esfera del acoso laboral actuaciones vinculadas al ejercicio del control político-administrativo propio del cargo de concejalía, y ratifica la vigencia del rol fiscalizador frente a eventuales irregularidades que afecten a la gestión municipal.

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Son 522 las denuncias presentadas y que fueron calificadas como válidas según los parámetros de la Ley 21.643 de prevención y protección contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

La Dirección Regional del Trabajo (DRT) informó este lunes que la región de la Araucanía es la tercera a nivel nacional con más denuncias en el marco de la Ley 21.643 de prevención y protección contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, conocida como Ley Karin.

Entre el 1 de agosto de 2024, fecha de vigencia de la norma legal, y el 30 de junio de este año, en la Araucanía han sido calificadas como jurídicamente válidas por la DRT 522 denuncias.

Esta cantidad representa el 6,7 por ciento de las 7.798 denuncias validadas jurídicamente en todo el país y sitúan a esta región en el tercer lugar después de la Región Metropolitana, con 2.330 denuncias (29,9 por ciento) y la Región de Valparaíso, con 1.382 denuncias (17,7 por ciento). En contraste, las regiones con menos denuncias son las de Arica y Parinacota (1,2 por ciento), Aysén (2,1 por ciento) y Ñuble (2,2 por ciento).

Al exponer estas cifras, la directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, sostuvo que “obviamente no son cifras deseables y significan una preocupación y un desafío para todo el mundo del trabajo de nuestra región, empezando por las empresas, las mutuales de seguridad, los trabajadores y trabajadoras y también, a la Dirección Regional del Trabajo, por el rol que nos cabe en la investigación y sanción de los acosos laboral, sexual y de violencia ejercida por terceros en contra de trabajadoras y trabajadores en los centros de trabajo”.

Tal como lo han recalcado las autoridades nacionales del trabajo, la directora regional enfatizó que, sin perjuicio de la responsabilidad investigativa de su servicio, es responsabilidad primaria y principal de las empresas el adoptar todas las medidas prescritas legalmente para evitar la ocurrencia de episodios de acosos y de violencia.

Acciones preventivas de la DRT

Carolina Ojeda recordó que desde agosto del año pasado la DRT activó un intenso plan de capacitación en las empresas, sindicatos y trabajadores y trabajadoras de la región.

Hubo 35 capacitaciones en las provincias de Cautín y Malleco que permitieron llegar a 2.336 personas de distintos rubros, a quienes se enfatizó, sobre todo, la creación de los protocolos preventivos.

Este año la DRT y la Seremi del Trabajo y Previsión Social han realizado tres jornadas de capacitación. Dos de ellas se realizaron en Temuco y Victoria y estuvieron enfocadas en las micro, pequeñas y medianas empresas. Los organismos administradores del seguro de accidente laboral y enfermedades profesionales – Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Seguridad del Trabajo, Asociación Chilena de Seguridad y Mutual de Seguridad- entregaron a representantes de 93 Mipymes información estadística propia sobre los casos que han debido asumir.

Una tercera jornada se realizó en Temuco y contó con la participación de 58 dirigentes sindicales, quienes pudieron seguir fortaleciendo su conocimiento respecto a la ley, resolviendo dudas y recibiendo además, la retroalimentación de las mutualidades a las que están suscritas sus empresas.

Finalmente, la DRT participó recientemente en el Congreso Nacional de Mujeres organizado por la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, actividad que reunió a más de 300 empresarias de distintas regiones del país.

En este espacio se abordaron temáticas clave relacionadas con el desarrollo económico y social de las mujeres emprendedoras, destacando la importancia de generar alianzas que fortalezcan el cumplimiento normativo en el ámbito del trabajo.

Durante el congreso, la DRT expuso sobre los desafíos que presenta la implementación de la Ley Karin en el rubro del comercio y el turismo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

La exposición puso énfasis en la prevención de riesgos psicosociales, la necesidad de formación especializada y el rol articulador que deben asumir los distintos actores del ecosistema local, como gremios, universidades y servicios públicos.

