La PDI, Carabineros y el Ejército ingresaron de madrugada a la comunidad autónoma de Temucuicui para detener al dirigente mapuche Jorge Huenchullán, quien permanecía prófugo desde 2021. El procedimiento incluyó extracción aérea y se desarrolló en medio de disparos y un amplio despliegue policial.

Una madrugada de máxima tensión se vivió este martes en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, luego que un amplio operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ejército permitiera concretar la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, comenzó cerca de las 02:00 horas y tuvo como principal objetivo capturar al dirigente, quien mantenía órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, además de una causa pendiente por usurpación no violenta correspondiente al año 2019.

Durante el operativo también fue detenida Carolina Padilla Manquel, pareja de Huenchullán, quien registraba una orden de aprehensión pendiente por tráfico en pequeñas cantidades. Ambos fueron trasladados posteriormente en un helicóptero del Ejército hasta la ciudad de Victoria.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el ingreso de las fuerzas policiales a Temucuicui se produjo en medio de disparos en el sector, situación que obligó a las unidades desplegadas a utilizar elementos disuasivos para dispersar a quienes se encontraban en las cercanías del procedimiento. Pese a la tensión del operativo, no se registraron funcionarios lesionados.

La captura de Jorge Huenchullán marca un nuevo episodio en uno de los territorios más complejos de la Macrozona Sur. El dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui era considerado uno de los rostros más visibles de las demandas territoriales mapuches en la provincia de Malleco y durante años actuó como vocero en negociaciones con empresas forestales y propietarios de predios reclamados por comunidades indígenas.

Sin embargo, en paralelo a su rol dirigencial, también enfrentó diversas investigaciones judiciales. Informes policiales y causas en curso lo vinculan al cultivo de cannabis y a presuntas redes de comercialización de droga en sectores de Ercilla y Victoria. En 2021, un allanamiento en su domicilio permitió la incautación de más de 500 plantas de cannabis, droga procesada, armamento y municiones.

El operativo generó inmediatas reacciones en el mundo político y gremial. El diputado Tomás Kast sostuvo que el procedimiento demuestra un cambio en la estrategia de seguridad en La Araucanía y afirmó que “se terminó la impunidad en zonas donde antes el Estado simplemente no entraba”. Además, destacó el actuar coordinado de las policías y las Fuerzas Armadas en la captura del dirigente mapuche.

Desde el sector agrícola, el secretario ejecutivo de SOFO, Carlo Rojas, valoró el despliegue realizado en Temucuicui y señaló que este tipo de acciones “son una clara señal” de que el Gobierno busca reforzar el Estado de Derecho en la región. También manifestó que esperan que estas medidas formen parte de una agenda permanente para recuperar la seguridad y el desarrollo en La Araucanía.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también destacó el procedimiento realizado en Temucuicui y aseguró que el operativo representa un avance en la recuperación del control territorial en una de las zonas más conflictivas de la región.

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La Asociación de Agricultores de Malleco manifestó su preocupación ante la seguidilla de atentados registrados en la Provincia de Malleco durante la actual administración del Presidente José Antonio Kast, señalando que esperan conocer medidas concretas para enfrentar a los grupos armados que continúan operando en la zona.

Según indicaron desde el gremio, desde el 11 de marzo se han registrado siete atentados en La Araucanía, concentrados principalmente en las comunas de Collipulli, Ercilla y Victoria. Entre los hechos denunciados se encuentran ataques incendiarios a camionetas y camiones, intimidaciones armadas a trabajadores rurales, disparos contra personal de Carabineros y atentados contra infraestructura crítica, incluyendo torres de alta tensión y telecomunicaciones.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, afirmó que, pese a la visita presidencial realizada a la región el pasado 25 de marzo, aún no se conocen detalles sobre una estrategia concreta para enfrentar a los grupos responsables de estos hechos.

El dirigente sostuvo que existe preocupación en el mundo agrícola y productivo debido a que los ataques continúan afectando a trabajadores, pequeños emprendedores y habitantes de sectores rurales de la provincia.

Asimismo, Naveillan llamó a avanzar en un plan integral que no solo considere medidas de seguridad, sino también apoyo a los sectores productivos y generación de empleo para las comunidades de la zona.

