Comisión de Personas Mayores y Discapacidad acordó enviar al Ejecutivo una iniciativa que busca fortalecer el apoyo estatal a deportistas paralímpicos.

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó enviar al Ejecutivo un proyecto de resolución destinado a promover el financiamiento estatal de prótesis deportivas de alto rendimiento para deportistas paralímpicos.

La propuesta, impulsada por el diputado Cristián Neira, solicita evaluar la creación de un programa permanente de financiamiento para este tipo de implementos, así como su incorporación dentro de las ayudas técnicas financiadas por el Estado para deportistas de alto rendimiento reconocidos por el Comité Paralímpico de Chile.

Asimismo, la iniciativa plantea establecer mecanismos de reposición y mantención periódica acordes al desgaste propio de la actividad deportiva, garantizando que los deportistas puedan contar con equipamiento adecuado para entrenar y competir.

“Muchos deportistas paralímpicos enfrentan importantes dificultades económicas para acceder a prótesis deportivas de alto rendimiento, cuyo costo puede ser muy elevado. Como Estado debemos avanzar en soluciones concretas que les permitan desarrollar plenamente su carrera deportiva y representar a Chile en las mejores condiciones”, señaló el diputado Neira.

Durante la discusión, la comisión también acordó invitar al Director Nacional de Senadis y al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes para conocer los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios asociados a una eventual implementación de estas medidas.

Además, se solicitará a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe de legislación comparada que permita conocer experiencias internacionales sobre financiamiento de equipamiento adaptado para deportistas paralímpicos de alto rendimiento.

El parlamentario destacó que esta resolución busca abrir el camino hacia una política pública que reconozca las necesidades específicas de los deportistas con discapacidad y fortalezca el deporte paralímpico nacional, pero también fue enfático en hacer ver la difícil situación fiscal del país y que pese al compromiso, es una iniciativa que recae en el Ejecutivo.

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Mientras una minoría de concejales exige transparencia y cumplimiento del reglamento, la mayoría aprueba el flujo de recursos a una entidad que acumula multas laborales, licitaciones cuestionadas y rendiciones incompletas.

En enero de 2026, el Concejo Municipal de Temuco aprobó un presupuesto de $1.850 millones para la Asociación de Municipalidades Zona Metropolitana de La Araucanía (AMZOMA) bajo una modalidad que se presentó como un mecanismo de resguardo: tres cuotas condicionadas a la rendición de cuentas. La primera, por más de $600 millones, se entregó en febrero. Lo que debía ser una fiscalización estricta, sin embargo, no ha funcionado como tal.

Esa decisión de enero no fue espontánea. Fue el resultado de una presión sostenida por parte de los concejales Claudia Peñailillo, Micaela Becker y Pedro Greve, quienes durante 2025 acumularon antecedentes preocupantes sobre la gestión de AMZOMA: chalecos antibalas vencidos y equipos de radiocomunicación inoperativos que ponían en riesgo a los patrulleros en terreno; una licitación de capacitación adjudicada supuestamente a la nuera de un jefe de departamento de la asociación; la compra de celulares de alta gama por cerca de $32 millones; el presunto uso indebido de una tarjeta institucional; y montos duplicados en rendiciones de años anteriores.

A eso se suman nueve multas de la Inspección del Trabajo durante 2025, que superaron los $24 millones por despidos calificados como antisindicales y condiciones de precariedad laboral, sanciones ratificadas por el Juzgado del Trabajo de Temuco.

Fue ese historial el que obligó al alcalde Roberto Neira a desistir del pago único y aceptar la fórmula de cuotas. El propio nuevo secretario ejecutivo de AMZOMA reconoció, según señaló la concejala Becker, que «la administración anterior tuvo demasiadas falencias, demasiados errores». Aun así, la mayoría del Concejo aprobó la segunda cuota sin que existiera la rendición completa de la primera, requisito que el propio reglamento establece como condición.