A su vez Claudia Salgado impulsora del movimiento no más otra Karin comentó: “No es sorprendente de que hayan avanzado las cifras, por lo que estamos preocupados como región, por esto estamos trabajando arduamente para revertir esta cifra. No olvidemos que hoy día la gente se atreve a denunciar, está aprendiendo lo que es una acoso laboral”.

Por su parte la Presidenta CUT Cautín, Elsa Almonacid expresó “hoy día no queremos otra Karin, queremos una cultura preventiva y creo que ahí tienen que hacerse cargo los empleadores el Estado y también los trabajadores, para salir adelante y salir de este tercer lugar tan preocupante”.

Plan piloto en Victoria

Posteriormente, y con el liderazgo de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, se convocó a la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de la comuna de Victoria, a la Seremi de Trabajo y Previsión Social, al Instituto de Seguridad Laboral y a la Dirección del Trabajo, con el propósito de diseñar e implementar un plan piloto territorial que será lanzado el 8 de agosto próximo, informándose el plan de trabajo y los objetivos territoriales.

La directora regional del Instituto de Seguridad Laboral Minerva Castañeda, expresó: “El rol del organismo administrador es principalmente la prevención, por esto hicimos un convenio con la universidad Arturo Prat y la Dirección del Trabajo, con el fin de apoyar a las pymes en la elaboración de protocolos. Por lo tanto, el ISL pondrá a disposición los conocimientos para apoyar también a los alumnos de la carrera de psicología y prevención para que puedan hacer este acompañamiento”.

El plan piloto contempla las siguientes acciones principales:

• Capacitaciones a estudiantes de las carreras de Psicología y técnico Prevención de Riesgos de la Universidad Arturo Prat, lideradas por la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral.
• Acompañamiento técnico a MiPymes de la comuna de Victoria en la elaboración e implementación de protocolos exigidos por la Ley Karin.
• Fortalecimiento de capacidades preventivas en el entorno empresarial local, promoviendo el trabajo decente y la salud mental laboral.

La primera actividad de capacitación y selección de empleadores se efectuará el

25 de agosto enmarcada en el mes aniversario de la entrada en vigor de la Ley N.º 21.643. Esta jornada contemplará formación inicial y conformación de los primeros grupos de trabajo.

En definitiva, el objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Victoria en el cumplimiento de la Ley Karin, generando un modelo de intervención replicable en otros territorios de la región.

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La actividad, denominada “Desafíos y oportunidades en la implementación de la Ley Karin en la región de la Araucanía”, fue organizada por la Dirección Regional del Trabajo, representada por su directora Carolina Ojeda; la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, representada por su director Juan Pablo López; y la Cámara de Comercio de Victoria, presidida por Maria Inés Zamora.

Además, participaron las cuatro mutuales de seguridad, que son los organismos administradores de la Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Debido a ese rol, la nueva ley les adjudicó la responsabilidad legal de brindar asesoría a sus empresas afiliadas para que adopten las medidas prescritas para prevenir el acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y también para abordar los casos que deban enfrentar.

Un centenar de empleadores participó en el seminario realizado entre las 09:00 y 14:00 horas en la Universidad Arturo Prat.

La directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, explicó que “este seminario, desarrollado en Victoria junto a la Universidad Arturo Prat y la Cámara de Comercio, refleja nuestro compromiso con el trabajo decente en los territorios. Queremos llegar donde muchas veces la información no llega, acercándonos a empleadores y trabajadores en terreno, generando oportunidades concretas para mejorar la gestión laboral y fortalecer una cultura preventiva en cada espacio de trabajo”.

Cifras en la Araucanía

Carolina Ojeda informó que desde el inicio de la Ley Karin, en agosto de 2024, en la Araucanía se han presentado 349 denuncias. De ellas, 233 (67%) las han presentado mujeres y 116 (33%) las han planteado hombres.

De ese total, 307 (88%) corresponden a acoso laboral; 26 (7%) a violencia en el trabajo y 16 (5%) a acoso sexual.

Asimismo, informó que 197 denuncias concluyeron su proceso investigador, siendo constatadas 33 (17%) y no constatadas 164 (83%).

Ponencias

Durante el seminario se presentaron las siguientes ponencias:

• “Una mirada a la mediación laboral como solución alternativa a los conflictos” (César Huichalaf, mediador de la Dirección Regional del Trabajo).

