– El XXIV Informe Anual de los DDHH  Diversidad Sexual y de Género alertó además que en 2025 se quebró el consenso político que había concebido a la realidad LGBTIQ+ como  un tema de derechos humanos, en vez de ideológico, además de registrarse un alza sostenida de la discriminación, nuevos retrocesos e inconsistencias del Estado para proteger de los abusos.

– Detalles, gráficos e informe completo aquí: https://www.movilh.cl/homo-transfobia-aumenta-un-27-y-supera-los-3-600-casos-y-denuncias-por-discriminacion/

Los casos y denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron a nivel nacional un alarmante 27,1% en el último año, sumando 3.620 los atropellos a los derechos humanos, la cifra más alta de la cual se tiene registro y “que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad para las personas LGBTIQ+”.

            Así lo arrojó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), precisando que solo el 2025 concentra el 23% del total de casos de discriminación conocidos en los últimos 24 años.

         El estudio calificó además al 2025 como el año “del quiebre del consenso social, político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales”. El período estuvo además caracterizado por “el fortalecimiento de tendencias negativas”, como lo fueron la consolidación del alza de la discriminación y nuevos retrocesos de derechos, “la focalización del odio en la población trans”, la “descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilizades al espacio digital”.

         Todo el año estuvo al mismo tiempo cruzado por la “inconsistencias y carencia de la densidad estatal, en especial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para proteger y promover los derechos LGBTIQ+, a diferencia del Judicial donde se registraron positivas señales que marcaron hitos a favor de la igualdad”.

“Así, el 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima: de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta; de la desideologización a la polarización; y de la promesa de igualdad a una etapa de vulnerabilidad e incertidumbres para las diversidades sexuales y de género” lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias y medidas para la “recuperación de una comprensión básica pero indispensable: que los derechos de las personas LGBTIQ+ son, sin excepciones ni adjetivos, derechos humanos” y que, por tanto, no son un tema de izquierdas, derechas o centro, señaló el estudio.

Los casos de discriminación

Los 3.620 atropellos a los derechos humanos del 2025 se distribuyeron en 45 agresiones físicas o verbales perpetradas por personas desconocidas para las víctimas; 7 casos de detenciones o agresiones policiales arbitrarias; 93 episodios de abuso laboral; 70 hechos de discriminación en el ámbito educacional; 21 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas; 320 exclusiones institucionales; 62 marginaciones o ataques en espacios públicos y privados donde las víctimas acudieorn en búsqueda de bienes o servicios ; 141 vulneraciones ocurridas al interior de las familias o barrios; 2.860 declaraciones homo/transfóbicas; y 1 caso de discriminación en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura o el espectáculo.

El mayor incremento se registró en las detenciones o agresiones policiales arbitrarias cometidas por Carabineros, con un alza del 250% respecto del año anterior. Le siguieron las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, que aumentaron en un 133%; las hostilidades en espacios públicos y privados que niegan el acceso igualitario a bienes y servicios (+47,6%); los discursos de odio (+41,3%); la discriminación educacional (+7,6%); los abusos al interior de las familias o barrios (+7,6%); los atropellos laborales (+4,4%); y los ataques perpetrados por personas desconocidas por las víctimas. (+2,27%).

Solo en tres de las once categorías de discriminación consideradas en Informe de DDHH se registraron descensos: las exclusiones en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura y el espectáculo (-66%), la marginación institucional (-26,6%) y los crímenes de odio, que por primera vez desde 2009 no ocurrieron. “Esta última noticia positiva debe, sin embargo, ser relativizada, pues durante 2025 se tomó conocimiento de un crimen de odio ocurrido en 2024 que no había sido previamente registrado. A ello se suma que los aumentos se concentraron en categorías de discriminación que tienen lugar en espacios llamados a proteger y resguardar a las personas; como las familias, los barrios o las policías; y en ámbitos destinados a garantizar derechos fundamentales, tales como la educación, el trabajo y la salud”, apuntó el estudio.

Las discriminaciones tuvieron como responsables a un total de 39 instituciones y 826 personas, cuyos principales responsables fueron integrados al Ranking Anual de la Homo/transfobia que se describe en el segundo capítulo del Informe.

         Focalización del odio en la población trans

“Durante 2025, la población trans fue el grupo más afectado por la discriminación, lo que evidencia una clara focalización del odio. Esta situación impactó de manera especialmente grave a niños, niñas y adolescentes trans, así como a sus familias cuando acompañan y apoyan sus procesos de transición. Ello se explica tanto por retrocesos en sus derechos impulsados desde el Estado, como por la intensificación de la acción de sectores opositores a la igualdad que desplegaron campañas transfóbicas persistentes, particularmente a través de redes sociales, en un contexto de descenso en los niveles de aceptación social de dicho sector, según diversas encuestas y sondeos”, señala la investigación

         “En términos cuantitativos, la población trans concentró el 39,64% del total de los casos y denuncias por discriminación registrados en 2025, con un incremento del 26,87% en relación con el año anterior. Los gays, por su parte, acumularon el 9,98% de los abusos, registrando un aumento de 84,18%. Las personas lesbianas fueron afectadas en el 4,7% de los atropellos con un incremento del 43,22% respecto del año previo. Finalmente, los casos que afectaron al conjunto de las personas LGBTIQ+ concentraron el 45,71% del total nacional, reflejando la persistencia de acciones colectivas y discursos que buscan erosionar de manera transversal la dignidad y los derechos de todas las diversidades sexuales y de género”, añadió el estudio.

La Araucanía, la región donde más aumentó la discriminación

Un 150% aumentaron en la Región de La Araucanía los casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, convirtiéndose en la primera localidad del país donde más incrementaron los atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Los casos ocurrieron en Lautaro (2), Nueva Imperial (1), Pitrufquén (2), Pucón (1), Temuco (3), Toltén (2) y Villarrica (4).

         “El hecho de que los reportes o denuncias ya no provengan solo de Temuco, sino que su alcance llegue a otras 6 comunas, viene a alertar de una descentralización de los abusos, al igual como está ocurriendo a nivel nacional, lo cual es preocupante. Esto, porque en la Región de La Araucanía no se aprecia que las autoridades estén promoviendo los derechos LGBTIQ+ de manera sistemática, por lo cual la ocurrencia de casos más que obedecer a un mayor empoderamiento de las víctimas, se explica porque la expresión de la homo/transfobia se está descentralizando al interior de la zona”, sostuvo el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez

         Lo anterior “implica que hay desplazamiento de las expresiones de odio hacia territorios donde las temáticas LGBTIQ+ tienen menor visibilidad y debate público. Este fenómeno parece orientado a obstaculizar avances en contextos locales más frágiles y se ve facilitado por el aumento sostenido de la violencia y de los discursos de odio difundidos a través de redes sociales”, enfatizó el estudio.

         En términos de concentración geográfica de los casos, la lista la encabeza Valparaíso, con el 43,13% del total nacional,  seguida por la Metropolitana (23,46%), Biobío (7,2%), Los Lagos (3,14%), Coquimbo (2,62%), Antofagasta (2,09%), Maule (2,09%), La Araucanía (1,96%), Tarapacá (1,83%), Atacama (1,83%), Ñuble (1,83%), Libertador General Bernardo O’Higgins (1,57%), Magallanes (1,31%), Los Ríos (1,04%), Arica y Parinacota (1,04%) y Aysén (0,65%). Adicionalmente, el 0,13% de los casos tuvo lugar en la Embajada de Chile en Colombia.

         Respecto de las variaciones interanuales, el mayor incremento de casos y denuncias se registró en la Región de La Araucanía, con un aumento de 150%, seguida por Antofagasta (+45,45%), Aysén (+25%), Maule (+23,07%), Coquimbo (+17,6%), Ñuble (+16,66%), Los Ríos (+14,28%), Arica y Parinacota (+14,28%), Biobío (+12,24%), Magallanes y la Antártica Chilena (+11,1%), Los Lagos (+9,09%), Libertador General Bernardo O’Higgins (+9,09%), Tarapacá (+7,69%) y Atacama (+7,69%).

         “Este escenario da cuenta de una expansión territorial de las odiosidades hacia zonas con menor discusión pública sobre las diversidades sexuales y de género, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Dicho proceso está estrechamente vinculado al aumento desmedido de los discursos de odio, especialmente en el ámbito digital, donde las agresiones van desde insultos y deshumanización hasta amenazas de muerte y de vandalización contra bienes de las víctimas”, insistió el estudio.

         Añadió que “durante 2025 se registraron 2.860 discursos de odio, la cifra más alta de la cual se tiene registro, expresada mayoritariamente a través de redes sociales. Ello confirma un desplazamiento ya consolidado de las campañas y arremetidas anti-derechos hacia el espacio virtual, donde las agresiones suelen desplegarse en contextos de alta impunidad y con escasos costos para quienes las perpetran. Esta realidad refuerza la necesidad de contar con una legislación que sancione los discursos de odio, incorporando de manera explícita regulaciones en el ámbito digital”.

