El Juzgado de Garantía de Temuco revocó el arresto domiciliario parcial que cumplía Juan Pablo Leonelli Lepin y ordenó su ingreso a prisión preventiva, tras acoger la solicitud de la Fiscalía en el marco de las investigaciones por las fundaciones Folab y Educc y Fundación Local.

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó nuevamente la prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepin, exjefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía e imputado en las causas vinculadas a las fundaciones Folab, Educc y Fundación Local, aristas del denominado Caso Convenios.

La decisión fue adoptada por la magistrada Leticia Rivera Reyes, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió sustituir la medida cautelar de arresto domiciliario parcial que pesaba sobre el imputado, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para los fines del procedimiento.

La resolución se produce pocos días después de que Leonelli protagonizara un accidente de tránsito mientras debía cumplir una medida cautelar restrictiva de libertad. El hecho ocurrió en el kilómetro 16 de la ruta Freire-Villarrica, donde el vehículo que conducía impactó frontalmente a otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

Producto de la colisión se registraron daños materiales y lesiones leves en los involucrados. Posteriormente, se estableció que el exfuncionario conducía en estado de ebriedad al momento del accidente.

El episodio tuvo además consecuencias directas en la tramitación de la causa, ya que Leonelli no compareció a una audiencia considerada clave dentro de las investigaciones del Caso Convenios programada para la mañana siguiente.

A ello se suman antecedentes previos informados por Carabineros respecto de reiterados incumplimientos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que había cumplido anteriormente el imputado. Estos antecedentes fueron considerados por la Fiscalía dentro de los argumentos expuestos durante la revisión de cautelares para acreditar un comportamiento refractario frente a las resoluciones judiciales.

La audiencia de revisión se desarrolló con la comparecencia de Leonelli vía Zoom. Tras escuchar los antecedentes presentados por las partes, el tribunal resolvió endurecer las cautelares y ordenar su reingreso a prisión preventiva.

De acuerdo con lo resuelto por la magistrada Rivera, el imputado dispone de un plazo de 24 horas para presentarse ante la autoridad y dar cumplimiento a la medida cautelar. La resolución será comunicada mediante el sistema interconectado del Poder Judicial.

Respecto del recinto penitenciario donde deberá cumplir la medida, será Gendarmería la institución encargada de determinar su destino definitivo. No obstante, preliminarmente se indicó que podría ingresar al recinto penitenciario de Traiguén, donde anteriormente ya había permanecido privado de libertad.

Con esta decisión, el tribunal vuelve a privar de libertad a uno de los principales imputados en las investigaciones por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones en La Araucanía, causas que continúan siendo indagadas por el Ministerio Público.

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El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó la solicitud de R.A.C.C., acusado como principal testaferro de la red de lavado de activos desarticulada en la Operación Imperio. El imputado pretendía salir del país por casi tres semanas luego de contraer matrimonio.

El Juzgado de Garantía de Temuco denegó la solicitud de la defensa de R.A.C.C., imputado en el marco de la Operación Imperio, que buscaba suspender temporalmente sus medidas cautelares para viajar a México tras contraer matrimonio mediante unión civil.

El tribunal rechazó autorizar la salida del país entre el 30 de octubre y el 19 de noviembre, manteniendo vigentes las medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros coimputados.

A pesar de ello, el juzgado concedió dos permisos acotados: el 29 de octubre, entre las 9:00 y 13:00 horas, para realizar diligencias personales, y el 30 de octubre, entre las 8:00 y 15:00 horas, para asistir al Registro Civil a concretar la ceremonia.

La defensa había solicitado la suspensión de las cautelares argumentando razones personales, pero el Ministerio Público y los querellantes se opusieron a la petición, señalando que R.A.C.C. es uno de los principales testaferros de la organización criminal investigada.

La Operación Imperio, desarrollada por la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, permitió desarticular una red familiar dedicada al lavado de activos, con 41 detenidos por delitos de fraude, estafa, asociación ilícita y evasión tributaria. La organización operaba desde 2019 y habría obtenido ganancias ilícitas por más de 3.000 millones de pesos, invertidos en propiedades, vehículos de lujo e incluso una avioneta.

El operativo contó además con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del FBI, y se extendió por cuatro regiones del país.

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