La concejala Becker fue directa al denunciarlo: «Aquí se está entregando tres cuotas anualmente a AMZOMA, donde el reglamento exige tener la rendición completa de la primera cuota, que no la hemos tenido, y los concejales en el proceso anterior aprobaron la segunda cuota, lo que yo rechacé, el concejal Greve también la rechazó».

La situación se agrava con una reciente modificación presupuestaria que redujo el financiamiento de AMZOMA en casi $90 millones, luego de que la Municipalidad de Temuco debiera asumir directamente el arriendo de vehículos ante la incapacidad de la asociación para gestionarlo. En la práctica, el municipio financia a AMZOMA y además cubre sus deficiencias operativas.

Becker anunció que mantendrá su postura: «Yo, como concejal, seguiré rechazando el presupuesto de AMZOMA hasta no tener la seguridad de lo que yo estoy aprobando y no ser responsable de una irresponsabilidad completa de seguir pasando la plata hasta que no esté en regla y esté todo subsanado».

La pregunta que queda sin respuesta es por qué el alcalde Neira y la mayoría del Concejo continúan aprobando traspasos millonarios a una entidad que el propio sistema fiscalizador ha cuestionado reiteradamente. Los compromisos de transparencia anunciados en enero parecen haber quedado solo en el discurso, mientras los recursos de los vecinos de Temuco siguen fluyendo sin las garantías prometidas.

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El municipio argumenta que no puede asumir los cerca de $2 mil millones que requiere la reparación del recinto, mientras el Gobierno Regional aprobó más de $39 mil millones para el nuevo Mercado Municipal, en un contexto marcado por dudas sobre la gestión de grandes proyectos.

El Pabellón de La Araucanía —también conocido como el “Pabellón del Amor de Chile”— vuelve a quedar en el limbo. A menos de un año de haber asumido su concesión, la Municipalidad de Temuco decidió iniciar su devolución al Ministerio de Bienes Nacionales, argumentando que su reparación resulta económicamente inviable.

La cifra es concreta: cerca de $2 mil millones, reconoció el alcalde Roberto Neira en Radio Biobío,, costaría recuperar la estructura, hoy visiblemente deteriorada por la humedad, con presencia de hongos y daños estructurales que continúan avanzando mientras el recinto permanece cerrado.

Neira fue claro: sin certezas de apoyo estatal, el municipio optará por devolver el inmueble. La decisión se sustenta en estudios que advierten que la intervención debe ser urgente para evitar un deterioro mayor.

Contraste de cifras y prioridades

La definición se produce en paralelo a la aprobación, por parte del Gobierno Regional de La Araucanía, de más de $39 mil millones para la construcción del nuevo Mercado Municipal, obra que será ejecutada por la propia Municipalidad como unidad técnica.

El contraste es evidente: mientras se descarta una inversión de $2 mil millones para recuperar una infraestructura existente y con valor cultural, se avanza en un proyecto de mucho mayor envergadura presupuestaria.

A este escenario se suma otro dato relevante. En etapas previas del Mercado Municipal ya se han destinado cerca de $15 mil millones que no lograron traducirse en una obra definitiva, lo que obligó a replantear el proyecto y reiniciar el proceso. Hoy, la iniciativa vuelve a impulsarse con una nueva inyección de recursos que supera los $39 mil millones.

En ese contexto, en los últimos meses también se han evidenciado tensiones entre el Gobierno Regional y el municipio respecto a la capacidad técnica de la casa edilicia para asumir la ejecución de una obra de esta magnitud, instalando un debate sobre estándares de gestión y control.

Estimaciones fallidas y deterioro acelerado

La decisión sobre el pabellón también expone inconsistencias en su planificación. Cuando se concretó la concesión en 2025, Bienes Nacionales y la Municipalidad de Temuco estimaban una inversión cercana a los $600 millones para su recuperación, muy por debajo de los casi $2 mil millones que hoy se proyectan.

En menos de un año, el costo prácticamente se triplicó, lo que instala dudas sobre la precisión de las evaluaciones iniciales y la viabilidad real del compromiso asumido.

