Cifras que escalan, acusaciones que golpean primero en la prensa y un relato que apunta a redes políticas completas. El gobernador René Saffirio no solo denuncia: instala un clima donde todos quedan bajo sospecha, incluso antes de que existan conclusiones.

En La Araucanía, el caso por más de $8.000 millones dejó de ser solo una investigación en curso. Hoy es también un fenómeno político marcado por la forma en que el gobernador René Saffirio ha decidido enfrentarlo: con declaraciones de alto impacto, presión pública sobre la Fiscalía y una narrativa que avanza más rápido que los propios procesos judiciales. No es solo el fondo lo que genera ruido, sino la forma.

El punto más crítico fue directo al corazón del sistema. “Tenemos un Ministerio Público que no investiga”, afirmó en Radio Cooperativa, sugiriendo incluso un conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por su vínculo con la Universidad Autónoma como docente. La frase no solo elevó el tono: instaló una duda estructural sobre la imparcialidad de la investigación.

Desde la Fiscalía, la respuesta fue categórica. Garrido recordó, según consignó el Diario Austral, que la institución no persigue enemigos políticos y que su trabajo es técnico, no político, advirtiendo que muchas críticas nacen de la ignorancia sobre los procedimientos y avances reales.

Pero en términos comunicacionales, el efecto ya estaba logrado: la sospecha quedó instalada.

A partir de ahí, el caso comenzó a moverse en dos dimensiones paralelas. Por un lado, la investigación formal con tiempos propios, donde ya ha habido avances consistentes. Y por otro, una construcción pública donde se revela información a los medios, las conclusiones se anticipan, se amplifican y generan un impacto inmediato en la percepción ciudadana.

El gobernador, volviendo a los $8.000 millones denunciados, sostiene su relato en cifras contundentes. De 327 empresas beneficiadas por el programa de reactivación económica de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, solo 23 habrían rendido correctamente, es decir, solo un 7% del total de los recursos terminó su proceso correctamente. El número impacta, pero también deja preguntas abiertas sobre el detalle real de cada caso.

Porque detrás de ese dato hay cientos de proyectos ejecutados, inversiones realizadas y beneficiarios que hoy observan cómo se instala públicamente la idea de irregularidades generalizadas. Muchos de ellos aseguran que nunca recibieron observaciones formales ni instancias para corregir errores, mientras muchos otros esperan ansiosos que se les entregue un listado para reconocerse dentro de ese 7%. Todo esto tensiona aún más el relato oficial.

En ese escenario, el caso del empresario y político Alejandro Martini se vuelve clave por el conjunto de relaciones que lo rodean. Su empresa —Sociedad de Inversiones Martini— no solo figura con rendiciones rechazadas, sino que se inserta en un grupo mayor de empresas relacionadas asociadas a su cónyuge y otros familiares como Inversiones El Refugio, Comercial MK Chile e Inversiones MAK, que en conjunto recibieron cerca de $199 millones con rendiciones completamente rechazadas, como consignó Biobío.

Pero el punto no es solo el monto. Es la estructura. Estas empresas operan en un entorno donde existen vínculos comerciales entre sí, facturación cruzada —como con Comercial Santa Pilar— y relaciones personales que complejizan la trazabilidad de los recursos. A eso se suma que Martini asegura haber ejecutado los proyectos y no haber sido informado de observaciones, enterándose por la prensa.

También se cita al exdiputado Diego Paulsen, actual embajador del gobierno entrante, que aparece junto a empresas familiares que recibieron recursos y presentan rendiciones observadas o rechazadas. Santa Clara SPA, Inversiones RGA, Comercial Decorene, Fruterra Gastronomía e Inversiones 530 son parte de ese grupo.