• “Desafíos y oportunidades de mejora en la implementación de la Ley Karin en micro y pequeñas empresas” (Marjorie Mosqueira, Instituto de Seguridad Laboral).

• “Ley Karin y rol de las mutualidades” (Claudia Tapia, gerente de Cultura Preventiva y Factores Psicosociales del Instituto de Seguridad del Trabajo).

• “Responsabilidad de los empleadores en la adopción de medidas preventivas” (Nicol Herrera, psicóloga del equipo de soporte regional de la Mutual de Seguridad).  

• “Nuevos desafíos para el convivir en el marco de la Ley Karin” (Andrés Ceballos, psicólogo consultor de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad).

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Durante la instancia se entregó información sobre la protección en salud, pensiones y del Seguro de la Ley 16.744 que podrán recibir las y los trabajadores a honorarios que realizan su Operación Renta 2025 por medio de la retención de sus cotizaciones. Explicando en detalle en torno a la cobertura del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que otorga cobertura preventiva, médica y económica.

La jornada fue liderada por la encargada de Participación Ciudadana y jefa de plataforma y atención al cliente del ISL Regional, Sandra Moreno Fernández, quien abordó los principales aspectos de esta normativa, aclarando dudas y orientando a las y los asistentes sobre los procedimientos que deben seguir al momento de declarar un accidente del trabajo, trayecto o enfermedad profesional a causa o con ocasión del trabajo.

La profesional también se refirió al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un respaldo clave en la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo laboral. Asimismo, explicó el rol de los organismos administradores de la Ley 16.744 en la aplicación del Programa de Intervención Temprana, que contempla atención psicológica inmediata gratuita para las y los trabajadores adheridos, explicando que “las y los empleadores tienen la obligación de informar sobre la existencia y disponibilidad de estos programas”.

En este contexto, el arquitecto de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Diego Medina Espinoza, valoró y agradeció la instancia, afirmando que “aprendimos a evitar comportamientos que puedan afectar la integridad de colegas y a contribuir a una sana convivencia del grupo laboral”.

Con estas iniciativas, ISL Araucanía reafirma su compromiso en promover espacios laborales seguros y saludables, promoviendo el conocimiento de las leyes que protegen a las y los trabajadores del país.

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La iniciativa, desarrollada por la psicóloga del ISL regional, Marjorie Mosqueira Martínez, fue realizada en la pastelería y panadería “Daisy” en Angol y en el local de comida “La Pica de Recabarren” en Temuco, e incluyó detalles en torno a cómo implementar las medidas contempladas en la Ley Karin y cómo identificar los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo; además del diagnóstico de exposición a riesgos psicosociales, con la aplicación del anexo 54 de la normativa.

En este contexto, el representante legal de “La Pica de Recabarren”, Mauricio Durban Agüero, destacó la importancia de estas charlas formativas, afirmando que “es una instancia útil, especialmente para las empresas pequeñas como la nuestra. Es importante que las y los trabajadores comprendan lo que realmente significa la Ley Karin, lo que cubre y cómo protege a los empleados. También es relevante para fomentar una convivencia sana entre compañeros, incluso en lo que respecta a las bromas, no solo en el trabajo, sino también en la vida diaria. Agradecemos al ISL por esta capacitación”.

A su vez, la trabajadora de delivery del mismo local de comida, Jocelyn Sanhueza Sanhueza, agradeció la información proporcionada, expresando que “realmente aprendimos mucho. Estoy feliz y agradecida del ISL por brindarnos esta oportunidad de aprender y estar al día con las nuevas leyes que favorecen un mejor ambiente laboral”.

Con estas charlas, ISL Araucanía continúa trabajando en promover entornos laborales más seguros y saludables para todas y todos los trabajadores de la región.

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El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de La Araucanía llevó a cabo una jornada de capacitación de conducción a la defensiva dirigida a las funcionarias y funcionarios del Hospital Complejo Asistencial Padre Las Casas. La actividad fue dirigida por el investigador de accidentes de tránsito, Nelson Solís Seguel, quien enfatizó en torno a la importancia de la seguridad vial y la conducción a la defensiva por parte de las y los conductores para prevenir accidentes.