El propio alcalde ya había adelantado la postura: el pabellón no figuraba entre las prioridades municipales y los recursos disponibles —poco más de $350 millones— eran insuficientes para su recuperación. El resultado es una infraestructura emblemática abandonada, que se deteriora a la vista y que ahora será devuelta al Estado sin haber sido reactivada.

El edificio, construido para la Expo Milán 2015 y trasladado posteriormente a Temuco como símbolo cultural, suma así un nuevo capítulo marcado por la falta de continuidad en su gestión.

Hoy, su estado ya no es solo un problema de mantención. A las puertas de un nuevo invierno, el deterioro avanza sobre una estructura que permanece vacía a los pies del cerro Ñielol, obligando a las autoridades a definir con claridad qué se hará con un espacio cuyo daño parece cada vez más difícil de revertir.

Lo que alguna vez congregó a miles de personas y proyectó una imagen cultural de la región, con actividades, ferias y espectáculos, hoy se acerca a convertirse en un ejemplo de infraestructura pública sin destino claro.

En ese escenario, la discusión deja de ser únicamente presupuestaria y se traslada a un plano más amplio: cómo se planifican, priorizan y ejecutan las inversiones públicas cuando los proyectos cambian de escala, se reevalúan o no logran sostenerse en el tiempo.

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Iniciativa pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.

Su “satisfacción” manifestó el diputado Republicano por la región de La Araucanía, Cristián Neira, tras la aprobación del proyecto de ley que establece sanciones más severas para quienes sustraigan productos, insumos o maquinaria agrícola, entregando una regulación especial que haga patente la gravedad de la conducta y de los nocivos efectos en la actividad agrícola y en quienes la ejercen.

Cabe mencionar que la iniciativa enmienda el Código Penal, en lo referido a las normas relacionadas con el robo con fuerza en las cosas. En este marco se inscribe una norma que sanciona con presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) el robo de vehículos motorizados. Así, la disposición aprobada impone la misma pena cuando el delito recaiga sobre productos, insumos o maquinaria agrícola.

Neira explicó que la norma “avanza en lo relativo al hurto de los mismos bienes. En tal caso se aplicarán las penas contempladas en el Código Penal para este delito, donde se fijan penas y multas según el valor de la materia hurtada, pero restringiendo la sanción a su grado máximo”.

A su vez, el legislador apuntó que el proyecto castiga la receptación de los citados bienes en términos similares a los vehículos motorizados. En dichos casos la pena es de presidio menor en su grado máximo. Además, se podrá aplicar una multa equivalente al valor de la tasación fiscal o de cinco a 20 UTM, respectivamente. Además, se permite el comiso de las materias.

El legislador recordó que durante el último tiempo “ha aumentado el robo en zonas rurales de la región de La Araucanía, lo que significa una preocupación para las personas que viven en dichos lugares. De hecho, una encuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura realizada en 2025 constató que más del 80% de los agricultores había sido víctima de estos ilícitos a lo largo del país, de lo cual nuestro territorio no queda exento”.

“Creemos que el proyecto va en la dirección correcta para frenar un hecho que afecta a tres de cada cuatro agricultores y que implica un costo anual de 530 millones de dólares”, argumentó el parlamentario, junto con resaltar que se trata de “herramientas que implican un esfuerzo de toda una vida y cuya falta implica serias limitantes a la labor de las y los agricultores”.

“Esperamos que el Senado pueda avanzar rápido en la tramitación de este proyecto, considerando que este tipo de robos sigue aumentando y se deben crear normas que sean disuasivas o, en caso contrario, que se castigue de forma efectiva a quienes cometen estos ilícitos”, cerró el diputado Neira.

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El moderno edificio municipal, financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía, fue inaugurado en el marco del aniversario de la comuna. La obra representa un avance significativo en infraestructura, atención ciudadana y desarrollo urbano para Angol.

En una jornada llena de emoción y simbolismo, la comuna de Angol celebró la inauguración oficial de su nuevo edificio consistorial, coincidiendo con su día de aniversario. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Enrique Neira, junto al ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, y autoridades regionales y provinciales.

