El informe también advirtió que personal a honorarios realizó actividades particulares vinculadas a materias que debía resolver el propio municipio y detectó gestiones durante la jornada laboral.

Más de $758 millones en órdenes de compra con proveedores vinculados familiarmente a funcionarios municipales, contrataciones de un prestador a honorarios con el propio municipio y profesionales relacionados con expedientes que debían ser revisados por la Dirección de Obras Municipales. Ese es parte del escenario detectado por la Contraloría Regional de La Araucanía tras una investigación especial en la Municipalidad de Curacautín.

El organismo estableció que al menos 14 proveedores, vinculados por parentesco hasta el segundo grado con funcionarios del municipio, suscribieron 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525 durante 2024 y 2025. Contraloría determinó que estas operaciones incumplieron la normativa sobre inhabilidades en la contratación pública.

A ello se sumó el caso de un trabajador a honorarios que, mientras prestaba servicios al municipio, contrató con la misma entidad a través de una empresa de su propiedad por $1.992.000, para la adquisición de implementos deportivos.

La auditoría también verificó que al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la DOM como arquitectos patrocinantes, mientras dos funcionarios a honorarios participaron en proyectos sanitarios y estructurales asociados a permisos que debían ser tramitados por la propia municipalidad.

Contraloría concluyó que estos hechos evidenciaron debilidades en los controles internos y constató que el municipio no contaba con procedimientos específicos para prevenir contrataciones inhabilitadas ni detectar incompatibilidades en actividades particulares de sus trabajadores.

La Municipalidad de Curacautín informó que inició una investigación sumaria y adoptó medidas para reforzar sus controles. Contraloría mantuvo las observaciones y ordenó implementar nuevos procedimientos, capacitar al personal en probidad y acreditar las acciones dentro de los plazos establecidos.

Además, la investigación detectó que un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro realizó gestiones particulares ante la DOM de Curacautín durante su jornada laboral, por lo que se ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

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El delegado presidencial Francisco Ljubetic, el delegado provincial de Malleco, Víctor Manoli, y la totalidad de los seremis se sometieron a exámenes toxicológicos. Durante este año, las autoridades regionales deberán realizarse el test en dos oportunidades.

La totalidad de las autoridades que integran el gabinete regional de La Araucanía obtuvo resultados negativos en los exámenes toxicológicos para detectar consumo de sustancias ilícitas realizados en el marco de las medidas de transparencia y probidad impulsadas por el Gobierno.

A los controles se sometieron el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic; el delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli; y la totalidad de los secretarios regionales ministeriales, alcanzándose un 100% de resultados negativos.

“Como Gobierno tenemos un compromiso permanente con la transparencia, la probidad y el correcto ejercicio de la función pública. Por eso, junto al delegado provincial de Malleco y la totalidad de los secretarios regionales ministeriales, nos sometimos voluntariamente a exámenes toxicológicos, cuyos resultados fueron 100% negativos”, señaló Ljubetic.

El delegado agregó que la realización de estos controles busca reflejar la responsabilidad con que las autoridades asumen sus funciones y entregar confianza a las familias de La Araucanía.

Controles se repetirán durante el año

La aplicación de los exámenes forma parte de la agenda de probidad y combate al narcotráfico del Ejecutivo. De acuerdo con lo informado, el Presidente José Antonio Kast presentó además una reforma constitucional que propone establecer de manera permanente la obligatoriedad de estos controles para distintas autoridades del Estado y el cese de funciones de quienes obtengan resultados positivos.

El seremi de Gobierno, Felipe Montero, destacó que el resultado obtenido por el gabinete regional se encuentra en línea con las políticas destinadas a fortalecer los mecanismos de control dentro de la administración pública.

“Podemos comunicar que la totalidad del gabinete regional se encuentra con sus test negativos (…) como Gobierno tenemos un total compromiso con la transparencia, con llevar adelante este tipo de políticas que lo que hacen es poner la transparencia por delante, la ética, para que la gente tenga la tranquilidad también de que sus autoridades cumplen”, afirmó el vocero.

Los controles no terminarán con esta primera aplicación. Montero informó que durante 2026 todas las autoridades regionales deberán someterse en dos oportunidades a test de drogas, como parte de las acciones destinadas a reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.

