Legislador advirtió que estos productos, con alto porcentaje de cafeína o taurina ponen en riesgo la salud de quienes las ingieren en exceso, aún más si se mezclan con alcohol pues se arriesgan  intoxicaciones con efectos similares a los que provoca la anfetamina. La iniciativa fue respaldada por los senadores Carolina Goic (DC) y Francisco Chahuán (RN).

Con el objetivo de proteger a los menores de edad frente al riesgo que representa el consumo  de productos con sustancias aditivas o estimulantes, como son las bebidas energéticas o suplementos alimentarios que incorporan cafeína, el senador Eugenio Tuma, presentó un proyecto de ley.

Al respecto, el legislador PPD indicó que presentó este proyecto porque en la industria de alimentos la auto regulación no funciona. «Las empresas saben que en distintos países la venta de bebidas energéticas está prohibida para menores de edad, tiene regulación su publicidad sobre los riesgo y contenidos y existen contundentes informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de entidades científicas que han recomendado prohibir estos productos a los niños y establecer una política pública de vigilancia sobre estos productos», dijo. 

En Chile estos productos se venden si mayor regulación, de hecho según los reportes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en 2013 las ventas anuales de bebidas energéticas alcanzaron los 243 millones de dólares; y Chile es el segundo país de mayor gasto per cápita en la región, con cifras que alcanzan los 13,8 dólares.

“Se ha generado un mercado del consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad, poniendo en riesgo la salud de los niños y de la población en general, promoviendo propiedades «energizantes» que no están comprobadas y que a su vez pueden generar riesgo, más aún si se consumen mezcladas con alcohol», advirtió el legislador PPD.

La industria, agregó Tuma Zedán, abusa de la publicidad dirigida a los niños y adolescentes que se sienten atraídos por las bebidas energéticas debido a la comercialización y publicidad como un producto eficaz para obtener mayor energía o resistencia, o por influencia dentro del grupo de amigos y la falta de conocimiento de los componentes y sus efectos en la salud.

“El alto contenido de azúcar en bebidas energéticas con cafeína es similar a otras bebidas no alcohólicas y conocidas además por contribuir a la obesidad”, añadió el congresista.

“Hagamos las cosas bien, dejemos de vender productos que ponen en riesgo la salud de los menores de edad, por lo que esperamos que este proyecto de ley sea respaldado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet”, requirió Eugenio Tuma.

El proyecto

El proyecto del legislador PPD de La Araucanía, también estipula la prohibición de exhibir publicidad a niños y adolescentes y vender u ofrecer dichos productos mezclados con bebidas alcohólicas.  Además, el etiquetado deberá incorporar la advertencia sobre los efectos a las poblaciones de riesgo, como son las mujeres embarazadas.

“Los establecimientos que vendan dichos productos deberán comprobar la edad de los menores y podrán solicitar la cédula de identidad u otro documento otorgado por la autoridad que la acredite. Si la persona no dispone de los documentos que comprueben su mayoría edad, el establecimiento no podrá vender la bebida energética”, explicó el autor del proyecto.

Además, se prohibirá la venta, suministro o consumo de dichas bebidas en los establecimientos educacionales del país.

Con respecto a la entrada en vigencia de la ley, el integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, especificó que regirá 120 días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Las empresas e instituciones reguladas deberán en dicho plazo adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa”, explicó Tuma.

Los riesgos a la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado estudios y recomendaciones precisas sobre estos productos. El organismo internacional sostuvo que el consumo de bebidas energéticas puede ser un peligro para la salud pública, especialmente entre los jóvenes, concluyendo que «extrañamente la venta de bebidas energéticas no son reguladas por la edad, a diferencia del alcohol y el tabaco, y donde también existe un efecto negativo en los niños, siendo un potencial problema de salud pública en el futuro”.

Por su parte, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) elaboró un estudio sobre prevalencia de consumo de bebidas energéticas en la población escolar de Chile en un universo de 859 mil 720 alumnos mayores de 12 años.

Dicho trabajo concluyó que «dieron cuenta de un mayor consumo en hombres y colegios particulares pagados (24,7%) de prevalencia año y un 13,0% de prevalencia mes, y un menor consumo en establecimientos públicos (9.0% mes, 17.9% año).