         Ideologización: el quiebre de un consenso clave

De acuerdo al informe “la característica más grave del año 2025, en lo que respecta a los procesos socioculturales y políticos, fue la ruptura del avance hacia un consenso clave para la promoción universal de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: su progresiva desideologización y despartidización”.

“En efecto, tras décadas de cambio cultural, al finalizar el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se encontraba relativamente instalado en el imaginario ciudadano y en el debate público que los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituían una causa de izquierdas, derechas o centro, sino una materia propia de la universalidad de los derechos humanos. Este entendimiento transversal había permitido avances relevantes y una disminución de la polarización política en torno a la temática”, estableció el estudio.

Sin embargo, añadió, “dicho consenso, que venía en ascenso, comenzó a desacelerarse en los años recientes y alcanzó su quiebre más perjudicial durante 2025, en un contexto marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. En este escenario, diversos actores reintrodujeron con especial vehemencia una lógica de confrontación ideológica que tensionó gravemente los consensos que previamente iban avanzando”.

Por una parte, ejemplificó la investigación “la ultraderecha y amplios sectores de la derecha, animados por expresiones evidentes de homo/transfobia, presionaron para ideologizar los derechos LGBTIQ+, presentándolos errónea e interesadamente como una supuesta agenda exclusiva de la izquierda. Esta estrategia buscó deslegitimar tales derechos como universales, transformándolos en un objeto de disputa política, partidaria y electoral. Frente a ello, la derecha liberal y/o favorable a los derechos LGBTIQ+ guardó silencio” .           “A su vez, un sector de la izquierda contribuyó a ese proceso al abandonar progresivamente un enfoque basado en derechos humanos universales y promover, en los últimos años, medidas supuestamente favorables a las personas LGBTIQ+ desde marcos conceptuales ideologizados, centrados en “disidencias” y en la construcción de espacios de trincheras o de guetos partidarios. Estas propuestas, más que representar efectivamente a las diversidades sexuales y de género o responder a sus necesidades concretas, terminaron por fragmentar la discusión pública. Cuando dicha estrategia no logró los resultados esperados, se produjo con el correr del tiempo un silenciamiento o repliegue del tema en el espacio público, fenómeno que en 2025 estuvo fuertemente influido por cálculos partidarios y electorales”, añadió el estudio.

         Fortalecimiento de tendencias negativas

“El fortalecimiento de las tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye, sin duda, una de las características más claras del año 2025, generando una alerta respecto de la actual vulnerabilidad que enfrenta la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género”, señaló el Informe de DDHH.

          “Por una parte se consolidó la tendencia al alza de los casos y denuncias por discriminación, siendo los discursos de odio uno de los principales factores facilitadores de este fenómeno; y, por otra, se registraron por segundo año consecutivo retrocesos en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, afectando de manera específica a la población trans”, dijo el estudio.

         Precisó que “el Gobierno y el Congreso Nacional figuran como los principales responsables estatales de estas regresiones, las cuales se vieron potenciadas y retroalimentadas por un escenario internacional cada vez más hostil hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Este contexto se tradujo en arremetidas periódicas de grupos anti-derechos que desinformaron y denigraron la dignidad humana, así como en políticas incivilizadas impulsadas desde Estados Unidos, cuyos efectos están teniendo impacto en diversos países”.

         Añadió que “en este marco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe transfóbico de una comisión investigadora (CEI-57) orientado a limitar y eliminar derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Paralelamente, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando a niños, niñas y adolescentes trans y a sus familias en una situación de orfandad estatal”.

         “A su vez, y contraviniendo derechos ya conquistados, el Ministerio de Salud, mediante la circular N°8, restringió el acceso al PAIG al establecer que los menores de 14 años deben contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a este beneficio. Esta exigencia desnaturaliza el sentido original del programa, concebido precisamente para brindar respuesta y apoyo a niños, niñas y adolescentes que enfrentan, en sus propias familias u otros espacios, discriminación o abusos que obstaculizan el desarrollo libre y sin prejuicios de su identidad”, consideró el estudio.

         “Altos representantes del Gobierno fueron denunciados además por sus propios funcionarios de tres casos de discriminación en razón de la identidad de género y uno en razón de la orientación sexual. Estos hechos ocurrieron en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, en la Embajada de Chile en Colombia y en las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso, siendo este último el que generó un impacto nacional, dado que la víctima, Sol Millakura Hernández Márquez, murió por suicidio tras denunciar discriminación laboral. A lo expuesto se añadieron nuevos reportes de discriminación al interior de Gendarmería. Nunca antes, en el plazo de solo un año, se había registrado desde órganos gubernamentales un volumen tan alto de denuncias por homo/transfobia, ni hechos de tal gravedad como el ocurrido a Hernández Márquez, lo que constituye un severo retroceso en materia de derechos humanos”, detalló la investigación.

Inconsistencias y carencia de densidad estatal

“Al analizar el quehacer de los tres poderes del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+, el año 2025 evidenció de manera clara inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional. Esta situación no solo se explica porque mientras el Poder Judicial registró avances, el Poder Ejecutivo y el Legislativo experimentaron retrocesos, sino también porque, al interior tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, coexistieron medidas regresivas con algunos progresos puntuales”, enfatizó la investigación.

Añadió que “si bien dichos avances no alcanzan a compensar ni neutralizar los retrocesos sufridos, y se sitúan por debajo de conquistas previamente alcanzadas; en tanto no requirieron mayores esfuerzos políticos o culturales para su concreción; resultan igualmente relevantes en la medida en que contribuyen, aunque de forma acotada, a la construcción de sociedades más justas e inclusivas”.

“Así, mientras el Ministerio de Salud debilitaba derechos de niños, niñas y adolescentes trans, publicó simultáneamente la Resolución Exenta N.º 733, que puso término a la exigencia de atención psicológica o psiquiátrica como requisito para que personas mayores de 18 años accedan a terapias hormonales”, precisó el estudio.

“En paralelo a denuncias de funcionarios públicos por homo/transfobia en el ámbito laboral, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dictó la Circular N.º 3876, mediante la cual exige a los empleadores la implementación de protocolos, capacitaciones y programas de atención psicológica que consideren explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. Esta medida representó un avance normativo relevante en el ámbito de la prevención y abordaje de la discriminación laboral”, añadió la investigación.

“A su vez, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Gobierno inauguró en sus dependencias el denominado “Biblioespacio Mónica Briones”, en memoria de esta escultora cuyo asesinato constituye el primer crimen lesbofóbico documentado en Chile. Ello ocurrió en un año en que, de manera contradictoria y lamentable, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se distanció de toda mención a la orientación sexual y al legado literario de contenido lésbico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel”, estableció el Informe.

Agregó que “el Congreso Nacional, por su parte, aprobó; aunque ya a comienzos de 2026;  la ley que “reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, a lo que se sumó la promulgación, a fines de 2024, de la Ley N.º 21.719 que “regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”. Ambas normas mencionan a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas o factores relevantes. Sin embargo, y de manera simultánea a estos avances, el Parlamento impulsó retrocesos en derechos de las personas trans y fue incapaz de aprobar la Reforma a la Ley Zamudio y de tramitar una ley de Educación Sexual Integral, las demandas legislativas LGBTIQ+ más antiguas y transversales en la actualidad y que fueron promesas gubernamentales”.

“En un plano más específico y, afortunadamente, exento de inconsistencias, se registraron avances relevantes a nivel local e institucional. La Municipalidad de Rapa Nui aprobó la creación de su primera Oficina de Atención a la Diversidad y Neurodivergencia; la Municipalidad de Atacama convocó a la primera Marcha del Orgullo en la comuna; y, en un hecho de especial y gravitante relevancia, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó su primera “Guía de Atención a Grupos Vulnerables”, entregando recomendaciones a sus funcionarios para el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+”, resaltó el estudio.

Posicionamiento del Poder Judicial como el más protector del Estado

Tal como había ocurrido en 2018, el Poder Judicial volvió a posicionarse en 2025 como el órgano del Estado que mostró una mayor protección y respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en marcado contraste con el Congreso Nacional y el Gobierno. A este escenario se sumaron, además, pronunciamientos favorables del Tribunal Constitucional”

“Aunque esta protección no estuvo exenta de contrastes; pues algunos tribunales continuaron actuando de manera discrecional o de forma incomprensible en materias vinculadas a las infancias trans o a la aplicación de agravantes en delitos motivados por discriminación, lo cierto es que durante el año el Poder Judicial marcó hitos relevantes a favor de la igualdad y la no discriminación” señaló el estudio.

Entre los hitos judiciales destacaron la primera sentencia por femicidio lesbofóbico, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; la condena a presidio perpetuo impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio; la sanción aplicada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto contra un empleador por transfobia laboral; y la condena superior a 30 millones de pesos que el 17.º Juzgado Civil de Santiago impuso a un establecimiento educacional católico por la discriminación sufrida por una niña de 12 años en razón de su orientación sexual y expresión de género. Asimismo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda contra un establecimiento educacional por no brindar orientación adecuada a una madre, Marcela Guevara, quien perdió a su hijo, José Matías, luego de que muriera por suicidio tras sufrir bullying transfóbico.

