En el inédito encuentro los participantes coincidieron en que la región merece un trato especial.

El desarrollo y la inversión en la región constituyeron los ejes centrales del encuentro sostenido entre los gremios que integran la Multigremial de La Araucanía y la bancada de diputados y diputadas de la zona. En la instancia, se expuso la necesidad de avanzar en propuestas orientadas a impulsar la reactivación económica.

“Esta región, como todos sabemos, enfrenta importantes dificultades económicas y requiere inversión para crecer. Nuestro objetivo es coordinar acciones que contribuyan efectivamente a ese propósito, tanto en el ámbito legislativo como en el político, con el fin de generar herramientas que fomenten la inversión y el crecimiento en los diversos sectores, sin exclusión”, manifestó Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Eduardo Renner, valoró la presencia de parlamentarios de todos los sectores, ante quienes se planteó la necesidad de contar con instrumentos especiales para la región, considerando sus índices de pobreza. Asimismo, enfatizó que el riego constituye una vía fundamental para diversificar la producción agrícola y mejorar la competitividad. “Existen sectores en los que el acceso al agua permitiría transformar la vida de sus habitantes, especialmente en el caso de la pequeña agricultura”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, sostuvo que sin seguridad no hay desarrollo, y que el encuentro evidenció la voluntad tanto del sector público como del privado de priorizar a la región. “Para nosotros, como mundo productivo de La Araucanía, esta ha sido una reunión positiva, y confiamos en que el Gobierno presentará próximamente algún proyecto en beneficio de la zona”, agregó.

Parlamentarios

Tanto los parlamentarios como los dirigentes gremiales coincidieron en que La Araucanía merece un trato digno y especial, donde existan certezas que permitan avanzar en materias como riego y embalses, conectividad vial y digital, desarrollo industrial, soluciones habitacionales y el corredor bioceánico, entre otros ámbitos.

La diputada Andrea Parra valoró el esfuerzo de los gremios por generar esta instancia de diálogo. “Nos permite trabajar en conjunto y construir una visión compartida. La política, cuando aterriza en lo concreto se enfoca en aquello que nos une, alejándonos de posiciones confrontacionales, lo que indica que vamos por el camino correcto”, señaló.

En tanto, la diputada Gloria Naveillán sostuvo que “es necesario demostrar que esta Araucanía, históricamente postergada por el Estado durante décadas, requiere hoy una atención efectiva, con beneficios tributarios u otros mecanismos que impulsen la inversión para que logre sacarnos de la pobreza franciscana en la cual estamos”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert destacó la relevancia de la información y las propuestas presentadas por los representantes de los gremios productivos. “Reflejan una visión que siempre aporta, entregan datos relevantes que fortalecen nuestra labor. Haber sido convocados a dialogar sobre temas como el desarrollo y el crecimiento es sumamente importante y constituye un llamado a trabajar en conjunto”, declaró.

Tras la reunión, se acordó realizar encuentros periódicos para continuar avanzando en las iniciativas abordadas con la bancada de diputados. Asimismo, se espera concretar próximamente una reunión similar con los senadores de La Araucanía.

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Gremio acusa instalación de culpables sin pruebas y exige responsabilidades políticas por juicios públicos anticipados.

La Multigremial de La Araucanía reaccionó este martes a las recientes detenciones registradas en el marco de la investigación por la muerte de Julia Chuñil, afirmando que los hechos evidencian “el grave daño que provoca instalar culpables sin pruebas” y cuestionando duramente a parlamentarios y sectores del oficialismo por sus declaraciones previas sobre el caso.

Desde la organización gremial sostuvieron que, durante meses, distintos dirigentes políticos atribuyeron públicamente el crimen a empresarios y al sector productivo regional, sin que existiera respaldo judicial para tales afirmaciones. A juicio del gremio, esa conducta contribuyó a generar juicios paralelos y a dañar reputaciones sin fundamentos.

“Hoy uno se pregunta qué dirán ahora los parlamentarios que durante meses afirmaron o insinuaron que detrás de este caso había un empresario”, señaló el vocero de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibañez.

El dirigente agregó que sectores del oficialismo y del propio gobierno deberían asumir responsabilidades por haber impulsado una narrativa que, según indicó, “condenó antes de investigar”. En esa línea, sostuvo que “aquí hubo autoridades y dirigentes que enjuiciaron públicamente, instalaron sospechas y dañaron reputaciones. Lo mínimo es que pidan perdón”.

