Los procedimientos se realizaron en Angol y Traiguén. Uno de los detenidos adeudaba casi $8 millones y todos mantenían órdenes vigentes emanadas por tribunales de familia.

Más de 10 millones de pesos en deudas por pensión de alimentos acumulaban tres hombres que fueron detenidos por detectives de la Policía de Investigaciones en distintos procedimientos realizados en la provincia de Malleco.

Las diligencias estuvieron a cargo de las Brigadas de Investigación Criminal de Traiguén y Angol, en el marco de órdenes emanadas por tribunales de familia debido al reiterado incumplimiento en el pago de alimentos.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Traiguén, donde detectives lograron ubicar y arrestar a un sujeto que mantenía una deuda superior a los 7 millones 800 mil pesos. Tras su captura, fue trasladado hasta el Centro de Detención Preventiva de la comuna.

En la misma ciudad, otro hombre también fue detenido por adeudar más de un millón de pesos por concepto de alimentos devengados.

A ello se sumó un tercer procedimiento realizado en Angol, donde personal de la PDI concretó el arresto de un imputado que debía más de 2 millones de pesos en pensión alimenticia. Luego de diversas diligencias para establecer su paradero, el hombre fue derivado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol para cumplir una medida de arresto nocturno durante 10 días.

Desde la Policía de Investigaciones señalaron que estas diligencias forman parte del trabajo permanente orientado a dar cumplimiento a resoluciones judiciales vinculadas al pago de pensiones alimenticias y otras obligaciones familiares.

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La Corte Suprema rechazó una demanda de divorcio unilateral por incumplimiento reiterado del pago de la pensión de alimentos, y estableció un precedente clave sobre la aplicación de la llamada “cláusula de dureza”, que protege al cónyuge más vulnerable en estos procesos.

El caso se originó tras la demanda de divorcio presentada por el esposo, luego de más de tres años de separación. Sin embargo, la esposa se opuso alegando que el marido había incumplido reiteradamente su obligación de pagar la pensión de alimentos, pese a estar en condiciones de hacerlo, invocando el artículo 55, inciso tercero, de la Ley de Matrimonio Civil.

Los tribunales de primera instancia y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron la acción judicial de la mujer y decretó el divorcio, argumentando que la cónyuge contaba con otros mecanismos para cobrar la deuda alimentaria. Pero la Corte Suprema revocó esas decisiones, señalando que ambos tribunales cometieron un error al no aplicar correctamente la “cláusula de dureza”. De esta forma, el fallo unánime acogió el recurso de casación interpuesto por la esposa, representada por la Corporación de Asistencia Judicial de La Araucanía y Metropolitana.

Al respecto, el abogado jefe de Segunda Instancia de la CAJ Araucanía, Mauricio Colil, afirmó que “este fallo nos lleva a razonar en cómo una ley clara, que entrega una alternativa jurídica de cómo reaccionar ante una acción de divorcio, establecida en el artículo 55, inciso tercero de la Ley de Matrimonio Civil, debe ser respetada por los jueces de instancia. Y que, de no ser así, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial recurrimos al máximo tribunal del país para buscar y alcanzar ese respeto al Derecho en beneficio de nuestros consultantes, en este caso, conseguir algo básico como recibir el pago de una pensión de alimentos fijada por resolución judicial”.

Al respecto, la abogada de la Oficina de Corte de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, Sara Lareu, explicó que la Corte Suprema sienta una jurisprudencia importante, pues establece que “si bien es cierto que el juez tiene facultades para analizar la prueba, el análisis que hace el magistrado no puede ser discrecional y tiene que revisar en el caso concreto la concurrencia de todos los elementos objetivos que revelen el incumplimiento”.

Con esta resolución, la Corte Suprema reafirma que el incumplimiento reiterado y sin justificación de la pensión alimenticia es un impedimento para decretar el divorcio unilateral, privilegiando la protección del cónyuge más débil.

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Esta legislación, que facilita el acceso a la información financiera de los deudores, ha establecido dos mecanismos para garantizar el pago de las pensiones, permitiendo que el Estado investigue y utilice datos bancarios y financieros del deudor para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. A nivel nacional, y a dos años de su entrada en vigor, los tribunales de familia han ordenado el pago de aproximadamente $2.5 billones (equivalente a más de 52 teletones), casi el doble de lo que se había determinado en octubre del año anterior, cuando la deuda total era de $1.36 billones.

