La diputada ofició por programa de reactivación económica cuestionado, mientras cifras, versiones cruzadas y falta de claridad mantienen en incertidumbre a cientos de beneficiarios en la región.

Un nuevo foco de tensión se instala en La Araucanía luego de que la diputada Ericka Ñanco solicitara formalmente a la Contraloría General de la República investigar el destino de más de $8 mil millones entregados a través de un programa de la Corporación de Desarrollo Araucanía. La respuesta no tardó: el organismo confirmó el inicio de una indagación especial.

La acción apunta directamente a un programa impulsado durante la anterior administración del Gobierno Regional, que benefició a más de 300 empresas y emprendedores, pero que hoy está rodeado de cuestionamientos por la falta de claridad en el uso de los recursos.

“Se trata de una región que no puede seguir viendo cómo recursos destinados a la reactivación económica terminan bajo sospecha”, afirmó Ñanco, subrayando que continuará impulsando acciones de fiscalización hasta que se establezcan responsabilidades.

Un caso que vuelve a la primera línea

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a abril de 2025, cuando el gobernador René Saffirio —recién asumido en el cargo— encabezó la reapertura de las oficinas de la Corporación de Desarrollo Araucanía, tras meses sin funcionamiento.

En ese momento, la autoridad regional detectó la existencia de documentación y equipamiento que podrían estar vinculados a investigaciones del denominado Caso Convenios, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Entre los elementos incautados figuraban computadores, archivadores y material relacionado con proyectos financiados por el Gobierno Regional.

Durante esa misma fecha anunció el cierre definitivo de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía.

Cifras que generan inquietud

Un año después, el propio gobernador Saffirio volvió a encender el debate al transparentar cifras que no pasaron desapercibidas: de las 327 empresas beneficiadas por este programa, solo 23 habrían rendido correctamente los recursos, equivalente a cerca de un 7% del total.

Mientras que en forma paralela el Ministerio Público anunció para el próximo 7 de mayo la formalización del empresario y ex Republicano, Alejandro Martini, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, asociado a los 50 millones de pesos que recibió para su empresa Sociedad de Inversiones Martini.

El dato generó impacto inmediato, pero también abrió una serie de dudas. Muchos beneficiarios aseguran no haber sido notificados de observaciones formales ni contar con instancias claras para subsanar posibles errores, lo que ha instalado un clima de incertidumbre en torno a la real situación de cada proyecto.

A esto se suma el anuncio del Gobierno Regional sobre el inicio de los procesos de devolución de recursos, sin que hasta ahora se hayan detallado mecanismos, montos ni plazos, aumentando la preocupación entre los involucrados.

Cruce de declaraciones

El escenario se tensionó entre Saffirio y la Fiscalía luego de que cuestionara públicamente el actuar del Ministerio Público, señalando que “no investiga”, lo que provocó la inmediata respuesta del fiscal regional, quien defendió el carácter técnico de las investigaciones y descartó cualquier motivación política.

Este cruce de versiones ha contribuido a profundizar la incertidumbre en la opinión pública, en un caso donde aún no existen conclusiones oficiales de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Contraloría entra en escena

En este contexto, la solicitud de Ñanco y la apertura de una indagación por parte de la Contraloría aparecen como un paso clave para esclarecer los hechos. El organismo deberá revisar el uso de los recursos, los procesos administrativos y eventuales responsabilidades en la ejecución del programa.

Para muchos, esta investigación podría convertirse en una instancia determinante para dar certezas tanto a la ciudadanía como a los propios beneficiarios, quienes hoy se encuentran en medio de un debate marcado por la falta de información clara.

Mientras avanza la indagatoria, La Araucanía enfrenta un escenario complejo: millones de pesos en juego, instituciones bajo presión y una creciente demanda por transparencia en el uso de recursos públicos que, en su origen, buscaban impulsar el desarrollo económico de la región.

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El 84% de los gastos en difusión de la parlamentaria fue destinado a un solo proveedor, quien actualmente enfrenta una causa judicial por presunto fraude de subvenciones.

El caso del exasesor y actual jefe de gabinete del gobernador René Saffirio, quien fue alejado de sus funciones tras ser formalizado, abre cuestionamientos sobre la concentración de recursos y el uso de fondos públicos en asesorías comunicacionales.