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La Municipalidad de Lautaro emitió una declaración pública para responder a una reciente publicación de un medio de comunicación regional referida a la situación laboral de una funcionaria municipal que actualmente mantiene una relación con el alcalde Ricardo Jaramillo.

En el comunicado, el municipio explicó que la funcionaria ingresó a desempeñarse en la administración comunal en enero de 2023 bajo la modalidad de contrata, conforme a la Ley N.º 18.883, destacando que su incorporación ocurrió con anterioridad al inicio de cualquier vínculo sentimental con el alcalde Ricardo Jaramillo.

En ese sentido, la administración comunal señaló que lo informado en la publicación corresponde a la renovación anual de un contrato ya existente, descartando que se trate de una nueva contratación o de un ingreso efectuado de manera arbitraria. Asimismo, aclaró que los antecedentes administrativos mencionados en la publicación corresponden a los procesos regulares de renovación del personal a contrata realizados en enero de 2025.

Respecto de la intervención de la Contraloría Regional, la Municipalidad indicó que la fiscalización se originó a partir de una denuncia anónima y que, durante el proceso, entregó toda la documentación solicitada por el organismo fiscalizador.

Según el comunicado, la Contraloría no constató ilegalidad alguna en el vínculo laboral de la funcionaria. Sin embargo, en resguardo del principio de probidad administrativa, instruyó que el alcalde Ricardo Jaramillo debe abstenerse de suscribir decretos u otros documentos directamente relacionados con ella, debido a la relación existente entre ambos.

Finalmente, la Municipalidad de Lautaro afirmó que dicha instrucción se encuentra plenamente implementada, indicando que el alcalde Ricardo Jaramillo no interviene en esos actos administrativos y que las respectivas firmas han sido delegadas en las instancias correspondientes, conforme a lo dispuesto por la Contraloría.

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La Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de La Araucanía informa que el Seremi Luis Calderón Ramírez, dio cumplimiento al examen toxicológico de detección de drogas en cabello, requisito exigido para las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública como parte de los estándares de probidad, transparencia e idoneidad que rigen el ejercicio de la función pública.

El examen fue realizado por un laboratorio especializado mediante una técnica confirmatoria de alta precisión, obteniéndose un resultado negativo para todas las sustancias pesquisadas, sin detectarse evidencia de consumo de drogas en la muestra analizada.

Este procedimiento forma parte de las exigencias destinadas a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y reafirma el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de los más altos estándares éticos, de transparencia y responsabilidad en el servicio público.

Al respecto, el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón Ramírez, señaló que “la ciudadanía espera y exige que quienes tienen responsabilidades en seguridad pública, actúen con total transparencia y den el ejemplo”.

“Cumplir estas exigencias no es un privilegio, sino una obligación. Ese es el estándar que debemos sostener quienes ejercemos funciones públicas y, particularmente, quienes trabajamos diariamente por la seguridad de las familias de La Araucanía”, complementó.

La Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía informa a la ciudadanía que continuará impulsando una gestión basada en la probidad, la coordinación institucional y el estricto cumplimiento de la normativa, en su permanente trabajo con las policías, el Ministerio Público, los municipios y los distintos organismos del Estado para seguir avanzando en mejores condiciones de seguridad para la región.

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Autoridades regionales del gobierno del Presidente José Antonio Kast fortalecieron sus conocimientos sobre las nuevas Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 1 de julio, en una jornada encabezada por el Contralor Regional de La Araucanía.

Con el objetivo de fortalecer la gestión pública y asegurar el correcto uso de los recursos del Estado, autoridades regionales participaron en una jornada de exposición encabezada por el Contralor Regional de La Araucanía, Carlos Bilbao, dirigida a secretarios regionales ministeriales y directores de servicios públicos de la región.

La actividad abordó los principales aspectos de las Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, contenidas en la Resolución N.° 2 de 2026 de la Contraloría General de la República, normativa que comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio.

El delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, quien instó a la jornada, destacó la importancia de esta instancia como parte del compromiso permanente del Gobierno con una gestión pública moderna, responsable y cercana a la ciudadanía.

“Como Gobierno tenemos la convicción de que la probidad, la transparencia y la correcta rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta capacitación nos permite prepararnos adecuadamente para la implementación de esta nueva normativa y asegurar que cada recurso público sea administrado con responsabilidad, eficiencia y total apego a la ley”

Además la autoridad señaló que, “nuestro compromiso es seguir avanzando hacia un Estado más transparente y al servicio de las personas».