En estas empresas figuran nombres como María Valentina García Aguilera, Rodrigo García Aguilera, Margarita Aguilera Galaz y Ricardo García Migueles. También se suma Tomás Echavarri Fernández, vinculado a Inversiones G7, quien comparte relaciones comerciales con el mismo entorno. Las observaciones incluyen falta de respaldos, inconsistencias en facturas y dudas en la ejecución de algunos proyectos, aunque aún sin conclusiones judiciales definitivas.

Así, en varios casos, los recursos se utilizaron en operaciones entre empresas del mismo grupo familiar, lo que genera observaciones por posibles conflictos de interés o falta de independencia en las transacciones.

Muchos de estos actores sostienen que ejecutaron sus proyectos y que nunca fueron informados oportunamente de las observaciones. Es decir, que no hubo un proceso claro de seguimiento ni instancias reales de corrección.

Ese punto es clave porque cambia el eje del problema. Ya no es solo si hubo irregularidades, sino si el sistema fue capaz de detectarlas, comunicarlas y corregirlas a tiempo.

Ahí es donde el caso deja de ser individual y pasa a ser sistémico. Porque no se trata de una sola empresa, sino de un patrón —señala Saffirio— donde aparecen redes, relaciones y dinámicas repetidas. Y en ese entramado surge un nombre que se repite constantemente: Juan Pablo Leonelli Lepín.

Leonelli, redes internas y el patrón que se repite

Leonelli no es el rostro mediático del caso, pero sí uno de los más relevantes en su estructura. Exjefe de gabinete del Gobierno Regional durante la administración de Luciano Rivas, aparece vinculado tanto a la operación del programa como a relaciones personales con beneficiarios.

Asimismo, es hoy parte de dos procesos más avanzados por parte de Fiscalía, como lo son los casos Folab y Educ; y Fundación Local. Por estos hechos, Leonelli y otros ex funcionarios del Gore, el exdiputado Mauricio Ojeda y personas clave de las instituciones receptoras de recursos del Estado, se encuentran a la espera de la sentencia condenatoria.

Su rol es particularmente sensible también en este caso porque, mientras formaba parte de la estructura del programa, firmó rendiciones de empresas en calidad de responsable dentro de la misma Corporación, incluyendo algunas vinculadas a su entorno cercano, como el propio Martini, con quien mantiene una relación de amistad reconocida y estrecha hasta hoy. No es un detalle menor: es un elemento que instala dudas sobre los controles internos.

Además, su vínculo societario previo con actores políticos y empresariales refuerza la percepción de redes que se extienden más allá de un caso puntual. Leonelli no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica que cruza lo político, lo administrativo y lo privado.

Saffirio y la construcción del relato político

El programa investigado se originó durante la administración del exgobernador Luciano Rivas, en un contexto marcado por la crisis económica post pandemia. Su objetivo era reactivar la economía regional, cofinanciando y canalizando recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas de la región.

Hoy ese mismo programa es presentado por Saffirio como parte de un “diseño” para transferir recursos a actores vinculados a la política. El mapa se amplía, pero también se vuelve más difuso, porque mezcla antecedentes administrativos, relaciones personales y sospechas políticas.

Saffirio da cuenta también del desorden interno del Gobierno Regional. Al asumir, señaló que encontró información extraviada, carpetas fuera de custodia y fallas graves en los sistemas de control. Sin embargo, también surge una interrogante inevitable: si el propio gobernador entregó hace más de un año toda la información de la Corporación a la PDI, ¿quiénes serían entonces los responsables del supuesto extravío de antecedentes? ¿Y por qué recién hoy, tras un año, se activan los controles internos y se anuncian sumarios?

Ese reconocimiento es clave, porque también involucra a la institucionalidad que debía fiscalizar el uso de los recursos y apunta nuevamente a quienes ya han sido vinculados a situaciones judiciales del caso Convenios, como el mismo Leonelli y otros funcionarios de la administración anterior.

El caso Kutralkura

Uno de los anuncios hechos por el gobernador Saffirio una vez asumió como autoridad fue el de eliminar la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, planteó entonces que entidades paralelas al Gore no deberían seguir administrando recursos públicos.