Desde la Multigremial advirtieron que este caso refleja un patrón reiterado en la Región de La Araucanía, donde hechos de alta connotación pública son utilizados para reforzar relatos ideológicos, afectando la convivencia regional y la credibilidad de las instituciones.

Finalmente, el gremio llamó a no seguir amplificando noticias falsas, hipótesis sin sustento ni juicios paralelos, y a respetar el debido proceso. “La región necesita verdad, Estado de Derecho y responsabilidad. Sin eso, no hay posibilidad real de paz ni de desarrollo”, concluyó.

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El mismo día en que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó sentencia contra exfuncionarios de Carabineros por el montaje de la fallida Operación Huracán de 2017, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, abordó el escenario actual de la violencia en la región, apoyándose en cifras contenidas en informes recientes de la Multigremial de La Araucanía y del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello.

Según el Informe de Violencia Julio 2025 de la Multigremial de La Araucanía, durante ese mes se registró un solo hecho de violencia de mayor connotación en la Macrozona Sur, lo que representa una disminución interanual de 83% respecto de julio de 2024. Se trata del nivel mensual más bajo desde la instauración del Estado de Emergencia Constitucional en la zona.

En el acumulado anual, entre enero y julio de 2025 se contabilizan 31 hechos de violencia, con un promedio de 4,5 atentados mensuales, cifra considerablemente inferior a los registros observados entre 2021 y 2023, período en el que se concentró el mayor número de ataques y atentados en la región.

No obstante, los mismos informes evidencian que la violencia no ha sido erradicada y mantiene patrones estructurales persistentes. El 81% de los hechos registrados en 2025 ocurrió en la Región de La Araucanía, y la provincia de Malleco concentró el 68% de los casos, confirmando su condición de principal foco del conflicto. Por tipo de delito, los atentados incendiarios representan el 71% de los hechos, mientras que los ataques armados corresponden a aproximadamente uno de cada tres eventos.

En este contexto, Campusano sostuvo que “improvisar en seguridad y recurrir a montajes no solo es ineficaz, sino que daña la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado”, subrayando que cada hecho de violencia debe ser condenado sin ambigüedades, pero que la evaluación de las políticas públicas no puede basarse únicamente en episodios aislados ni en percepciones coyunturales.

El seremi afirmó que los datos disponibles muestran un punto de inflexión objetivo, aunque fue enfático en advertir que ello no equivale al cierre del conflicto. “El problema no está resuelto, pero tampoco es cierto que nada haya cambiado”, señaló, agregando que desconocer los avances o relativizarlos sin evidencia empírica implica un análisis incompleto del fenómeno.

Los informes también dimensionan el impacto acumulado de la violencia en el territorio. Entre 2019 y 2024, las pérdidas en infraestructura producto de atentados incendiarios se estiman en más de 124 millones de dólares, afectando principalmente viviendas, galpones e infraestructura productiva, lo que refleja un daño estructural que trasciende la disminución reciente de los hechos.

En ese marco, Campusano advirtió que el principal riesgo es retroceder hacia respuestas improvisadas, como ocurrió con la Operación Huracán, y llamó a las futuras autoridades a blindar la continuidad institucional de la estrategia de seguridad, profundizar el abordaje de las causas estructurales del conflicto —desigualdad, brechas territoriales y falta de oportunidades— y acelerar la recuperación económica regional.

“La Araucanía no es un territorio perdido, pero tampoco es un problema superado. Los avances existen y están respaldados por cifras, pero siguen siendo frágiles. Consolidarlos y llevarlos a una fase superior es el desafío real”, concluyó el seremi de Seguridad Pública.

Infografía descenso violencia rural y terrorismo.

(Fuente: *Observatorio contra el crimen organizado y terrorismo UNAB / * Informe Multigremial Araucanía)

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“Es legítimo y necesario preguntarle a la candidata Jara si respaldará las leyes que han permitido avanzar en seguridad para las regiones afectadas o si seguirá la línea de su sector político, que hasta ahora ha votado en contra de todas ellas”, señaló en el marco de la publicación del Informe de Violencia en el MZS.