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para garantizar una adecuada implementación del nuevo marco normativo, promoviendo una cultura de integridad y responsabilidad en todos los organismos públicos de la región.

Durante la jornada, las autoridades pudieron conocer en detalle los nuevos lineamientos, resolver consultas y profundizar en los mecanismos que permitirán fortalecer los estándares de control, eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para garantizar una adecuada implementación del nuevo marco normativo, promoviendo una cultura de integridad y responsabilidad en todos los organismos públicos de la Región.

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La presidenta de la Comisión de Seguridad, concejala Claudia Peñailillo, sostuvo que la decisión busca resguardar recursos públicos y evitar su entrega a una asociación “que ha perdido la confianza del Concejo”, en medio de investigaciones internas y denuncias por presuntas irregularidades.

El Concejo Municipal de Temuco rechazó el traspaso de $1.800 millones destinados a seguridad pública a la Asociación de Municipalidades Zona Metropolitana de La Araucanía (AMZOMA), decisión adoptada por todos los concejales, excepto el concejal Bizama, en medio de severos cuestionamientos a la gestión y probidad de la entidad.

La información fue entregada por la presidenta de la Comisión de Seguridad, la concejala Claudia Peñailillo, quien fue enfática en señalar que el rechazo no implica oponerse a la seguridad, sino evitar que recursos millonarios terminen en una institución altamente cuestionada.

“Ayer en el Concejo se planteó traspasar $1.800 millones a AMZOMA para seguridad. Yo estoy haciendo todo para que Temuco tenga seguridad, pero no para entregarle recursos a una asociación que hoy tiene investigaciones internas, denuncias graves y una confianza completamente dañada”, sostuvo.

Cuestionamientos a AMZOMA y pérdida de confianza

Peñailillo detalló que la decisión se sustenta en antecedentes públicos y formales, incluyendo una investigación interna en curso instruida por la propia asamblea de AMZOMA, que busca esclarecer denuncias por presuntas irregularidades.

Entre los hechos denunciados se incluyen una eventual licitación irregular para una capacitación adjudicada a la nuera del jefe de Operaciones del municipio por altos montos, el uso de chalecos antibalas vencidos, la entrega de equipamiento deficiente, como zapatos en mal estado, para el personal contratado a través de Anzoma y que prestan servicios de Seguridad en la comuna, además del presunto uso indebido de una tarjeta de débito institucional para gastos indefinidos sin fiscalización.

“Estamos hablando de contrataciones de personal que están trabajando con chalecos vencidos, zapatos rotos y recursos usados sin control. Rechazar este traspaso es precisamente para que la plata se use bien y vaya realmente a seguridad pública”, afirmó la concejala.

Agregó que estos cuestionamientos no provienen solo de Temuco. En el acta del Concejo Municipal de Padre Las Casas, sesión ordinaria número 119 del 8 de octubre de 2024, ya se deja constancia del malestar interno, señalando que “Temuco controla AMZOMA” y que dicha comuna no ve un beneficio real, incluso planteando revaluar su continuidad en la asociación.

Dudas legales y advertencia por eventual responsabilidad administrativa

La concejala Peñailillo explicó que uno de los ejes centrales del rechazo es la interpretación del artículo 137 de la ley, que regula el funcionamiento de las asociaciones municipales.

“La ley no autoriza gastar por ‘tema’, autoriza gastar por finalidad. Y la finalidad debe ser común. Si el gasto se realiza solo en Temuco, con personal solo para Temuco y cubriendo problemas solo de Temuco, entonces no hay una solución común, es un gasto local”, señaló.

Añadió que un convenio no puede “maquillar” un gasto comunal como asociativo. “En los municipios, lo que no está expresamente permitido, no se aprueba. Rechazar hoy no es estar contra la seguridad; es no exponernos como Concejo aprobando algo que no está bien justificado en la ley”, recalcó.

En ese sentido, planteó que antes de insistir en una nueva votación, debería existir un pronunciamiento para aclarar la legalidad del mecanismo propuesto, advirtiendo que una mala decisión podría generar eventuales responsabilidades administrativas o legales y, peor aún, un mal uso de los recursos públicos.