No obstante, hoy la Corporación se mantiene con un equipo de cinco personas a cargo: su gerente general Juan Cifuentes Martínez, quien asumió en mayo de 2025, además de un administrativo de apoyo, asesor jurídico, una profesional de administración y finanzas, además de una periodista.

Pese a la definición inicial del gobernador de cerrar esta Corporación, recientemente, un hecho complejizó el escenario: el traspaso de recursos a través de esta hacia iniciativas del programa Geoparque Kutralkura.

Pese a que, según el propio relato de Saffirio, existirían miles de millones en gastos rechazados, el propio Gobierno Regional transfirió recursos a la corporación —entidad presidida por el mismo gobernador—. Este punto no es menor, ya que la normativa establece que la transferencia de recursos públicos está supeditada a la previa rendición y aprobación de fondos anteriores, tal como ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República.

En consecuencia, la existencia de rendiciones pendientes o gastos rechazados impediría jurídicamente nuevas asignaciones, por afectar principios básicos como la probidad, juridicidad y control del gasto público.

El estilo que instala dudas antes que certezas

El llamado “estilo Saffirio” se ha caracterizado por instalar denuncias de alto impacto, cifras que escalan y anuncios que muchas veces no dialogan con los tiempos administrativos o judiciales.

Pasó, por ejemplo, con el Mercado Municipal de Temuco. En medio de un conflicto que escaló rápidamente a nivel mediático. La situación se dio tras una tensa controversia pública en la que Saffirio, en conferencia de prensa, acusó al alcalde Roberto Neira de eventuales actos “ilegales” y de no recibir información solicitada horas antes, afirmando que mantenía su compromiso de financiar el esperado proyecto del mercado, pero que evitaría hacerlo a través del municipio acusando falta de competencia.

Frente a estas declaraciones, Neira salió a responder, pidió cautela en el uso de las palabras y defendió la gestión municipal ante la prensa. Posteriormente, y tras gestiones que incluyeron la intermediación del recién asumido senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, el alcalde logró concretar una reunión con la ministra de Desarrollo Social.

En un plazo de apenas dos semanas, esa instancia permitió obtener avances concretos en el proyecto, los mismos dados a conocer por el alcalde Neira y que terminaron presionando al gobernador a insistir públicamente en la necesidad de “apurar el tranco”, en un escenario donde los procesos ya se encontraban en desarrollo.

También el retiro momentáneo del PDA del Lago Villarrica generó una reacción mediática, con anuncios de financiamiento que dependen del Consejo Regional, generando molestia entre consejeros por estas salidas en la prensa que no consideran los pasos que se deben dar para que el órgano colegiado pueda discutir estos apoyos.

Otro caso de alto impacto asociado del Gore Araucanía fue el cuestionamiento por $80.000 millones (50% del presupuesto regional, aproximadamente) que gestión anterior, uno de los golpes de 2025 y que tuvo una amplia resonancia a nivel nacional. Esto llevó a Saffirio a acusar la existencia de “crimen organizado” que involucraba al Gore por rendiciones de proyectos y programas de municipalidades, universidades y fundaciones en la Araucanía.

Pese al impacto de sus dichos, nadie pareció acusar recibo abiertamente, porque ante el “estilo Saffirio” existe una sensación generalizada de que contrariarlo podría ser perjudicial.

En resumen, la crítica que se repite en distintos espacios políticos es clara: la tendencia del gobernador a lanzar acusaciones de carácter penal de manera amplia, sin que necesariamente estén respaldadas por datos concretos en el relato o en procesos judiciales concluidos, para luego matizar o reinterpretar sus propias declaraciones cuando estas son cuestionadas. Una dinámica que incluso ha generado incomodidad dentro de su propio Consejo Regional.

El efecto es claro: impacto inmediato, pero también confusión.

Pero más allá de las diligencias, lo que predomina es la incertidumbre. Porque el caso ya no se juega solo en tribunales, sino también en la percepción pública que se construyó desde el inicio.