El moderno recinto, financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía, se emplaza en pleno corazón de la ciudad y representa un hito en la gestión municipal, al dotar a la comunidad de un espacio moderno, funcional y accesible. Su diseño incorpora tecnología, accesibilidad universal y amplias dependencias para mejorar la atención al público y las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales.

El alcalde Enrique Neira destacó que el edificio “es el resultado de un trabajo serio, responsable y comprometido con el bienestar de nuestros vecinos. Este espacio simboliza el futuro de Angol y el compromiso de esta administración con una atención pública de calidad”.

La infraestructura se construyó con estándares de eficiencia y funcionalidad, y busca fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, proyectando una imagen institucional acorde al crecimiento y desarrollo de la capital de Malleco.

La inauguración marca un paso relevante en el proceso de modernización municipal impulsado por la administración comunal, con el respaldo financiero del Gobierno Regional. Esta inversión refleja la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del Estado para fortalecer el desarrollo territorial, permitiendo que Angol cuente hoy con una casa consistorial moderna, digna y al servicio de su gente.

Con este nuevo edificio, la Municipalidad de Angol no solo mejora sus condiciones de funcionamiento, sino que también reafirma su compromiso con una gestión cercana, eficiente y enfocada en la ciudadanía.

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La acción judicial acusa triangulación de fondos, rendiciones duplicadas de maquinaria y publicidad engañosa en proyectos financiados con subvenciones municipales. La concejala Claudia Peñailillo llegó al tribunal acompañada por los ediles Pedro Greve y Micaela Becker para formalizar la denuncia.

Una querella criminal que apunta directamente al alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, al exencargado de Aseo y Ornato, Gustavo Mauricio Fuentes Barra, y a los representantes de la Fundación Cumplido Circular y de Grupo Verde SpA, fue presentada este jueves por la concejala Claudia Peñailillo Guzmán. La acción judicial, ingresada en el Juzgado de Garantía de Temuco, denuncia hechos ocurridos desde 2022 que —según la edil— configuran delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación de instrumento público, obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, lavado de activos y omisión de denuncia por parte de funcionarios municipales.

La concejala llegó acompañada de los ediles Pedro Greve y Micaela Becker, quienes respaldaron la acción aunque declinaron dar declaraciones. Peñailillo explicó que hasta 2022 el reciclaje de plásticos domiciliarios en Temuco estaba a cargo de la empresa Morcas, sin costo para el municipio. Al retirarse esa empresa, se abrió un llamado a subvenciones, donde ingresó la Fundación Cumplido Circular. “Lo que comenzó como un proyecto ambiental terminó transformándose en un negocio con fondos públicos, triangulado a una empresa relacionada y sin control real del destino de los recursos”, señaló.

Maquinaria rendida más de una vez

Uno de los puntos más graves de la querella corresponde a la rendición duplicada de maquinaria compactadora de plásticos. El documento detalla que el mismo equipo fue presentado como gasto en al menos tres instancias: primero en la Corporación de Desarrollo Araucanía, luego en la Fundación Cumplido Circular ante la Municipalidad de Temuco y finalmente en proyectos asociados a la causa “Fundación Local”. Esta práctica, calificada como “fraudulenta”, habría permitido justificar reiteradamente con fondos públicos la adquisición y uso de un único bien.

“El mismo bien, adquirido con recursos fiscales, fue rendido como nuevo gasto en diferentes proyectos. Eso constituye una duplicidad intencionada que eleva considerablemente el perjuicio al patrimonio municipal”, indica la querella.

Triangulación de fondos y lucro indebido

El escrito también sostiene que el presidente de la fundación, Jorge López Cumplido, constituyó la sociedad Grupo Verde SpA —formalmente a nombre de su hermana Pamela López Cumplido— para ser contratada por la misma fundación y ejecutar las tareas financiadas con la subvención municipal, como el retiro de plásticos, arriendo de bodegas y transporte. Según la acción judicial, se trata de un esquema de triangulación que permitió que los recursos entregados por el municipio terminaran en una empresa controlada por el propio beneficiario.