En tanto “el Tribunal Constitucional, otrora una de las instituciones más homo/transfóbicas del país, también contribuyó a este escenario al anular una glosa de la Ley de Presupuestos 2025 que prohibía a todo evento el financiamiento de terapias hormonales en menores de 18 años. Especialmente relevante fue además una sentencia donde estableció que las personas trans menores de 14 años sí pueden rectificar su partida de nacimiento, al acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago contra disposiciones de la Ley de Identidad de Género que excluían menciones explícitas a dicho grupo humano”.

Movimiento LGBTIQ+ en resistencia y marcando hitos

“En un escenario particularmente complejo para los derechos LGBTIQ+, los movimientos y organizaciones del sector lograron impulsar hitos relevantes que contribuyeron a contrarrestar narrativas negativas y paliar efectos culturales de las políticas regresivas, fortaleciendo al mismo tiempo sus niveles de articulación y coordinación”, sostuvo el estudio.

“En este contexto, y en medio de la arremetida contra las infancias trans, se lanzó “Ariel es una Niña”, el primer cuento sobre la materia que contó con patrocinio estatal y académico. Esta iniciativa permitió romper el silenciamiento que afectaba a los derechos LGBTIQ+ durante el período electoral, trasladando la temática desde los márgenes hacia el centro de la discusión pública, incluyendo el ámbito del debate presidencial”, enfatizó la investigación.

“De forma paralela, colectivos lésbicos instalaron en Santiago la primera placa en memoria de Mónica Briones y de las víctimas del lesbo-odio; organizaciones LGBTIQ+ elaboraron el primer manual orientado a prevenir y enfrentar los discursos de odio; y, de manera inédita, en las regiones de Atacama y Puerto Varas se realizaron marchas del Orgullo, ampliando la visibilidad territorial del movimiento”. añadió la investigación.

“Un mayor nivel de coordinación entre las agrupaciones se expresó en la realización del Primer Encuentro Nacional por los Derechos LGBTIQ+, que reunió a representantes de las 16 regiones del país, instancia sin precedentes en la historia del movimiento en Chile”, apuntó el estudio. En el mismo período, se inauguró en Chile el primer Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas, siendo elegida como una de sus representantes la lideresa trans de Rapa Nui, Isis Teao.

“En el plano sociocultural, en tanto, diversos estudios y encuestas publicados durante 2025 evidenciaron un aumento en el número de personas que se declaran abiertamente LGBTIQ+. Este dato sugiere que, pese al contexto hostil y a la intensificación de los discursos de odio, no se ha debilitado la disposición de las personas a visibilizar su identidad ni a ejercer sus derechos”, apuntó el informe.

            “Finalmente, artistas con alta exposición pública contribuyeron a visibilizar las realidades LGBTIQ+ y a disputar narrativas en espacios con tradición. En ese contexto, la canción Infernodaga, de Dani Ride, con temática LGBTIQ+, representó a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un hito para el certamen y los eventos televisados”, concluyó el estudio.

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Un total de 6.281 parejas del mismo  sexo se han celebrado en Chile desde la entrada en vigencia de la Ley Matrimonio Igualitario, cuya publicación en el Diario Oficial cumple este 10 diciembre tres años, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), tras obtener los datos del Registro Civil.

Del total de matrimonios, 3.456 son entre mujeres; el 55% del total, y 2.825 entre hombres, registrándose hasta la fecha 56 divorcios y 70 nulidades, cuya suma corresponden al 1,1% del total de ceremonias celebradas desde la entrada en vigencia de la norma hasta el 2 de diciembre del 2024.

Además, un total de 824 personas han sido inscritas como hijos/as de parejas del mismo sexo. 710 como hijos de dos madres, el 86,2% del total,  y 114 como hijos de dos padres, equivalente al 13.8%.

Para la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, “estos datos oficiales vienen a dar cuenta de la gran relevancia que ha tenido para las parejas del mismo sexo al matrimonio, enlace que se aprecia como útil para formalizar la relación, se tenga o no hijos. No se trata solo de una transformación legal, sino también de un profundo cambio cultural que se extiende por todo el país. En todas las regiones ha habido matrimonio igualitarios e inscripciones de personas como hijos de parejas del mismo sexo, lo cual es una buena noticia, pues con ello se termina con las desigualdades en razón de la orientación sexual o identidad de género de las familias”.

El dirigente del Movilh, rolando Jiménez, añadió, “en todas las regiones del país el número de matrimonios entre mujeres es más alto que el de los hombres. Salvo en Aysén, donde la mayoría son gays. Y en todos los casos hay más hijos reconocidos por parejas de mujeres que de hombres”.

En relación al Acuerdo  de Unión Civil, promulgado en abril del 2015,  Jiménez precisó “que a la fecha se han celebrado 12.830 vínculos, 6.566 entre mujeres, siendo menor  la diferencia entre hombres y mujeres si se compara con el matrimonio”.

El 7 de diciembre del 2021 el Congreso Nacional aprobó la ley de matrimonio igualitario, el 9 de diciembre del mismo año fue promulgada y un día más tarde fue publicada en el Diario Oficial.

El matrimonio igualitario fue aprobado en Chile luego de que en 2016 el Estado de Chile y el Movilh firmaran un Acuerdo de Solución Amistosa  (ASA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) donde nuestro país se comprometió a crear, tramitar y aprobar la norma.

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La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) arrojó que las personas lesbianas y gays tienen más años de estudios y mejores ingresos económicos que los heterosexuales y que solo el 22,9% ha sufrido discriminación en el último año, mientras el porcentaje de quienes reconocen orientaciones sexuales o identidades de género diversas es muy inferior al reportado por otros estudios.

Los resultados fueron publicados por La Tercera al analizar la base de datos de la Casen.

“Si los porcentajes dados a conocer por este medio de comunicación son los correctos, lo cual debe aclarar el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, sin duda la Casen debe con urgencia mejorar su metodología. Mientras ello no ocurra,  sus datos merecen un análisis muy crítico, pues no solo se escapan de otros estudios y de la realidad que a diario se conoce. Además, entran en abierta contradicción consigo mismos”, señaló hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En efecto, según la Casen el 1,72% de los encuestados/as se declara gay o lesbiana, el 1.52%, bisexual y el 0,23% de “otra” orientación sexual distinta a la heterosexual, lo cual significa que el 3,47% de personas reconoce ser parte de las diversidades sexuales, en circunstancias que en 2017 esa cifra solo llegaba al 1,98% y en 2015 al 1,41%.

Además, el 0.37% declara un género o una identidad de género diversa, divididos en personas transmasculinas (0.09%), transfemeninas (0.03%), no binarias (0,21%),  y “otro género” (0,04%)    

“Una buena noticia podría ser que el número de personas que reconoce ser parte de las diversidades sexuales aumentó un 175% en comparación a la Casen del 2017. Sin embargo, el número sigue siendo bajo en relación a otros estudios, como el de la  “Encuesta Global Orgullo LGBT+ 2023” (IPSOS), según el cual el 8% tiene una orientación sexual diversa y el 3% un género o identidad de género diversa, siendo Chile uno de los países de América Latina donde más se reconoce ser LGBTIQ+”, apuntó el Movilh.

“Ahora bien, si comparamos las cifras con otros estudios oficiales la situación es similar. Por ejemplo, según la Casen el número de jóvenes menores de 29 años que declaran orientación sexual diversa es de 8,17%, pero de acuerdo a la 10ma Encuesta Nacional de la Juventud la cifra es del 15%. Todo indica, por tanto, que la Casen debe ir perfeccionando su metodología de manera de acercarse de una manera más real al número exacto de personas que se declara LGBTIQ+, pues en caso contrario, sus resultados distorsionan la realidad”, señaló el Movilh.

La Casen, empero, si coincide con otros estudios en torno a que las personas más jóvenes tienen una mayor disposición que las más adultas para reconocer orientaciones sexuales diversas.

En efecto, entre los 18 y 29 años el 2,9% se declara gays o lesbiana;  entre los 30 y 44 años, el 2,78%; entre los 45 y 59 años, el  0.73% y en quienes tienen más de 60 años el 0.27%  En el caso de los bisexuales, la cifras son, en forma respectiva, del 4,59%; 1.38%;  0.27%; y 0.08% y, en relación  “otras orientaciones sexuales”, de 0,68%; 0.19%;  0.05%;  y 0.05%, A estos se añade que 1,26% no responde y un 0.46% no sabe.

Otras distorsiones de la Casen

El Movilh advirtió que la “Casen al no contar con una metodología  fina y precisa para dar con el porcentaje o número real de personas que en Chile hoy se declaran LGBTIQ+, termina arrojando diferencias muy notables con todos los otros estudios referentes al tema, llegado al extremo de no dar cuenta real de la discriminación y de la vulnerabilidad que afecta a este grupo humano”.