En el marco de la publicación del Informe de Violencia en la Macrozona Sur correspondiente a junio de 2025 , la Multigremial de La Araucanía manifestó su preocupación por la persistencia de la violencia rural y terrorista, reiterando el llamado a fortalecer una política de Estado sostenida, firme y transversal para erradicar el terrorismo en el sur del país.

La entidad que agrupa a los gremios productivos de la región —y que ha sido una de las principales voces que ha visibilizado la violencia en la zona— valoró que durante el último año se ha constatado una disminución de los ataques, producto de medidas que en muchos casos su partido o sector se opuso o abstuvo. Con todo, el diagnóstico sigue siendo crítico: en lo que va del año ya se han contabilizado 30 hechos de violencia, con un promedio de 5 atentados mensuales, lo que equivale a más de un atentado por semana en la macrozona sur.

«A pesar de las cifras a la baja, seguimos teniendo hechos terroristas, que afectan a personas inocentes y mantienen a la región estigmatizada. Eso, en cualquier democracia sería motivo de escándalo nacional. Acá se siguen quemando iglesias, atacando carabineros y destruyendo maquinaria productiva sin un plan claro para erradicarlo a 0 atentados», señaló el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez.

Según el informe, durante los 54 meses comprendidos entre enero de 2021 y junio de 2025, se han registrado 1.027 hechos de violencia en la Macrozona Sur, de los cuales más del 60% han ocurrido durante el actual gobierno. Pese a que la zona ha estado bajo estado de excepción en el 79% del tiempo desde 2021, Santibáñez apuntó que ello no ha sido suficiente sin una estrategia sostenida de inteligencia y persecución criminal.

Pero más allá del diagnóstico, el informe de junio incluyó un apartado que vuelve a tensar el debate de fondo: la actitud del Congreso frente a las leyes de seguridad para la Macrozona Sur. La Multigremial valoró las votaciones de gran parte de los parlamentarios, pero detalló cómo un grupo de parlamentarios oficialistas —incluidos miembros del Partido Comunista, Revolución Democrática y otras fuerzas de Apruebo Dignidad— han votado en contra de las cuatro principales leyes aprobadas desde 2022:

• Ley de Robo de Madera (2022)
• Ley Nain-Retamal (2023)
• Ley de Usurpaciones (2023)
• Ley Antiterrorista (2025)

«Es legítimo tener diferencias políticas, pero cuando se vota sistemáticamente en contra de toda legislación que fortalece la seguridad, se instala un doble discurso. Hoy más que nunca necesitamos unidad política para enfrentar el crimen organizado que opera en el sur», expresó Santibáñez.

Frente a este contexto, la Multigremial se dirigió a un llamado institucional a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, pidiéndole definirse con claridad respecto a estos antecedentes.

«Entendemos que una candidatura presidencial representa una visión de país. Por eso, creemos que es legítimo y necesario preguntarle a la candidata Jara si respaldará las leyes que han permitido avanzar en seguridad para las regiones afectadas o si seguirá la línea de su sector político, que hasta ahora ha votado en contra de todas ellas», planteó Santibáñez.

La organización recalcó que este no es un emplazamiento personal ni una crítica aislada, sino un llamado a la responsabilidad democrática frente a una crisis que lleva más de dos décadas afectando a millas de familias, trabajadores, emprendedores y comunidades completas.

«El sur no resiste más ambigüedades. Esta es una oportunidad para que las candidaturas presidenciales hablen claro y definan si van a enfrentar el terrorismo con decisión, o si optarán por el silencio cómplice. Ya no hay espacio para la neutralidad», concluyó.

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Informe advierte que el 79% de los hechos violentos desde 2021 han ocurrido bajo estado de emergencia y exige una estrategia permanente de seguridad e inteligencia.

La Multigremial de La Araucanía dio a conocer su informe mensual de violencia correspondiente a mayo de 2025, en el que se reportan cuatro hechos de violencia, con un promedio de uno por semana, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el reporte alerta sobre la persistencia del conflicto en la Macrozona Sur, especialmente en la provincia de Malleco, que concentró el 64% de los ataques.

Según el informe, desde enero de 2021 se han contabilizado 1.022 hechos de violencia, de los cuales el 79% han ocurrido bajo Estado de Excepción, lo que, para la entidad, demuestra que esta medida no puede transformarse en una norma permanente.