Entre las recomendaciones de la OMS para minimizar el daño de las bebidas energéticas están establecer la cantidad máxima de cafeína por porción; regular el etiquetado y venta a menores de edad; cumplir normas de comercialización responsable a los jóvenes; concientizar a profesionales de la salud sobre los riesgos del consumo; que los centros de atención primaria de salud proyecten el peligro de consumo; educar a la población y realizar investigaciones sobre los efectos adversos.

Asimismo, los expertos aseguran que los estimulantes contenidos en bebidas energéticas no son apropiados para la dieta de un niño o adolescente. Estudios sostienen que su consumo frecuente afecta negativamente a un apropiado equilibrio de carbohidratos, grasas e ingesta de proteínas necesarias para un óptimo crecimiento, el desarrollo y la salud.

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A juicio del diputado Rathgeb “esta propuesta nace del reclamo constante de miles de jubilados y montepiadas quienes luego de una vida de trabajo y esfuerzo obtienen pensiones que en muchos casos son menores a los 100 mil pesos, lo cual hace insostenible cualquier calidad de vida. Lo que queremos es que los adultos mayores del país sientan que el Estado les retribuye por su años de trabajo y aporte a la sociedad, por lo que creemos necesario que debe ser el Estado quien retribuya subsidiando la diferencia entre la pensión y el valor del sueldo mínimo que es de 241 mil pesos en la actualidad”.

El parlamentario de RN espera que esta propuesta, junto a otras que se han presentado por diversos autores, sean consideradas por el Gobierno, más cuando de acuerdo a la Proyección del  Instituto Nacional de Estadisticas (INE) el año 2015, el 14,9% de la población del país es adulto mayor.

“Creo que más allá de esta propuesta, resulta esencial y prioritario que este Gobierno inicie la discusión en torno a una Reforma al Sistema de Pensiones que sea justo y solidario, y así evitar que los adultos mayores se vean en la necesidad de seguir trabajando 8 o 12 horas diarias para poder mejorar sus escuálidas mensualidades y tener cierto bienestar”, indicó Rathgeb.  

Hasta hoy, señala el congresista por La Araucanía,  “el Ejecutivo no ha logrado presentar ningún proyecto de ley en este sentido, sino que muy por el contrario ha rechazado instancias de mejoramiento de la situación general que aqueja a nuestros adultos mayores, debiendo ser esta una preocupación recurrente del Gobierno y de los partidos políticos”, concluyó.

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Tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa que será promulgada en los próximos días.

Un amplio apoyo tuvo el proyecto de ley que regula la realización de bingos, rifas y sorteos comunitarios con fines de beneficencia, los que no serán considerados juego de azar, luego que el Parlamento despachará la iniciativa en su totalidad para ser promulgada en los próximos días.

Cabe señalar que la aprobación del texto legal revierte el dictamen de la Contraloría General de la República, que prohíbe la realización de estas actividades benéficas, salvo el consentimiento del Presidente de la República o del Intendente Regional, por considerar este tipo de actividades como juegos de azar.

Así lo confirmó el Senador y presidente de la Comisión de Gobierno, Alberto Espina (RN), instancia que analizó en la Cámara Alta la moción de un grupo de diputados que fue refundida con otros proyectos, argumentando que “se regulariza una situación que en la práctica significa que todas las organizaciones sociales y personas jurídicas puedan realizar bingos sin la necesidad de tener autorización cuando éste tiene fines benéficos o de solidaridad y se efectúen en forma esporádico, es decir que no se trate de una empresa que se dedique a hacer lucro con los bingos. Se deberá informar con 24 horas de anticipación al municipio, siendo una notificación, para que pueda hacer un seguimiento de quiénes están organizando estas actividades”.

Manifestando que el Congreso Nacional logró aprobar una “buena norma”, el parlamentario RN apuntó que “una cosa es lo que ocurre en la realidad, en donde la gran mayoría de las comunas del país se realizan bingos para efectuar actividades de beneficio y solidaridad, siendo útiles, donde la hace la comunidad organizada. Pero, otra cosa es evitar que se transformen en empresas que lucren y recorran el país cobrando comisiones por realizar los bingos”.