Un total de $17,4 millones en gastos de difusión registró la diputación de Ericka Ñanco entre marzo de 2022 y enero de 2024, según antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia y revisados por este medio. La información —entregada inicialmente por una fuente anónima y posteriormente contrastada con registros oficiales de la Cámara de Diputados y con el propio equipo de la diputada— da cuenta de una alta concentración de pagos en un solo proveedor.

De acuerdo con los datos, $14,6 millones, equivalentes al 84% del total del ítem difusión, fueron destinados al sociólogo Marcelo Parra Muñoz, quien figura como el principal prestador de servicios en esta área durante el período analizado. El desglose considera labores asociadas a gestión de redes sociales, generación de contenido digital y difusión de actividades parlamentarias.

Desde el equipo de la diputada Ñanco descartaron cualquier irregularidad en los pagos, señalando que corresponden a una contratación sostenida en el tiempo y debidamente respaldada. “Se contrató a una persona natural para hacerse cargo de la difusión de actividades por medio de la administración de redes sociales de la diputación y edición de contenidos digitales, sostenida en el tiempo, con todos los respaldos administrativos y conforme a las normas de la Cámara”, indicaron.

Agregaron que el porcentaje de concentración “puede resultar engañoso si no se considera que se trata de una prestación continua y no de pagos aislados”.

El nombre de Marcelo Parra Muñoz ha adquirido notoriedad en las últimas semanas tras ser formalizado en una causa por presunto fraude de subvenciones relacionada a recursos provenientes de la Municipalidad de Temuco, institución en la que estuvo vinculado laboralmente entre febrero de 2023 y julio de 2024.

Incluso en 2023 figura, el mes de mayo, en un acta de sesión del Concejo Municipal, como participante, tanto en su calidad de asesor de la diputada Ñanco como también en representación del gabinete del alcalde Neira; duplicidad de funciones que fueron consignados en el escrito oficial del Municipio.

La acusación

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el sociólogo es investigado por la adjudicación de más de $8 millones mediante una subvención destinada a un proyecto de reciclaje de la Fundación Karukeché. La indagatoria apunta a que dichos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los originalmente declarados.

A esto se suma lo señalado por Fiscalía respecto a la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, incluyendo una factura cercana a los $6 millones para justificar maquinaria que, de acuerdo con los antecedentes, ya habría sido adquirida previamente y que incluso habría sido solicitada de devolución por parte del proveedor ante un eventual no pago.

Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, Parra quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional, fijándose además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

En paralelo, Parra se desempeñaba como jefe de gabinete en el Gobierno Regional de La Araucanía, en la actual administración encabezada por René Saffirio. De acuerdo con registros de Transparencia, figura con una remuneración bruta mensual de $6.715.698 correspondiente a marzo de 2026.

Tras su reciente formalización, fue suspendido de sus funciones y se instruyó un sumario administrativo. Consultado el Gobierno Regional respecto a si continuará percibiendo remuneraciones durante el período de suspensión, la institución no entregó una respuesta pese a las consultas realizadas por este medio.

El nombre de Parra también ha sido vinculado —en el marco de denuncias y acciones judiciales del año 2023— con la administración de la plataforma digital “Wallmapu Informa” actual “W Informa”, espacio que difundía contenidos políticos en redes sociales durante procesos electorales en la región y que generó controversia por el carácter anónimo de sus publicaciones.

Sin embargo, dichas vinculaciones no lograron ser acreditadas judicialmente, y el propio Parra habría negado su relación con esa plataforma. Frente a la consulta hecha directamente al equipo de la diputada Ñanco, precisaron con respecto a este punto que no existió vínculo contractual con plataformas externas.

Si bien los antecedentes revisados no evidencian incumplimientos normativos en los gastos de difusión de la diputación, la concentración de recursos en un solo proveedor y su posterior situación judicial reabren el debate sobre los criterios de asignación de estos fondos y los estándares de transparencia en asesorías comunicacionales financiadas con recursos públicos.

En paralelo, el caso también vuelve a poner sobre la mesa el rol que han jugado en los últimos años diversas plataformas digitales de carácter anónimo en el debate político regional. Espacios que, amparados en la falta de identificación clara de sus responsables, han incidido en la discusión pública sin los estándares de transparencia, responsabilidad y ética que históricamente han regido al ejercicio del periodismo.

En un escenario donde la comunicación digital se ha vuelto central en la actividad política, la trazabilidad de los contenidos, la responsabilidad sobre lo que se publica y la identificación de quienes operan estos espacios aparecen como elementos cada vez más relevantes para el fortalecimiento de la confianza pública.