Y hay dudas que no se resuelven con declaraciones ni titulares, sino con pruebas y datos que permitan avanzar en la búsqueda de la justicia. Pero son afirmaciones que, una vez instaladas, se vuelven realidades difíciles de revertir. Y en eso, precisamente, radica la fuerza —y el riesgo— del llamado “estilo Saffirio”.

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El exdiputado por La Araucanía y dirigente de Renovación Nacional aparece como una de las principales cartas para asumir la Secretaría General de la Presidencia, en medio de las definiciones del próximo gobierno y la búsqueda de gobernabilidad en el Congreso.

A pocos días de que finalice el año, comienzan a tomar forma los nombres que podrían integrar el primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast, y uno de los que ha ido ganando mayor fuerza es el del exdiputado y exgeneralísimo de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen (RN), quien emerge como una opción relevante para ocupar la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

La eventual llegada de Paulsen a un cargo clave del comité político responde, según fuentes del sector, a la necesidad de asegurar orden, experiencia parlamentaria y capacidad de articulación con el Congreso, especialmente en un escenario donde el nuevo gobierno deberá enfrentar complejas negociaciones legislativas desde el inicio de su mandato. En ese contexto, el dirigente de Renovación Nacional es visto como un nombre capaz de tender puentes entre el oficialismo y las distintas fuerzas representadas en el Parlamento.

La figura de Paulsen fue valorada públicamente por el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien destacó su trayectoria y experiencia política como atributos relevantes para asumir una cartera estratégica. En los análisis que circulan en el oficialismo, incluso se proyecta una fórmula en la que Paulsen asuma la Segpres, mientras Claudio Alvarado (UDI) podría ocupar el Ministerio del Interior, consolidando así la presencia de Chile Vamos en el núcleo político del gobierno de Kast, siempre que dichas carteras no sean fusionadas, una opción que también ha sido evaluada.

Las definiciones oficiales, sin embargo, aún no están cerradas. Desde el Partido Republicano han señalado que los nombres definitivos del gabinete serán dados a conocer durante la segunda quincena de enero, plazo que se han autoimpuesto para concluir las negociaciones y evaluaciones internas.

En paralelo, otras carteras comienzan a perfilar posibles liderazgos. En Salud, han surgido nombres como el del exministro Enrique Paris y la exsubsecretaria Paula Daza, aunque esta última enfrentaría una incompatibilidad por la regla interna que impide la designación de familiares en el gobierno. En el ámbito económico, ha tomado fuerza el nombre de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica de Argentina, mientras que Mara Sedini asoma como eventual ministra vocera de Gobierno.

Más atrás en la discusión, pero aún presentes en el escenario político, se mantienen las interrogantes respecto al rol que podría jugar Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario en el próximo gobierno, tema que sigue abierto y sujeto a negociaciones, según han reconocido dirigentes de esa colectividad.

Fuente: Radio Biobío

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· La candidata designó a Mario Desbordes, Jaime Bellolio, Sebastián Sichel, Felipe Alessandri, Carol Bown, Paulina Núñez, Diego Schalper, Jorge Alessandri, Luz Ebensperger, Francisco Undurraga y Francesca Parodi.

· En las próximas semanas se nombrarán voceros sectoriales para temas específicos de trabajo como seguridad o salud.

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este lunes el equipo de voceros de campaña, formado por alcaldes y parlamentarios que tendrán la misión de difundir las propuestas para sacar adelante a Chile.

En un acto en Providencia, Matthei presentó como voceros a los alcaldes Mario Desbordes, de Santiago; Jaime Bellolio, de Providencia; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Felipe Alessandri, de Lo Barnechea; y Carol Bown, de San Miguel; las senadoras Paulina Núñez y Luz Ebensperger; los diputados Diego Schalper, Jorge Alessandri y Francisco Undurraga; y a la ex seremi Francesca Parodi.