Desde el gremio valoraron además los operativos desarrollados por Carabineros y coordinados junto al Ministerio Público, aunque advirtieron que la continuidad de los atentados demuestra que los grupos radicalizados mantienen capacidad operativa pese al Estado de Excepción vigente en la macrozona sur.

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Desde la teoría política y sociológica, los conflictos prolongados tienden a transformarse en espacios de disputa simbólica. Carl Schmitt sostenía que la política moderna se estructura sobre la distinción entre amigo y enemigo; en contextos de violencia persistente, esa lógica se intensifica porque el conflicto permite cohesionar sectores políticos, movilizar apoyos y legitimar decisiones excepcionales. Michel Foucault, por su parte, advertía que el poder no se ejerce únicamente mediante la represión, sino también a través de la administración de discursos y categorías. Así, definir si existe “terrorismo”, “violencia rural”, “resistencia”, “autodefensa” o “conflicto político” no es una cuestión semántica inocente: cada concepto habilita determinadas respuestas estatales y clausura otras.

En Chile, el conflicto mapuche ha sido instrumentalizado por distintos sectores políticos. La derecha lo ha utilizado frecuentemente como evidencia del debilitamiento del orden público y de la necesidad de fortalecer el aparato coercitivo del Estado. Parte de la izquierda, en cambio, lo ha interpretado como consecuencia de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, enfatizando dimensiones de exclusión, despojo territorial y colonialismo interno. Ambos enfoques contienen elementos reales, pero muchas veces reducen un fenómeno extraordinariamente complejo a narrativas funcionales a sus propios proyectos políticos.

La disminución relativa de hechos violentos durante parte del gobierno de Gabriel Boric puede analizarse desde esa perspectiva. No necesariamente como resultado de una capacidad especial de gestión, sino porque existía una relación distinta entre sectores históricamente vinculados al activismo territorial, organizaciones radicales y actores políticos que pasaron a ocupar espacios institucionales. La literatura sobre movimientos sociales y cooptación política —desde Antonio Gramsci hasta Sidney Tarrow— muestra que cuando sectores movilizados perciben canales de incidencia dentro del sistema, parte de la presión violenta puede disminuir temporalmente.

Eso no significa que el conflicto desaparezca ni que exista subordinación orgánica entre grupos radicalizados y el gobierno de turno. Uno de los rasgos centrales del escenario en La Araucanía es precisamente la ausencia de una conducción unificada. No existe una sola organización, ni una jerarquía central, ni una estrategia común. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por ejemplo, ha desarrollado una lógica de “resistencia autónoma” que busca incentivar núcleos de acción más que construir una estructura cohesionada. Su discurso privilegia la confrontación contra el sistema económico y el Estado antes que la subordinación a una orgánica vertical. En ese contexto, basta compartir ciertos principios generales —anticapitalismo, reivindicación territorial, resistencia al Estado— para legitimar acciones diversas y descentralizadas.

La composición de quienes participan en acciones violentas demuestra además que el fenómeno excede lo estrictamente territorial. Las muertes de figuras como Matías Catrileo o Pablo Marchant revelan que parte de la radicalización también proviene de jóvenes urbanos, militantes ideológicos o activistas externos al territorio mapuche tradicional. Esto refuerza la idea de que el conflicto se transformó en un símbolo político más amplio, capaz de articular causas antisistémicas, identitarias y revolucionarias.

Desde esa lógica, también resulta insuficiente afirmar que el aumento de hechos violentos bajo un gobierno que prometió seguridad representa simplemente un fracaso administrativo. Los conflictos fragmentados suelen reaccionar frente a cambios en las relaciones informales de poder. Cuando actores que antes mantenían vínculos, canales o afinidades con sectores movilizados salen del espacio institucional, pueden debilitarse ciertos mecanismos de contención indirecta. Esto no implica conspiración ni coordinación, sino transformaciones en el ecosistema político del conflicto. En estudios sobre insurgencia y violencia política, este fenómeno suele describirse como pérdida de intermediación o ruptura de puentes informales entre el Estado y actores radicalizados.