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Empresa ligada a su entorno cercano recibió recursos del mismo programa que hoy enfrenta cobros por más de $8 mil millones tras masivas rendiciones rechazadas.

El cuestionado programa de reactivación económica del Gobierno Regional de La Araucanía suma un nuevo antecedente, esta vez con implicancias políticas, luego de que una empresa vinculada al entorno cercano de la diputada Ericka Ñanco apareciera entre las beneficiarias de la iniciativa.

El caso se instala en un escenario marcado por las recientes declaraciones del gobernador René Saffirio, quien confirmó el inicio de un proceso de restitución de más de $8 mil millones en recursos mal rendidos, tras detectarse que —según precisó la autoridad— cerca del 90% de las rendiciones fueron rechazadas u observadas en el programa ejecutado entre 2022 y 2023.

A esto se suman cuestionamientos al avance de las investigaciones, en medio de críticas públicas del gobernador regional respecto del rol de la Fiscalía en el caso.

Un programa bajo fuerte cuestionamiento

El programa, ejecutado a través de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, benefició a más de trescientas empresas de la región, las que cofinanciaron iniciativas orientadas principalmente a la adquisición de equipamiento para fortalecer su actividad económica.

En este contexto, la empresa Ñankus SpA, con domicilio en Nueva Imperial y giro en telecomunicaciones, figura como beneficiaria de un cofinanciamiento cercano a los $21 millones.

Si bien la asignación se enmarca dentro de un universo amplio de proyectos, los antecedentes de ejecución comienzan a levantar interrogantes.

Facturas y vínculos bajo la lupa

Según los datos disponibles, la empresa habría rendido gastos por más de $40 millones, respaldados en dos facturas, en el marco de un esquema donde el Gobierno Regional financiaba el 50 por ciento del total de las iniciativas escogidas.

Una de estas facturas corresponde a la empresa Kubik SpA, cuyo giro está asociado a publicidad, producción de eventos e instalación de sistemas de seguridad.

Uno de los elementos que genera dudas es que la dirección registrada de esta empresa corresponde a una vivienda en Temuco, ubicada en calle Gabriela Mistral, en el sector Campos Deportivos, donde además operaría la sociedad Red de Capacitación de Chile (RED CAP). Es en este punto donde se incorporan nuevos antecedentes que complejizan el caso.

Ambas firmas comparten un nombre en común: Martha Izaguirre, quien figura como representante legal de RED CAP y como una de las dos socias de Kubik.

RED CAP e Izaguirre ya habían sido observadas en un informe de Contraloría, en el marco de otro programa financiado con recursos públicos —ejecutado por la Fundación Hernando de Magallanes—, donde se detectaron inconsistencias en la ejecución y facturación.

En ese caso, orientado a la capacitación de conductores de la locomoción colectiva en Temuco y Padre Las Casas, el organismo fiscalizador intentó recabar antecedentes directamente desde la empresa, sin éxito, luego de que su representante se negara a declarar, lo que impidió esclarecer su rol.

¿Qué sucedió? Se detectaron 8 facturas en total, emitidas por RED CAP a Fundación Hernando de Magallanes por un monto de $246.800.000, sin que existieran antecedentes previos que acreditaran un rol formal dentro de la ejecución del programa, situación que no pudo ser aclarada ni por la Fundación Hernando de Magallanes ni por la propia Izaguirre y que constan en los informes emanados desde Contraloría.

Los antecedentes expuestos abren un nuevo manto de dudas sobre este episodio, el cual deberá ser objeto de indagación tanto por parte del Gobierno Regional de La Araucanía como de la justicia. Hasta ahora, la autoridad regional no ha entregado detalles sobre cómo se implementarán las acciones destinadas a la restitución de los recursos mal rendidos en el marco de este programa, mientras que será el Ministerio Público el encargado de determinar eventuales responsabilidades en caso de configurarse hechos de carácter delictual.

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La candidata del Partido Comunista y abanderada oficialista señaló que, pese a la postura histórica de su colectividad, mantendría el estado de excepción en la Macrozona Sur. En tanto, la diputada por La Araucanía Érika Ñanco reiteró su rechazo a la medida, calificando la situación de la región como crimen organizado más que terrorismo.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió al futuro del estado de excepción en la Región de La Araucanía durante su participación en el programa El Candidato de Mega, donde reafirmó su posición de mantener la medida constitucional vigente en caso de llegar a la Presidencia.