Durante la charla, se proporcionaron herramientas preventivas y técnicas de conducción segura, incluyendo dinámicas prácticas donde se utilizaron lentes simuladores de estado de ebriedad, con el objetivo de concientizar a las y los asistentes sobre los efectos en la conducción ante estas condiciones al volante.

En este contexto, el investigador a cargo de la capacitación afirmó que “mediante esta charla, se busca concienciar a las y los conductores sobre la importancia de la conducción segura. Generar estos espacios de aprendizaje es fundamental para prevenir accidentes y reforzar prácticas responsables en la vía pública”.

Uno de los asistentes a la iniciativa fue el conductor de ambulancia del centro de salud, Ángelo Navarrete Tillería, quien destacó la relevancia del curso expresando que “fue muy grato, oportuno y nos dejó grandes enseñanzas sobre la ley vial y la empatía con otros conductores. La experiencia con los lentes fue impactante, es difícil manejar bajo esos efectos”.

Quien también destacó la relevancia de la información otorgada fue la trabajadora del área de laboratorio, Karen Torres Mortecinos, afirmando que “llevo muchos años manejando, pero estas instancias ayudan a reforzar y actualizar conocimientos, ya que las normativas van cambiando. Es una buena oportunidad para recordar y aprender nuevos conceptos”.

A su vez, la TENS y miembro del comité paritario del Hospital de Padre Las Casas, Tirsa Hurtado Olave, agregó que “nos ayudó a reflexionar sobre nuestros hábitos al conducir. El relator manejó muy bien el tema y la información fue muy útil”.  

Estas capacitaciones forman parte de las iniciativas del ISL para promover la seguridad vial en los centros de salud, fortaleciendo el compromiso con el bienestar de las personas trabajadoras y toda la comunidad. 

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Con gran éxito se desarrolló el seminario “Ley Karin: Alcances de la Ley N° 21.643 sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”, el cual tuvo por objetivo orientar a pequeñas empresas sobre la normativa que entró en vigor el 01 de agosto. La jornada, coordinada por la Dirección Regional del Trabajo y Sercotec, se desarrolló en dependencias del centro educativo Inacap el pasado viernes 09 de agosto.

La actividad logró convocar a 100 empleadores de pymes orientadas a distintos ámbitos de producción y trabajo, quienes pudieron acceder a información jurídica y conocer los respectivos protocolos y canales de denuncia de manera gratuita.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Pamela Baeza, Coordinadora de Relaciones Laborales de la dirección regional de trabajo; Maite Nuñez, coordinadora Jurídica y Catherine Campos, Coordinadora de Atención Usuarios de la misma institución. En conjunto, abordaron la importancia de crear espacios laborales sin violencia, el reglamento de la Ley 21.643 y la derivación de investigaciones respectivamente.

El director regional de Sercotec, Cristian Epuin, participó de la jornada y la valoró como un encuentro que logró incentivar el interés de empresas. Del mismo modo, reiteró el compromiso de Sercotec en continuar fortaleciendo las condiciones laborales de los trabajadores. “Como Sercotec nos sumamos en plenitud y vamos en mejoría para tener mejores condiciones laborales tanto para los trabajadores y para quienes dirigen empresas o instituciones”.

Por su parte, la Coordinadora de Relaciones de Relaciones Laborales de la Dirección Regional del Trabajo, Pamela Baeza, comentó la relevancia de capacitar a pequeñas empresas. “La actividad que desarrollamos está enmarcada dentro de la política que tiene el servicio de capacitar a micro, pequeños y medianos empleadores, comprendiendo la dificultad que tienen para acceder a estas instancias de capacitación o incluso contar con asesoría jurídica, que es un costo que a veces no pueden asumir”, señaló.

Entre los asistentes, se mostró gran interés en resolver dudas. Eduardo Verdugo Bustos, jefe personal del cuerpo de bomberos de Temuco, indicó: “lograron aclarar los conductos para presentar denuncias, informes de resultados, investigaciones o si uno quisiera y no tiene las condiciones o capacidades para realizar las investigaciones, derivarlo a los respectivos órganos. Que expliquen detalladamente y de forma didáctica es lo que uno busca para posteriormente entregar información”.

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