Un proyecto de ley que busca sancionar hasta con penas de cárcel a conductores que, por negligencia o dolo, atropellen y den muerte a animales, fue presentado el pasado 15 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados por la parlamentaria Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano.

La propuesta apunta a una falencia del actual marco normativo, que —según la diputada— no contempla sanciones específicas ni agravantes en estos casos. “No existe una tipificación específica ni una sanción agravada para los casos en que la conducción negligente, descuidada o inclusive dolosa, provoque el atropello con resultado de muerte de un animal”, argumenta Ahumada en el escrito.

La iniciativa subraya que esta omisión representa “una seria deficiencia normativa frente a hechos cada vez más frecuentes que causan daño irreparable a la vida animal, así como un profundo sufrimiento a sus familias humanas y a las comunidades que conviven con estos seres vivos sintientes”.

El proyecto también evidencia que, mientras la actual Ley del Tránsito sí contempla sanciones cuando la conducción causa daños a personas, “se omite toda referencia al daño causado a animales”. Ante ello, se propone que el Estado envíe un mensaje claro sobre la responsabilidad ética al conducir: “Permitiría enviar un mensaje claro a la ciudadanía. Conducir implica una responsabilidad ética que abarca no solo a los seres humanos, sino también a los animales que comparten nuestro entorno”.

Respecto a las sanciones, la moción establece que se aplicaría “la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, multa de once a quince unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años” a quien, producto de una conducción negligente, descuidada o dolosa, cause la muerte de un animal.

De aprobarse, el proyecto significaría un importante avance en materia de protección animal y reforzaría el llamado a una conducción más empática y responsable.

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“Es preocupante que a casi un año de haber denunciado el mal estado de la ruta entre Lumaco – Los Sauces; Traiguen – Los Sauces y el deterioro de puentes como Rucañanco en Collipulli o Maitenrehue en Angol, la dirección de vialidad no tenga una capacidad de respuesta, esto sin nombrar la enorme cantidad de caminos rurales que durante este invierno quedarán intransitables producto de la lluvia ya sea por su escasa o ineficiente mantención durante los meses de verano”, señaló Rathgeb.

El legislador señaló que este retraso en las soluciones definitivas está provocando serios inconvenientes a cientos de familias que temen quedar temporal o completamente aisladas una vez que los caminos sean afectados por las primeras lluvias.

El parlamentario por Malleco, también manifiesta su preocupación por el nulo avance y el “secretismo” existente en torno a investigaciones internas realizadas al director regional de Vialidad, Pablo Rodríguez, por supuestos casos de soborno a una empresa constructora por la adjudicación de Programas de Conservación de Caminos en la comuna de Galvarino.

“He presentado una decena de oficios al MOP y a la Contraloría Regional y no ha existido respuestas concretas sobre este caso ocurrido el año 2015. El hecho al cual me remito, se remonta al mes de agosto de ese año, cuando el representante de la empresa constructora, Ingecovial Ltda, inscrita en los registros de empresas concesionarias del MOP, denunció que el señor Pablo Rodríguez Gajardo, habría solicitado dinero -alrededor de 50 millones de pesos- a cambio de la adjudicación de la propuesta pública ‘Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas en la comuna de Galvarino’, cuya apertura se realizó a fines del año 2014. Dicha acusación también se encuentra en la Fiscalía, siendo motivo de investigaciones en la PDI según tengo entendido. Es importante que esta denuncia y otros sumarios más sean revelados por el MOP en los próximos días por el bien de la transparencia de este servicio”, señaló Rathgeb.

Al respecto, Rathgeb señaló que han sido varias las manifestaciones acusando la “corrupción” en Vialidad Regional, destacando las recientes protestas realizadas frente a La Moneda, hechos que llaman a aclarar con prontitud la veracidad de estas denuncias y sus responsabilidades. “Esperamos que no haya retrasos intencionales en la entrega de los resultados de estas investigaciones y si estas determinan responsabilidades administrativas, solicitamos la inmediata remoción del actual director de Vialidad”, señaló el diputado por Malleco. 

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60 vecinos de la comuna de Nueva Imperial llegaron hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Araucanía para presentar un reclamo en lo que califican como una negligencia por parte de la fiscalía de la citada comuna, que tras 3 meses de ocurrido el siniestro que consumió 300 hectáreas ha decidido archivar la causa, sin determinar a los responsables.

Según Susan Barriga, vocera de la comunidad Boyeco Chico y Ruca Manki, esta acción de la fiscalía sólo deja al descubierto la imposibilidad de perseguir a grandes empresas que cometen irregularidades, pues según indicó, el incendio que les afectó cultivos tanto de pastos y bosque, fue provocado por la falta de mantenimiento de la empresa FRONTEL quienes pese a ser advertidos no efectuaron el corte de árboles ni matorrales cercanos a la línea de alta tensión.

Cabe señalar, que este incendio registrado en marzo pasado fue periciado por Bomberos, quienes –según vecinos por falta de equipamiento- no determinaron responsabilidades, lo que motivó el cierre de la investigación; dejando indefensas a 8 familias, que hoy se han quedado sin forraje para sus animales ni cercos divisorios lo que les impide iniciar el período de siembra.

Jaime Ñanculef, integrante de una de las 8 familias afectadas, asegura que lo que necesitan es una indemnización para cubrir los efectos en la economía familiar que ha tenido este incendio, pero además la generación de una mesa de trabajo con la empresa que les permita prevenir siniestros futuros atendida la sequía que afecta la zona.

Los vecinos, asesorados por una abogada de Conadi iniciaron las acciones junto al senador Eugenio Tuma, quien comprometió acciones a todo nivel para conseguir se determinen las responsabilidades en un incendio, con lo cual se podrían incluso generar medidas de mediano plazo que prevengan su ocurrencia en lo futuro.

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