En efecto, según la Casen solo el 22,9% de gays y lesbianas, el 9.7% de bisexuales y el 19.7% de quienes declaran “otras orientaciones sexuales”  ha sido discriminado en el último mes; mientras que un sondeo de la Subsecretaría de Prevención del Delito aplicado en 2021 arrojó que el 64,3% de las personas LGB+ fue excluida o marginada por su orientación sexual en el último año.

“Más aún, de acuerdo a la Casen el 0,5% de las personas heterosexuales (cuyo número es mayor a quienes se declaran LGBTIQ+) dice haber sido discriminada por su orientación sexual. Es decir según la Casen hay más personas  discriminadas por ser heterosexuales, que personas LGBTIQ+, lo cual tiene poca lógica, si además se suma el hecho de que de acuerdo al mismo sondeo gays y lesbianas tienen más educación y mejores ingresos económicos que el resto de la población”, señaló el Movilh.

El promedio de años de estudios de de gays y lesbianas  es de 14,9; de bisexuales, de 14,6 años; de “otras orientaciones”, de 13,9% años y de  heterosexuales de 12,1 años.

Más aún, según la Casen el ingreso monetario promedio de gays y lesbianas es de $792,064; de heterosexuales de $614.912; de bisexuales de $460.487 y de “otras” orientaciones sexuales de $376.553.

En “concordancia” con ello, según la Casen, el 52,4% de los heterosexuales se ubica en los deciles de ingresos económicos más bajos  (de I a V) y el 47,7% en los más altos (de VI a X). En cambio solo el 25,1% de los gays y lesbianas se ubica en los deciles más bajos y el 74,9%  en los más altos. En el caso de los bisexuales la cifra es de 34,6% y 63,6% y en “otras orientaciones” de 42,4% y 57,6% en forma respectiva.

“En primera instancia se podría fácilmente suponer que gays y lesbianas tienen más ingresos, porque tienen más estudios. Sin embargo, es la misma Casen la que desacredita esa hipótesis, en tanto los bisexuales tienen más estudios que los heterosexuales y aún así sus ingresos monetarios son menores. Suma y sigue: de aceptar los resultados de la Casen, tendríamos que concluir que gays o lesbiana sufren menos discriminación laboral y educacional que heterosexuaesl.  Sin duda a la Casen le falta mucho pulir su metodología para ser una radiografía de sectores históricamente discriminados, como es el caso de las personas LGBTQ+”, señaló el Movilh.

Otras eventuales errores de la Casen se refiere a las porcentaje de personas que declaran orientaciones sexuales diversas por región. Encabeza la lista la Región Metropolitana, con el 4.1%, seguida por Antofagasta (4.1%), Valparaíso (3.5%), Tarapacá (3.4%), Atacama (3%), Arica y Parinacota (2,9%), Biobío (2,7%),  Los Ríos (2,6%),  O`higgins (2,5%),  Aysén (2,5%), Magallanes (2.4%, Coquimbo (2,3%), Los Lagos (2.1%), La Araucanía (1,9%), Maule (1,8%), Ñuble (1,4%).

“Que Antofagasta supere a Valparaíso y que Biobío esté en el séptimo lugar de reconocimiento es algo que debiese llamar la atención por una razón muy simple. La R.M,. Valparaíso y Biobío son las tres regiones donde más se reportan denuncias por discriminación basadas en la orientación sexual o identidad de género, y Antofagasta, Tarapacá y Atacama, donde menos se reportan, según todos los estudios. Y de acuerdo a diversos y compartidos análisis  los lugares donde las personas más denuncian discriminación, son las mismas localidades donde más se reconoce la orientación sexual o identidad de género. Algo está mal con la Casen”, finalizó el Movilh.

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó hoy que el Gobierno del presidente Gabriel Boric “sea uno de los más débiles en la promoción de los derechos humanos de la personas LGBTIQA+, a un punto que su primer año de gestión solo es comparable con igual período del ex presidente  Eduardo Frei, quien en todo caso, gobernó en un contexto de generalizada homo/transfobia, a diferencia del actual que tiene todo el cambio cultural de su lado para impulsar transformaciones en este plano”.

En el marco del Día Internacional contra la Homo/Transfobia “nuestra organización exige una vez más al Ejecutivo que patrocine la creación de una Institucionalidad Antidiscriminatoria en el marco de la reforma a la Ley Zamudio, demanda frente a la cual ha guardado sistemático silencio en un lamentable contexto: el aumento de los crímenes de odio”, señaló el presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez

En efecto, en 2022 se registraron 1.046 atropellos a los derechos humanos de la personas LGBTIQANB+ se dividen en 6 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos para las víctimas; 3 atropellos policiales y/o detenciones arbitrarias, 78 discriminaciones  laborales y 52  educacionales,  22 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, 246 episodios de discriminación institucional, 56 ataques o marginaciones en el espacio público o privado,  137 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 405 discursos de odio y 1 abuso en el campo de  los medios, la cultura y el espectáculo.

De las 11 categorías de discriminación en 4 bajaron las denuncia o casos, en 5 aumentaron y en 1; la referente a abusos en medios, culturas y espectáculo; no hubo variaciones.

Encabezan el alza de denuncias los atropellos ocurridos en el sistema educacional, con un 333%, seguido  por los asesinatos (+100%), las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas (+54%), los discursos de odio (31%), la marginación y/o ataques en el espacio público o privado (+1,8%) y las exclusiones o agresiones comunitarias (familia, vecinos, amigos (+1,4%).

Especialmente preocupante son los 6 crímenes de odio del 2022; la cifra más alta que se tiene registro y solo igualada por el 2020.

Balance del primer año del Gobierno de Boric

A continuación se reproduce un extracto del XXI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género (Movilh,2023) que analiza el primer año de Gobierno de Boric.    

“El 19 de diciembre del 2021 fue un día alegre para distintos movimientos LGBTIQANB+ al resultar electo como presidente de la República Gabriel Boric Font, dirigente con una larga de trayectoria de señales y discursos pro LGBTIQANB+. De paso perdía su contendor, la cara opuesta, fascista y con un currículum inalterable de boicot a cualquier política pública o ley protectora de las orientación sexual, identidad o expresión de género.

“Ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. También a las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas y en esta campaña vieron amenazadas los pocos avances que han logrado”, señaló el presidente electo en su primer discurso.

Y si  bien el júbilo era nacional la frase los “pocos avances que han logrado” venía a reflejar que Boric poco o nada sabía de lo mucho conseguido con sangre, sudor, lágrimas, torturas y muertes:  a ese momento15 leyes protectoras de la orientación sexual y la identidad de género a la fecha de su discurso; políticas públicas en educación, salud, y trabajo y, muy especialmente, una merma considerable de la homo/transfobia cultural a tal nivel que en muchos espacios al 2021 declararse LGBTIQANB+ podía ir de la indiferencia al aplauso, y no al total rechazo que ocurría 30 años atrás en cualquier rincón de Chile, sin excepciones.

Como fuera, lo cierto es que al 2021 la homo/transfobia seguía matando en Chile y persistían las desigualdades estructurales. Por tanto, si para Boric se había avanzando “poco”,  mirado desde un punto de vista positivo la esperanza o anuncio era que con él se avanzaría más, mucho más que en el pasado, hasta que las transformaciones en vez de ser “mínimas” como antes de su llegada al poder, según su desinformado análisis, pasarían a ser máximas.

Pues bien, y pese a que Boric y sus ministros/as se han perfilado como las autoridades que más veces han repetido discursos o gestos  pro-LGBTIQANBA+, se dio la triste paradoja que su primer año de Gobierno es uno de los que menos avances concretos registró en la temática,  en comparación con cualquier Ejecutivo pasado, desde la época de Frei en adelante, por cierto analizado en su respectivo contexto.

En el plano de las políticas públicas, en el primer año de Boric  hubo solo cuatro avances concretos, ninguno por cierto revolucionario o muy innovador si se compara con transformaciones pasadas:  el Minsal produjo una circular sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes trans donde se reconoce que  las identidades de género se expresan desde la más tierna infancia; la Dirección Nacional del Servicio Civil dispuso un formulario online de postulación a empleos estatales que incluye junto a los sexos femenino y masculino, la categoría de no binario y el Senama publicó las primeras directrices de su historia para promover derechos de adultos mayores LGBTIQNANB+, mientras que el Seremi de Bienes Nacionales, Genaro Donoso Bascuñán, se lució al garantizar que el Movimiento pueda seguir desarrollando actividades anti-discriminatorias por un plazo de cinco años más en Concepción

Y si bien, la Subsecretaría de Prevención del Delito dio una señal de Estado al mantener una política que permite dar asistencia legal y psicológica gratuita a más del 90% de las LGBTIQANB+ que denuncian delitos, violencia o discriminación por su orientación sexual o identidad de género; otros ministerios terminaron con el tradicional apoyo que durante décadas se brindó a las más masivas actividades culturales de la diversidad sexual y de género que tienen lugar Chile

El terreno legislativo no fue mejor. Aunque el Ministerio de Educación se lució al dar un decidido respaldo a la tramitación de un proyecto de ley que refuerza la no discriminación en los establecimientos educacionales y el Ejecutivo se involucró en la tramitación de la Ley 21.500; el Gobierno se mantuvo al margen de los principales y más novedosos triunfos legislativos pro derechos LGBTIQANB+ del último año: la derogación del artículo 365 del Código Penal y la creación del Día Nacional de la Diversidad, sin siquiera pronunciarse cuando fueron aprobados. En tanto, la reforma a la Ley Zamudio en ningún momento tuvo suma urgencia, ni tampoco se patrocinó, al menos en 2022, la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, pese a que más de 200 mil personas salieron a las calles en dos marchas exigiendo tal demanda, la más histórica y sentida que existe en la temática en la actualidad.