Sus declaraciones se producen en medio de un debate interno en el oficialismo sobre la seguridad y la forma de abordar el conflicto en la Macrozona Sur. “A mí no me gustaría desescalarlo”, afirmó Jara, en referencia al actual despliegue de las Fuerzas Armadas en la región.

La candidata sostuvo que “en esto hay que tener en política un sentido de realidad (…), queda claro que aún cuando uno pueda tener una estadística, la vivencia de las personas es distinta. Entonces, evidentemente, lo voy a mantener”.

Sus palabras contrastan con la postura histórica del Partido Comunista, colectividad que ha votado en reiteradas ocasiones en contra de las prórrogas del estado de excepción constitucional. “Me gustaría que Carabineros pudiera tener suficiente fortaleza para asumir todas las tareas. Pero no tengo ninguna duda en que si se requiere un estado de excepción constitucional en algunos lugares, como el Biobío, que también está en una situación parecida, lo voy a usar como instrumento”, añadió la exministra del Trabajo.

Ñanco reafirma su rechazo al estado de excepción

Por su parte, la diputada por La Araucanía Érika Ñanco (RD), también oficialista y candidata a la reelección, abordó el tema en el programa 24 Horas Debate de TVN.

Al ser consultada por la situación de la región que representa, la parlamentaria respondió que “en La Araucanía lo que hay es crimen organizado. Poder decidir si hay o no terrorismo es una facultad que le corresponde a los tribunales”.

Ñanco, sobre el estado de excepción evitó pronunciarse directamente sobre la continuidad de la medida: “Por supuesto que debemos trabajar la delincuencia con todas las armas que el Estado tiene. Ahora bien, insisto, si no se entregan garantías de una dignidad hacia las personas, lo más probable es que ese tipo de cuestiones se vayan a transformar en delitos comunes”.

Finalmente, y ante la insistencia, la parlamentaria aclaró su posición: “El estado de excepción yo lo he votado en contra a lo largo de todo este periodo parlamentario”, enfatizó.

Un debate abierto en el oficialismo

Las declaraciones de Jara y Ñanco reavivan el debate en el oficialismo respecto del equilibrio entre seguridad y derechos humanos en la Macrozona Sur.

Mientras Jara adopta una postura pragmática que reconoce la necesidad de mantener la medida excepcional, parte del Frente Amplio y del propio Partido Comunista mantienen reparos por el impacto que ha tenido el despliegue militar en comunidades mapuche y rurales.

La discusión se da en un contexto en que el estado de excepción rige de forma ininterrumpida desde 2022, con prórrogas mensuales aprobadas por el Congreso y altos niveles de respaldo ciudadano en la región, según encuestas recientes.

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La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, confirmó que puso su nombre a disposición para una candidatura senatorial por La Araucanía. El plan político del Frente Amplio también considera a la diputada Éricka Ñanco por el distrito 23 y a Luis Penchuleo por el distrito 22.

Un nuevo escenario comienza a configurarse en La Araucanía de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El Frente Amplio evalúa una fórmula que busca instalar con fuerza una representación política en la región, con tres nombres que conjugan trayectoria política, liderazgo territorial y pertenencia al mundo académico y mapuche: Elisa Loncon, Luis Penchuleo y Éricka Ñanco.

La académica de la Universidad de Santiago y expresidenta de la extinta Convención Constitucional, Elisa Loncon, confirmó que ha sido sondeada por el Frente Amplio para competir por un escaño en el Senado por La Araucanía.

“En la región hay organizaciones sociales y territoriales que en diferentes instancias me han manifestado esta posibilidad de que les pueda representar en el Congreso. Entonces, por esta razón he puesto mi nombre a disposición y en este momento el Frente Amplio lo está analizando”, declaró en conversación con The Clinic.

La estrategia que estudia el bloque contempla a Ñanco compitiendo por la reelección en el distrito 23, a Penchuleo —excandidato a gobernador regional— postulando por el distrito 22, y a Loncon encabezando una candidatura al Senado en la circunscripción regional, donde podrían renovarse los escaños de José García Ruminot, Carmen Gloria Aravena, Francisco Huenchumilla, Felipe Kast y Jaime Quintana.

Aunque Loncon aclara que actualmente es independiente, ha mantenido una relación estrecha con el Frente Amplio desde la época de la Convención, en particular a través de la diputada Ñanco, con quien ha coescrito columnas de opinión. “He logrado establecer algunas confianzas”, indicó.