“Durante el gobierno del Presidente Boric han ocurrido 621 hechos de violencia, lo que confirma que la amenaza sigue vigente y requiere una estrategia permanente”, indica el documento. Esto equivale al 61% del total de los hechos registrados en los últimos cinco años.

La Multigremial también advierte que, si bien la violencia ha bajado, «la excepción no puede ser la norma». A su juicio, “la Macrozona Sur requiere decisión con una Estrategia de Seguridad e Inteligencia para lograr Cero Terrorismo”, reforzando que se debe avanzar en una política de Estado que incluya coordinación entre jueces, fiscales, policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería.

El informe menciona además la falta de resultados visibles del Plan Buen Vivir, el cual comprometió 397 mil millones de pesos en 2024: “Sigue pendiente conocer los resultados del Plan Buen Vivir, que comprometió $397 mil millones en 2024”, recalca la organización.

La Multigremial destaca que los atentados incendiarios continúan siendo el principal tipo de ataque, representando 2 de cada 3 hechos de violencia. Le siguen los ataques armados (24%) y los homicidios frustrados (8%).

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Creemos firmemente que en Chile es posible —y necesario— converger en políticas públicas comunes a partir de miradas diversas, especialmente cuando se trata de temas tan complejos como la violencia y la convivencia en el sur.

2. Estudiaremos con responsabilidad el informe final. Lo analizaremos con seriedad y objetividad, preguntándonos si sus permiten o no avanzar en resolver la crisis que vivimos. Más allá de los detalles, reiteramos nuestro compromiso histórico con la necesidad de modernizar la actual Ley Indígena. Podrán haber matices en cómo se haga, pero ese es el cambio de fondo que el país necesita

3. El dolor vivido en La Araucanía y Arauco por tantas familias durante tantos años —ya a través de tantas comisiones— nos obliga a actuar con urgencia. Por eso, Pedimos y esperamos que el gobierno del Presidente Boric impulse prontamente el proceso de consulta indígena y que sean el próximo gobierno con el nuevo Congreso quienes debatan y resuelvan representando fielmente la opinión mayoritaria de los chilenos, con altura de mira.

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Ante las recientes declaraciones de la Asociación de Municipios de La Araucanía (AMRA) sobre el rechazo al proyecto WTE, la Multigremial de La Araucanía respondió señalando que dichas afirmaciones les parecen equivocadas, y que no corresponden a la evaluación ambiental de la iniciativa.

En este contexto, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, aclaró diversos aspectos técnicos para desmentir la información errónea que circula en internet.

Mitos y realidades sobre WTE Araucanía

Uno de los principales mitos es que la WTE sería altamente contaminante. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determinó que sus emisiones están muy por debajo de los límites establecidos por normativas nacionales e internacionales. “El proyecto no representa un riesgo ambiental ni sanitario y ha sido evaluado con los más altos estándares técnicos”, afirmó Santibáñez.

Otro de los cuestionamientos recurrentes es la supuesta contaminación por dioxinas y furanos. No obstante, los datos científicos refutan estas acusaciones: la emisión de dioxinas del proyecto representa solo el 0,14% del límite permitido en un día y el 0,00035% en un año.

Para ponerlo en perspectiva, según los datos que entregó WTE al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, un cigarro en una habitación cerrada libera más dioxinas que WTE en un mes de operación. Una vivienda que usa leña para calefacción emite cuatro veces más dioxinas que WTE en un año, y un incendio en un vertedero libera en un solo año más dioxinas que 400 años de operación de 77 centros WTE.

Las cifras demuestran que las emisiones del proyecto son insignificantes y que las críticas en su contra carecen de sustento técnico. “Instamos a las autoridades a no dejarse influenciar por información falsa”, enfatizó.

WTE Araucanía cumple con los más altos estándares ambientales

El proyecto no solo cumple con la normativa chilena, sino que ha adoptado voluntariamente los exigentes estándares europeos de emisiones, que son hasta 10 veces más estrictos. “Comparar WTE con incineradoras obsoletas es una falacia”, señaló el presidente de la Multigremial.

Además, WTE cuenta con tecnología de filtrado y control de emisiones de última generación, minimizando su impacto ambiental.

Reciclaje y compostaje: importantes, pero insuficientes

Si bien el reciclaje y el compostaje son fundamentales, no son suficientes para abordar la crisis de residuos en La Araucanía.