“Con esto resolvemos una situación que aunque a veces la ciudadanía que no participa de estos bingos y que no vive esta realidad, lo puede mirar lejano; quiero decir que entre nuestros compatriotas, que son de familias vulnerables y de clase media, es muy usual que se haga y ayuda a mucha gente”, expresó.

Con esta nueva legislación, que deberá ser promulgada en los próximos días, se permitirá que las personas jurídicas sin fines de lucro, como centros de alumnos, juntas de vecinos, centros generales de padres y apoderados de todo el sistema educacional, sindicatos, asociaciones gremiales y organizaciones deportivas, podrán realizar en el ámbito local actividades de carácter no habitual tales como bingos, rifas, loterías u otros sorteos similares de bienes muebles, las que solo se podrán realizar con propósitos solidarios o de beneficencia, lo que se deberá informar al municipio respectivo 24 horas antes.

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Consultada sobre la materia, la parlamentaria RN explicó que “hemos conocido de un dictamen que emitió la Contraloría General de la República en el que indica que los municipios no están facultados para autorizar la realización de bingos y tampoco pueden facilitar instalaciones de espacios públicos para estos fines cuando un tercero se lo solicite”.

“Sin embargo,- agregó-, la misma Contraloría hace una salvedad respecto de que esto ocurriría, porque no existe una excepción en la Ley que explicite que estos tipos de bingos benéficos no caen en la categoría de juegos de azar para estos casos, y eso es justamente lo que estamos corrigiendo”.

“Estamos modificando la ley 19.995, eximiendo del carácter de juegos de azar para estos casos a los bingos y loterías organizadas por la municipalidad con fines benéficos; y también por terceros, cuando sean éstos quienes soliciten a las municipalidades recintos para poder realizarlos, tal cual lo indica la Contraloría”, explicó luego.

Por su parte, el diputado y también autor de la moción parlamentaria, Germán Becker argumentó que “es una tradición de las Juntas de Vecinos, y pobladores de nuestro país el hacer bingos, especialmente bingos en beneficio a personas que lo están pasando mal”.

Además, Becker agregó que “creo que es importante que se puedan seguir haciendo los bingos, ya que la gente está acostumbrada a esto y es una bonita manera de unirse para cooperar por una causa”.

“Esperamos que este proyecto de ley llene el vacío al que hace alusión la Contraloría, y así podamos seguir dando respuesta a las distintas organizaciones comunitarias que lo necesitan”, remataron ambos diputados.

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Los proyectos tienen por objetivo entregar la ayuda necesaria a alumnos en situación de discapacidad para terminar sus estudios. Las ayudas consisten en transporte, tecnología o interpretes, dependiendo de cada caso. La inversión total alcanza los 21 millones de pesos.

El Servicio Nacional de Discapacidad de La Araucanía en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social realizó el lanzamiento de “Proyectos de eEducación” que es financiado por Senadis y busca ayudar directamente a las necesidades educacionales de los postulantes que se encuentran en situación de discapacidad. Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía, Alejandro Blamey, señaló “Hay jóvenes que quieren cambiar su realidad y quieren, a través de la educación, forjar un nuevo futuro. El Estado está garantizando la educación e inclusión con todas su fuerzas y ellos son el ejemplo de que una política pública que garantiza la inclusión y equidad tiene resultados” señaló el Seremi.

Una de las beneficiadas es Angélica Rivera, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Temuco quien padece de discapacidad física y ahora –gracias al financiamiento de Senadis- podrá utilizar transporte para movilizarse y no tendrá que andar en silla eléctrica para ir de un lugar a otro “esto cambia en un mil porciento porque me ayuda en todo, es un beneficio para tu salud, para que puedas rendir mejor en la U, no gastas energías viajando, tienes más tiempo para el estudio y te evitas cualquier enfermedad así que totalmente contenta” señaló está beneficiada.

