El adolescente de 17 años fue capturado en Labranza y corresponde al segundo imputado por el ataque ocurrido en julio de 2025, caso que generó conmoción pública por la extrema violencia ejercida contra un guardia de seguridad del establecimiento educacional.

Carabineros de la 2ª Comisaría de Temuco logró la detención de un segundo implicado en el violento robo que afectó al Liceo Emprender de la capital regional, hecho ocurrido el pasado 31 de julio de 2025 y que tuvo amplia repercusión pública debido a la gravedad de la agresión sufrida por la víctima.

La captura se concretó durante las últimas horas en la localidad de Labranza, gracias a diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP). El detenido corresponde a un adolescente de 17 años, quien mantiene diversos antecedentes policiales, principalmente por delitos de robo.

Con esta detención, Carabineros dio por esclarecido el caso y logró capturar a la totalidad de los autores del ilícito. El primer involucrado ya había sido detenido anteriormente y recibió una condena de 10 años de internación en régimen cerrado, la pena máxima contemplada para adolescentes en Chile.

El teniente coronel Felipe Pozo, comisario de la 2ª Comisaría de Temuco, recordó que “los antisociales ingresan al lugar y luego de sustraer especies agreden de manera violenta al guardia de seguridad. Es por ello que a raíz de diversas diligencias investigativas se logró dar con un segundo imputado por este delito, el cual fue detenido”.

La autoridad policial añadió que “con esto se logra detener a la totalidad de los autores de este ilícito, el cual logró connotación pública por la violencia con que actuaron sus autores”.

Brutal ataque al guardia

El caso se remonta a la madrugada del 31 de julio de 2025, cuando los delincuentes ingresaron al Colegio Emprender tras romper el cerco perimetral del recinto. Armados con un martillo y una pistola adaptada, intimidaron y atacaron brutalmente al guardia de seguridad, un hombre de 61 años.

La víctima fue obligada bajo amenazas de muerte a desplazarse por el establecimiento mientras los sujetos concretaban el robo de 12 notebooks. Posteriormente, fue golpeada reiteradamente en la cabeza, costillas y espalda.

Producto de la agresión, el guardia sufrió lesiones gravísimas, entre ellas fractura de cráneo, fracturas costales y vertebrales, contusión pulmonar y un severo daño ocular, debiendo someterse a múltiples cirugías.

El primer imputado fue detenido en flagrancia mientras escapaba con parte de las especies sustraídas y posteriormente condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a la máxima sanción que establece la legislación para adolescentes entre 16 y 17 años.

Por instrucción de la Fiscalía, el segundo detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención.

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A horas de lo que sería la audiencia por la arista Folab-Educc, los principales imputados revocaron el patrocinio de su abogado particular y pidieron defensor penal público. Todo apunta a una nueva postergación en una causa que arrastra múltiples suspensiones desde hace casi un año.

Cuando parecía que finalmente avanzaría una de las audiencias más esperadas del denominado Caso Convenios en La Araucanía, un nuevo vuelco volvió a sacudir la investigación.

A menos de 24 horas de la audiencia programada para este miércoles 7 de mayo en el Juzgado de Garantía de Temuco, los hermanos Rinett Ortiz Rivera y Juvenal Ortiz Rivera —principales imputados en la arista Folab-Educc— decidieron revocar el patrocinio de su abogado particular, Iván Espinoza Ugarte, solicitando ser representados por la Defensoría Penal Pública.

La maniobra judicial prácticamente sepultaría cualquier posibilidad de que la audiencia se realice este miércoles, ya que la nueva defensa deberá conocer desde cero una carpeta investigativa gigantesca y extremadamente compleja. De hecho, fuentes ligadas al caso aseguran que la suspensión sería “casi segura”.

La situación vuelve a generar molestia y frustración en torno a una causa que lleva cerca de un año intentando concretar distintas audiencias sin éxito.

Ahora, con el ingreso de nuevos defensores públicos, todo indica que el tribunal deberá otorgar plazo para que la Defensoría pueda estudiar en detalle los antecedentes antes de enfrentar una audiencia de alta complejidad.