“Puede ser que finalmente no vaya, pero lo importante es que yo estoy disponible. Mi nombre está a disposición y mis deseos son que yo pueda contribuir con mi trabajo, con mi experiencia, en conjunto con un equipo de gente para la Región de La Araucanía”, añadió la lingüista y académica.

Loncon subraya que su interés va más allá de los temas indígenas y apunta a una representación regional amplia: “La finalidad es potenciar una voz regional, organizada, no cerrada a los temas indígenas, sino a los temas regionales”.

Respecto de su articulación con el Frente Amplio, sostuvo que ha estado en contacto con el secretario general del bloque, Andrés Couble, quien lidera la negociación parlamentaria. También mantiene vínculos con los diputados Roberto Celedón y Lorena Fríes, ligados al trabajo en derechos humanos.

“Me interesa mucho la intención del diálogo intercultural. Las regiones necesitan mucho diálogo”, afirmó, destacando que su experiencia en políticas educativas es parte de lo que podría aportar al equipo. “Son parte de mis competencias que se podrían perfectamente sumar a las que tiene Luis Penchuleo y Éricka Ñanco, y hacer una contribución sustantiva”.

Por último, Loncon reafirmó que su motivación nace desde el territorio: “He escuchado a las comunidades de mi región y pongo mi nombre a disposición para representarles en el Congreso. Estoy conversando con la gente del Frente Amplio y estamos viendo la posibilidad de generar un núcleo de representación política para avanzar en el diálogo intercultural y lo que podemos aportar en cuestiones sociales”.

La eventual postulación de Loncon podría abrir un nuevo capítulo en la política de La Araucanía, marcando una apuesta del Frente Amplio por fortalecer su presencia en una región clave para el país.

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El abogado y exconvencional por el distrito 22 acusó al senador Huenchumilla, al gobernador Saffirio y a la diputada Ñanco de ser «cómplices durante años» de quienes han utilizado la violencia como método de acción política. Además, cuestionó su reacción ante la evidencia de intencionalidad en los incendios forestales que afectan a la zona.

El exconstituyente Eduardo Cretton, militante de la UDI y representante de La Araucanía, se refirió con dureza a las declaraciones de distintas figuras del mundo político regional, quienes criticaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por advertir sobre la posible participación de grupos violentistas en los incendios que afectan a la denominada Zona Roja del conflicto en el sur del país.

Durante una reciente intervención en Radio Agricultura, Cretton expresó su molestia por la reacción del senador Francisco Huenchumilla, el gobernador René Saffirio y la diputada Ericka Ñanco, quienes acusaron a la secretaria de Estado de «estigmatizar al pueblo mapuche» con sus declaraciones.

«Estoy choreado, estoy enojado, porque mientras ayer en este mismo programa tuvimos al alcalde (de Galvarino) Hans González, y los alcaldes de la región, y el SENAPRED, y la propia ministra Carolina Tohá recalcaba la intencionalidad de los incendios, salieron los defensores de los terroristas, salieron los defensores de los mismos de siempre. Salió el gobernador Saffirio, el senador Huenchumilla, la diputada Ericka Ñanco, a decir, ‘no estigmaticemos'».

El abogado, quien representó a las comunas más afectadas por los incendios en la Convención Constitucional, como Galvarino, Collipulli, Curacautín y Ercilla, entre otras, criticó que las autoridades cuestionaran la evidencia de intencionalidad en los siniestros.

«Salieron a ponerse al lado de ellos, de los que están quemando. Yo pensaba, honestamente, que el tiempo del negacionismo del terrorismo en la Región de La Araucanía ya había pasado, pero ahí los tienen… ahí los tienen de nuevo. La pregunta es, ¿a quién está defendiendo el gobernador? ¿Está del lado de las víctimas, o está del lado de los que están prendiendo el fuego?»

Cretton enfatizó que no se trata de «estigmatizar a nadie», sino de condenar el terrorismo y cuestionó que los mismos actores políticos que en el pasado rechazaban la existencia de grupos violentistas, hoy mantengan una postura similar.

«Esto es una vergüenza, y es una vergüenza porque son los mismos que cuando años atrás nosotros decíamos que había grupos terroristas que utilizaban la causa mapuche, como la CAM, decían, ‘no estigmaticemos, no estigmaticemos'».

Finalmente, el exconvencional responsabilizó a estas autoridades de ser «cómplices durante años» de quienes han optado por la violencia como mecanismo de presión en la región.