En relación con los avances que ha generado la ley, la Seremi de Gobierno, Verónica López-Videla, subrayó la importancia del cumplimiento de la ley, especialmente en cuanto al apoyo a las madres y la seguridad económica de los niños.
«Hoy día se cumplen dos años desde la promulgación de la ley del pago efectivo de pensiones de alimentos y responsabilidad parental, promulgada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Esta ley establece mecanismos de pago para aquellos progenitores, principalmente hombres, que tenían deudas con sus hijos, hijas y adolescentes. Para nosotros, eso es muy importante. tras la creación de esta ley, miles de niños, niñas y adolescentes ahora pueden vivir mejor. Miles de mamás han visto aliviada la carga, esa pesada mochila de tener que perseguir todo el tiempo a sus progenitores. De esta manera, también estamos entregando autonomía, porque el no pago de la deuda de pensiones es, en realidad, una forma de violencia económica contra las mujeres y los niños», afirmó.

Por su parte la seremi de la Mujer, Sol Kaechele, destacó que: «Esta ley establece distintos mecanismos, y lo que genera es que, hoy en día, el Estado es el principal garante de apoyar a las personas que se encuentran en esta situación, principalmente las mujeres. Las cifras, tanto a nivel regional como nacional, nos indican que más del noventa y seis por ciento de las personas que adeudan una pensión de alimentos son hombres. No es una cifra que nos guste, es una cifra que lamentamos, pero mientras exista esa realidad, tenemos que seguir impulsando desde el gobierno distintas medidas para acompañar a las mujeres, que son las que hoy se encargan de la crianza, los cuidados y el soporte económico de las familias.”

En este sentido, también enfatizó que, en la región de La Araucanía, existen: «Más de once mil novecientos deudores vigentes, y también cerca de quinientas mujeres que son deudoras. Es importante señalar esto. La ley es transversal, aplica tanto para hombres como para mujeres. Además, hemos reforzado la institucionalidad para el pago de pensiones de alimentos con la Ley de Responsabilidad Parental, conocida como la Ley ‘Papito Corazón’, y el Registro Nacional de Deudores, dos instituciones clave para asegurar el pago efectivo. En este sentido, hemos avanzado en más de siete mil cancelaciones, lo que demuestra que estamos avanzando. La ley está siendo utilizada, y en los diálogos con las mujeres de la región, han señalado que ha tenido un impacto positivo en sus vidas y en las de los niños, niñas y adolescentes que antes no contaban con una pensión de alimentos», finalizó.

El Seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, informó sobre el avance de la retención de fondos a través de la Operación Renta y el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos: «Al analizar las retenciones de 2024, que fueron de veintitrés millones de pesos, podemos ver que tanto los montos como el número de personas afectadas han aumentado. Sin embargo, esto también significa que los montos de las retenciones son cada vez menores. En este sentido, es fundamental destacar que estas medidas van directamente en beneficio de la seguridad económica de los niños, niñas y adolescentes, algo que se está logrando con estos esfuerzos.»

Ejecución del mecanismo de pago:

1. El representante legal de las y los hijos a quienes se les adeude la pensión de alimentos, deberá solicitar al Tribunal de Familia que se inicie el procedimiento especial que permite retener los fondos que la persona deudora tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión. Esto puede hacerse en el módulo “Trámite Fácil” de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial

2. Si no se conocen las cuentas del deudor, el tribunal investigará su patrimonio mediante interconexión con instituciones como la CMF, el SII y otros servicios del Estado.

3. Si se encuentran fondos, el tribunal ordenará a las instituciones financieras retenerlos y pagar la deuda.

4. El tribunal también verificará si el deudor tiene otras deudas de pensión. Si es así, el pago será prorrateado entre las diferentes causas si los fondos no son suficientes.

5. En caso de que el deudor no tenga fondos suficientes en cuentas bancarias o instrumentos financieros, se podrá solicitar que se utilicen los fondos de la cuenta de capitalización individual (AFP) para cubrir la deuda.

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Al mes de octubre de 2024, a poco más de un año de implementación de esta ley, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.

“Que se haya ordenado el pago de estos montos significa que estos recursos ya habían sido encontrados en las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos de pensiones del deudor, gracias a las atribuciones que permite la Ley de Pago Efectivo a los Tribunales, y que estos recursos se habían pagado o se encontraban en proceso de pago”, explica la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo.

Tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de febrero de este año, se han realizado más de 132.541 cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban en el registro, es decir, cerca del 45% de los deudores que han ingresado al Registro de Deudores, han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.

Actualmente, existen cerca de 268 mil deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro. Al respecto, la ministra (s) Vidal señala que “esta institucionalidad ha generado una mayor confianza de las mujeres para judicializar las deudas y exigir el justo derecho del que son acreedores sus hijos e hijas. Y para continuar avanzando, como Ministerio de la Mujer seguimos trabajando permanentemente con el Poder Judicial, la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones involucradas, pues la implementación de la Ley de Pago Efectivo requiere un gran esfuerzo de coordinación entre instituciones públicas y privadas, así como desarrollo tecnológico”.

En este sentido, la autoridad advierte la importancia de continuar con el pago sistemático de esta responsabilidad, pues de lo contrario, se puede reincidir en el registro.

En la Región de La Araucanía 7.153 deudores han salido del registro de deudores, ya sea pagando o llegando a acuerdo de pago, lo que equivale a aproximadamente un 56% de las personas que han entrado desde su creación. Aún quedan 11.340 deudores con inscripción vigente.

“Esta ley, ha tenido un gran impacto en La Araucanía. Actualmente, ya se han concretado cerca de 7.153 pagos o acuerdos de pago. Esto también implica avanzar en justicia para miles de mujeres de la región, que por años se han hecho cargo solas de la crianza y los cuidados, sin el apoyo económico de la otra parte, lo que además conlleva una violencia económica muy fuerte hacia ellas. Los diversos esfuerzos de coordinación entre instituciones han contribuido a que hoy tengamos cerca de un 56% de pagos o acuerdos, que se aceptan porque se entiende que serán reales, lo que es positivo, pero esperamos seguir impulsando esta ley y así disminuir no solo la deuda, sino las implicancias para las madres, cuidadoras y los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por este incumplimiento”. Indicó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Sol Kaechele Mellado.

A esto se suman otras iniciativas impulsadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para fortalecer el sistema, como el proyecto realizado el año 2024 con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ) que permitió entregar representación judicial en más de 1.900 causas, ingresar más de 550 nuevas causas a tribunales, atender más de 1.500 entrevistas de orientación e información, realizar 895 entrevistas judiciales para evaluación de viabilidad jurídica, y registrar más de 6.600 gestiones judiciales y/o extrajudiciales asociadas al avance procesal de las causas y a la correspondiente comunicación e información con las mujeres patrocinadas.     

Asimismo, diversas instituciones se han sumado a este desafío. Una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde el año pasado considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.

“Hoy estamos viendo los resultados de una iniciativa impulsada por este gobierno, que en muy poco tiempo permitió activar y articular la institucionalidad del Estado en favor de quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y que son mayoritariamente mujeres, logrando que un alto porcentaje de deudores de pensiones de alimentos se hagan cargo de la responsabilidad económica que ello implica y que por años eludieron”, señaló el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón.

La autoridad agregó que “acá, más allá de la restitución económica, muy necesaria, por cierto, es importante seguir avanzando en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en paralelo, promover la discusión y la reflexión en torno a esta cuestionable actitud, para que a futuro logremos reducir al mínimo este tipo de situaciones”.

“Como país hoy contamos con una mejor institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio respecto de un problema que han enfrentado miles de mujeres y niñeces en nuestra historia, en donde el Estado garantice el pleno desarrollo y talento que nacen y habitan los territorios, porque de esta forma, seguimos creciendo como sociedad. Ya no están solas”, concluyó la autoridad.

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Desde la promulgación de la Ley de Pago Efectivo, las personas pueden salir del Registro de Deudores de Pensiones Alimenticias pagando lo adeudado o llegando a acuerdo de pago.

La institucionalidad para el pago efectivo de las pensiones alimenticias sigue avanzando. En mayo de este año el Poder Judicial informó que ya se habían dictado órdenes de pago por más de 830 mil millones de pesos, y se habían pagado más de 310 mil millones mediante los mecanismos especiales y extraordinarios que establece la Ley para Pago Efectivo, promulgada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

A nivel nacional, a la fecha más de 87.700 morosos han salido del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, esto debido a que pagaron la deuda o llegaron a acuerdo de pago ante Tribunales. Esto, según datos del Registro Civil e Identificación al 4 de septiembre. En La Araucanía, la cifra asciende a 4.939 personas.