La resolución del Juzgado de Garantía de Temuco donde se oficializa la revocación del patrocinio del abogado particular y se designa como nuevo defensor al abogado Patricio Salinas, perteneciente a la Defensoría Penal Pública, fue emitida este 5 de mayo por la jueza Ruth Isabel Martínez Velásquez.

La “Arista Manicure” del Caso Convenios

El caso Folab-Educc, conocido públicamente como la “Arista Manicure” del Caso Convenios, remeció a La Araucanía tras revelarse la presunta defraudación de más de $730 millones provenientes del Gobierno Regional.

Según la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad, las fundaciones Folab y Educc recibieron millonarios convenios para ejecutar cursos de manicure, masoterapia y corte de cabello dirigidos a mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, los cursos jamás se concretaron y el dinero habría sido mal utilizado.

Por estos hechos, Rinett Ortiz y Juvenal Ortiz fueron formalizados por fraude al fisco y lavado de activos, quedando en el centro de una de las investigaciones de corrupción más sensibles de la región.

La causa además golpeó directamente al mundo político regional. Uno de los nombres involucrados es el del ex diputado del partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien según la Fiscalía habría realizado gestiones para facilitar la entrega de recursos a las fundaciones investigadas.

En paralelo, también figura como parte de los imputados el ex jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin, investigado por supuestamente haber facilitado la tramitación de los recursos y aconsejado mecanismos para evitar controles de Contraloría.

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Una denuncia acompañada de antecedentes documentales, expone vínculos laborales, familiares y políticos que reabren el debate sobre probidad, idoneidad y estándares éticos en eventuales nombramientos del Ejecutivo regional.

En una región marcada por el impacto del Caso Convenios y una sostenida desconfianza hacia las instituciones públicas, una denuncia ingresada recientemente a este medio —respaldada con antecedentes verificables— volvió a poner bajo escrutinio las redes de confianza que rodean al desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo y a personas de su entorno directo, particularmente el abogado Juan Carlos Vásquez Vega y su cónyuge, Deborah Negrete Plaza.

El documento recibido por Araucanía Noticias no formula imputaciones penales nuevas, pero sí detalla hechos concretos, cargos ejercidos y pagos con recursos públicos, que permiten abrir una discusión legítima desde el punto de vista de la probidad y los estándares ético-políticos exigibles en la administración del Estado.

Relación funcional y pagos acreditados

Según los antecedentes públicos citados en la denuncia, Juan Carlos Vásquez Vega fue abogado y auditor interno de la Gobernación de Cautín durante el período en que Mauricio Ojeda ejercía como gobernador provincial, antes de iniciar su carrera parlamentaria. Se trataba de un cargo de confianza, con funciones sensibles de control interno, por el cual Vásquez percibía una remuneración bruta mensual superior a los $3 millones, conforme a registros de Transparencia Activa del Ministerio del Interior.

Posteriormente, ya con Ojeda en su calidad de diputado, y en pleno desarrollo del Caso Convenios, Vásquez Vega fue nuevamente contratado por el parlamentario, esta vez como asesor externo, recibiendo un pago total de $7,5 millones entre abril y septiembre de 2024. Los servicios prestados correspondieron a la redacción de oficios y documentos administrativos parlamentarios, antecedentes que constan en las bases de datos oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Estos hechos, acreditados documentalmente, constituyen uno de los ejes centrales del cuestionamiento: la reiteración de contrataciones dentro de un mismo círculo de confianza política, incluso en un contexto donde Ojeda ya se encontraba formalizado por fraude al Fisco en la arista Manicure del Caso Convenios, investigación que indaga un perjuicio superior a los $700 millones.

Vínculo familiar y eventuales nombramientos

El documento también establece el vínculo familiar directo entre Vásquez Vega y Deborah Negrete Plaza, excandidata independiente apoyada por el Partido Republicano, cuyo nombre ha comenzado a circular en círculos políticos regionales como eventual opción para asumir la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. Dicha proyección se explicaría, según versiones políticas conocidas, por su cercanía con el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, a quien respaldó públicamente.