El panorama se empeoró con el “lanzamiento” de actividades gestadas en el pasado, pero que se presentaron como primeras o pioneras, pese a ser las mismas de antaño: protocolo de Gendarmería sobre derechos trans, orientaciones del Sename sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, una guía antidiscriminatoria del Servicio Médico Legal, mesas inter-ministeriales y con la sociedad civil LGBTIQANB+, trabajos conjuntos entre los ministerios el Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y del Interior  para hacer frente a a homicidios u otros delitos de odio o la incorporación sobre consultas sobre orientación sexual o identidad de género en la Casen, entre otros. A todo se sumó una cuestionada implementación de la Ley de Matrimonio Igualitario, la persistencia de las torturas en Gendarmería contra internos/as LGBTIQANB+ y como si fuera poco el uso por parte del Gobierno del artículo 373 del Código Penal a la hora de presentar una querella, en circunstancias que el Estado de Chile se comprometió ante la ONU y el sistema interamericano de DDHH a derogar esa norma porque solo ha servido para dañar la dignidad humana.

¿Desconocimiento sobre lo avanzando? ¿Mala asesoría? ¿Interés por desinformar? No hay respuestas ni afirmaciones en un primer año de Gobierno, menos de uno cuyos discursos pro LGBTIQANB+, acompañados de innumerables actos y mesas de trabajos, siguen manteniendo las esperanzas de que la situación cambiará, se perfeccionará, mejorará y logrará bajo su gestión que “lo poco conseguido” antes de Boric, pase a ser efectivamente mucho más al finalizar su gestión. Para ello la definición de una agenda clara, realista y con prioridades basadas en el conocimiento sobre lo conseguido en el pasado será vital”

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A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario, que se cumple este viernes 10 de marzo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó y festejó que un total de 2.254 parejas del mismo sexo se han casado en Chile, mientras 473 personas han sido inscritas como hijos o hijas de uniones gays o lésbicas y ningún vínculo ha derivado en divorcio.

Las cifras, obtenidas por el Movilh en el marco de la Ley de Transparencia; arrojan que del total de matrimonio igualitarios, 1.127 fueron entre mujeres y 1.027 entre hombres. En tanto, 452 personas fueron inscritas como hijos/as de dos madres y 21 como hijos/as de dos padres.

“La Ley 21.400 sobre matrimonio igualitario vino, sin duda, vino a mejorar la calidad de vida de las parejas del mismo sexo y de sus hijos/as, en tanto el Estado ha debido reconocer la diversidad familiar, dejando atrás un pasado de siglos que solo protegía jurídicamente a los casamientos heterosexuales”, sostuvo la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

Añadió que “este avance, expresado ahora en cifras concretas, vino a revolucionar la concepción de la familia que tenía el Estado de Chile, extendiendo la igualdad para las parejas del mismo sexo y, muy especialmente, para sus hijos/as, lo cual tiene un impacto concreto en el respeto del interés superior del/a niño/a” y de la universalidad de los derechos humanos”.

La ley de matrimonio igualitario, aprobada en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue redactada por la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet y perfeccionada y aprobada bajo el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

Desde la entrada en vigencia de la ley, las regiones como más matrimonios igualitarios son la Metropolitana (1.222), seguida por Valparaíso (307), O`Higgins (110), Biobío (96); Los Lagos (84), Antofagasta (74), Maule (77), Coquimbo (59), Tarapacá (45), Araucanía (43), Los Ríos (32), Arica y Parinacota (30), Ñuble (26), Atacama (24), Magallanes (18), Aysén (7).

En tanto, la región con más personas inscritas como hijos/as de parejas del mismo sexo es la Metropolitana (286), seguida por Valparaíso (58), Biobío (22), Antofagasta (16), Coquimbo (15), O`higgins (14), Araucanía (12), Los Lagos (10), Atacama (9), Tarapacá (8), Los Ríos (7), Arica y Parinacota (6), Ñuble (4), Magallanes (3), Maule (2) y Aysén (1).

Mayores antecedentes en las siguientes tablas, por región

MATRIMONIOS IGUALITARIOS:

INSCRIPCIÓN DE HIJOS/AS:

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“En vez de llamar a todas las personas a evitar prácticas sexuales de riesgo, sin distinciones, la OMS instó públicamente a  los hombres que tienen sexo con hombres a reducir sus parejas sexuales, con lo que automáticamente los calificó como un grupo de riesgo. No hay grupos de riesgo, solo prácticas de riesgo. La OMS ha estigmatizado una vez más a la población LGBTIQA+”, sostuvo el Movilh.

El Movilh anunció que colaborará con la difusión de todas las campañas libres de prejuicios que busquen reducir los contagios de la viruela del mono, para lo cual se reunirá con el Minsal.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy que en una rueda de prensa celebrada ayer en Ginebra el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “emitiera declaraciones estigmatizantes contra los hombres que tienen sexo con hombres, levantándose la hipótesis de “grupos de riesgo” para el contagio de la viruela del mono, lo cual nos recuerda las épocas de más alta ignorancia y prejuicios que rodearon al VIH/SIDA, una expresión homofóbica que solo fue útil para una mayor propagación del virus”.

En efecto, Tedros sostuvo que la viruela del mono “es un brote que puede detenerse si los países, las comunidades y las personas se informan, se toman en serio el riesgo y adoptan las medidas necesarias para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. La mejor manera de hacerlo es reducir el riesgo de exposición. Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás”.

Acto seguido, Tedros solicitó solo a los hombres gays o bisexuales reducir sus parejas sexuales. “Para los hombres que tienen sexo con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas e intercambiar detalles de contacto con cualquier nueva pareja para permitir el seguimiento si es necesario”, dijo.

“Olvida Tedros lo que tanto costó aprender con el VIH. No hay grupos de riesgo, solo prácticas de riesgo. Si bien hasta ahora, y como ocurre con el VIH, el mayor número de casos de viruela del mono corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, ello no es es igual a decir que los “hombres que tienen sexo con hombre tienen más riesgo””, apuntó el Movilh.

“Personas que tienen prácticas sexuales  o sociales de riesgo, deben reducir esas conductas y sus parejas sexuales.  Ese es el mensaje adecuado. Además de estigmatizantes las declaraciones  de Tedros son irresponsables, en tanto, dan la señal de que las  prácticas heterosexuales de riesgo estarían libres de contagio, pues no son llamadas a reducir su número de parejas.  Esto impacta negativamente en la prevención de la viruela del mono”.

“En al menos en 64 países existen leyes homo/transfóbicas y unos 24 Estados castigan la homosexualidad con penas que van desde los 10 años, pasando por la cadena perpetua, hasta la pena de muerte. Son Estados ignorantes, que ven en declaraciones como las de Tedros la reafirmación de sus prejuicios y brutalidades”, apuntó el Movilh.

El Movilh anunció, por último, que “ próximamente como organización de la sociedad civil nos sumaremos a las campañas libres de prejuicios que emprenda  el Ministerio de Salud para la prevención de la viruela de mono, tema que conversaremos en reuniones que ya tenemos agendadas con  autoridades”.

La viruela del mono se propaga en contacto directo con alguna persona que tiene una erupción cutánea de viruela símica. El contacto puede ser  cara con cara, piel con piel, boca con boca o boca con piel. También se puede transmitir al tocar objetos como sábanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con viruela del mono.

Los síntomas más comunes de la viruela del mono pueden durar de dos a tres semanas y corresponden a fiebre, cefalea, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados y una  o más erupciones en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, los ojos, la boca, el cuello, la ingle y las regiones genitales o anales del cuerpo.

Recientemente se aprobó una vacuna para prevenir la viruela símica y, por el momento, solo se está recomendando usarla en personas que han tenido contacto con alguien afectado con el virus, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género.

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El lanzamiento,  enmarcado en el Día del Orgullo, fue acompañado de la firma de un convenio de colaboración donde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el  Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) se comprometieron a implementar estrategias y acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de las personas LGBTIQA+ mayores de 60 años.

La ceremonia contó con la participación de la Ministra de Desarrollo Social y la Familia, Jeanette Vega; de la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmad; de la subsecretaria de Redes Sociales, Francisca Paredes; de la Subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez; de la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, del presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez; de la psicóloga de esa organización, Jessica Ruiz y del histórico activista LGBTIQA+, Rolando Jiménez.