«Acá nadie está estigmatizando a nadie, ni al pueblo mapuche, ni a nadie, pero se trata de condenar con todas sus letras el terrorismo. Pero el senador Huenchumilla, el gobernador Saffirio, la diputada Ñanco, han sido cómplices durante años de quienes han decidido utilizar la violencia como método de acción política».

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Dichas declaraciones, presentadas como actuales, han sido utilizadas por quienes hicieron llegar la información al medio y posteriormente por la diputada Ericka Ñanco.

A días de las elecciones regionales, ha generado controversia la difusión de una noticia en Radio Biobío, replicada ampliamente en otros medios, que utiliza de manera descontextualizada declaraciones de hace más de dos meses en relación con el caso «Manicure». Estas acciones han sido señaladas como un intento deliberado de confundir a la ciudadanía en el cierre de campaña electoral.

La publicación se basa en declaraciones hechas el pasado 13 de septiembre por el exjefe de gabinete del actual gobernador regional y que constan en la carpeta investigativa, en el marco del caso Manicure, donde una fundación defraudó al GORE a través de un programa de capacitación para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas.

Dichas declaraciones, presentadas como actuales, han sido utilizadas por quienes hicieron llegar la información al medio y posteriormente por la diputada Ericka Ñanco para sugerir la existencia de nuevos antecedentes, pese a que el mismo Fiscal desestimó cualquier acción contra el gobernador tras la investigación realizada en su momento a fines del mismo mes.

En declaraciones recientes, el gobernador y candidato en estas elecciones expresó su preocupación por el manejo mediático de la situación y su clara intencionalidad política: “Es lamentable que, en el último día de campaña, se utilice información antigua y descontextualizada para intentar dañar mi candidatura. Este tipo de maniobras solo buscan confundir a la ciudadanía y desviar la atención de los temas importantes para nuestra región”, señaló el candidato afectado.

Además, criticó el titular de la noticia y la falta de contexto al momento de publicarla: “El titular inicial insinuaba acusaciones recientes y directas, generando confusión entre nuestros adherentes y colaboradores. Sin embargo, la información carece de actualidad, y desde septiembre sabíamos que no había fundamentos para vincularme a este caso donde actuamos como querellantes”, explicó.

El candidato también hizo un llamado a evitar replicar hechos sin fundamentos o tergiversados: “Como autoridad, siempre he mantenido una relación respetuosa y abierta con la prensa, porque informar con responsabilidad es clave para nuestra democracia”. Sobre el medio agregó, refiriéndose a un reciente altercado protagonizado en un debate con su oponente que “solidarizo con Radio Biobío, especialmente después de la reciente agresión sufrida por sus funcionarios en un contexto inaceptable protagonizado por mi adversario”, afirmó.

Finalmente, destacó su confianza en que la ciudadanía sabrá identificar estas maniobras electorales y votar con responsabilidad este domingo: “Confío en que las familias de La Araucanía no se dejarán engañar por desinformación y ataques personales. Este domingo, decidiremos juntos el futuro de nuestra región y, como siempre, la verdad prevalecerá”, concluyó.

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El incidente ha reabierto el debate sobre el comportamiento de los legisladores en el hemiciclo y su impacto en la percepción ciudadana del trabajo parlamentario, especialmente en un contexto donde la política enfrenta altos niveles de desprestigio.

La diputada Erika Ñanco (RD), representante de La Araucanía, se vio envuelta en una controversia luego de que una imagen viralizada en redes sociales la mostrara peinando al diputado Andrés Giordano (FA) durante la discusión del Presupuesto 2025 en la sala de la Cámara de Diputados. Este episodio, ocurrido durante un debate crucial sobre partidas y análisis de indicaciones, generó críticas al interior del Congreso, incluidas las de la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC).

En entrevista con Tele13 Radio, Cariola manifestó su molestia, enfatizando la necesidad de mantener comportamientos adecuados en el hemiciclo. «Evidentemente son cuestiones que no corresponden. Hemos solicitado mantener un comportamiento acorde al debate en curso», afirmó, agregando que el lugar para tales acciones no es la sala, sino espacios como oficinas o baños.

Cariola lamentó que el incidente perjudique el arduo trabajo realizado en la elaboración del Presupuesto 2025. «Hay parlamentarios y asesores dedicados al análisis y a las indicaciones. Que todo ese esfuerzo se vea enlodado por una acción cuestionable, evidentemente no ayuda», recalcó.