Además, se acusa que los plásticos recolectados con financiamiento municipal eran revendidos en Santiago, sin certificados de disposición final válidos ni trazabilidad, lo que generó un doble beneficio económico para los denunciados.

Plazas comunitarias y omisiones municipales

Otro de los antecedentes apunta a la supuesta “donación” de siete plazas comunitarias construidas con plásticos reciclados en la comuna. La querella sostiene que nunca existieron decretos de recepción ni permisos municipales, y que los juegos instalados fueron adquiridos a la empresa Pock, en Villarrica, utilizando madera plástica comprada a terceros.

La acción también responsabiliza al alcalde Roberto Neira, quien firmó las resoluciones que aprobaron las subvenciones, y al entonces encargado de Aseo y Ornato, Gustavo Fuentes, por aprobar rendiciones sin verificar la documentación.

Respuesta del municipio

Consultado, el director (s) de Jurídica de la Municipalidad, Francisco Vergara, sostuvo que “para nosotros todo se ajusta al marco legal y, de recibir antecedentes objetivos, podríamos iniciar una investigación interna”.

Actualmente, la Fundación Cumplido Circular recibe una subvención municipal cercana a los 150 millones de pesos anuales, recursos que deben ser justificados ante la administración comunal.

El tribunal deberá pronunciarse ahora sobre la admisibilidad de la querella, que incluye solicitudes de peritaje contable-financiero, levantamiento de documentos e incautación de equipos, además de la declaración de testigos vinculados a las operaciones comerciales de la fundación y la empresa relacionada.

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La acción judicial apunta directamente a la administración de las subvenciones municipales entregadas desde 2022 a la fundación encabezada por Jorge López Cumplido, cuyo control se habría extendido a la sociedad Grupo Verde SpA, manejada en los hechos por el mismo dirigente a través de su hermana Pamela López Cumplido.

Según la querella, estas subvenciones fueron utilizadas en un entramado de triangulación de dineros públicos, rendiciones fraudulentas de maquinarias y lucro indebido con plásticos recolectados en la comuna, los cuales terminaron revendidos en Santiago sin respaldo documental.

Además, se denuncia la publicidad engañosa en torno a la supuesta donación de siete plazas comunitarias construidas con material reciclado, las que nunca habrían contado con decretos municipales, permisos de construcción ni respaldo en su origen.

Peñailillo fue enfática en señalar que el alcalde Neira, como máxima autoridad comunal y firmante de las resoluciones que aprobaron las subvenciones, no solo omitió fiscalizar sino que podría tener participación directa en los hechos. La acción judicial busca que se le investigue en calidad de autor, coautor o encubridor.

Posibles delitos investigados

La querella califica preliminarmente los hechos como constitutivos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento público, lavado de activos y otros ilícitos tipificados en el Código Penal y en la Ley 19.913.

Un daño a la fe pública

En su intervención, la concejala recalcó que lo ocurrido no solo daña el erario municipal, sino que “golpea la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos y constituye un engaño hacia la comunidad, que confió en proyectos que nunca fueron lo que se anunciaba”.

La presentación de la querella está programada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Temuco y se espera que la acción abra un nuevo capítulo judicial que podría involucrar directamente a la máxima autoridad comunal y a particulares vinculados a las cuestionadas subvenciones.

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Aunque se desestimó discutir la remoción de Ricardo Toro en el Concejo Municipal, la solicitud de la concejala Claudia Peñailillo no buscaba su destitución inmediata, sino una investigación por vínculos con empresas adjudicatarias. Pese al revuelo público, el sumario solicitado en diciembre tampoco ha tenido avances.

En medio de alta expectación, con funcionarios municipales colmando el salón del Concejo de Temuco, los nueve concejales presentes en la última sesión ordinaria decidieron por unanimidad no votar la solicitud de destitución del administrador municipal, Ricardo Toro. La medida fue leída en redes y medios como un eventual respaldo a la autoridad cuestionada, pero lo cierto es que la solicitud original, impulsada por la concejala Claudia Peñailillo (RN), nunca fue la destitución, sino la apertura de una investigación formal por presunto conflicto de interés.