Lo cuestionable, según la denuncia, no es una aspiración individual, sino el escenario conjunto que se estaría configurando: de acuerdo con trascendidos políticos regionales, Vásquez Vega aspiraría paralelamente a ser designado Seremi de Justicia, lo que implicaría el eventual desembarco simultáneo de un mismo núcleo familiar y político en dos carteras estratégicas del Ejecutivo regional.

Otros antecedentes contextuales

A este entramado se suma el antecedente de que Deborah Negrete Plaza trabajó en la Corporación de Desarrollo Regional, contratada durante la gestión de Carlos Rozas, último gerente de la entidad bajo el mandato del exgobernador Luciano Rivas, hoy imputado desformalizado en el Caso Convenios. Existen versiones políticas que sostienen que dicha contratación habría contado con respaldos del entorno de Ojeda, lo que no ha sido acreditado judicialmente, pero sí forma parte del debate público actual.

Legalidad, probidad y estándar político

El propio documento es explícito en señalar que las contrataciones descritas se ajustan formalmente a la legalidad vigente. Sin embargo, el punto central no es jurídico-penal, sino político-administrativo: cuándo una red de confianza legítima se transforma en un circuito cerrado, donde los mismos nombres transitan de cargo en cargo, con escaso escrutinio público y en contextos de alta sensibilidad institucional.

En derecho administrativo, la confianza es un elemento necesario, pero la probidad es un principio rector. En una región especialmente golpeada por casos de corrupción, el estándar exigible no se agota en la legalidad formal, sino que incorpora coherencia política, oportunidad y señales públicas claras, señala la fuente.

Este no es un juicio de responsabilidades penales ni una imputación personal. Es una discusión pública legítima, basada en antecedentes verificables, sobre idoneidad, redes de poder y la necesidad de reforzar estándares éticos en los nombramientos del Estado.

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El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió nuevamente modificar las medidas cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado en la arista Manicure del Caso Convenios por presunta malversación de fondos públicos. La jueza Ruth Martínez acogió la solicitud de la defensa y sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total, marcando la quinta modificación de cautelar desde que el parlamentario fue imputado el 12 de febrero.

La resolución permitirá que Ojeda abandone el Centro Penitenciario Capitán Yáber, en la región Metropolitana, para trasladarse a La Araucanía, donde cumplirá la nueva medida. Su abogado, Raúl Pérez Cofré, valoró el fallo y señaló que la magistrada “encontró antecedentes suficientes para rebajar la cautelar de su representado”.

El Ministerio Público mantiene agrupadas cuatro investigaciones vinculadas a los mismos hechos, con la finalidad de llevar a juicio oral a los ocho acusados involucrados en este tramo del Caso Convenios. Ojeda enfrenta imputaciones por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, delitos asociados a la presunta malversación de más de 730 millones de pesos destinados a programas de capacitación para mujeres en Temuco y Padre Las Casas, cursos que —según la Fiscalía— nunca se ejecutaron.

Tras conocerse la resolución, el parlamentario difundió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde reaccionó con una declaración pública de tono desafiante y religioso. “Hay un Dios mirando y les juro que se impondrá la verdad y la justicia… nuevamente de regreso a casa, más fuerte que siempre, y con HAMBRE de justicia… aguante carajo”, escribió, en su primera comunicación tras abandonar el penal.

Con el cambio de cautelar, el diputado desaforado retornará a su vivienda para cumplir arresto domiciliario total mientras avance la preparación del juicio oral en una de las causas de corrupción más relevantes que afectan actualmente a autoridades de La Araucanía.

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El tribunal consideró que el parlamentario ha tenido conductas que podrían poner en riesgo la precisión de las pruebas y el éxito del juicio oral. El fallo mantiene al diputado en prisión preventiva mientras avanza el proceso por fraude al fisco en los convenios con fundaciones Folab y Educc.

El ex diputado por La Araucanía Mauricio Ojeda Rebolledo sufrió un nuevo revés judicial. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en su favor y confirmó la decisión del tribunal de Temuco que ordenó su reingreso a prisión preventiva, en el marco del caso Manicure, donde se le imputa el delito reiterado de fraude al fisco.