Por otro lado, Daniela Guerrero, Directora (S) de Senadis Araucanía destacó “los estudiantes en situación de discapacidad requieren de ciertos apoyos que no necesariamente tienen relación con el diagnóstico sino que con los recursos que ellos tienen. Por lo mismo, estos fondos financian distintos elementos y servicio de apoyo que le permiten a ellos igualar oportunidades como, por ejemplo equipos computacionales, software, tecnologías y también recursos humanos como en el caso de intérprete de lengua de seña o asistencia” señaló la Directora (S).

Hasta la fecha, se han financiado 2 proyectos a través del plan de continuidad, que otorga $2.750.000 para contratación de servicios necesarios y $1.300.000 para el financiamiento de servicio de traslado para el presente año escolar para estudiantes con discapacidad auditiva y física de la comuna de Temuco y Padre Las Casas.

Paralelo a esto, se están ejecutando proyectos que buscan la inclusión educativa en estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad en la Escuela Volcán Llaima de Melipeuco, Universidad Santo Tomás y Escuela Especial Paul Harris de Freire, alcanzando una inversión de $17.680.000.

Finalmente, se hace un llamado a las casas de estudios de La Araucanía a informarse sobre los financiamientos que ofrece Senadis a través de estos proyectos que ayudan a la inclusividad y mejoran las oportunidades de los estudiantes que padecen discapacidad.

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Este proyecto viene a potenciar los municipios para así entregar un mejor servicio a la comunidad, dijo la autoridad comunal.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la mañana del pasado martes el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal, iniciativa que modifica las normas aplicables a los funcionarios municipales para ser enviado a trámite legislativo en el Congreso Nacional.

La iniciativa forma parte de la Agenda de Descentralización que está impulsando fuertemente el Gobierno y se suma a la reforma constitucional sobre elección de intendentes y al proyecto que permitirá el traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales, los que se encuentran en el Parlamento desde enero pasado.

Durante la ceremonia, efectuada en el Palacio La Moneda, la Mandataria reafirmó el compromiso de su gobierno con la descentralización del país, proceso que consideró esencial para superar las inequidades territoriales, por lo cual fortalecer los gobiernos regionales y locales, será parte fundamental de las metas del año 2015.

En su intervención, la Presidenta Bachelet señaló que la descentralización no estaría completa si no se considera en ella a los municipios. “La presente iniciativa, busca dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades de las municipalidades del país, fortaleciendo el ámbito de sus recursos humanos, y estableciéndoles obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias. Esto implica avanzar para que las municipalidades transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales”.

Puntualizó además que “luego de más de dos décadas, es evidente que ha llegado el momento de actualizar dichas plantas y adecuarlas a las funciones municipales y demandas ciudadanas. Este desafío no es tan sólo es un acto de aumento del número de funcionarios o de sus remuneraciones, sino que se trata de proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a la gestión de sus recursos humanos”.

Lo anterior implica que por por primera vez en Chile, el proceso de fijación de plantas municipales será descentralizado. Esto significa que las propias municipalidades tendrán iniciativa en esta materia, garantizando los derechos adquiridos por los funcionarios en ejercicio. “Esta iniciativa la podrán ejercer los municipios a partir del 2018, y se establece además que un 75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser profesionales”.

Cabe destacar, además, que después de dos décadas, se modificarán las plantas municipales, las que nos han sufrido cambios desde el año 1994.

El Alcalde de Purén Jorge Rivera Leal destacó los principales alcances de la iniciativa, que se detallan a continuación:

1. El proyecto de ley dispone de un proceso de fijación de plantas el que será descentralizado, esto significará que las propias municipalidades tendrán iniciativa en esta materia, garantizando los derechos adquiridos por los funcionarios en ejercicio. Esta iniciativa la podrán ejercer los municipios a partir del 2018. Se establece además que un 75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser profesionales.

2. Después de dos décadas, se modificarán las plantas municipales. Estas no han sufrido cambios desde el año 1994, estableciendo un aumento del número de funcionarios y propone un nuevo diseño para los municipios en cuanto a la gestión de sus recursos humanos.

3. Establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para proceso de fijación de plantas, por ejemplo, dispone de la obligación de tener disponibilidad presupuestaria para tal efecto.