La polémica surgió la semana pasada, cuando Peñailillo denunció públicamente que el actual administrador municipal, quien hasta hace pocos meses fue director de Secplac, mantendría vínculos laborales previos con dos empresas que hoy concentran más de $5 mil millones en contratos municipales adjudicados: Idela SPA y Socosur, ligadas al grupo empresarial Neira.

La concejala expresó en esa oportunidad que “no voy a permitir que la municipalidad de Temuco adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador municipal”, afirmando además que presentará todos los antecedentes a Contraloría para que determine si existen infracciones a la probidad administrativa o eventuales delitos como tráfico de influencias.

Sin embargo, en la sesión del Concejo Municipal del martes, el tema fue abordado desde otra perspectiva. Allí, el alcalde Roberto Neira dio cuenta de una carta firmada por nueve concejales —incluidos ediles del oficialismo y la oposición— en la que solicitaron formalmente la apertura de una investigación sumaria, mecanismo interno que permitiría indagar administrativamente los hechos denunciados.

La solicitud de destitución, que no formó parte de la tabla oficial, fue igualmente rechazada como posibilidad de debate en esa instancia. Cabe señalar que la concejala Claudia Peñailillo no participó de la sesión por motivos de salud.

Entre los concejales que se pronunciaron y que declararon en medios locales, Pedro Greve (Partido Republicano) señaló que su decisión de no apoyar una eventual votación por la destitución obedecía a que “no contaba con todos los antecedentes”, y que el camino elegido por el Concejo era dar curso a una investigación sumaria. Similar opinión expresó Mario Jorquera (UDI), quien redactó la misiva al alcalde. Según indicó, “la denuncia fue presentada con algunos antecedentes” y ahora corresponde esperar los resultados de la investigación. Jorquera enfatizó que la acción no busca desacreditar a Peñailillo, sino actuar conforme al procedimiento institucional.

Desde el entorno de la concejala se ha insistido en que la petición nunca fue una votación por la remoción inmediata de Toro, sino la urgencia de activar mecanismos de control y fiscalización frente a situaciones que podrían comprometer el principio de probidad en el municipio. En este contexto, la negativa a votar la destitución no puede entenderse como un respaldo automático al administrador municipal, sino como una determinación procedimental, a la espera de una indagatoria formal que aún no comienza.

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En su rol fiscalizador, la concejal Peñailillo denunció eventuales tráfico de influencia en licitaciones del municipio de Temuco a empresas ligadas al actual administrador del edificio municipal. Por lo anterior, Peñailillo anunció que solicitará la destitución en el próximo concejo.

Un nuevo golpe al municipio de Temuco ha dado la concejal Claudia Peñailillo quien destapó antecedentes que podrían configurar el delito de tráfico de influencia al interior del municipio de Temuco.

Lo anterior, a raíz de una serie de antecedentes que tiene en su poder la edil los cuales entregará a Contraloría para que inicie la investigación correspondiente.

Dichos documentos dicen relación a licitaciones de la municipalidad de Temuco que fueron adjudicadas al grupo empresarial Neira que involucra a Idela SPA y Socosur, donde tuvo relación laboral el ex director de Secplac y ahora administrador municipal, Ricardo Toro, sumando un total de más de $5 mil millones.

En este sentido, Claudia Peñailillo expresó que “como concejala no voy a permitir que la municipalidad de Temuco adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador municipal y quien, hace un par de meses, era director de Secplac, donde se fabrican bases de muchas licitaciones”.

Con lo ya manifestado, Peñailillo confirmó que “voy a recurrir a Contraloría porque no voy a permitir que exista falta a la probidad en la municipalidad de Temuco ni eventuales delitos como tráfico de influencia como se pudiera evidenciar con estos antecedentes de licitaciones del municipio con empresas donde funcionarios de alto rango tuvieron relación laboral como el caso del actual administrador municipal Ricardo Toro y la empresa Isela spa y Socosur las cuales son una empresa familiar”, consignó la edil.