Otro elemento central es la progresiva hibridación entre reivindicación política y economías criminales. Sectores como Temucuicui representan precisamente esa complejidad. Allí convergen demandas históricas, control territorial, resistencia política y dinámicas asociadas al crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, armas y robo de madera. Diversos autores han descrito cómo ciertas insurgencias o movimientos armados terminan financiándose mediante economías ilícitas, generando incentivos propios para la continuidad de la violencia. Cuando eso ocurre, las acciones dejan de responder únicamente a objetivos políticos y comienzan también a proteger intereses económicos clandestinos.

Esa transformación vuelve extremadamente difícil cualquier solución simple. No basta con más policías, ni únicamente con diálogo político, ni exclusivamente con reconocimiento territorial. El conflicto se encuentra fragmentado entre actores con motivaciones distintas: algunos mantienen demandas políticas e identitarias; otros operan bajo lógicas revolucionarias antisistémicas; otros participan derechamente de circuitos criminales. Incluso dentro de las comunidades mapuche existen profundas diferencias respecto al uso de la violencia, la relación con el Estado y las estrategias de autonomía.

Por ello, atribuir la disminución o aumento coyuntural de ataques a las “habilidades” de un gobierno termina siendo una lectura reduccionista y funcional políticamente. La violencia en la Macrozona Sur posee raíces históricas, culturales, económicas y políticas de larga duración. Los gobiernos pueden alterar temporalmente las condiciones del conflicto, modificar incentivos o generar ciertos niveles de contención, pero difícilmente controlarlo por completo mientras persistan la fragmentación organizativa, la legitimidad simbólica de la resistencia y las economías ilegales que alimentan la continuidad de la violencia.

En definitiva, el uso político del conflicto consiste precisamente en transformar una realidad compleja en un relato simple y útil: “se controló porque gobernaban los correctos” o “se desató porque fracasó la seguridad”. Ambas interpretaciones ignoran que el conflicto mapuche contemporáneo es una estructura heterogénea, descentralizada y atravesada por factores históricos y criminales que ningún gobierno, por sí solo, puede resolver rápidamente.

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Carabineros, Fiscalía y Ejército ingresaron de madrugada a la comunidad de Temucuicui en un procedimiento que terminó con detenidos por robos violentos, ataques incendiarios, drogas y vehículos robados. Dos imputados continúan prófugos.

Una verdadera operación de alto impacto se desarrolló durante la madrugada de este miércoles al interior de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, donde un amplio despliegue policial terminó con cinco personas detenidas, droga incautada, chalecos antibalas decomisados y nuevas pistas sobre una serie de violentos ataques registrados en la Macrozona Sur.

El operativo comenzó cerca de las 04:30 horas y fue ejecutado por personal especializado de Carabineros, específicamente efectivos de la Sección OS9 Araucanía, GOPE y Control de Orden Público (COP), todo bajo coordinación de la Fiscalía y con apoyo del Ejército. El objetivo: allanar domicilios vinculados a investigaciones por robos con violencia, atentados incendiarios, disparos injustificados y tráfico de drogas.

Según los antecedentes, las diligencias se concentraron en el sector Fundo Alaska, al interior de Temucuicui, donde fueron registrados al menos tres domicilios dentro de la comunidad y otro inmueble en el radio urbano de Ercilla. Pero el procedimiento no estuvo exento de riesgo.

Durante el ingreso policial se registraron disparos que incluso impactaron vehículos institucionales, reflejando el nivel de tensión y violencia que enfrentaron las fuerzas desplegadas en el lugar. Aun así, el operativo avanzó y permitió concretar varias detenciones clave para investigaciones que se arrastraban desde agosto de 2025.

Robos de camionetas, incendios y ataques armados

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían involucrados en una serie de delitos ocurridos en Ercilla, Collipulli y Traiguén, donde operaban utilizando armas de fuego para intimidar y robar camionetas, varias de las cuales posteriormente terminaron incendiadas.

Entre los hechos investigados aparecen el robo de una camioneta Maxus T60 en agosto de 2025, la sustracción de una Ford Ranger días después y violentos atentados incendiarios ocurridos en octubre del mismo año, donde vehículos fueron quemados tras ráfagas de disparos. Incluso una Toyota Hilux robada en diciembre forma parte de la indagatoria.

