Este ciclo de charlas tiene por finalidad analizar la nueva legislación cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio que proteja la infraestructura crítica del país y la información sensible frente a las amenazas cibernéticas.

En representación de ALT Legal estará como expositor el abogado y CEO de dicho estudio jurídico, Fernando Fernández, profesional especializado en Ciberseguridad y quien ha asesorado al Gobierno de Chile en proyectos de Ley y reglamentos de gobierno electrónico.

Las organizaciones interesadas en participar en esta actividad podrán registrarse gratuitamente en https://forms.gle/EWgWn5pig5z2QG8b6 para así aprender a cómo fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de esta importante legislación.

Francisco Fernández, gerente general de AVANTIC Chile (www.avantic.cl) manifestó que esta nueva ley busca promover la adopción de medidas de seguridad robustas, la implementación de políticas de prevención, y la cooperación entre entidades públicas y privadas para asegurar un ciberespacio seguro y resiliente.

A la vez señaló que, para garantizar que las organizaciones cumplan con los requisitos mínimos de este cuerpo legal, desde AVANTIC Chile ofrecen un análisis rápido que identifica las áreas a mejorar y asegura que se implementen las medidas necesarias para alcanzar dicho cumplimiento.

Dentro de los sectores afectados por la Ley Marco de Ciberseguridad están los Servicios Esenciales y aquellos Operadores de Importancia Vital.

Entre los primeros destacan Energía, Combustibles, Agua Potable y Saneamiento, Telecomunicaciones, Infraestructura Digital, Transporte, Finanzas, Seguridad Social, Servicios Postales y de Mensajería, Salud, y Farmacéutica.

A nivel de los Operadores de Importancia Vital están aquellos cuyos servicios dependen de redes y sistemas informáticos, y cuya afectación, interrupción o destrucción puede tener graves consecuencias en la seguridad y el orden público, en la provisión continua y regular de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado o, en general, de los servicios que éste debe proveer o garantizar.

Dicha legislación distingue entre infracciones leves, graves y gravísimas, pudiendo llegar las sanciones de estas últimas a las 40.000 UTM, en el caso de los Operadores de Importancia Vital.

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