Sin embargo, Peñailillo no solo recurrirá a Contraloría. La concejal por Temuco también dio el golpe y aseguró que “solicitaré en el próximo concejo que el administrador renuncie o sea removido de su cargo mientras se investiga esta y otras licitaciones”. De esta forma, la concejal -en menos de dos semanas- pone en jaque al municipio ya que además acusó que la auditoría externa que solicitó en el primer concejo de este periodo (enero 2025) aún no ha sido licitada.

En relación al último punto, es importante señalar que un concejal puede iniciar el proceso de remoción de un administrador municipal. Para aquello, requiere el acuerdo de 2/3 de concejales en ejercicio en una votación del concejo municipal. Este proceso, conocido como “remoción sin expresión de causa”, donde también existen causales de cese de funciones aplicables a funcionarios municipales en caso de ser necesario.

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El alcalde Roberto Neira pidió un informe detallado sobre los trabajadores involucrados en los más de 300 casos de licencias médicas cuestionadas en Temuco. El Colegio Médico regional y concejales también se pronunciaron sobre la gravedad del hecho.

Tras el informe de la Contraloría que reveló el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos en diversas instituciones del país, la Municipalidad de Temuco anunció que solicitó el detalle de los trabajadores potencialmente involucrados en este tipo de prácticas al organismo fiscalizador.

En el documento difundido el martes, se indica que Temuco ocupa el noveno lugar a nivel nacional entre las entidades con más licencias médicas presuntamente mal utilizadas. En el caso de esta comuna, se trata de 342 permisos médicos cuestionados.

Ante esta situación, el alcalde Roberto Neira instruyó a la Dirección Jurídica del municipio para que oficie a la Contraloría solicitando los antecedentes individuales de cada caso.

Una vez que se cuente con ese detalle, desde el municipio se iniciará un proceso de evaluación para determinar las medidas administrativas o legales a seguir, lo que podría incluir sumarios u otras acciones conforme a la normativa vigente. Así lo confirmó el administrador municipal y alcalde (s) de Temuco, Ricardo Toro, quien señaló que “una vez tengamos el informe detallado, se analizarán las medidas que correspondan”.

Desde el gremio médico, el presidente del Colegio Médico de La Araucanía, Marco Cuminao, expresó una postura clara sobre el tema: “Rechazamos categóricamente la venta o mal uso de licencias. Como Colegio Médico venimos advirtiendo esta situación desde hace meses en conversaciones con el COMPIN”.

No obstante, precisó que el informe actual de Contraloría no entrega detalles específicos sobre diagnósticos ni sobre los médicos emisores, por lo que habrá que esperar el avance de los sumarios en las instituciones involucradas.

Las reacciones en el concejo municipal también han sido críticas. La concejala Claudia Peñailillo lamentó que algunos trabajadores se aprovechen del sistema: “Es muy grave que estos funcionarios se aprovechen, sobre todo considerando que hay tantas personas que realmente necesitan sacar una licencia y no pueden”. Por su parte, el concejal Pedro Greves calificó los hechos como un abuso: “Como funcionarios públicos, deberían ser los primeros en dar el ejemplo sobre el uso correcto de una licencia médica”.

Actualmente, la municipalidad espera el detalle solicitado a la Contraloría para avanzar en las investigaciones internas y esclarecer responsabilidades. Desde el Colegio Médico, en tanto, indicaron que aún no se tiene información sobre cuántos profesionales habrían emitido las licencias ni si corresponden a uno o varios emisores, lo que se conocerá una vez finalicen los procesos administrativos.

Se espera también conocer las medidas que las otras comunas de La Araucanía tomarán respecto de esta situación que parecía no ser controlada por las instituciones afectadas. Las municipalidades de Villarrica (181 licencias), Lonquimay (140), Pucón (131) y Padre Las Casas (109), entre otras, deberán también tomar cartas en el asunto para resolver esta problemática, especialmente en aquellos casos en que los jefes comunales se encontraban vigentes en el período investigado.

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