Las autoridades sostienen que parte de estos ataques afectaron directamente a conductores y vehículos que transitaban por la Ruta 5 Sur, una de las zonas más golpeadas por hechos de violencia rural en los últimos años.

Quiénes fueron detenidos

Entre los detenidos figura Aliwenko Queipul Huenchullán, de 18 años, acusado de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Según la investigación, estaría vinculado a ataques armados contra vehículos y personas en la Ruta 5 Sur.

También fueron detenidos Rosa Huenchullán Queipul, de 45 años, y Luis Patricio Queipul Hueiquil, de 55, ambos investigados por receptación de vehículos motorizados. A ellos se suman otras dos personas arrestadas en flagrancia por infracción a la Ley 20.000, vinculada al tráfico de drogas.

Durante los allanamientos, Carabineros incautó teléfonos celulares, vestimentas asociadas a delitos investigados, chalecos antibalas y diversas sustancias ilícitas que quedaron sujetas a análisis especializados.

Dos prófugos y prisión preventiva

Pese al amplio despliegue, dos personas continúan prófugas: Aukaman Queipul Huenchullán, de 18 años, investigado por robo con intimidación, incendio y disparos injustificados; y Nayadeth Millanao Millape, de 19, acusada de atentado contra la autoridad, hurto y receptación de vehículo motorizado.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Collipulli decretó prisión preventiva para uno de los principales imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación quedó fijado en dos meses.

“No existe ningún territorio inexpugnable”

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, valoró el resultado del megaoperativo y aseguró que el procedimiento demuestra que “no existe ningún territorio que sea inexpugnable o que esté fuera del alcance del Estado de Derecho”.

Además, confirmó que los detenidos pertenecen a una comunidad que públicamente respalda las acciones de la orgánica radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM), aunque aclaró que eso no implica necesariamente pertenencia formal al grupo.

La comunidad de Temucuicui ha sido históricamente escenario de múltiples operativos policiales y episodios de violencia en medio del conflicto territorial en La Araucanía, convirtiéndose nuevamente en foco nacional tras este masivo despliegue que mantuvo en tensión a toda la zona durante la madrugada.

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El senador Miguel Becker valoró la renovación del estado de excepción vigente para la Región de La Araucanía y las provincia del Biobío y Arauco, y anunció la solicitud de una comisión secreta en el Senado para abordar la situación de seguridad en la zona.

La medida, que rige hace cuatro años, busca reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías, en un contexto marcado por hechos de violencia rural y ataques a infraestructuras en el sur del país.

En esa línea, el parlamentario por La Araucanía planteó la necesidad de avanzar en nuevas estrategias que permitan enfrentar de manera más efectiva la situación, destacando la importancia de conocer en detalle el trabajo que se está realizando en terreno.

El senador Becker explicó que la instalación de una comisión secreta en el Congreso permitiría escuchar a autoridades de gobierno y de las instituciones involucradas, con el objetivo de conocer las situaciones reales a las que deben enfrentarse, evaluar las acciones actuales y definir medidas futuras.

El senador Becker explicó que “he solicitado en forma especial que se constituya una comisión secreta del Senado de la República, con el propósito de escuchar a los ministros de Estado y a todos los organismos: Carabineros, Policías de Investigaciones, Ejército y Armada, que están hoy día trabajando en terreno para escuchar cuáles son las estrategias que se están implementando y cómo vamos a enfrentar este flagelo en el futuro”.

Si bien Becker confirmó su aprobación a la nueva prórroga de la medida de emergencia, añadió que “ya no es posible mantener el estado de excepción como se venía haciendo, durante 4 años en el gobierno de la izquierda pasado. Esperamos que nuestro gobierno tome medidas distintas. Y para eso, he solicitado está reunión o asamblea secreta del Senado, con el propósito que ahí se conversen las cosas y podamos tomar decisiones en conjunto para liberar a nuestra Araucanía», señaló Becker.

El senador por La Araucanía enfatizó la necesidad de adoptar decisiones coordinadas y efectivas para enfrentar la violencia en la macrozona sur, reiterando su llamado a avanzar en medidas concretas que permitan recuperar la seguridad en la Región.

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El brutal asesinato de tres funcionarios en plena macrozona sur marcó un antes y un después en materia de seguridad. La justicia dictó presidio perpetuo calificado para los principales responsables.