En la ocasión, la ministra Vega calificó al convenio de “importantísimo para promover los derechos de las personas adultas mayores” LGBTIQA+, mientras Asmad, enfatizó que “la diversidad sexual y de género no tiene edad. Hoy buscamos que las personas mayores no sufran discriminación”.

En tanto, Jiménez resaltó que “las recomendaciones y el convenio lanzado hoy son una aspiración muy antigua que viene a saldar deudas históricas, pues las personas adultas mayores LGBTIQA+ carecían hasta ahora, de cualquier señal del Estado a favor de sus derechos humanos básicos. Valoramos profundamente que el Senama, su directora y la ministra Vega dieran este paso, luego de un trabajo de meses junto a nuestra organización”

Denominado «Recomendaciones para el resguardo de los Derechos y el Buen Trato de las personas mayores LGTBIQ+ en Chile”, el texto enfatiza que las personas lesbianas, LGBTIQA+ “mayores de 60 años nacieron, crecieron y han desarrollado gran parte de su vida en contextos adversos a la diversidad sexual y de género. Sin ir más lejos, hasta la década de los 90 la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un delito por el Estado de Chile, mientras la casi totalidad de la población discriminaba exclusivamente por la orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.

“En el caso de la población LGBTIQA+ mayor de 60 años, la discriminación puede provenir de ambientes socioculturales, familiares o institucionales hostiles o desinformados y también puede expresarse en las creencias, saberes o conocimientos propios”, señala.

En tal sentido, el documento entrega una serie de recomendaciones para que instituciones que trabajan con adultos mayores o sus familias brinden un trato desprejuiciado, digno y libre de discriminación en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género.

En tanto, en el convenio de colaboración, Senama y Movilh se comprometieron “a desarrollar un proceso informado y coordinado de trabajo intersectorial e interinstitucional”, así como  “el desarrollo de actividades de investigación, formación o capacitación de interés y beneficio común, tales como talleres, seminarios, congresos o elaboración de material o contenido escrito o audiovisual.

Finalizada la ceremonia, la psicóloga del Movilh, Jessica Ruiz, dictó una charla sobre la realidad LGBTIQA+ a los/as funcionarios/as del Senama y a los adultos mayores presentes.

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Informe completo aquí:

http://www.movilh.cl/documentacion/2022/XX-Informe-Anual-DDHH-MOVILH.pdf

Un 12% bajaron a nivel nacional las denuncias y casos por homofobia y transfobia en Chile en 2021, la primera baja en 8 años que coincidió con la aprobación del matrimonio igualitario y el cierre de un largo capítulo de 30 años de lucha sistemática por la igualdad de derechos emprendida por el Movimiento de LGBTIQA+,  reportó el XX Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género dado a conocer hoy por el Movilh.

“El 2021 es, por donde se mire, el año cuando la causa LGBTIQA+ cerró un capítulo, el más difícil de su historia,  que pasó desde el rechazo total del Estado y de la sociedad a cualquier asomo de las orientaciones sexuales o identidades de género diversas,  hasta una apertura que reconoce derechos a todas las familias y protege con herramientas jurídicas, perfectibles o no, a todas las personas”, señaló el Informe.

La investigación añadió que el 2021 fue muy particular, con dos momentos, uno previo al 1 de junio y uno posterior a esa fecha cuando se dio suma urgencia a la tramitación del matrimonio igualitario, hecho que cambiaría radicalmente el balance general de un año  cuando ocurrieron 50 hitos que marcaron la historia de las personas LGBTIQ+, 43 de los cuales fueron positivos y 7 negativos.

“Hechos puntuales y otros más generales coincidieron y confluyeron en un mismo momento y permiten, sin lugar a dudas, concluir que la lucha de los movimientos LGBTIQA+ cerró un ciclo, una etapa, dejando felizmente bases sólidas para futuras y nuevas transformaciones, siendo sin duda el aporte más significativo la mayoritaria aceptación y comprensión de la diversidad que existe entre los habitantes de Chile, una transformación cultural de décadas que cumple también su ciclo e inicia nuevos desafíos”, apuntó la investigación.

Atropellos a los DDHH en la Araucanía

De todas las regiones donde bajaron las denuncias o casos por discriminación, la merma en la Araucanía es preocupante, en tanto lejos de ser una señal positiva, se explica exclusivamente por el temor de las personas LGBTIQA+ a reportar atropellos en razón de su orientación sexual o identidad de género

Del total de 16 regiones, en 11 bajaron las denuncias o casos por discriminación en relación al año precedente y, en 5, subieron.

En  Aysén las denuncias o casos bajaron un -66%; seguida por Los Ríos (-50%), Araucanía (-44%), Metropolitana (-35,6%),  Antofagasta (-33%), Magallanes (-33%), Ñuble  (-25%), O´Higgins (-23%), Biobío (-21%), Valparaíso (-7.9%) y Los Lagos (-6,2%)

En tanto en Arica y Parinacota los atropellos o reportes subieron un 300% en relación al año precedente, seguidos por Tarapacá (+80%), Atacama (+37.5%), Coquimbo (+9-5%) y  Maule (+5.2%).

Las denuncias por homo/transfobia  reportadas en la Araucanía ocurrieron en Pucón, Temuco y Vilcún.

“Es muy preocupante  lo sucedido en la Araucanía, pues la merma de las denuncias, no guarda relación con que la discriminación sea menor al pasado. Se explica, principalmente por el temor de las personas LGBTIQA+ a reportar los atropellos”, explicó el Movilh.

“Las personas LGBTIQA+ suelen reportar abusos en localidades de mayor apertura y con mayor debate sobre la diversidad sexual y de género. Y la Araucanía se ha caracterizado por ser hostil y hasta censuradora con esta temática, lo que desalienta a las personas, en tanto no encuentran redes de apoyo donde canalizar o formalizar sus denuncias ”, añadió.

“Es muy necesario que desde todos los municipios de la región se anime a las personas LGBTIQA+ a denunciar los abusos, a no guardar silencio. Si en regiones como Valparaíso o la Metropolitana el descenso de las denuncias es una buena noticia, pues refleja menor discriminación que en el pasado, en el caso de la Araucanía la merma y los bajos casos reportados solo se explican por un alto temor a denunciar y a un escaso debate sobre la igualdad de derechos para las personas LGBTIQA+ en los espacios públicos o privados, lo cual es muy preocupante”, señaló el Movilh.

La mayor concentración de casos de discriminación del 2021 ocurrió en Valparaíso, con el 36,4% del total nacional, seguida por la Metropolitana (17,5%), Biobío (2.7%),  Coquimbo, (2,1%), Maule (1,8%),  Los Lagos (1.3%), Antofagasta (1.1%), Atacama (1%), Bernardo O´Higgins (0.9%), Araucanía (0.9%), Tarapacá (0.8%), Ñuble (0,5%), Magallanes (0.5%), Los Ríos (0.4%), Arica y Parinacota (0.4%) y Aysén (0.1%).

Los casos  de discriminación a nivel nacional

En 2021 se conocieron 1.114 denuncias o casos de discriminación, que corresponden al 16,8% del total de 6.620 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ ocurridos en los últimos 20 años.

Las denuncias o casos de discriminación del 2021 se dividen en 3 asesinatos, 78 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles lejanos o desconocidos por las víctimas, 12 atropellos policiales, 106 casos de homo/transfobia laboral y 12 educacional, 391 episodios de marginación o intentos de exclusión institucional,  12 campañas contra las personas LGBTIQA+, 55  episodios de negación de derechos en espacios públicos o privados, 135 abusos comunitarios (familia, amigos/as, vecinos/as), 1 segregación en el ámbito de la cultura, espectáculo o medios de comunicación y 309 discursos o declaraciones de odio.

Del total  de denuncias o casos por discriminación, el 19%  afectó a  gays,  el 13,2% a lesbianas, el 11,4% a trans y el 56,4% a la población LGBTIQA+ como conjunto. 

En torno a los gays, las denuncias o atropellos  bajaron un -36,1%, en lesbianas un -19.6% y en  trans un -7,9%. En cambio los abusos contra la población LGBTIQA+ como colectivo aumentaron un 2,4%.

En las últimas dos décadas, del total de 6.620 denuncias o casos por discriminación, el 20% afectó a gays; el 15% a trans; el 14% a lesbianas y el 51% a la población LGBTIQA+ como colectivo.

De las 11 categorías de discriminación analizadas por el informe en 9 bajaron los casos o denuncias en 2021, entre esas las que habitualmente más daño provocan a las víctimas, mientras solo 2 subieron: las declaraciones de odio y las exclusiones institucionales.

Las campañas o movilizaciones de odio bajaron un -80%, seguidas por la discriminación educacional (-63%), los  asesinatos (-50%),  la homo/transfobia comunitaria (familias, barrios, -46,6%), las  agresiones físicas o verbales (-40,9%), los abusos policiales (-25%), la negación de derechos para el acceso a servicios o productos en espacios públicos o privados (-14%) y  los atropellos laborales (-3.6%) .