Excusas y explicaciones de Ñanco y Giordano

Ambos diputados reconocieron que su comportamiento fue inapropiado. Giordano admitió que “el acto estuvo fuera de lugar”, justificándose en la necesidad de permanecer en la sala durante las extensas discusiones presupuestarias. Por su parte, Ñanco defendió su compromiso legislativo, aclarando que solo fueron «30 segundos» destinados a la acción, la cual, según ella, «no constituye delito, falta ni infracción alguna».

Además, Ñanco lamentó el enfoque negativo del incidente, cuestionando la intención detrás del video que captó el momento. Esto ha reabierto el debate sobre el comportamiento de los legisladores en el hemiciclo y su impacto en la percepción ciudadana del trabajo parlamentario, especialmente en un contexto donde la política enfrenta altos niveles de desprestigio.

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El gobernador Luciano Rivas, quien fue pifiado por un sector en el evento, señaló que espera que, de comprobarse que la situación fue orquestada y se encuentren responsables, estos “asuman las responsabilidades”.

La autoridad comunal lamentó que la inauguración se vea envuelta en un bochorno tras pifias en la ceremonia al gobernador Luciano Rivas. Este último afirmó que “algunos políticos” sacaron provecho de la situación.

El fin de semana se llevó a cabo la esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2024 en el Estadio Germán Becker de Temuco, actividad que obtuvo financiamiento del Gobierno Regional de La Araucanía.

Si bien la instancia contó con diversos momentos que sacaron aplausos entre el público como el show de Los Tres, pifias y abucheos durante el discurso del gobernador regional Luciano Rivas, empañaron la jornada.

Más aún, posterior al evento circuló el rumor incluso de que se trató de una “encerrona” por parte de un grupo político entre los que se contarían representantes de la Municipalidad de Temuco, quienes habrían impulsado esta acción.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira expresó que fueron consejeros regionales quienes levantaron alerta sobre la situación y por ello solicitó un informe respecto de la distribución de las entradas particularmente, pues estas no habrían sido entregadas según correspondía, siendo este un evento financiado por el Gobierno Regional, con el apoyo del mismo gobernador Rivas y los consejeros regionales.

Neira lamentó que la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales que “costó tanto traer a la ciudad” se vea envuelto en una situación como esta, con la intención de convertirlo en “un tema político”. Agregó además que con la solicitud del informe se espera revelar “a quienes hicieron la distribución de las entradas” desde el municipio para conocer cómo fueron entregadas y a quiènes.

El alcalde también confesó que conversó con el gobernador tras las pifias sobre el escenario “porque yo siempre espero que estos eventos sean de unión para la región”, dijo.

Gobernador apuntó contra diputada Ñanco

El gobernador Luciano Rivas afirmó que las pifias son “parte de lo que las autoridades a veces estamos expuestas, a que haya estos grupos que hacen este tipo de manifestaciones. Obviamente es poco agradable ver que hay algunos políticos que sacan provecho de este tipo de instancia”.

Sobre esto último dijo “principalmente a la parlamentaria Ericka Ñanco” y agregó “al par de minutos estaba ella en redes sociales festinando lo que estaba ocurriendo y creo que esa es la política que no queremos”.

Agregó que, de comprobarse que la lamentable situación fue orquestada y se encuentran responsables, espera que “asuman las responsabilidades”, refiriéndose así a la eventual intervención de funcionarios municipales en este hecho.

Cabe destacar que ambas autoridades en estos días dejan sus cargos para enfrentar sus respectivas campañas para la reelección.

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La Fundación Pelontxaro, de la cual era parte la parlamentaria junto al hermano del controvertido ex candidato presidencial, Diego Ancalao –en prisión preventiva por el caso Convenios–, debía rendir en 2022 los recursos asignados por casi $15 millones. Sin embargo, El Líbero dio a conocer que consultada Transparencia respecto al tema, esto aún no ocurre.

En 2021, la entonces candidata a constituyente, Ericka Ñanco, formaba parte de la Fundación Academia Intercultural Pelontxaro, organización en la cual era secretaria y que postuló a diversas iniciativas de tipo cultural y social en reparticiones públicas en varias regiones del país.