“Son líderes con arraigo, con credibilidad, con conocimiento de lo que pasa en sus comunas, en sus distritos, en sus regiones. Son personas que saben escuchar, que saben trabajar en equipo y que saben actuar con decisión”, dijo Matthei.

“Tendrán la misión de transmitir nuestras propuestas con claridad, a defender con fuerza nuestras ideas y a conversar con todos los chilenos, en cada rincón del país, sobre el futuro que queremos construir”, agregó.

En las siguientes semanas, se anunciarán voceros sectoriales y sociales de la sociedad civil, del mundo académico, de los gremios y de los territorios que han estudiado, trabajado y propuesto soluciones concretas a las urgencias de Chile.

Al nombramiento de los voceros se suma a la designación la semana pasada del jefe de campaña, Diego Paulsen, ex diputado de La Araucanía.

“Estamos formando un gran equipo de campaña. Los invito a sumarse con energía, con alegría y con esperanza. Vamos a recorrer Chile, a hablar con la gente, a escuchar sus dolores y a presentar nuestras propuestas con humildad, pero también con la firmeza que exige este momento histórico. Esta es una campaña para construir. Y estoy segura de que, con ustedes, con este equipo y con cada persona que cree que Chile merece más, vamos a lograrlo”, concluyó Matthei.

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• En el Día del Carabinero, la candidata anunció la ampliación de la cobertura GES/AUGE, extensión de la PGU, el fortalecimiento de la defensoría de Carabineros y un Plan de Protección a Familias de Mártires, entre otras medidas.
• Matthei visitó en Temuco a la familia del cabo Eugenio Nain, mártir de carabineros del año 2020.

En la conmemoración del Día del Carabinero, la candidata presidencial Evelyn Matthei anunció una serie de medidas que garantizarán el actuar de Carabineros y demostró su compromiso tanto con la institución, como con las familias de mártires.

La exalcaldesa tuvo un sentido recuerdo para los tres mártires de carabineros asesinados hace un año en Cañete: Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.

“Si nosotros no cuidamos a los que nos cuidan, entonces Chile no tiene futuro. Y por eso hoy nosotros nos vamos a comprometer con una serie de medidas con carabineros, pero también con aquellas familias que sufren la muerte de su jefe de hogar. Ellos nos cuidan a nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar a ellos”, dijo Matthei tras una reunión con Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Nain.

La candidata anunció la ampliación de la cobertura GES/AUGE para afiliados de CAPREDENA y DIPRECA, en servicio y retiro, mejorando su acceso a la salud y la extensión de la PGU para los pensionados de ambas instituciones que cumplan con los requisitos socioeconómicos.

Matthei también destacó el fortalecimiento de la defensoría de Carabineros para garantizar que ningún policía quede desprotegido cuando actúe en cumplimiento de su deber.

La candidata presentó, además, un Plan de Protección a Familias de Mártires, con acceso gratuito a la educación para los hijos de carabineros fallecidos en acto de servicio, subsidio de arriendo mientras se gestiona una vivienda definitiva y prioridad en programas habitacionales del Estado.

Además, la candidata se comprometió a perfeccionar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para asegurar que protejan a Carabineros.

“Nosotros no vamos a permitir que le sigan quitando garantías a carabineros en la defensa de todos los chilenos y es por eso que no sólo nos comprometemos con las familias de mártires de carabineros, sino que también nos comprometemos en el actuar de cada uno de los funcionarios quehoy día arriesga su vida por defender a cada uno de los chilenos”, concluyó Matthei, quien estuvo acompañada por su jefe de campaña, Diego Paulsen y los parlamentarios: José García Ruminot, Henry Leal, Miguel Mellado, Germán Becker, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgreb.