Por el contrario, la discriminación institucional subió un 3,1% y las declaraciones de odio incrementaron un 47,8%.

“En el primer caso, el alza obedeció a la sistemática discusión de normas pro derechos LGBTIQA+ en el Congreso Nacional; lo cual fue rechazado por grupos anti-derechos. En tanto, los discursos de odio aumentaron solo y exclusivamente porque personas y grupos anti-derechos se movilizaron de manera inmoral y aberrante en distintos espacios luego del asesinato del niño Emilio Jara, de 12 años, responsabilizando a las personas y activistas LGBTIQA+ del crimen solo porque sus verdugos eran homosexuales.  Una muestra brutal y cavernaria de  la homo/transfobia que explicita la necesidad de seguir avanzando y perfeccionando las condiciones estatales y sociales para todas las personas, en tanto los peligros siempre acechan y sus impactos son altamente nocivos”, apuntó el informe.

Un total de 48 instituciones y 767 personas fueron responsables de los 1.114 casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género conocidos en 2021.

A nivel institucional el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2021 es encabezado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), seguida por Gendarmería, la Armada, Carabineros, el Juzgado de Familia, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Partido Republicano, las iglesias católica, evangélica, musulmana, anglicana y la Comunidad Judía de Chile, entre otras.

En el plano  de las personas, encabezan el Ranking los/s responsables de 3 crímenes de odio cometidos en 2021 (F.A.R.D, J.J.A.M, Karla Javiera Reyes Sanzana, Cristóbal Peñailillo García y Kimberly Aracely Muñoz Ramírez y F.J.D.S.V) seguidos por senadores/as y diputados/as de la UDI y  RN, más  algunos  de l DC, del PRSD e independientes, así como congresistas electos del Partido Republicano.

Integran también el Ranking los magistrados del TC, Iván Aróstica, Juan Romero, Cristián Letelier, José Vásquez y Miguel Fernándesz,  así como el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el Comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés De La Maza, el Almirante y ex comandante en Jefe de la Armada, Miguel Vergara Villalobos   y los (pre) candidatos presidenciales Joaquín Lavín y José Antonio Kast, entre otros.

Cuatro nuevas leyes avanzan en medio de procesos únicos en el mundo

En 2021 Chile pasó a tener cuatro nuevas leyes que protegen los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, destacando particularmente la histórica aprobación del matrimonio igualitario que marca el cierre de un ciclo en la lucha ininterrumpida iniciada hace tres décadas por  los movimientos de la diversidad sexual y de género.

Junto al matrimonio igualitario, vio la luz la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior; incluyendo a las personas LGBTIQA+ como uno de sus sectores protegidos;  la Ley 21.373 que derogó el divorcio culposo por homosexualidad y la Ley 21.331 sobre  el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, que prohíbe las “terapias reparativas” de la homo/transexualidad.

“Relevancia histórica y particularidades son los procesos que definen  y permiten analizar los cambios legislativos del 2021, pues por un lado consolidan transformaciones revolucionarias en la concepción de familia y, por otra parte, explicitan la profunda indolencia de la clase política que se decía pro derechos LGBTIQA+, pero terminó aprobando el matrimonio igualitario y derogando el divorcio culposo por homosexualidad con una tardanza extrema”, señala el informe.

“Una demora injustificable que solo llegó a su fin, porque un presidente de Derecha, por un lado, y un poder de trayectoria homofóbica, como el Tribunal Constitucional, decidieron empujar el matrimonio y la derogación del divorcio culposo, en forma respectiva. Es una paradoja, por donde se mire”, apunta el estudio.

Añade que la aprobación del matrimonio igualitario “llegó muy tarde, casi una década después de que la mayoría de los/as congresistas; auto-declarados/as pro LGBTIQA+, se mostraran en el discurso a favor. Tan madura estaba la sociedad en torno al tema, y tan extrema fue la demora de la clase política, que hasta secuestraron las emociones en masa y por meses que provocó esta ley en los otros países donde se ha aprobado. Tantas veces se incumplió la promesa, que cuando vio la luz, no era merecedora de aplausos. Era lo esperable y lógico. Por fin”.

“Con la aprobación del matrimonio igualitario, que garantiza la filiación y adopción homoparental, en Chile quedó vigente solo una ley explícitamente homofóbica, el artículo 365 del Código Penal, cuya derogación también ha sido tardía. Es exigible que esta vez quienes se declaran pro-LGBTIQA+ actúen ya y eliminen un artículo que estigmatiza a niños, niñas y adolescentes”, redondeó el estudio.

Orientación sexual e identidad de género: irrelevante para cargos públicos

Otro aspecto que resalta el informe es la “consolidación del resultado de una de las mayores luchas que los movimientos LGBTIQA+ emprendieron desde la década de los 90, cual fue demostrar la inexistencia de incompatibilidades entre el ejercicio de algún cargo o función con determinadas orientaciones sexuales o identidades de género”.

“Al 2021 la mayoría del país tiene internalizado que ser LGBTIQA+ no es incompatible con ningún cargo o función. Además, buena parte de las personas LGBTIQA+ no tiene conflictos en asumirse públicamente, a un punto que Chile es uno de los países del mundo donde más se reconocen las orientaciones sexuales o identidades de género diversas, según estudios dados a conocer en el año”, añade el Informe.

Así es como por sus capacidades “resultaron electos/as 8 convencionales constituyentes, 2 alcaldes/as, 15 concejales 4 congresistas y 1 presidenta de un partido”, todos/as abiertamente LGBTIQA+ y a los cuales se añadieron a  comienzos del 2002 dos “ministros/as designados/as por el presidente electo Gabriel Boric”.

Resabios homo/transfóbicos

Junto a la vigencia del homofóbico artículo 365 del Código Penal, el informe lamenta la persistencia de otros resabios homo/transfóbicos como son la  impunidad de los uniformados frente a los atropellos a los derechos humanos,  la incapacidad de los tribunales para superar su discrecionalidad y arbitrariedad y la injusticia sufrida por la docente Sandra Pavez, quien desde el 2007 fue impedida de hacer clases solo por ser lesbiana.

“Las violaciones a los derechos humanos contra personas LGBTIQA+ cometidas por funcionarios/as de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad reforzaron su impunidad en un contexto donde el Poder Político es un espectador que en nada contribuye a prevenir y erradicar estas deleznables prácticas que en 2021 cobraron una vida e implicaron torturas en Gendarmería y Carabineros y hasta intentos por re-institucionalizar la homo/transfobia en la Armada”, apunta el estudio.

A su vez, “el Poder Judicial nunca logró superar sus incoherencias en torno a los derechos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, dando lugar a fallos contradictorios en torno a situaciones similares, lo cual solo refleja una alta discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación y administración de la justicia”

“Por un lado, el Poder Judicial jamás dictó un fallo que reconociera a la prohibición del matrimonio a personas del mismo sexo como una desigualdad contraria a derechos garantizados en la Constitución o en tratados internacionales. Ello, muy a diferencia de lo ocurrido en otros países donde a través de sentencias  pro matrimonio igualitario el Poder Judicial fue clave para hacer efectiva la universalidad de los derechos humano y  la igualdad ante ley, al margen de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Más aún, en torno al matrimonio igualitario el Poder Judicial chileno se negó sistemáticamente a aplicar controles de convencionalidad”, añade el estudio.

“Algo similar ocurrió con el reconocimiento de la doble maternidad o doble paternidad, pues si bien en algunos casos hubo fallos favorables, en otros no y solo porque algunos jueces/as consideraban ilegal tales composiciones familiares. La discrecionalidad de tipo homofóbica que daña la dignidad de familias homoparentales, se expresó en 2021 en sentencias del Juzgado de Familia y de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, apunta el estudio.

Finalmente, “la profunda transformación sociocultural o política que atraviesa Chile, con un estallido social de por medio y con la ley de matrimonio igualitario aprobada, no bastaron para que el Estado reconociera el profundo daño causado a una docente en la Corte Interamericana de DDHH  (Corte IDH ), la cual en 2021 abordó el caso en una histórica audiencia de juicio”

“La histórica audiencia derivó en un funesto hecho inédito: todas las iglesias del país, y por primera vez en su historia, se unieron para incidir en el sistema interamericano de DDHH presentando un Amicus Curiae que defendía su ilegítima facultad de decidir quiénes pueden o no hacer clases de religión, incluso en establecimientos educacionales laicos. Y para ello, contaron con el apoyo del Estado de Chile, toda vez que jamás ha reconocido que discriminó a la docente”, concluyó la investigación.

50 hitos, la mayoría positivos

En el transcurso del 2021 se registraron 50 hitos, 43 de los cuales fueron favorables a los derechos LGBTIA+ y 7 adversos.

A los ya expuestos, se sumaron en el terreno de las políticas públicas la primera publicación del Sename que abordó la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes (NNA); una circular  de la Superintendencia de Educación que garantiza la autonomía de estudiantes trans a partir de los 14 años y el lanzamiento de los resultados del primer estudio estatal que indagó exclusivamente sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, así como el surgimiento de Oficinas de la Diversidad y la no Discriminación en los municipios de Concepción, Catemu y Lampa.