El proyecto “Ritmos de la tierra” fue una de estas propuestas, el que fue aprobado por el Ministerio de las Culturas y las Artes, otorgándole a la Fundación Academia Intercultural Pelontxraro, desde el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, la suma de $14.962.327. No obstante, según indica el medio El Líbero, no existe claridad de la ejecución del proyecto y la obligatoria rendición de recursos no se habría realizado, como fue informado a través de Transparencia.  

El monto de casi $15 millones, según los antecedentes de la postulación, tenía como período de ejecución entre el 5 de abril de 2021 y 28 de febrero de 2022. El proyecto contemplaba, “la realización de una serie de TV documental de 5 capítulos (de 25 minutos cada uno) en torno a la música de los pueblos originarios del norte de Chile: diaguitas, collas, atacameños, aymaras y quechuas”. El mismo documento señala que casi $11 millones se destinarían para gastos de recurso humano, con seis personas con remuneraciones que iban desde $1 millón hasta $2.5 millones; mientras que los dineros restantes, por una cifra de no más de $4 millones, estaban destinados a gastos operacionales.

El 11 de abril de 2022 era la fecha límite para el informe final del proyecto, lo que se prorrogó hasta octubre del mismo año, considerando las flexibilidades otorgadas en el contexto de la pandemia. Pese a lo anterior, no se entregaron los antecedentes requeridos. “El proyecto folio 600678, del responsable Fundación Academia Intercultural Pelontxaro debía rendirse con fecha 10 de octubre de 2022, de conformidad a prórroga automática, lo que no aconteció. Posteriormente, con fecha 09 de enero de 2023 se recibió carta del responsable del proyecto, que solicitaba a esta Secretaría Regional Ministerial la aceptación de gastos fuera de plazo o extemporáneos, cuya respuesta negativa se remitió a través de Carta N° 07, de 22 de enero de 2024”, informó el Ministerio de las Culturas y las Artes.

La fundación

La Fundación, cuya directiva estaba vinculada a los líderes de Revolución Democrática, tenía como responsable del proyecto a José Ancalao Gavilán, hermano del controvertido ex candidato presidencial, Diego Ancalao, este último en prisión preventiva por el caso Convenios en la Región de Los Lagos al ser imputado por los delitos de lavado de activos, fraude y estafa al Fisco, delitos asociados a la Corporación Kimün. José Ancalao, ha declarado que defiende la inocencia de su hermano: “Aquí las razones políticas son llevar al paredón a una persona inocente para salvar a otro”, señaló en entrevista en Vértice TV.

Varios meses después de la fecha en que debía comenzar la ejecución del proyecto, Pelontxaro realizó la tramitación de cambio de directiva. Ñanco, paralelamente, como candidata a constituyente por Apruebo Dignidad, desde Federación Regionalista Verde Social, obtuvo una aplastante derrota en las urnas al ser la última en votación de entre los 25 candidatos del distrito 23, con el 1.3 % de los votos (2.156).

Una nueva directiva tomó el control de la Fundación a mediados del año 2021, siempre con José Ancalao a la cabeza, esta vez sin Ericka Ñanco, e incorporándose como tesorero Eduardo Ñanco Antinao, estructura que rige hasta hoy. Un par de meses más tarde, se confirmó la intención de Ñanco –esta vez desde RD– de ser candidata a diputada.

Desde lo político, en tanto, José Ancalao presidió igualmente, hasta mediados de 2022, el Frente Mapuche de Revolución Democrática. Medios consignan que se apartó de la instancia por presiones tras críticas al gobierno del presidente Boric, respecto de las medidas asociadas a La Araucanía. Otros, en tanto, hablan de una relación debilitada desde 2019, cuando voces del partido habrían denunciado internamente irregularidades en toma de firmas para constituir Revolución Democrática en La Araucanía, firmas que además le permitieron ser candidata a diputada y hoy ostentar el cargo a Ñanco.

Si bien no existen pruebas formales respecto de lo anterior, los hermanos Ancalao han sido protagonistas de delitos de similar envergadura. En 2014, por ejemplo, ya habían sido formalizados por presunta falsificación y uso malicioso de documento público en un caso de una propiedad en Gorbea, cuya víctima correspondía a la madre de uno de los fallecidos de la tragedia de Juan Fernández.  

Mientras que, en 2011, la ONG de los hermanos Ancalao, Idear, fue denunciada por la comunidad mapuche Ralún Coyán ante Conadi, por no cumplir con un programa de capacitaciones que se estaba ejecutando en el territorio. En la oportunidad, se constató que informes de avance presentados contenían diferentes firmas realizadas por una única persona.

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