Una noche que quedó marcada en la memoria del país. El triple homicidio de tres carabineros en Cañete, ocurrido en abril de 2024, no solo impactó a la macrozona sur, sino que remeció a todo Chile por la crudeza del ataque y la forma en que fueron ejecutados los funcionarios policiales.

Hoy, tras meses de investigación y un extenso juicio, la justicia dio una señal contundente: presidio perpetuo calificado para los principales autores del crimen, los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, quienes fueron condenados por su participación directa en la emboscada que terminó con la vida de los uniformados .

El fallo fue dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, tras semanas de audiencias que reconstruyeron uno de los hechos más violentos registrados en la zona en los últimos años.

La noche que todo cambió

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal se encontraban realizando un procedimiento en un sector rural de la comuna.

Lo que parecía una labor rutinaria terminó en una emboscada. Los funcionarios fueron atacados por un grupo armado y asesinados a disparos, en un acto que fue calificado como uno de los más graves contra la institución en la historia reciente del país .

Pero la violencia no terminó ahí. Horas más tarde, los cuerpos de los carabineros fueron encontrados al interior del vehículo institucional, el cual había sido incendiado en plena ruta, en una escena que generó conmoción a nivel nacional .

Investigación y captura

La búsqueda de los responsables se extendió por meses y movilizó a distintas unidades especializadas de Carabineros y la Fiscalía, en un trabajo que fue descrito como sigiloso y de alta complejidad.

Tres de los implicados fueron detenidos en distintos operativos, mientras que uno de los principales sospechosos logró mantenerse prófugo durante meses, siendo finalmente capturado en marzo de 2025 en las cercanías del Lago Lleu Lleu .

Las diligencias permitieron establecer la participación directa de los imputados en la emboscada, así como su responsabilidad en otros delitos asociados, como robo con violencia, incendio y porte ilegal de armas.

Una condena histórica

El tribunal determinó aplicar presidio perpetuo calificado para los tres principales autores, lo que implica que no podrán optar a beneficios carcelarios hasta cumplir al menos 40 años de cárcel efectiva .

Además, se dictaron diversas penas adicionales por otros delitos vinculados al caso, mientras que un cuarto implicado fue condenado a más de 17 años de prisión como colaborador del crimen .

Desde la Fiscalía destacaron que, si bien ninguna sentencia puede reparar el daño causado, el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia y en la recuperación de la confianza en las instituciones.

Un caso que marcó al país

El triple homicidio en Cañete no solo dejó en evidencia la violencia presente en la macrozona sur, sino que también abrió un debate nacional sobre seguridad, crimen organizado y protección de las policías.

La imagen de los funcionarios asesinados y el impacto en sus familias generaron un fuerte rechazo transversal, convirtiendo este caso en uno de los más emblemáticos de los últimos años.

Hoy, con la sentencia ya dictada, se cierra una etapa judicial, pero el impacto de este crimen sigue presente, recordando la complejidad del escenario de seguridad en la zona y la necesidad de avanzar en medidas que eviten hechos de esta magnitud en el futuro.

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El diputado por la provincia de Malleco, Eduardo Cretton, reiteró su apoyo a la continuidad del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía, en el marco del debate legislativo sobre su renovación en la macrozona sur.

El parlamentario afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido clave para disminuir los índices de violencia, actuando como un elemento disuasivo frente a grupos terroristas. En esa línea, cuestionó declaraciones del exsubsecretario Víctor Ramos, emitidas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, respecto a que el terrorismo estaría en retirada.

“El estado de excepción es fundamental, ha sido la principal herramienta que nos ha permitido disminuir los índices de violencia y terrorismo”, señaló.

La medida, vigente desde 2022, se extenderá por 30 días más. La prórroga, que comienza a regir el 27 de marzo, se hará efectiva en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Finalmente, Cretton hizo un llamado a mantener esta medida de forma transversal, advirtiendo que su eventual término podría significar un retroceso en materia de seguridad, aunque planteó la necesidad de evaluar mejoras a futuro para abordar integralmente la crisis que afecta a la región.