“En el lado contrario, el municipio de Valparaíso, dañó la memoria de víctimas fatales LGBTIQA+ al cuadrarse públicamente con la versión de los responsables del incendio de la discoteca Divine, quienes inventaron que el sinestro se había originado por un atentado homofóbico solo para evadir su responsabilidad en los hechos”, enfatiza la investigación.

Mientras en el terreno político destacó una reunión de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el Movimiento LGBTIQA+ y en el campo cultural resaltó que la Feria Chilena del Libro suspendiera las ventas del clásico “Las mil y una noches”  hasta que se eliminara una homofóbica publicidad del texto, las organizaciones de la diversidad sexual y de género conmemoraron 30 años de lucha sistemática impulsando actividades inéditas y/o  de alto impacto.

Así como se desarrolló el “Primer Concurso para Promover los Derechos Humanos de los/as Migrantes LGBTIQ+” y fueron lanzados un archivo histórico sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, que abarca desde 1875 hasta el 2011, y los resultados del primer estudio que midió y conoció las opiniones y percepciones de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales frente al matrimonio igualitario.

En tanto, Cristóbal Paz, se convirtió en el primer niñe no binarie en dar públicamente su testimonio, tras transformarse en activista de la diversidad sexual y de género, mientras la XXI Marcha del Orgullo, la primera tras la pandemia, se perfiló como la más masiva desarrollada en Chile al conglomerar a más de 150 mil personas. A la par, por primera vez el desfile incluyó una columna de migrantes LGBTIQA+.

Finalmente, en el campo internacional, la CIDH, algunos Comité de la ONU y el Consejo de Europa llamaron a no usar las religiones para discriminar a las personas LGBTIQA+; en el contexto de las Naciones Unidas  se creó el Grupo de Estados Amigos del Mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG); la OEA aprobó una nueva resolución sobre “Promoción y protección de los Derechos Humanos”, incluyendo un título sobre personas LGBTIQA;  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  reconoció los derechos de los/as hijos/as de parejas del mismo sexo en todo el bloque,  incluso en aquellos países donde no hay matrimonio igualitario; y el Banco Mundial lanzó su primer estudio sobre los DDHH de  las personas LGBTIQA+.

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Desde hoy las parejas del mismo sexo pueden solicitar hora en la página del Registro Civil para contraer matrimonio igualitario.

La medida fue anunciada al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movlh) por la Subscretaria de DDHH, Lorena Recabarren.

«Cursamos diversas gestiones para que la apertura de hora tuviera lugar días antes de la entrada en  vigencia de la norma, Valoramos que la subsecretaria Recabarren acogiera esta inquietud. Nuestro ánimo es cualquier pareja pueda desde el inicio  pedir horas en igualdad de condiciones», señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga

La activista precisó que «la ley entrará en vigencia este jueves 10 de marzo, cuando tendrían lugar las primeras ceremonias. Para ese día tan importante, lanzaremos la historia de la ley y un sitio web informativo. Del mismo modo, contaremos con la asistencia y visita especial a Chile de los abogados extranjeros que representaron al Movilh ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) para el avance del matrimonio igualitario en Chile», añadió

El matrimonio igualitario fue aprobado el pasado 7 de diciembre, en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la CIDH.

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Abajo declaración pública del Movilh y aquí video lanzado hoy en memoria del joven: https://www.instagram.com/p/Canx73MgYzA/

Declaración pública del Movilh con motivo del décimo aniversario del ataque contra Daniel Zamudio.

El 2 marzo del 2012, a eso de las 22:30 horas, Daniel Zamudio salió de su trabajo, en Providencia, en dirección al Parque San Borja, en Santiago. Horas después, Daniel fue torturado por cuatro sujetos: lo orinaron y quemaron con cigarros, azotaron su cabeza con una  piedra de 6 kilos y con vidrios dibujaron la esvástica en su cuerpo.

Debido a las torturas, falleció 25 días después, en compañía de sus familiares y de activistas de nuestra organización.

El crimen, unos de los más brutales conocidos en Chile, marcó un antes y un después en la historia de los derechos LGBTQA+, pues remeció las conciencias, llegó a personas, las familias y sus corazones y transcendió las fronteras, siendo noticia y debate en todos los continentes.

El caso dio origen a la primera sentencia por un crimen homofóbico  en Chile y aceleró la tramitación de la Ley Antidiscriminatoria,  a un punto que fue aprobada tres meses después del asesinato de Daniel y tras siete largos años de debate parlamentario.

Los resultados de la ley antidiscriminatoria; renombrada como Ley Zamudio; son de dulce y agraz

Por una parte, el Estado aún no resuelve las graves deficiencias de la Ley Zamudio. A 10 años de su entrada en vigencia, apenas 495 personas la han usado y solo en 280 casos hubo sentencias, la mayoría contrarias a las expectativas de las víctimas. Tanto en así, que en lo referente a delitos, apenas en 5 ocasiones se ha aplicado la agravante que contempla la ley. 

Entre otras deficiencias de la ley, se encuentra la ausencia de una institucionalidad antidiscriminatoria, la multa al denunciante sino se comprueba discriminación, el deber de la víctima de probar el abuso, la carencia de indemnizaciones  y la imposibilidad de  cuestionar fallos o sentencias discriminatorias.

Lo paradojal es que todos los puntos débiles de la Ley hubiesen sido resueltos si  el Congreso Nacional hubiese aprobado la propuesta original del 2005, la cual fue cercenada en siete años de tramitación.

Como no lo hizo, el 3 de marzo del 2019 ingresó al Parlamento un proyecto de reforma que experimentó algunos pasos en 2021, ya que la iniciativa fue despachada por el Senado para su segundo trámite. Sin embargo, el proyecto egresado tampoco cumple, ni  atiende necesidades claves de la reforma, a un punto que  no obliga al Estado a  implementar medidas contra la discriminación y no aclara el tribunal que estará a cargo de tramitar las causas.

Con todo, la Ley Zamudio se transformó en la principal herramienta jurídica para ir avanzando a otras mejores condiciones de igualdad  legal y en la implementación de nuevas políticas públicas. En efecto, la Ley Zamudio ha sido la principal llave para abrir la puerta a más avances, en tanto todos los futuros avances tienen como fundamento y argumento la norma, en particular su segundo artículo que prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Así, tras el asesinato de Daniel y la aprobación de la Ley Zamudio,  vieron la luz otras 11 leyes que protegen explícitamente a las personas LGBTIAQ+: la  Ley 20.750 que permite la introducción de la televisión satelital terrestre (2014), la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016), Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 21.120 de Identidad de Género (2018), la Ley 21.212 que Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 18.216 en Materia de Femicidio (2020),  la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2020), la Ley 21.400 de Matrimonio Igualitario (2021), la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior (2021), la  Ley 21.367, que suprime la causal  de divorcio culposo por homosexualidad y  la Ley del Sistema de Garantías de la Niñez (2022).

En paralelo se han aprobado políticas públicas pro derechos LGBTIQA+ en Educación, Salud y Trabajo, estando en todo momento y lugar el nombre de Daniel presente, así como la ley que lleva su nombre como argumento; además de surgir en el Cementerio General el Primer Memorial por la Diversidad, lugar donde descansan los restos del joven.

Daniel representa una luz que sobrepasó al caso de discriminación más nefasto conocido en Chile, sembrando condiciones culturales, sociales y políticas para una mejor calidad de vida de todas, todos y todes.

Por cierto que no todo lo ocurrido tras el crimen ha sido bueno. El saldo más crudo son otras 37 personas LGBTIQ+  asesinadas por su orientación sexual o identidad de género después de la muerte de Daniel.

Sin embargo, lo cierto es que con el tiempo cada vez más personas LGBTIQ+   fueron superando miedos y se atrevieron a denunciar los abusos. Y a su vez se fue expresando un mayor apoyo familiar para alcanzar justicia. Basta recordar que antes de Daniel solo se conocía de 20 crímenes homo/transfóbicos en toda la historia de Chile. Una cifra baja, y por cierto irreal,  pues eran los propios familiares quienes no denunciaban y, peor aún, rechazan reconocer que sus hijos/as eran LGBTIQA+

Nuestra organización está  vinculada emocionalmente a Daniel. Lo recordamos cada aniversario del ataque, de su muerte o de su natalicio, porque está y seguirá por siempre presente. Estuvimos a su lado los 25 días de agonía en el Ex Posta Central. Junto a su familia,  pudimos  abrazarlo y darle todo nuestro cariño y amor en el último camino de su vida.

Daniel, lo decimos con fuerza, sigue y seguirá presente.

Con motivo del 10 aniversario del ataque que terminó por quitarle la vida, invitamos finalmente a  todas las personas a leer en el siguiente enlace la historia de este brutal caso de discriminación que cambió la realidad LGBTIQA+ en Chile: http://www.movilh.cl/documentacion/Historia-de-Daniel-Zamudio-MOVILH-2014.pdf

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