“No es frenar la seguridad, es defender los recursos públicos”

La concejala también respondió a las críticas surgidas por un error inicial en la referencia del artículo legal, aclarando que ello no altera el fondo del debate.

“Ese error de referencia de la ley no cambia el fondo de lo planteado. Esta no está derogada sino que se efectuó un cambio de numeral. Mi intervención nunca se basó en una ley inexistente, sino en una disposición real que regula la finalidad de las asociaciones municipales”, sostuvo.

Finalmente, Peñailillo enfatizó que el rechazo del traspaso busca proteger recursos públicos y abrir la puerta a alternativas más transparentes, como licitar servicios, traspasar sueldos bajo el Código del Trabajo y destinar los recursos adicionales directamente a Seguridad Pública de la misma Municipalidad, con mejores mecanismos de fiscalización.

“Rechazamos estos $1.800 millones para resguardar los dineros y evitar que terminen en manos de una institución que hoy no da garantías. La seguridad es prioritaria, pero debe hacerse bien, con probidad, legalidad y responsabilidad”, concluyó.

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Eduardo Abdala aseguró que será la Contraloría la que deberá pronunciarse, y señaló que la funcionaria realizó el post en periodo de vacaciones.

Una nueva controversia golpea a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), luego de que su subdirectora nacional sur (s), Carmen Gloria Oñate, compartiera en su cuenta de Instagram una convocatoria a manifestarse en apoyo al lonko Juan Pichún Collonao, actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en un atentado incendiario ocurrido en 2021 en Traiguén.

La situación generó inmediatas reacciones políticas, particularmente desde la bancada de Renovación Nacional, donde el diputado Miguel Mellado anunció que presentará un requerimiento ante la Contraloría General de la República por una eventual falta a la probidad. En medio de la polémica, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Eduardo Abdala, se refirió oficialmente al hecho y a las eventuales consecuencias administrativas para la funcionaria.

“Quisiera informar que en la mañana de hoy me he comunicado con el director nacional de la Conadi para efectos de requerir mayores antecedentes en el aspecto de la publicación en la cual se hace referencia”, declaró Abdala. Según lo informado por la máxima autoridad de Conadi, la funcionaria se encontraba haciendo uso de su feriado legal al momento de compartir el contenido.

Frente a esto, el representante del Presidente Gabriel Boric en la región enfatizó que será la Contraloría la que tendrá la última palabra. “Nos parece muy importante el hecho de que, una vez conocidos los antecedentes por parte de la Contraloría, sea esta quien haga la definición respecto a si es que hay alguna colisión o alguna falta entre, por un lado, el rol público que le compete a esta persona, y adicionalmente, la libertad de expresión que tiene para el uso de sus redes sociales personales”, puntualizó.

Gobernanza en entredicho

La situación también abrió cuestionamientos respecto del rol de Oñate en la mesa de gobernanza de la Consulta Indígena por tierras, en el marco de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Al respecto, Abdala fue enfático:

“La participación que tienen los distintos actores de la mesa de gobernanza no lo hacen a título personal, sino que más bien en representación de las instituciones en las cuales ellos trabajan. En este caso, la señora Oñate representa a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en su calidad de subdirectora nacional subrogante. Es por tanto entonces esta institución quien deberá verificar si esta persona se mantiene, si continúa siendo parte del proceso de gobernanza o se decide hacer en ello una modificación”.

El trasfondo judicial

El origen del conflicto se remonta a la detención de Juan Pichún, quien fue capturado por la PDI en cumplimiento de una orden judicial. Está siendo investigado por su presunta participación en un atentado incendiario ocurrido en el fundo La Coña, el 5 de noviembre de 2021. En el ataque fueron destruidos un galpón y maquinaria agrícola. Fue formalizado el pasado viernes por los delitos de incendio reiterado y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva. Su defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación.

En medio de este contexto judicial, la publicación de la funcionaria Oñate, donde se lee: “Familia Pichún convoca a una visita masiva al lonko Juan Pichún Collonao con el fin de denunciar la persecución y el hostigamiento que el Ministerio Público de Chile ejerce contra su familia”, ha reavivado el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en redes sociales de funcionarios públicos, especialmente en temas de alta sensibilidad para la región.