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Tras una intensa jornada de debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras, confirmó su respaldo a la nueva solicitud de extensión del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Pese a dar su voto favorable, la legisladora por el Distrito 23 fue enfática en señalar que este apoyo no es un «cheque en blanco» para el Ejecutivo, sino una respuesta de urgencia ante la crisis de inseguridad que golpea a las familias del sur de Chile.

En este sentido, Contreras criticó la falta de una hoja de ruta que permita transitar desde la emergencia hacia una paz duradera. “Hoy aprobamos una nueva extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, sin embargo, lo hacemos desde una posición de responsabilidad obligada, porque nuestras familias viven en una inseguridad constante que no admite abandonos”, destacó.

Además, indicó que “le exigimos al Ejecutivo señales claras y un plan estratégico real de cómo vamos a actuar en el futuro, ya que no podemos permitir que lo que nació como una excepción se normalice por cuatro años más. Nuestra gente ya no resiste más improvisaciones, por eso exigimos que el Gobierno pase de las palabras a la acción estratégica definitiva».

Finalmente, la parlamentaria subrayó que, si bien la presencia de las Fuerzas Armadas es valorada por la ciudadanía como un elemento disuasivo frente a ataques terroristas y hechos de violencia rural, el Estado debe fortalecer la inteligencia policial y la persecución penal para desarticular a las orgánicas radicales que operan en la zona. «Votamos pensando en el vecino que tiene miedo de salir a trabajar, en el agricultor y en el transportista. Pero el Gobierno debe entender que la excepción no puede ser la regla eterna. Necesitamos ver que hay un plan para recuperar el control territorial de forma permanente», concluyó la diputada.

La aprobación en la Cámara permite que la medida sea ahora revisada por el Senado, asegurando la continuidad del despliegue militar en las zonas afectadas por el conflicto en la Macrozona Sur.

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La votación se realiza este martes en el Congreso, en medio de la eventual visita del Presidente José Antonio Kast a la región —aún sin confirmación oficial— y con apoyos que comienzan a alinearse en torno a la medida.

Este martes marcará un momento clave para La Araucanía. El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrentará su primer gran test en materia de seguridad con la votación para renovar el estado de excepción en la macrozona sur, una herramienta que se mantiene vigente desde 2021 y que fue sostenida durante el gobierno anterior ante la persistencia de la violencia.

La jornada además está cruzada por la incertidumbre sobre la eventual visita del Mandatario a la región. Aunque no existe confirmación oficial a nivel local, trascendidos apuntan a que podría concretarse durante esta semana, coincidiendo con esta definición.

En este contexto, los parlamentarios de la zona han endurecido su discurso, especialmente apuntando a las contradicciones políticas que hoy marcan el debate.

El diputado por el distrito 23 de La Araucanía, Tomás Kast (Evópoli), fue particularmente crítico con sectores que hasta hace poco eran oficialismo y que hoy cuestionan la continuidad de la medida. “Hay una contradicción evidente. Durante el gobierno anterior, cuando eran oficialismo, apoyaron y mantuvieron el estado de excepción porque entendían que era necesario para enfrentar la violencia. Hoy, desde la oposición, relativizan esta herramienta por razones políticas, pese a que la situación en la Macrozona Sur no ha cambiado”, afirmó.

El parlamentario insistió en que la realidad en la región sigue siendo compleja. “La violencia no ha desaparecido, la gente sigue viviendo con miedo y continúan ocurriendo atentados. Eso demuestra que aún queda mucho por hacer y que no podemos bajar la guardia”, sostuvo.

En esa línea, Kast recalcó que el estado de excepción debe mantenerse mientras existan condiciones de riesgo, advirtiendo que retirarlo sin control territorial sería “simplemente irresponsable”. Asimismo, señaló que una eventual salida de las Fuerzas Armadas solo podría evaluarse cuando exista seguridad efectiva en la zona.

Por su parte, el diputado de Malleco Eduardo Cretton (UDI), reforzó la necesidad de mantener la medida, aunque planteando que el objetivo de fondo debe ser recuperar la paz y el Estado de Derecho en la región. “Mientras siga existiendo terrorismo y violencia en nuestra región, el estado de excepción ha sido la principal herramienta que nos ha permitido bajar los índices. Pero esto no puede ser eterno, el objetivo es que podamos volver a la normalidad con seguridad”, señaló.

