Hasta el momento, la campaña asociada a las próximas elecciones se detendrá al promulgarse la Reforma, pero se retomará entre el 28 de abril y el 13 de mayo. El senador DC advirtió que permitir aportes monetarios en ese intertanto “sólo beneficia a los sectores más pudientes (…) No me parece que el dinero tenga que tener influencia en este proceso”, criticó.

En comisión de Constitución del Senado, durante el trámite de la Reforma Constitucional que busca postergar las próximas elecciones, el senador Francisco Huenchumilla (DC) logró la aprobación de una indicación de su autoría, y que frenará los aportes monetarios a las campañas durante el mismo periodo que se suspenda la propaganda electoral.

Antes de reunirse la instancia, durante la mañana de este jueves, el legislador planteó sus resquemores con el proyecto del gobierno, y cuestionó “la relación entre la política y el dinero”, advirtiendo que extender los aportes de recursos beneficiaría, a su juicio, a los sectores de derecha que tradicionalmente reciben más donaciones.

“El dinero y la política”

Previo a la sesión de Comisión, el senador Huenchumilla adelantó: “los puntos centrales que yo objeto es la relación entre la postergación de las elecciones, y el uso del dinero en la política”, apuntó.

De acuerdo al senador, en el proyecto original, “suspendidas las elecciones, o postergadas las elecciones específicamente acá, los aportes pueden seguir existiendo, de tal manera que en el periodo en que las elecciones se postergan y están suspendidas las campañas, sin embargo, van a poder existir aportes (…) no me parece que estando suspendidas las campañas, se permita que las personas naturales sigan haciendo aportes. Porque esto, ¿A quién beneficia? A los sectores más pudientes de la sociedad”, cuestionó temprano el senador.

En la discusión de la Comisión sobre este punto, finalmente fue aprobada la indicación del senador Huenchumilla; es decir, se eliminó la posibilidad de que puedan seguir existiendo aportes económicos durante el periodo en que las campañas estén suspendidas.

Reanudación de la campaña

En la misma línea, el senador Huenchumilla también cuestionó que “este proyecto suspende las campañas, pero las reabre después del 28 de abril. En circunstancias que ahora quedan como 4 o 5 días de campaña, y sin embargo otorga un nuevo plazo de campaña desde el 28 de abril al 13 de mayo, o sea, 15 días suplementarios de campaña. ¿A quién va a favorecer esto? Naturalmente que a los sectores que tienen más dinero”, aseveró.

Respecto de esta inquietud, la Comisión resolvió finalmente no modificar los periodos establecidos en el proyecto, lo cual significa en la práctica, que la campaña será suspendida desde las 24 horas del día de publicación de la Reforma Constitucional, para reanudarse el próximo 29 de abril, y mantenerse abierta hasta el 13 de mayo próximo.

Reanudación de la franja electoral

Una última duda del parlamentario con la iniciativa, fue que “respecto de la Franja Electoral, en cambio, no se dan 15 días como en la campaña total, sino que se da el remanente de los días que queden en la actual campaña. O sea, si esta ley sale publicada en el Diario Oficial el martes, (el remanente de) la Franja Electoral sería por tres días. Y en cambio, la campaña se reanuda por 15 días”, cuestionó el parlamentario.

Más tarde, en Comisión, el senador recalcó que la franja electoral televisiva es la única oportunidad de propaganda electoral que tienen candidatos con pocos o ningún recurso, por lo que no extenderla durante los días que se reanuda la campaña, es un perjuicio para ellos.

Durante el trámite, la comisión mantuvo el no realizar cambios sobre este punto, por lo que la franja, al reanudar la campaña, se extendería sólo por los días de remanente.

Finalmente, la Comisión de Constitución despachó el proyecto a la sala del Senado, para que sea revisado y votado próximamente.

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En este sentido, García puntualizó “esto sigue siendo una falta de respeto tremenda para la gente de la región y para el país. Cuando todo el mundo esperaba que en la cuenta pública hiciera anuncios de cuáles iban a ser las medidas a adoptar para combatir el terrorismo nuevamente da la espalda y posterga a la región y lo peor de todo, es que los propios candidatos presidenciales de la Nueva Mayoría avalan esta situación diciendo que en no hay terrorismo y que son solo hechos delictuales. Es decir que durante todos estos años, mientras ha habido asesinatos, incendios a maquinaria agrícola, galpones, casas y camiones ¿todo eso no es terrorismo?”