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A veces, quienes han causado daño se presentan como esenciales e irremplazables, jactándose de que sin ellos todo se desmoronaría. Esta actitud no solo ignora el perjuicio causado, sino que busca mantener una sensación de poder y control sobre quienes han sido afectados. Pero la verdad es clara: nadie es imprescindible cuando su presencia cuesta paz, bienestar o dignidad.

En distintos ámbitos colectivos, desde equipos de trabajo hasta comunidades y organizaciones, existen figuras que ejercen una influencia negativa a través de la manipulación emocional y el control. Entre estos perfiles, destacan dos particularmente dañinos: el «agresor indispensable» y el «salvador tóxico». Su presencia no solo afecta a individuos, sino que puede debilitar el funcionamiento de todo un grupo. Reconocerlos es esencial para evitar sus efectos destructivos.

El agresor indispensable: el daño disfrazado de poder

Este tipo de persona primero genera caos, conflicto o daño, y luego se burla de quienes intentan prescindir de él, asegurando que sin su presencia todo se desmorona. En entornos colectivos, su influencia puede socavar la confianza entre los miembros, fragmentar equipos de trabajo y generar climas laborales o comunitarios tóxicos. Su estrategia se basa en debilitar la autonomía del grupo para luego presentarse como esencial.

El salvador tóxico: la ayuda que encadena

A diferencia del agresor indispensable, el salvador tóxico no ataca directamente, sino que se presenta como la única solución a los problemas del grupo. Sin embargo, su ayuda nunca es desinteresada. Se encarga de que la comunidad o el equipo nunca logre independencia total, asegurando así su propia relevancia. Este comportamiento puede generar dependencia en las decisiones y frenar el crecimiento colectivo.

El impacto en los espacios colectivos

Cuando estos perfiles dominan un entorno colectivo, pueden surgir efectos adversos como la pérdida de confianza, la disminución de la motivación y el deterioro del bienestar grupal. Equipos de trabajo pueden volverse disfuncionales, comunidades pueden verse sometidas a dinámicas de control y organizaciones pueden experimentar conflictos internos constantes.

Además, estas personas suelen carecer de límites éticos y de probidad, justificando su actuar con discursos que buscan enmascarar sus verdaderas intenciones. Aunque proclaman valores de colaboración y compromiso, sus acciones suelen estar guiadas por el interés personal, sin importarles transgredir principios básicos de integridad y transparencia si eso les permite mantener su posición de poder.

Cómo combatir a estas personas en entornos colectivos

1. Reconocer las señales: Si alguien minimiza el daño que ha causado o insiste en que el grupo no puede avanzar sin su ayuda, es una señal de alerta. Identificar estos patrones es clave.
2. Fortalecer la autonomía grupal: Promover la toma de decisiones compartida y distribuir responsabilidades reduce la influencia de estas personas.
3. Establecer límites claros: No permitir que una persona se apropie de los logros colectivos ni perpetúe relaciones de dependencia.
4. Fomentar la comunicación abierta: Espacios donde todos puedan expresarse sin miedo ayudan a contrarrestar la manipulación.
5. Denunciar y visibilizar: En entornos laborales, comunitarios o institucionales, exponer estos comportamientos permite generar conciencia y evitar que se perpetúen.

Los espacios colectivos saludables se construyen desde la colaboración genuina y el respeto mutuo, no desde la manipulación ni la dependencia forzada. Romper con la paradoja del agresor indispensable y el síndrome del salvador tóxico es clave para desarrollar entornos donde la confianza y el crecimiento grupal sean la norma.

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El parlamentario, quien ahora es presidente de la Comisión de Defensa, dirigirá la discusión en particular de la iniciativa. La sala la aprobó en general.

En sesión de sala, el senador Francisco Huenchumilla valoró y votó a favor del proyecto que busca mejorar los procedimientos de probidad en las Fuerzas Armadas, y que en concreto otorgará condiciones de seguridad laboral y de integridad a quienes requieran hacer denuncias por temas de probidad al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden. La iniciativa fue aprobada en general por la sala.

“Lo que nosotros estamos haciendo es establecer un estatuto específico, para decirle a aquel funcionario de las Fuerzas Armadas que tiene condiciones de subordinación y de obediencia, y de lealtad, de que va a estar protegido por el estado porque vamos a hacer una ley que reglamente adecuadamente la posibilidad de su libertad, para que él pueda decir que va a cumplir con el deber de probidad, sin que vea amenazada ni su integridad, ni su trabajo, ni sus posibilidades”, destacó el senador.