El fallo de la Segunda Sala de la Corte, integrada por las ministras Marcela Araya Novoa, Karina Ormeño Soto y el abogado integrante Ricardo Hernández Medina, fue contundente: no hubo irregularidades en la decisión del tribunal temuquense y se justificaba plenamente la cautelar más gravosa.

Según detalla la resolución, el Ministerio Público solicitó una pena de 19 años de cárcel por la gravedad de los hechos vinculados a los convenios suscritos en 2022 entre el Gobierno Regional de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc, a través de los cuales se habrían desviado importantes recursos públicos.

La Corte consideró además un elemento clave: “El imputado en la investigación ha tenido conductas que podrían afectar el éxito del juicio oral y, eventualmente, conforme a los antecedentes, podrían afectar incluso la precisión y exactitud de la prueba que deba rendirse en ese juicio”, sostiene el fallo.

Sin espacio para interpretaciones

La resolución del tribunal valdiviano también enfatiza que la acción de amparo no puede ser utilizada como una tercera instancia para revertir decisiones judiciales adversas. “No puede ser entendida como una vía alternativa frente a una resolución judicial cuyo resultado no es satisfactorio para la parte vencida”, agrega el texto.

En otras palabras, la justicia cerró la puerta a la posibilidad de revertir la medida cautelar, argumentando que los jueces actuaron dentro de sus competencias y con los antecedentes necesarios para justificar la decisión.

Un fallo que marca el tono del proceso

El pronunciamiento deja en claro que la situación judicial del diputado Ojeda sigue siendo compleja y que, según la justicia, su comportamiento ha generado riesgos para la transparencia del juicio.

La Corte fue explícita al señalar que su prisión preventiva “constituye la única medida proporcional y eficaz para asegurar la comparecencia del imputado al juicio y la eventual ejecución de una pena privativa de libertad”.

Con este nuevo revés, Mauricio Ojeda continuará recluido mientras avanza el proceso judicial por uno de los casos más mediáticos de corrupción y uso irregular de fondos públicos en La Araucanía.

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El exdiputado, investigado por fraude al fisco en la arista “Manicure”, criticó duramente a la Corte de Apelaciones de Temuco tras revocarse su arresto domiciliario. La Fiscalía argumentó que la medida responde a la cercanía de la preparación del juicio oral, fijado para el 3 de noviembre.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda calificó como un “ataque político” la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó su retorno a prisión preventiva en el marco del caso Convenios, específicamente en la arista denominada “Manicure”, donde se le investiga por presuntos delitos de fraude al fisco.

Fue el pasado viernes cuando el parlamentario dejó el Anexo Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario total en Villarrica, medida que la Fiscalía apeló ante el tribunal de alzada. Finalmente, la Tercera Sala acogió el requerimiento del Ministerio Público, ordenando su reingreso al penal.

Según explicó la Fiscalía, la decisión de la Corte se sustentó en la proximidad de la preparación del juicio oral, fijado para el 3 de noviembre de este año, lo que justificaría mantener la prisión preventiva como forma de asegurar la comparecencia del imputado.

A través de un video difundido en redes sociales, Ojeda reaccionó con duros cuestionamientos al Poder Judicial: “Jamás pensé decir esto, pero hay personas que supuestamente imparten justicia, pero en realidad muestran el peor rostro de las persecuciones personales y políticas”, afirmó.

El exparlamentario agregó que, según su visión, la resolución responde a motivaciones ajenas al derecho: “Armaron a último minuto en la Corte de Apelaciones de Temuco una sala con magistrados que ya habían votado en contra mía. Sepan que todos los coimputados están en libertad, incluso teniendo más delitos asociados”, señaló.

Ojeda, quien ha mantenido su inocencia, expresó que esta resolución reflejaría un trato desigual respecto de otros imputados del caso: “Hoy con tristeza puedo confirmarles 100% que existe una persecución personal y política en mi contra… Es un chiste entrar y salir en cinco oportunidades. Pobre justicia chilena”, declaró, añadiendo que “entre más golpes, más fuerte me hago y desde hoy no callaré más las irregularidades”.