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“Lamentable, esperábamos que este proyecto fuera despachado a ley esta semana, era la única posibilidad que teníamos de que la rebaja de dieta parlamentaria se materializara a contar del mes de junio. Esto va a tener que esperar por los plazos que tiene establecido este proyecto de ley”. Con estas palabras el Diputado y Presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, reaccionó tras la votación de la Cámara Baja que rechazó por 91 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención una de las modificaciones del Senado que establecía la rebaja de dieta parlamentaria y otras remuneraciones.

Según explicó el Diputado por La Araucanía, el proyecto facultaba al Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) a decidir en un plazo de 30 días desde despachada la norma, la dieta que recibirían los parlamentarios y todas las altas remuneraciones de Chile. “Eso se rechazó y esperamos que se reponga en la comisión mixta para poder despachar la propuesta  lo antes posible”.

Finalmente, Paulsen llamó al Senado a convocar con prontitud a la instancia técnica. “Hoy la ciudadanía nos demanda este proyecto de ley. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos desde la mesa de la Cámara de Diputados para ponerlo en tabla cuando esté disponible, pero hacemos un llamado al Senado a convocar rápidamente esta comisión mixta para resolver las discrepancias entre ambas Cámaras lo más pronto posible.

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“Las familias de Chile, están sintiendo que con este sistema, se está jugando con la educación y por tanto, con el futuro de sus hijos”

“Son muchos los jóvenes y las familias de Chile, que se han visto perjudicadas con este sistema”, con esas palabras se refirió el Diputado por La Araucanía, Diego Paulsen, a la solicitud realizada, junto a la bancada de Diputados de Renovación Nacional a la Ministra de Educación Marcela Cubillos, para que el Gobierno, ponga fin al sistema de admisión escolar vía “la tómbola”, al tratarse de un modo, que no considera el mérito escolar.

Recordemos que mencionado sistema de admisión, fue diseñado y aprobado en el Gobierno de Michelle Bachelet y en resumen, no reconoce ni otorga al esfuerzo académico de los estudiantes un reconocimiento en el ámbito de la admisión, dejándolo todo al azar.

Al respecto, el Diputado Paulsen, señaló que; “Las familias de Chile, están sintiendo que con este sistema, se está jugando con la educación y por tanto, con el futuro de sus hijos. Día a día, se acercan a mi Padres, me solicitan que plantee al Gobierno, modificar el sistema vía tómbola de Bachelet y que se reconozca el mérito y esfuerzo académico y se considere también criterios geográficos, algo que actualmente no ocurre. Hay casos de alumnos con muy buen promedio, que no han quedado en ninguna de las tres alternativas a las que postularon o familias que debido a este sistema, tienen un hijo en un establecimiento y otro hijo que por sorteo, queda a una distancia bastante significativa”.

Y agregó: “La tómbola es una herencia del gobierno anterior y en el marco del cumplimiento de la ley, este gobierno ha debido ponerlo en marcha, sin embargo, estamos planteando al Ministerio de Educación, todos los problemas que han surgido, esperando que tanto el mérito, como el esfuerzo  académico, sean consideradas dentro de las fórmulas de selección de los alumnos, dejando de lado el azar o buena suerte”,finalizó el Diputado Diego Paulsen.

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Mediante una subvención estatal que incorpore un seguro colectivo para quienes liciten contratos en obras públicas, se busca apoyar a contratistas y trabajadores de La Araucanía.

Un sistema de apoyo a las víctimas de violencia en la región, a través de un seguro estatal para personas y empresas contratistas que ejecuten trabajos de obras públicas, es la que propusieron el candidato a senador por La Araucanía, Felipe Kast, y el candidato a diputado, Diego Paulsen.

Ello luego de que ambos participaran de una reunión con el concejal de Lautaro, Carlos Gutiérrez, quien recientemente sufrió la perdida de cinco camiones y maquinaria pesada tras ser calcinados en un violento ataque perpetrado en el kilómetro 17 de la ruta que une Curacautín y Conguillío, lugar donde se situaban faenas de construcción de su empresa.