De esta manera, el parlamentario valoró la iniciativa al considerar que “este es un proyecto que extiende la esfera de protección al personal de las FFAA, frente a la denuncia por faltas a la probidad”.

Condiciones de trabajo

En este sentido, el parlamentario se refirió al contexto laboral de las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, lo que a su juicio explicaría la necesidad de esta iniciativa. “Esta institucionalidad está basada en un principio fundamental que es la jerarquía y la obediencia (…) eso genera una relación de mucha dependencia, de un funcionario que está en la parte inferior, en orden a obedecer las órdenes de sus superiores. Pero además hay una cultura y un principio básico en la estructura de las FFAA, que es la lealtad con sus jefes, con sus superiores y su institución”.

“Entonces, frente a un hecho de corrupción, que un funcionario de las FFAA pudiera conocer, ¿cómo juega el principio de obediencia a su superior, con el principio de lealtad a su superior, con aquel principio que le dice, mire, usted como funcionario público, tiene que tener en su actuación presente que usted tiene que actuar con el principio de probidad, por el bien de Chile?”, consideró.

Proceso legislativo

A continuación, el parlamentario recordó que “éste es un proyecto en general, pero yo espero que podamos verlo detalladamente. Yo no lo he visto en sus detalles porque no formaba parte de la Comisión de Defensa, pero hoy día acabo de asumir como presidente de la Comisión y espero que lo podamos ver en detalle.”

“Espero que podamos hacer una relación virtuosa, entre el principio de obediencia, el principio de lealtad, pero la lealtad primero con el principio de probidad. Y que ese funcionario pueda tener las garantías precisas de que en su actuación a favor del principio de probidad, pueda ser tratado por la ley y por la institución como corresponde a los requerimientos que nosotros mediante esta ley estamos haciendo”, afirmó.

“Ahora bien, hay otras maneras de hacer una fiscalización de los recursos públicos, y ahí evidentemente que tiene que haber controles internos. Pero eso es materia de otro proyecto de ley” concluyó.

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Marcelo Drago recalcó que además de la entrega de información periódica, la policía uniformada necesita implementar auditorías externas e independientes sobre sus recursos.

“Carabineros de Chile ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su historia debido a graves irregularidades vinculadas principalmente al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles internos y externos a los que está sujeta la institución, no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos”.

Esa es la introducción que se consigna en el proyecto de ley que este lunes fue presentado por el Gobierno a la Cámara de Diputados y que pretende, entre otras cosas, “mejorar la transparencia, probidad y eficiencia en el desempeño” de la policía uniformada, que por estos días enfrenta una crisis derivada de un fraude interno que ya se eleva por sobre los $26 mil millones, con más de cien imputados y un ex general director formalizado.

La iniciativa del Ejecutivo, que será analizada en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja, considera la entrega anual de información al Ministerio del Interior relacionada a los planes de compra, auditorías internas y políticas de recursos humanos. A eso se suma la “incorporación del principio de probidad administrativa” en la institución y la obligación de someter a toma de razón en Contraloría “sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias”.

Pese a considerarlas como un aporte, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, señaló que el proyecto presentado aún es exiguo en relación a la crisis que enfrenta la policía uniformada.

“Cuando decimos que Carabineros de Chile debe ordenar la casa, nos referimos a un trabajo profundo y estructural. Acá debe haber transparencia hasta que duela», sentenció Drago, recalcando que si bien el proyecto de ley aborda ciertas temáticas “es insuficiente y no aborda el problema de fondo”

“La iniciativa aborda la problemática de manera superficial. Nosotros esperamos algo que haga remecer la institucionalidad positivamente y de cara al país. Los chilenos y chilenas están esperando mucho más de la policía uniformada. Es apremiante que Carabineros reporte información fehaciente al Gobierno, pero también es urgente que se establezca un sistema de auditorías externas e independientes que logren reorganizar a la institución”, agregó la autoridad, detallando que además, se requiere una profunda revisión de los manuales de doctrina y ética, así como el establecimiento de un canal de denuncias y una reestructuración de los procesos internos en la institución.

“Es momento de implementar los más altos estándares de transparencia en esta institución, facilitando el acceso a la información de las personas y adoptando una política de sobriedad en el uso y manejo de los recursos públicos”, reafirmó Drago.

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