Actualmente, la región genera 333.872 toneladas de basura al año, y los programas de reciclaje apenas podrán gestionar menos del 20% en el futuro. Incluso en Europa, donde el reciclaje está mucho más avanzado, no se ha logrado superar el 50%.

“La planta de compostaje más grande del sur de Chile es 50 veces más pequeña que la capacidad de WTE Araucanía”, puntualizó Santibáñez.

Los países con mayores tasas de reciclaje, como Alemania, Suecia y Dinamarca, han integrado WTE en su estrategia para eliminar vertederos y aprovechar la energía de los residuos no reciclables.

“WTE no compite con el reciclaje, lo complementa. Japón, por ejemplo, trata el 60% de su basura con dicha tecnología y es líder en eficiencia energética”, agregó.

AMRA bloquea inversión, empleo y progreso para La Araucanía

WTE Araucanía representa la inversión más importante en Lautaro en los últimos 25 años:

• Inversión de cerca de 80 millones de dólares
• Más de 300 empleos directos en construcción y operación
• Energía limpia para 100.000 hogares
• Reducción del uso de leña contaminante para más de 2.000 familias

“En un contexto de crisis económica y desempleo en la región, oponerse a un proyecto de esta magnitud sin fundamentos técnicos es irresponsable. Peor aún, legitimar a grupos que han convertido el rechazo ambiental en un negocio”, afirmó Santibáñez.

Llamado a un debate basado en ciencia, no en desinformación

“La crisis de la basura en La Araucanía no se resolverá con discursos emocionales ni con desinformación”, advirtió Santibáñez.

Por ello, la Multigremial exige, un debate con expertos en energía, residuos y medioambiente para garantizar una discusión basada en evidencia. Que la conversación se fundamente en datos científicos y no en mitos, y soluciones reales y viables para la crisis de residuos, en lugar de perpetuar vertederos colapsados.

“El rechazo a WTE no solo carece de base técnica, sino que condena a la región a un modelo de gestión de residuos contaminante, costoso y sin futuro. Basta de alimentar el miedo con desinformación. Es hora de decidir con visión y responsabilidad. Actualmente, el mayor costo lo pagan las personas de la región, ya que todos los días se realiza un transporte de residuos de más de 100 kilómetros, un gasto que recae en los vecinos y ciudadanos. Es deber de las autoridades buscar alternativas más económicas, especialmente en una región con altos índices de pobreza, no se puede permitir tal derroche de recursos”, concluyó.

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La región se encuentra entre las de mayor impacto ambiental, debido al traslado de residuos a otras zonas del país. Este proceso conlleva un gasto superior a los 24 mil millones de pesos.

La región de La Araucanía atraviesa una grave crisis ambiental debido al vencimiento de la vida útil de sus vertederos y rellenos sanitarios. Este escenario se traduce en un gasto superior a los 24 mil millones de pesos, que se destinan a la recolección, traslado y disposición final de residuos, recursos que podrían invertirse en mejorar la calidad de vida de los habitantes de una de las regiones más empobrecidas del país.

Según el informe “Diagnóstico y Catastro Regional de Residuos Sólidos Domiciliarios de La Araucanía 2023”, solicitado bajo la Ley de Transparencia a la Subsecretaría de Medio Ambiente, el 90% de los sitios de disposición de residuos están colapsados. Un ejemplo de ello es el vertedero de Cunco, que inició sus operaciones en 1991 y venció su vida útil en 2019. Lo mismo ocurrió con el vertedero Los Nevados, que operó desde 1996 hasta 2019. En tanto, el Relleno Villarrica, que comenzó en 2000, estuvo operativo durante 23 años, cerrando en 2023.

“La Araucanía enfrenta una grave crisis de residuos: 17 de sus 32 comunas envían su basura al Biobío, asumiendo altos costos de transporte. Además, solo un sitio de disposición tiene una vida útil de 20 años; los demás ya están colapsados. No es un dato más: es una señal de alarma que las autoridades no pueden ignorar”, dijo Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía.

Una solución parche

Para enfrentar la crisis en la gestión de residuos, la mayoría de los municipios de La Araucanía optan por trasladar la basura a la región del Biobío, y a la ciudad de Los Ángeles, lo que genera un costo operativo superior a los 24 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las regiones del país con mayores costos por tonelada de basura producida.