“La nueva institucionalidad para el cumplimiento de pago de las pensiones alimenticias ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico que ha afectado a miles de mujeres, niños y niñas de nuestro país, como es el no pago y el abandono parental”, señala la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello.

Asimismo, la autoridad explica que “en la tramitación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, modificamos el Registro de Deudores para que existiese un incentivo para pagar las deudas, que es el objetivo final de ambas normativas. De esta forma, quienes pagan o llegan a acuerdo de pago ante el tribunal, pueden salir del registro, tal como lo han hecho más de 87 mil personas a la fecha”.

En este sentido, la autoridad advierte la importancia de continuar con el pago sistemático de esta responsabilidad, pues de lo contrario, se puede reincidir en el registro.

De acuerdo a la información del Registro Civil, en todo el territorio nacional, actualmente existen 238.724 deudores vigentes, de los cuales 96% son hombres. De ellos, 24 mil cuentan con más de una causa. Estas deudas afectan a más de 329 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a percibir una pensión alimenticia. En el caso de la Región de La Araucanía, hay 9.877 deudores de pensiones, de los cuales 96% son hombres, esto afecta a 13.355 niños, niñas y adolescentes.

La ministra Orellana explica que, gracias a los avances en este problema histórico, hoy existe una mayor expectativa de pago y, por lo tanto, una mayor judicialización, “lo que ha generado un gran desafío al sistema. Por eso este año inyectamos más de $11 mil millones para agilizar procesos y disponer más funcionarios en los Tribunales de Familia, y comenzamos un proyecto piloto con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana para entregar asistencia jurídica a cerca de 6 mil mujeres”.

En tanto en la región de La Araucanía la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Sol Kaechele Mellado señala lo siguiente “hemos estado dialogando con mujeres en diversas comunas respecto a la importancia de la Ley de pago efectivo de pensiones y cómo impacta su vida, porque finalmente que las mujeres se tengan que hacer cargo solas de la crianza y ser el único soporte económico de niños, niñas y adolescentes es violencia económica. Las cifras son claras, el 96% de los deudores son hombres y es por eso también hacemos eco del mensaje de la Ley, cuando señalamos ya no estás sola, entregando información a las mujeres para hacer uso de este procedimiento especial de pago. Como hemos visto, ya se han ocurrido cancelaciones en la región y eso implica que la Ley está funcionando porque, o se pagó la totalidad de la deuda o se llegó a un acuerdo de pago aceptado por ambas partes”.

En La Araucanía, se han realizado diversas charlas para dar a conocer la ley, así como despliegues en medios de comunicación, y el llamado constante de las autoridades a hacer uso de este procedimiento.

A la fecha, 2.121 instituciones se encuentran enroladas en el sistema electrónico para consultar el Registro de Pensiones de Alimentos, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, remoto, gratuito e inmediato, disponible para las organizaciones que tienen la obligación legal de consultarlo, tales como tribunales, bancos, notarias, municipalidades y otras instituciones públicas y privadas. En este contexto, se han realizado 1.484.173 consultas y se han emitido más de 476.000 certificados.

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Para ello, la Corporación ingresó modificaciones a las bases de sus instrumentos e incorporó como requisito exigible a los y las postulantes (personas naturales) no estar registrado como deudor/a de pensión de alimentos. Es más, esta condición será revisada por Corfo en distintos estados del proceso de postulación y adjudicación, esto es, tanto en la admisibilidad de los proyectos postulados, previo a la redacción del convenio de subsidio/cofinanciamiento, y antes de la transferencia de los recursos.

Cabe recordar que Corfo actualizó su Estrategia de Género donde establece un especial compromiso para enfrentar inequidades, barreras y brechas de género (“IBB”) en su gestión interna y externa. Esta determinación para aquellos deudores/as de pensión de alimentos, se suma también a otra serie de iniciativas de acción afirmativa como distintas convocatorias nacionales y regionales con enfoque de género. Además, la Corporación otorga un cofinanciamiento adicional a aquellas empresas que son seleccionadas en programas sin enfoque de género, pero que demuestran tener un liderazgo femenino (el incremento es de al menos 10%).

