Este miércoles los reos del módulo indígena de la Cárcel de Angol decidieron poner fin a su huelga de hambre que duró más de 100 días, tras supuestas «conversaciones» con Gendarmería, sin informarse aún el trasfondo de los beneficios a los que habría cedido la institución.

“No podemos permitir que la violencia dicte los términos de nuestras conversaciones ni que el Estado ceda ante las acciones de presión de grupos que las últimas semanas han atacado escuelas, iglesias, al personal de Salud y hogares de nuestra región, pidiendo beneficios para estos presos”, señaló Rivas.

El Gobernador subrayó que estos hechos no son nuevos y que ya en diciembre del año pasado se realizó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que llegó a las mismas conclusiones.

«La señal que se envía, finalmente, es que el Estado y el Gobierno se pone de rodillas ante la violencia. No puede ser que siempre se ceda a beneficios y privilegios ante quienes usan la violencia como un método de presión, mientras las víctimas siguen abandonadas por el Estado», afirmó.

Rivas también expresó su preocupación por la falta de transparencia en los métodos y criterios para otorgar estos beneficios carcelarios. «Es inaceptable que no se sepa quién tomó estas decisiones, en qué consisten los acuerdos, quiénes son los beneficiarios y si cumplen con los requisitos de buena conducta», afirmó. «Esta falta de claridad y rendición de cuentas solo alimenta la desconfianza y la especulación».

Rivas recordó un informe de la Contraloría General de la República del año pasado que cuestionó una disposición de la resolución exenta N° 3.925 de 2020, emitida por la Dirección Nacional de Gendarmería. «Este informe cuestionó la falta de sanciones para los internos que comenzarán una huelga de hambre, un problema que persiste en la situación actual», destacó. «Es esencial aprender de estas lecciones y actuar en consecuencia».

Finalmente, la autoridad regional afirmó que esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que el Gobierno informe detalladamente sobre las negociaciones que han tenido lugar con los presos en huelga de hambre.

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El texto y donde uno de los autores es el diputado por La Araucanía Jorge Rathgeb Schifferli, manifiesta la preocupación por el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

Con 76 votos a favor fue aprobado el proyecto de resolución presentado por los diputados RN, Sofía Cid, Miguel Mellado, Francesca Muñoz, Camila Flores, Andrés Celis, Jorge Rathgeb, Andrés Longton, Sara Concha, José Miguel Castro, con el fin de manifestar su preocupación y rechazo a la urgencia calificada de suma, dispuesta por el Presidente de la República en la discusión del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

El proyecto de resolución de los parlamentarios cuestiona, además la iniciativa del Ejecutivo, que evidencia inconsistencias técnicas de “lo que parece a toda vista una amnistía con un catálogo de delitos vagos e impreciso”, tratándola de una moción “desprolija”

“El indulto supone una bofetada para las víctimas y esos miles de chilenos que vieron en peligro su integridad física o su propiedad, o que debieron ver como el trabajo de toda una vida lo consumían las llamas producto de la acción irracional de quienes perpetraron estos hechos”, dice la iniciativa aprobada por los parlamentarios.

Para el diputado Rathgeb esto es una señal importante y valora que se haya dado luz verde a la propuesta planteada por RN.

“Valoramos que en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados se haya aprobado el proyecto de resolución, presentado por parlamentarios de RN, donde finalmente se manifestaba una preocupación y un rechazo, a la suma urgencia calificada por parte del Gobierno en el sentido de darle agilidad a los indultos de personas que participaron de hechos delictivos durante el estallido social o estallido delictual, realmente estamos conformes que se haya aprobado esta iniciativa y se demuestre una preocupación a lo que había planteado el Presidente de la República”, señaló el congresista por La Araucanía.

El legislador traiguenino concluyó que el Ejecutivo debe tomar en cuenta que indultar a quienes ocasionaron daños en contra de terceros o propiedad privada, sería un grave error.

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El senador José García Ruminot manifestó su inquietud luego de conocer la condena en contra de Celestino Córdova y espera que a partir de ésta se pueda conocer a todos los otros participantes del brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

“Es evidente que Celestino Córdova esa noche no actuó solo y, por lo tanto, creo que está absolutamente pendiente saber quiénes lo acompañaban, qué niveles de autoría tuvieron, que sean identificados y que sean puestos a disposición de los tribunales”, sostuvo el parlamentario.

García Ruminot recordó el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay y la brutalidad de éste, y dijo que “amerita que nuestra Fiscalía del Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones hagan el máximo de esfuerzo por encontrar a todos los responsables; y también, encontrar a quienes han realizado otros atentados igualmente violentos que permanecen en la más absoluta impunidad”.

Ante acusaciones que hablan de presos políticos mapuches, el senador García Ruminot señaló tajantemente que “en Chile no hay presos políticos”.

“Nadie está detenido, nadie es procesado por pensar de una manera determinada. Son hechos claramente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico cómo delitos, los que además que son de enorme gravedad y frente a los cuales nadie puede estar por sobre el Estado de Derecho y por sobre los Tribunales de Justicia”, recalcó el legislador.

El senador por La Araucanía dijo, finalmente, que “espero que esta sentencia sea asumida a cabalidad y que no ocurra que bajo el pretexto de autodefinirse o de definirlos como presos políticos mapuches, se termine ejerciendo toda una presión sobre el Estado chileno para que termine liberando a una persona que ha sido condenada en un proceso con todas las garantías constitucionales respectivas y que ha sido condenado por un tribunal de nuestra República”.

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