Cretton además hizo un llamado directo a la oposición a respaldar la renovación, advirtiendo que un eventual rechazo tendrá costos políticos. “Si no se renueva, no es un fracaso del gobierno, es un fracaso de quienes se nieguen a hacerlo y tendrán que responder ante la ciudadanía”, afirmó.

El parlamentario también planteó que esta herramienta cuenta con respaldo ciudadano en la región y que incluso debiera fortalecerse en el corto plazo, como parte de una estrategia más firme frente a la violencia.

En medio de este escenario, otros sectores también han comenzado a fijar postura. La diputada Flor Contreras confirmó que el Partido de la Gente respaldará la continuidad de la medida, sumando apoyo a una votación que requiere al menos 79 votos en la Cámara de Diputados.

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Los parlamentarios Flor Contreras (La Araucanía), Roberto Arroyo y Patricio Briones (Biobío) valoraron el despliegue del Mandatario en la zona y enfatizaron que la medida de excepción es clave para enfrentar el terrorismo y la delincuencia, exigiendo mayor respaldo operativo para las fuerzas de orden.

En el marco de la primera gira oficial del Presidente José Antonio Kast a las regiones de La Araucanía y Biobío, diputados de la Macrozona Sur manifestaron su firme respaldo a la presencia del Ejecutivo en la zona y a la primera solicitud de renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia bajo la nueva administración.

Para los legisladores, la visita presidencial coincide con un hito legislativo crítico, que es garantizar la continuidad del despliegue militar para proteger a la ciudadanía frente a la violencia rural, los ataques terroristas y el avance del crimen organizado.

La diputada del Partido de la Gente (PDG) por La Araucanía, Flor Contreras, destacó la importancia política de este viaje, porque «entendemos que esta no es solo una visita simbólica, sino una señal clara de que nuestra región dejará de estar en segundo plano. La presencia del Mandatario aquí, justo cuando enfrentamos la primera renovación del Estado de Excepción de su gobierno, ratifica el compromiso de devolverle la paz a las familias que viven bajo el miedo a la delincuencia y el terrorismo. Necesitamos acciones concretas y por eso, desde el Congreso, respaldaremos esta renovación del Estado de Excepción, exigiendo que las Fuerzas Armadas cuenten con todo el apoyo jurídico y operativo para desarticular a las bandas radicales que hoy nos quitan la tranquilidad y libertad».

Por su parte, el diputado por el Biobío del Partido Social Cristiano y ex PDG, Roberto Arroyo, puso el foco en la necesidad de que esta herramienta sirva para transitar hacia una seguridad permanente. «Creo que el estado de excepción hoy sigue siendo necesario, porque la realidad en La Araucanía y el Biobío todavía exige medidas extraordinarias para resguardar la seguridad de las familias. Pero esto no puede transformarse en algo permanente. Aquí debe haber una transición responsable, y fortalecer el trabajo de Carabineros, mejorar la inteligencia policial y recuperar el control territorial de manera preventiva. El objetivo no es vivir en excepción, sino volver a la normalidad con seguridad, donde el Estado funcione y proteja a las personas sin medidas extraordinarias».

Finalmente, el también representante del PDG por Biobío, Patricio Briones, subrayó que la medida es una respuesta directa a la normalización de la violencia en la región, ya que “es una herramienta indispensable para devolverle la tranquilidad a nuestras comunas. En el Biobío hemos sido testigos de cómo la delincuencia y el terrorismo han intentado normalizar la violencia, y eso es algo que no podemos a permitir. Apoyaremos esta medida porque la prioridad número uno debe ser la seguridad de los ciudadanos que hoy viven con miedo. Queremos más acción y menos discursos en el combate contra la delincuencia y el terrorismo, y esta medida demuestra una voluntad real de enfrentar los problemas de cara a la gente».

Los parlamentarios concluyeron señalando que sus votos estarán disponibles en la Cámara de Diputados para aprobar la prórroga, pero advirtieron que mantendrán un rol fiscalizador estricto para asegurar que el despliegue militar se traduzca en una disminución efectiva de los atentados y el robo de madera en la macrozona.

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