Diego Paulsen, candidato a diputado por el distrito 22, señaló: “queremos integrar un seguro para quienes trabajan en obras públicas licitadas por el Estado. Básicamente lo que proponemos es que cada licitación incluya este seguro, de manera de que los contratistas puedan sentirse respaldados en caso de que sufran un atentado”.

Por su parte el candidato al Senado por La Araucanía, Felipe Kast, explicó respecto de la iniciativa: “Esperamos que no vuelva a suceder que cuando se quema maquinaria, las obras se paralicen. Queremos solucionar el problema de muchos contratistas de la zona que ya no pueden acceder a seguros por el riesgo que reviste la actividad, a través de esta subvención estatal que incorpore un seguro colectivo para quienes liciten sus contratos”, concluyó.

Kast y Paulsen acordaron desarrollar la propuesta, la cual ya fue planteada al candidato presidencial Sebastián Piñera.

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El Diputado Diego Paulsen autor del proyecto, valoró la aprobación casi unánime de la Sala, del Proyecto de resolución que busca crear la Defensoría Pública Tributaria. «Es un proyecto que nace de las conversaciones de representantes de la Cámara de comercio y de pequeños comerciantes de mi distrito».

Con satisfacción reaccionó el Diputado por La Araucanía, Diego Paulsen, tras la aprobación del proyecto de resolución que pretende crear la Defensoría Pública Tributaria, a fin que emprendedores del país, que no tengan los recursos necesarios para contratar la asesoría de abogados especialistas, cuenten con este servicio, haciendo valer sus derechos en igualdad de condiciones.

Para el Diputado, surge la necesidad de crear esta Defensoría, luego de reunirse con representantes y comerciantes de su zona, que enfrentan realidades tan dispares a la de grandes empresas, que muchas veces logran grandes acuerdo importantes, en desmedro de lo que ocurre hoy con pequeños comerciantes».

«No queremos que existan ciudadanos que no pueden tener acceso a la justicia como corresponde», señaló categórico,Paulsen.

Paulsen afirmó que; «Debido a la complejidad propia del área tributaria, cualquier pequeño emprendedor que tenga algún problema tributario o sea sancionado por el SII y quiera hacer la reclamación ante el TTA (Tribunales Tributarios Aduaneros), se encuentra en una desventaja ante el Servicio, por lo que no se cumpliría el derecho del acceso a la justicia. Además, contratar los servicios de un abogado tributario puede tener un costo incluso mayor a la multa que el SII pueda establecer».

Por tanto, afirmó Paulsen; «Creemos necesario que el Estado replique los organismos de asesoría jurídica que hoy existen en lo civil, penal y laboral al área tributaria. Con ello lograremos que los emprendedores del país, que no tengan los recursos necesarios para contratar la asesoría de abogados especialistas, cuenten con este servicio, haciendo valer sus derechos en igualdad de condiciones», finalizó el DiputadoDiego Paulsen.

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«Lamento que la pobreza de nuestra región, haya provocado que parceleros, agricultores o cuidadores no hayan tenido una formación académica, que permita al Presidente de la Corte Suprema, considerar graves los hechos que les provocaron la muerte”

“Debemos condenar tajantemente todos los hechos de violencia y no darle mayor importancia a si uno de ellos ocurrió en el barrio alto de la capital o en una pequeña parcela o fundo en Cañete”, con esas palabras se refirió el Diputado por La Araucanía, Diego Paulsen a las recientes declaraciones del Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, en el marco de la entrega del “Plan Estratégico Fiscalía de Chile 2016-2022” del Ministerio Público, el que tras ser consultado por la prensa por el artefacto explosivo enviado hasta la casa del presidente del directorio de Codelco, manifestó su preocupación de que este tipo de casos le ocurran a personas con formación intelectual, señalando; Que se haga a personas que tienen una formación intelectual me parece de la máxima gravedad”.