 El informe revela que el costo municipal por recolección, transporte y disposición de residuos alcanza los $23.550 por habitante en La Araucanía, superando en $2.427 el promedio nacional. Además, el costo por tonelada gestionada es de $63.825, $13.855 más alto que el promedio del país.

El gasto por habitante en el servicio de aseo en La Araucanía es un 27% mayor que en la Región Metropolitana, lo que evidencia la urgencia de soluciones más eficientes.

Ruta de la basura generada en La Araucanía

Según el informe, las distancias promedio en línea recta entre los municipios de La Araucanía y los Sitios de Disposición Final alcanzan los 80,5 km , más del doble del promedio nacional de 38,7 km . En casos extremos, como Saavedra y Teodoro Schmidt, los residuos recorren hasta 190 km para ser depositados.

“El traslado de basura no solo genera costos desproporcionados para los municipios, sino que también intensifica el impacto ambiental con altas emisiones de CO₂. Este modelo no soluciona el problema, simplemente lo traslada a otro lugar, perpetuando la contaminación y afectando la calidad de vida en las comunas. Las autoridades deben enfrentar la raíz del problema en vez de tolerar un sistema que favorece más basura y degradación ambiental”, señaló Jacques Truan, vocero de la ONG MADRE (Movimiento de Amigos en Defensa y Resguardo Ecológico).

La región de La Araucanía produce anualmente 377.838 toneladas de residuos , equivalente al 4,51% del total nacional , siendo Temuco la principal generadora con un 32,98% (124.601 toneladas). Esta realidad no solo evidencia una crisis en la gestión de residuos, sino también un impacto económico y ambiental insostenible.

Casos representativos de traslado de residuos:

• Temuco : Los residuos deben recorrer 162 km hasta el relleno sanitario de Los Ángeles.
• Saavedra y Teodoro Schmidt : Distancias de hasta 190 km , lo que incrementa significativamente los costos y emisiones.
• Contraste : Comunas como Cunco y Villarrica tienen traslados menores a 5 km , destacando la disparidad en la infraestructura regional.

Movimiento ciudadano propone una Solución Limpia 

La mayoría de las toneladas de basura generadas en La Araucanía son trasladadas al Biobío, específicamente al Vertedero Mulchén y al Relleno Sanitario de Los Ángeles, lo que genera altos costos económicos y ambientales para la región. Ante esta problemática, en el segundo semestre de 2024 surgió el movimiento ciudadano «Solución Limpia Ahora» , cuyo objetivo es visibilizar la crisis de gestión de residuos y promover una solución integral que combine reciclaje y tecnología avanzada.

El reciclaje es un paso clave para reducir los residuos, en la región solo se recicla el 28%,  pero no es suficiente para manejar las grandes cantidades que se generan. Por ello, el movimiento impulsa la aprobación del proyecto Waste-to-Energy (WTE) , una iniciativa que transforma los residuos no reciclables en energía limpia, reduciendo la dependencia de los vertederos y minimizando el impacto ambiental.

Este proyecto representa una solución moderna y sostenible para el manejo de residuos sólidos en la región. Además, cumple con todos los estándares técnicos y ambientales exigidos por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA). Sin embargo, el Comité de Ministros rechazó su implementación, priorizando criterios políticos sobre fundamentos técnicos, lo que ha retrasado una solución urgente para La Araucanía.

«El Tribunal Ambiental pronto deberá resolver la reclamación presentada por el proyecto Waste-to-Energy (WTE). Esperamos que esta decisión se base en criterios técnicos y ambientales, dejando atrás las motivaciones políticas que han obstaculizado soluciones reales para la gestión de residuos en La Araucanía. La situacón actual es una dilapidación de recursos que pagan los habitantes de la región y debe ser prontamente corregido”, afirmó Patricio Santibáñez.

En tanto, José Ñirripil, presidente de la ONG MADRE, agregó que «seguir dependiendo de vertederos no solo es insostenible, es irresponsable. No podemos aceptar que la única respuesta sea abrir más vertederos, perpetuando la contaminación, los altos costos y el impacto ambiental. La región necesita soluciones limpias y modernas”.