El imputado —quien deberá regresar al Anexo Capitán Yáber— sostuvo que afrontará el proceso con respeto a la institucionalidad, aunque cuestionó severamente el actuar judicial: “Voy a volver nuevamente a la cárcel, como siempre lo he hecho, respetuoso de la institucionalidad, pero espero que las personas que están impartiendo ley hagan eso: impartan justicia”.

La arista Manicure del caso Convenios investiga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, para realizar cursos de capacitación a mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca se ejecutaron.

En la causa también figuran Susan Alarcón, exfuncionaria del Gore; los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, vinculados a las fundaciones; y el exjefe de gabinete regional Juan Pablo Leonelli Lepin, todos formalizados por delitos de fraude al fisco.

El proceso, que se encuentra en su etapa final de investigación, podría derivar en penas que superen los 20 años de cárcel para algunos de los involucrados. Mientras tanto, Ojeda insiste en que demostrará su inocencia en el juicio oral que comenzará en noviembre.

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Mientras el diputado por La Araucanía, Mauricio Ojeda, enfrenta un proceso judicial tras ser desaforado, la Cámara de Diputadas y Diputados mantiene operativos a sus cinco asesores, quienes continúan percibiendo sus sueldos con normalidad. Esto se debe a que sus vínculos laborales son con la institución legislativa y no directamente con el parlamentario.

Según la información entregada por la Cámara, esta situación se ampara en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la cual establece que los contratos del personal de apoyo parlamentario solo terminan por pérdida de confianza o por la cesación definitiva del cargo del legislador. Sin embargo, el desafuero no equivale a una destitución.

“En el caso de los trabajadores de los parlamentarios que están suspendidos de su cargo por estar desaforados, no se ven afectados en sus derechos por los actos del parlamentario. Las asignaciones que recibe el parlamentario para pagar a su personal se mantienen y, en consecuencia, se les sigue pagando”, explicaron desde la corporación.

En el caso del diputado Ojeda, son cinco las personas que siguen trabajando en sus oficinas parlamentarias: Marybel Archivurry, Carlos Boguen, Juan Carlos Contreras, Macarena Fernández y Viviana Hidalgo. El monto destinado a sus sueldos mensuales alcanza los $8.807.121.

“El hecho de que el parlamentario esté suspendido de su cargo no constituye causal de término del contrato de dichos asesores”, precisaron desde la Cámara, subrayando que esta figura legal busca resguardar la estabilidad laboral del personal de apoyo ante suspensiones temporales del legislador.

Este escenario, según La Tercera, se replica también con los otros diputados desaforados: Francisco Pulgar, con siete asesores y una asignación mensual de $8.789.454, y Catalina Pérez, con ocho colaboradores por los que se desembolsan $11.006.275.

En total, son 20 los asesores que siguen en funciones pese a que sus respectivos diputados no están ejerciendo activamente sus labores legislativas, lo que ha abierto el debate sobre los límites del uso de recursos públicos y la continuidad de funciones en casos de suspensión judicial.

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El programa «¿Hasta Cuándo?» expuso con crudeza el llamado Caso Manicure, una de las aristas del Caso Convenios en La Araucanía, donde el diputado desaforado Mauricio Ojeda, la directora de fundaciones Rinett Ortiz y el exjefe de gabinete del Gobierno Regional, Juan Pablo Leonelli, habrían articulado una millonaria estafa al fisco a través de proyectos sociales que no se ejecutaron. El perjuicio supera los 730 millones de pesos y deja al descubierto una red de favores, corrupción y manipulación institucional.