4. En razón a ello, y tal como fue el compromiso de la Presidenta, se dispone a los municipios para que paguen las mejoras a sus funcionarios un aporte Fiscal: $ 12.000 millones el año 2015, $ 24.000 millones el año 2016 y $ 36.000 millones el año 2017. Esto implica que el aporte fiscal al Fondo Común Municipal se va a quintuplicar a partir del 2018.

5. Concede por primera vez una asignación profesional a los funcionarios municipales, homologándolos así con sus pares de ministerios y servicios. Esta es una antigua y sentida aspiración de estos trabajadores y beneficiará a aproximadamente 8.700 funcionarios profesionales de los estamentos Directivos, Jefaturas y Profesionales.

6. Mejora las remuneraciones de funcionarios de plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. Los que están entre los grados 15 al 20 subirán un grado el año 2015 y un segundo grado el 2017. Y los que se ubican entre los grados 10 y 14 lo harán en un grado el 2016. Esta medida beneficiará a 24.000 personas aproximadamente, tanto de planta como a contrata

7. Extiende el límite máximo del gasto en personal desde un 35 hasta un 40 por ciento de los respectivos ingresos propios municipales.

8. Amplía el límite máximo de gasto en personal a contrata desde un 20% hasta el 40% del gasto en personal de planta, lo que permitiría a los municipios incorporar personal que hoy está a honorarios a la contrata.

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“Este es el foco por el cual la reforma educacional siempre debió haber partido y no una reforma ideológica que no buscaba la mejora educación para nuestros niños”, indicó el parlamentario.

“Espero que en esta tramitación podamos valorar de verdad lo que es el trabajo que hacen nuestros profesores. Esto es un proyecto de ley que va a aumentar el sueldo de los profesores en un 30%, por ejemplo, un profesor recién egresado con 44 horas, va a ser remunerado con 950 mil pesos”, agregó luego.

Y agregó que: “Tenemos que empezar a reconocer que hacen los profesores y de una vez por todas, preocuparnos de la calidad de educación de nuestros hijos”.

Recordar que el diputado José Manuel Edwards fue un abierto opositor ante la reforma educacional, ya que les quita libertad a los padres de elegir la educación de calidad que quieren para sus hijos.

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El proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados, regulará las facultades y atribuciones de los cores.

A solicitud del Senador Alberto Espina (RN), la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta recibirá a partir de las 14:30 horas del próximo lunes 1 de septiembre a un grupo de presidentes de los consejos regionales del país para analizar y conocer la forma en que funciona la institucionalidad de los gobiernos regionales.

Dicha invitación, cursada a mediados de agosto para que asistan a las dependencias del ex Congreso en Santiago, que incluyó también al Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes, ha sido ratificada por los titulares de los cuerpos colegiados de La Araucanía, Bío Bío y Magallanes, además del presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Marcelo Carrasco.

Al respecto, el Senador e integrante de la instancia legislativa, Alberto Espina, señaló que dicha petición formal se materializó “luego de una conversación que tuve con el presidente del Core de La Araucanía, Hilario Huirilef, a raíz de que está sucediendo una situación insólita y absolutamente inexplicable e injustificada, ya que la actual ley que regula todas las facultades y atribuciones de los cores aún está en tramitación, no obstante el largo tiempo que llevan ejerciendo sus cargos”.

“E incluso –indicó el parlamentario por La Araucanía- hay un grave problema que dice relación con las asignaciones que a los cores les corresponde, porque no está clarificado cuántas son y se ven dificultados para cumplir con la función que corresponde y que es tan importante que es entrevistarse con la comunidad, con el propósito de conocer sus inquietudes y de esa manera resolver adecuadamente los proyectos que aprueba el consejo regional”.

Asimismo, Espina sostuvo que “esta reunión es muy importante porque si queremos pedir a los cores que hagan bien su trabajo, lo menos que se puede pedir al Gobierno es que ponga suma urgencia”.

Finalmente, el parlamentario RN precisó como fundamental “que se esclarezcan los plazos en que esta legislación va a salir. Espero que el Gobierno de urgencia a esta ley”, concluyó.

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