Según los movimientos sociales y gremiales que apoyan esta campaña, como la Multigremial de La Araucanía, una fuerte política de reciclaje más el proyecto Waste-to-Energy (WTE) son la solución integral que la región necesita para enfrentar la crisis de residuos. Al transformar los desechos no reciclables en energía, se reduciría la dependencia de vertederos y los altos costos asociados al traslado de basura, además de mitigar el impacto ambiental.

 “La región presenta graves problemas de criticidad relacionados con la disposición final de los Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA). Por un lado, 17 de las 32 comunas que la constituyen disponen sus residuos en la región del Biobío, con el alto coste de transporte que ello implica. Por otro lado y de alta importancia es la fecha de cierre de los sitios que se encuentran activos, ya que solo uno de los 10 sitios (Centro De Manejo De Residuo Malleco Norte) tiene una vida útil con un horizonte de 20 años, el resto de las instalaciones ya ha sobrepasado su vida útil”, concluye el informe de Subsecretaría de Medio Ambiente.

(Información del Informe de Diagnóstico y Catastro Nacional de Residuos Sólidos Domiciliarios 2024 y del Informe regional de La Araucanía).

Vida útil de los vertederos de La Araucanía

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Encuesta SUBDERE, RETC 2022 y Mercado Público.

Costos de recolección, transporte y disposición final

Detalle de los gastos por concepto de Aseo y Manejo de RSDyA por región, de acuerdo a los antecedentes registrados en SINIM, SINADER y Encuesta SUBDERE 2023.

Costos por habitantes de los servicios de aseo.  

Costos por toneladas

Distancia en línea recta desde cada municipio al sitio de disposición final de RSDyA en La Araucanía

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“Los hechos recientes son una señal de alarma. Si bien las cifras muestran una baja, esto no significa que la situación esté bajo control. Estamos viendo cómo el terrorismo sigue afectando a nuestras regiones, y las autoridades parecen estar relajándose justo cuando más necesitamos firmeza”, declaró Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial.

Un inicio de año marcado por la violencia

Los hechos registrados incluyen:

1. 1 de enero: Quema de cuatro camiones y una camioneta en Los Álamos, marcando el inicio del año con un ataque que generó pérdidas significativas.
2. 6 de enero: Encapuchados amenazaron con armas de fuego a una familia en Lumaco y destruyeron su vivienda, dejando a sus habitantes en una situación de total vulnerabilidad.
3. 15 de enero: Tres graves incidentes en un solo día:
   • Una carabinera fue herida por disparos durante una emboscada en Victoria, donde también maquinaria fue quemada.
   • Tres camiones fueron incendiados en un ataque coordinado que generó gran temor entre los habitantes de la zona.

“En solo 15 días hemos tenido cinco hechos de violencia. Esto equivale a un incidente cada tres días, lo que demuestra que la situación sigue siendo crítica y que las familias están expuestas a un constante peligro. Las autoridades deben dejar de lado esta actitud cansina y reaccionar con la urgencia que la situación amerita”, afirmó Santibáñez.

Críticas a la gestión gubernamental

Desde la Multigremial de La Araucanía señalan que, aunque el Estado de Excepción ha permitido reducir parcialmente los atentados, las recientes cifras demuestran que no es suficiente. “La actitud del gobierno de querer proyectar una sensación de control no solo es equivocada, sino peligrosa. Lo que vemos en terreno es que el terrorismo sigue golpeando, y la respuesta estatal no está a la altura”, agregó el presidente del gremio.

La organización gremial hizo un llamado al gobierno para que refuerce las acciones de seguridad, incremente la coordinación entre las fuerzas del orden y actúe con mayor contundencia para desarticular a los grupos violentistas. “No podemos seguir permitiendo que la violencia sea parte de la normalidad en La Araucanía. Es hora de un compromiso real con la seguridad y el Estado de Derecho”, concluyó Santibáñez.

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La región ha dejado de recibir más de USD 4.343 millones en inversiones en los últimos 11 años. En 2024, no se aprobó ningún proyecto, marcando un récord negativo en más de una década.

La Araucanía, históricamente considerada una de las regiones más rezagadas de Chile, enfrenta una crisis económica caracterizada por la falta de inversión y oportunidades de desarrollo.