Bonificación: Sello 40 horas

Otra importante modificación de Corfo en las bases de sus distintos programas y/instrumentos dice relación con la aplicación de la Ley N° 21.561, más conocida como la “Ley de las 40 horas”, la que reduce la jornada laboral en Chile.

Para incentivar el uso de esta Ley que beneficia a trabajadores y trabajadoras del país, la Corporación otorgará un puntaje adicional, consistente en una bonificación de un 5% sobre la nota final obtenida tras la evaluación a aquellos proyectos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que tengan este sello otorgado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que certifique la implementación de forma anticipada de la reducción de la jornada laboral.

En el caso de producirse un empate para la adjudicación de los recursos, en la nota final entre dos o más proyectos, Corfo seleccionará el proyecto presentado por la empresa que haya sido beneficiada por este puntaje adicional (de persistir aún el empate, privilegiará el proyecto que haya sido postulado primero).

A la fecha, este beneficio ya ha sido aplicado, por ejemplo, en las convocatorias de varios instrumentos que apoyan la innovación empresarial, como Innova Alta Tecnología, Crea y Valida, Innova Región, Capital Humano y para su nuevo Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación.

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El Delegado Presidencial de La Araucanía, José Montalva, destacó que los montos retenidos van en directo beneficio de niñas y niños de La Araucanía.

El proceso, que en la Región de La Araucanía se desarrolló de forma expedita durante los meses de abril y mayo, entregó más de 104 mil transferencias y sobre 2 mil cheques a los contribuyentes que realizaron su declaración durante el mes de abril.

Al respecto, el seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, explicó que las cifras del 2024 “fueron muy cercanas a las del año 2023, ya sea en el número de declaraciones aprobadas, como en sus montos. En tal sentido, podemos destacar que el trabajo realizado por la TGR y el SII cumplió con los estándares requeridos. Este último incorporó puntos externos de atención al contribuyente, que atendieron de manera presencial a más de 8 mil personas”.
Retención a deudores de pensiones de alimentos.

La Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos establece un mecanismo de pago permanente para la o las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos e hijas de la persona deudora. En el proceso de la Operación Renta 2024, se retuvo la devolución a todos aquellos contribuyentes que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En este sentido, el Delegado Presidencial de La Araucanía, José Montalva, afirmó que “como gobierno del Presidente Gabriel Boric destacamos que, gracias a la Ley de Pago Efectivo de Deuda de Pensiones de Alimentos, también conocida como Ley ‘Papito Corazón’, se triplicó la retención para poder pagar la pensión de alimentos para niñas y niños de La Araucanía”.

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Sol Kaechele explicó que “en La Araucanía las retenciones pasaron de 216 contribuyentes a 800 este 2024, lo que permitió retener más de 123 millones de pesos. Con esta retención lo que hacemos es avanzar en justicia y disminuir la violencia económica hacia las mujeres, quienes se hacen cargo de los cuidados y la crianza, puesto que el 97 % de las personas que adeudan una pensión de alimentos son hombres”.

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Los sujetos a sabiendas que serían requeridos por los tribunales de familia procedieron a cambiar constantemente de domicilio para eludir el accionar policial y judicial. Por esta razón la PDI se abocó a ubicar sus paraderos y luego de recabar antecedentes entre familiares y cercanos, se estableció sus actuales direcciones, concurriendo personal policial a detenerlos y quedando a disposición de los Juzgados de Familia de Temuco y Angol.

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Los sujetos a sabiendas que serían requeridos por los tribunales de familia procedieron a cambiar constantemente de domicilio para eludir el accionar policial y judicial. Por esta razón la PDI se abocó a ubicar sus paraderos y luego de recabar antecedentes entre familiares y cercanos, se estableció sus actuales direcciones, concurriendo personal policial a detenerlos y quedando a disposición de los Juzgados de Familia de Temuco, Lautaro y Angol.

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El sujeto a sabiendas que era requerido por el tribunal de familia procedió a cambiar constantemente de domicilio para eludir el accionar policial y judicial. Por esta razón la PDI se abocó a ubicar su paradero y luego de recabar antecedentes entre familiares y cercanos, se estableció su actual dirección, concurriendo personal policial a detenerlo y quedando a disposición de los Juzgados de Familia de Pitrufquén y Toltén.

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