El programa «¿Hasta Cuándo?» de Mega emitido anoche develó la compleja red detrás del Caso Manicure, el escándalo uno de los escándalos más graves del llamado Caso Convenios, que golpea con fuerza a la región de La Araucanía. En el centro de la trama se encuentra el hoy desaforado diputado Mauricio Ojeda, quien, con pasado en las comunicaciones regionales y el servicio público, es investigado por la Fiscalía por fraude al fisco reiterado. La acusación formal lo sindica como principal articulador de un fraude que superaría los 730 millones de pesos, fondos que jamás llegaron a las mujeres vulnerables para quienes estaban destinados.
Los hechos involucran directamente a la directora de las fundaciones FOLAB y EDUCC, Rinett Ortiz, y a Juan Pablo Leonelli Lepín, abogado y exjefe de gabinete del Gore. Esta triada habría operado desde 2022 con el objetivo de obtener millonarios recursos públicos a través de programas sociales.
La relación entre Ojeda y Ortiz, de acuerdo al reportaje de Mega, no es reciente: se remonta a 2006, cuando él era un incipiente periodista y ella, maquilladora de TVN. A partir de esa amistad nacieron vínculos que se estrecharon aún más en el tiempo, y esa cercanía fue clave cuando el diputado, ya con pleno conocimiento de la crisis financiera de las fundaciones EDUCC y FOLAB, las apadrinó para gestionar fondos del Gobierno Regional.

La maquinaria de cómo se habría estructurado el fraude
La operación comienza formalmente en 2022, cuando Ojeda, ya diputado, contacta a Rinett Ortiz para hablar de posibles postulaciones al Gore. Las fundaciones que ella dirigía estaban al borde de la quiebra. Con la ayuda del abogado Juan Pablo Leonelli Lepín —jefe de gabinete del gobernador Rivas y figura de alto poder político—, se articuló un sistema para que FOLAB y EDUCC accedieran a fondos públicos mediante la creación de programas de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad: manicure, peluquería, masoterapia, entre otros.
Las pruebas son concluyentes. Mensajes de WhatsApp obtenidos a través de peritajes forenses muestran a Leonelli dando instrucciones explícitas para postular programas bajo ciertos montos (menos de 5.000 UTM) y sin pasar por la aprobación del Core, facilitando así el acceso a fondos. El diseño técnico de los programas fue calificado como “horriblemente mal formulado” por la propia exjefa de la División de Fomento e Industria del GORE, Susan Alarcón, quien además recibió un pago de 9 millones de pesos por ayudar a reformularlos.

Desvío de dineros, préstamos y encubrimientos
A través de testimonios, peritajes e investigaciones del Ministerio Público, se constató que buena parte del dinero fue usado para cubrir deudas de las fundaciones y pagar a particulares cercanos a Ojeda. La gran mayoría de los fondos fue retirada en días por las fundaciones, vaciando sus cuentas hasta dejarlas con apenas 2.000 pesos.
El financiamiento inicial para rescatar las fundaciones también fue irregular. Ojeda gestionó préstamos con terceros, como el exdirector de Corfo Araucanía, Patricio Esparza, a quien pidió dinero para Rinett Ortiz con insistencia: “Que no se te olvide weón, porfa, que tiene todo programado, le queman la oficina”, decía en uno de los mensajes revelados. La investigación sostiene que Ojeda se transformó, en la práctica, en un inversor de las fundaciones, con la promesa de recuperar lo invertido una vez obtenidos los fondos públicos.

El desfonde moral y la destrucción de evidencia
El exjefe jurídico del Gore, Francisco Torres, señaló que lo vivido fue comparable a desbaratar “una banda de narcotraficantes”. Amenazas, presiones y reuniones secretas fueron parte del engranaje para mantener oculto el fraude. En agosto de 2023, Ojeda se reunió con los hermanos de Rinett Ortiz para recomendarles que ella se autodenunciara, declarara la quiebra de las fundaciones y destruyera su celular. Días después, Leonelli también fue contactado por Ojeda en un café para planear la devolución del dinero y “evitar que se configurara el delito de fraude al fisco”.
Más aún, cuando la justicia pidió el celular del diputado, este entregó un iPhone 13 completamente destruido y formateado de fábrica. Argumentó que el daño fue causado por su hijo de 3 años, aunque los peritajes indican que el dispositivo fue formateado el mismo día que Rinett Ortiz fue detenida, lo que coincide con los esfuerzos por borrar evidencia.