Al finalizar, García precisó “con esta actitud de los candidatos de la Nueva Mayoría, cuando ya no creen en lo que están representando, claramente van a permitir que sigan los actos terroristas. Si a eso le agregamos que el propio representante de la Presidenta de la República, el Intendente está pidiendo a gritos que lo saquen porque no tiene capacidad de resolver este problema. Para colmo, el Ministro del Interior, después de haber citado a los parlamentarios para el día lunes, no nos recibe y posterga la reunión para el próximo lunes. Una vez más, el Gobierno da la espalda a la región, debiendo meter a la cárcel a los terroristas y que la gente de trabajo siga haciendo productiva a la región.”

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En las recientes bases programáticas de su programa de gobierno, el candidato Piñera, no dedica una línea a hablar de la política de vivienda. No existe ni siquiera una frase grandilocuente o una lista de sinónimos a la que nos tiene acostumbrados, sólo generalidades o cifras gruesas que llevan a engaño.

Así por ejemplo, el proponer la erradicación de campamentos al 2026 supone al menos dos omisiones relevantes, la primera es que hablamos de un proceso en marcha, cuyas soluciones avanzan día a día, por consiguiente, el próximo gobierno recibirá parte de la tarea, pero también importantes soluciones ya implementadas; y lo segundo, es que el plazo de 2026, excede largamente el próximo período presidencial de 4 años.

Se extraña también, la ausencia de una estrategia que permitiría el término de este tipo de asentamientos irregulares. Responder el cómo se hará, representa un imperativo ético y al omitirlo, se juega con la fe pública.

Más grave aún me parece que el mencionado programa de gobierno retome la “política de erradicación”, tan utilizada por la Dictadura Militar y que significó profundas segregaciones en nuestra sociedad. Es una vuelta atrás que no queremos y que contrastamos con políticas que aseguren el fortalecimiento de radicaciones y relocalizaciones que nacen de procesos de diálogo y trabajo conjunto con las familias.

Tampoco existen en el programa indicios de cómo se enfrentarán las causas que originan este tipo de asentamientos irregulares. Es sabido que este fenómeno, no representa sólo un problema habitacional, sino que tiene un origen multicausal. En lo sustantivo, se relaciona con la localización, lo que significa que esta nueva ubicación permite a las familias acceder a una oferta de servicios cualitativa y cuantitativamente superior, mientras que la segunda causa se relaciona con las oportunidades laborales, entre ellas la posibilidad de contar con espacios para desarrollar actividades productivas como granjas, recolectores y areneros, entre otras, e incluso con fenómenos migratorios.

La falta de una política de vivienda en el programa de Piñera, me parece no es casual. El equipo del candidato, no pudo escribir aquello en que no existe acuerdo entre quienes lo respaldan. Entre ellos no existe unanimidad para impedir la especulación de agentes inmobiliarios por el valor del suelo, no todos están de acuerdo en promover programas de integración social y territorial que permitan una mayor interacción ciudadana y tampoco en priorizar programas de habitabilidad rural que permitan llegar a poblaciones habitualmente alejadas y dispersas con soluciones habitacionales pertinentes y de calidad. Aún prevalece el mal recuerdo de una política habitacional que se sustentó en la entrega de voucher o “vale por” que ilusionó con cifras rimbombantes pero que a poco andar no era más que un amplio mar de inconsistencia y vaguedades.

No existe ninguna línea sobre la política habitacional, ningún dato, ninguna meta, ni montos de inversión asociados al sector, simplemente porque las necesidades habitacionales no están en las preocupaciones básicas del candidato de la derecha.

En este contexto, sólo señalar que durante este gobierno se han asignado un total de 696.348 subsidios habitacionales, 285.941 destinados a disminuir el déficit cuantitativo de viviendas, mediante la construcción o adquisición de nuevas viviendas; y 410.407 subsidios enfocados al déficit cualitativo, es decir, mejorar o ampliar viviendas con altos niveles de deterioro, con una inversión total de casi 186 millones UF. A febrero de 2017, de las 224.538 viviendas necesarias, se han terminado 222.064 (98,9%), otras 2.463 (1,09%) están en ejecución y sólo 11 (0,01%) aún no inician su construcción.

Jaime Romero Álvarez

Ex Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Integrante Comisión Política PS

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