Según un informe de la Multigremial de La Araucanía, la región ha dejado de recibir USD 4.343 millones en inversiones durante la última década, debido a la no aprobación de proyectos clave. Este escenario ha resultado en la pérdida estimada de 31.501 empleos, de los cuales 8.933 corresponden solo al actual gobierno de Gabriel Boric​.

La situación ha alcanzado un punto crítico en 2024, convirtiéndose en el primer año en más de una década en el que no se aprobó ningún proyecto a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) o Estudios de Impacto Ambiental (EIA), reflejando un estancamiento en el dinamismo económico y una creciente desconfianza por parte de los inversionistas​.

Un retroceso histórico en la aprobación de proyectos

Durante los últimos tres gobiernos, La Araucanía ha experimentado un alarmante descenso en la proporción de proyectos aprobados. Bajo el mandato de Gabriel Boric, solo se aprobaron 11 de los 63 proyectos ingresados, lo que representa un 17,5% de éxito. Esta cifra es considerablemente menor al 43,1% registrado en el gobierno de Sebastián Piñera y al 32,1% en el de Michelle Bachelet​.

Además, las cifras reflejan una disminución drástica en la inversión aprobada. Mientras que durante el segundo mandato de Bachelet se aprobaron USD 2.417 millones, y en el de Piñera USD 1.369 millones, el gobierno actual solo ha aprobado USD 325 millones, lo que representa un 78,3% de rechazo en los proyectos DIA​.

Impacto en proyectos estratégicos y empleo

La falta de aprobación de proyectos ha tenido un impacto directo en sectores estratégicos como energía, infraestructura hidráulica, y tratamiento de residuos. Dos ejemplos destacados son:

1. Red de embalses en Malleco: Este proyecto buscaba regar sectores destinados a la reconversión agrícola en la comuna de Galvarino, una de las más pobres de la región. Con un costo estimado de USD 22 millones, habría impulsado la producción frutícola, generando empleos y mejorando la economía local.
2. Proyecto Waste to Energy (WTE): Una iniciativa con tecnología avanzada para transformar residuos no reciclables en energía. Con una inversión de USD 120 millones, el proyecto prometía mejorar la gestión de residuos y reducir la dependencia de vertederos, beneficiando a la región con energía limpia y nuevos empleos​.

La no concreción de estas iniciativas evidencia la falta de estímulo para la innovación y el desarrollo sostenible en la región. Según Claudia Lillo Echeverría, directora de la Multigremial, “es imprescindible reducir los tiempos de tramitación, simplificar los procesos y eliminar trámites innecesarios que solo contribuyen a la desmotivación de los inversionistas. La región no puede seguir perdiendo oportunidades tan relevantes para su desarrollo”​.

Crisis de confianza y burocracia extrema

Un factor crítico señalado por los gremios es la excesiva burocracia y las consultas arbitrarias, muchas de ellas relacionadas con el Convenio 169 de la OIT. Esto, sumado a la falta de coordinación entre ministerios y servicios, ha paralizado proyectos significativos. La Araucanía, siendo una de las regiones más pobres del país, no logra priorizar inversiones que podrían abordar problemas esenciales como la falta de agua y la gestión eficiente de residuos.

La directora de la Multigremial también resaltó que, durante el gobierno de Boric, se ingresó el menor número de proyectos al sistema, marcando una caída del 50% respecto al segundo mandato de Sebastián Piñera y del 41% en comparación con el segundo gobierno de Bachelet. “Esto demuestra una falta de interés en impulsar el desarrollo productivo, la innovación y la competitividad de la región”, aseguró Lillo​.

Un llamado a la acción

El estancamiento en la tramitación y aprobación de proyectos no solo afecta a La Araucanía, sino que representa un desafío mayor para el desarrollo económico del país. Según el informe, el promedio de calificación de proyectos en la región es de 574 días, un período excesivamente largo que desalienta la inversión local y extranjera.

La Multigremial hace un llamado urgente al gobierno para priorizar la simplificación de procesos y garantizar plazos perentorios que otorguen certezas tanto a los inversionistas como a la población. Sin estas medidas, advierten, La Araucanía continuará siendo el epicentro de la pobreza y la desigualdad en Chile.

La falta de aprobación de proyectos en 2024 marca un punto de inflexión que exige cambios estructurales en el sistema de evaluación ambiental y la gestión de permisos, antes de que el daño económico y social sea irreversible.

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