La caída de un político
Ojeda fue desaforado en noviembre de 2024 por la Corte Suprema y luego formalizado. Pasó tres meses en prisión preventiva antes de pagar una caución de 40 millones de pesos y obtener arresto domiciliario. A su salida, declaró: “La cárcel me hizo bien. Fue una oportunidad. Muchos políticos deberían pasar por ahí”.
Desde Mega confirmaron que a pesar de estar suspendido de sus funciones, sigue recibiendo su sueldo parlamentario. La Fiscalía ha anunciado que Ojeda arriesga hasta 19 años de cárcel, mientras que Rinett Ortiz enfrenta una posible condena de 29 años, y su hermano Juvenal, de 22. Leonelli, por su parte, también se enfrenta a una posible pena de 19 años. La investigación sigue abierta, con más de 96 testigos citados y la expectativa de que aún queden capítulos por revelar.

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En el marco de la investigación del Caso Convenios, el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, Ricardo Senn, prestó declaración ante la Fiscalía en calidad de testigo, en relación con la arista Manicure de esta causa. La indagatoria busca esclarecer el uso de fondos públicos por un monto de 730 millones de pesos entregados a las fundaciones Folab y Educc.

Senn explicó que fue citado a declarar por haber sido parte del chat de WhatsApp de los directivos del GORE durante el periodo en que ocupó el cargo, entre el 14 de julio de 2021 y el 26 de agosto de 2022. «El fiscal llamó a declarar a quienes habían ocupado cargos directivos en el Gobierno Regional, por un hecho que él consideraba esencial, pero que ocurrió en una fecha en la que yo ya no era administrador regional», sostuvo.

Sin embargo, en el interrogatorio surgieron nuevos antecedentes, entre ellos el exadministrador facilitó medios de prueba que evidencian advertencias realizadas a jefe de gabinete y jefes de división respecto a la recepción, garantías y seguimientos en eventuales transferencias de recursos a privados. Sobre la posibilidad de un nuevo requerimiento por parte de la Fiscalía, afirmó: «No tengo problemas para declarar ante un eventual juicio oral en esta causa», reiterando su disposición a colaborar con la investigación.

Cabe recordar que la preparación del juicio oral de la arista Manicure del Caso Convenios está programada para el 1 de abril en el Juzgado de Garantía de Temuco. En esta instancia, el Ministerio Público busca llevar a juicio al desaforado diputado Mauricio Ojeda y a los otro cuatro imputados por delitos de corrupción: los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, el exjefe de gabinete del GORE, Juan Pablo Leonelli, y una exfuncionaria del organismo.

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El parlamentario independiente enfrenta una acusación formal en el marco de la arista Manicure del caso Convenios. La Fiscalía presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantía de Temuco y prepara la etapa de juicio oral.

La Fiscalía Regional de La Araucanía ha cerrado la investigación en contra del diputado independiente Mauricio Ojeda, formalizando una acusación por el delito de fraude al fisco en el contexto de la arista Manicure del caso Convenios. La pena solicitada asciende a 19 años de cárcel.

El fiscal adjunto Carlos Cornejo, a cargo del caso, detalló que “mediante la presentación de este escrito se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad”. La acusación fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Temuco, marcando el inicio de la fase de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que sustentan la causa.

Acusación y contexto del caso

El diputado Mauricio Ojeda se encuentra actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde permanece desde el 3 de enero en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad.

El caso gira en torno al presunto uso indebido de más de $730 millones de pesos, fondos que fueron asignados por el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc mediante convenios. Dichos recursos estaban destinados a financiar cursos de peluquería, manicura y pedicura para mujeres en situación de vulnerabilidad en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, la investigación sostiene que estos cursos nunca se realizaron, lo que fundamenta la acusación por fraude.

Próximos pasos judiciales

El proceso continuará con la preparación del juicio oral, donde la Fiscalía presentará las pruebas reunidas. En esta instancia, el tribunal evaluará la responsabilidad del acusado y determinará la eventual aplicación de la pena solicitada.

Este comunicado informa sobre un proceso judicial en curso. Se recuerda que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad mediante una sentencia judicial firme.

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