Al respecto el Diputado Paulsen, señaló que; «Lamento que la pobreza y abandono histórico del Estado hacia La Araucanía, repercuta no solamente en la falta muchas veces de servicios básicos de nuestros vecinos, sino que haya provocado que parceleros, trabajadores forestales, agricultores o cuidadores no hayan tenido una formación académica, que permita al Presidente de la Corte Suprema, considerar graves los hechos que les provocaron la muerte”.

Junto con eso el Diputado, hizo un llamado al Presidente de la Corte Suprema, en su calidad de Presidente de uno de los Poderes del Estado, a tratar con la misma preocupación los hechos de violencia con carácter terrorista tanto en Santiago, como en regiones y especialmente poner atención a lo que ocurre en las regiones del Biobío y de La Araucanía, comentando que; “Con sus declaraciones lo único que hace es dejar en evidencia que efectivamente existen chilenos de primera y segunda clase y no solamente entre aquellos que viven en Santiago o regiones, sino que además según su nivel de educación, lo que es aún más preocupante considerando los altos niveles de desigualdad educativa de nuestro país, por tanto con declaraciones así se está dando una pésima señal y se está menoscabando a millones de chilenos«, finalizó el Diputado Diego Paulsen.

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“Me parece una irresponsabilidad tremenda, que estando en pleno verano, no contemos con el apoyo aéreo suficiente para ir en auxilio de aquellos vecinos que ven como las llamas consumen el trabajo de toda una vida y peor aún saber que mientras arden diversos puntos en la región, los recursos aéreos existentes sean destinados a la región Metropolitana”.

Como una pésima gestión definió el diputado por La Araucanía,Diego Paulsen, la ausencia de apoyo aéreo efectivo para auxiliar a brigadistas de Conaf y Bomberos en la extinción de diversos incendios por toda la región de La Araucanía y especialmente en la provincia de Malleco, ya sea debido a las altas temperaturas imperantes, el descuido o lisa y llanamente la mano del hombre tenemos –a modo de ejemplos- incendios en sectores rurales de Galvarino (en Nilpe y Triftrifko) y de Collipulli, los cuales amenazan con propagarse a viviendas de material ligero, con el consiguiente peligro para los vecinos.

Es del caso señalar, que pese a las emergencias que existen actualmente en la región, el escaso apoyo aéreo con el que cuenta La Araucanía fue destinado la tarde de este miércoles a ir en apoyo a emergencias en las regiones del Maule y Metropolitana, lo que evidencia dramáticamente la poca relevancia que tienen las emergencias que ocurren en La Araucanía para este gobierno.

Al respecto el Diputado Paulsen, señaló que “me parece una irresponsabilidad tremenda, que estando en pleno verano, no contemos con el apoyo aéreo suficiente para ir en auxilio de aquellos vecinos que ven como las llamas consumen el trabajo de toda una vida y peor aún saber que mientras arden diversos puntos en la región, los recursos aéreos existentes son destinados a la región Metropolitana, demostrando además una falta de coordinación, de sentido común y empatía con los vecinos de nuestra región. Demostrando nuevamente la improvisación y la falta de trabajo serio que realiza el gobierno de la Nueva Mayoría en La Araucanía, y que tiene a los vecinos sin protección”.

“Este gobierno no aprendió nada, con lo ocurrido hace dos veranos en “China Muerta”, o lo que ocurrió hace días en Valparaíso, y continúa arriesgando a los vecinos de La Araucanía a repetir esa triste historia”.

Junto con eso Paulsen apuntó hacia los responsables de este tipo de errores, comentando que; “Tanto el ministro de Agricultura, como el director nacional de CONAF, espero estén dispuestos a asumir las consecuencias de su trabajo poco diligente, pues como parlamentarios les dimos en la Comisión de Agricultura todas las instancias a nuestro alcance, para que expusieran sus necesidades y que obtuviesen los recursos para estar bien preparados para estas emergencias, pero no supieron aprovechar estas instancias y eso ahora va en directo perjuicio de mis vecinos de Malleco”, finalizó el diputado Diego Paulsen.

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