Millonaria transferencia llega en un contexto de alta dependencia municipal, donde los fondos buscan financiar desde infraestructura básica hasta programas sociales en los territorios.

Una importante inyección de recursos comenzó a llegar a La Araucanía, luego que la Tesorería General de la República concretara la transferencia de fondos asociados al royalty minero. En total, la región recibirá $8.565 millones durante 2026, en el marco de una distribución nacional que supera los $113 mil millones en su primera etapa del año.

En el caso regional, hay un elemento central: estos recursos provienen exclusivamente del Fondo de Equidad Territorial (FET), ya que el Fondo de Comunas Mineras no aplica en La Araucanía.

¿Para qué se pueden usar estos recursos?

A diferencia de otros fondos más restringidos, el FET permite a los municipios financiar una amplia gama de necesidades locales, lo que lo convierte en una herramienta clave para comunas con escasa capacidad de ingresos propios.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran:

• Mejoramiento de infraestructura comunal (calles, veredas, espacios públicos)
• Fortalecimiento de servicios municipales
• Programas sociales y apoyo comunitario
• Seguridad pública y equipamiento
• Proyectos de desarrollo local

Esto significa que, en la práctica, estos recursos pueden impactar directamente en la calidad de vida de los habitantes, especialmente en comunas más rezagadas.

Amplia cobertura, pero con brechas evidentes

El desglose muestra que 31 comunas de La Araucanía acceden directamente a estos fondos, reflejando una cobertura amplia, aunque no total. La capital regional de La Araucanía, Temuco, es la única no favorecida por estos recursos.

Las mayores asignaciones se concentran en Padre Las Casas ($710 millones), Angol ($451 millones), Nueva Imperial ($428 millones) y Carahue ($391 millones), mientras que en el tramo inferior aparecen comunas como Renaico ($182 millones), Melipeuco ($184 millones) y Los Sauces ($189 millones).

Estas diferencias evidencian que, aunque el fondo llega a gran parte del territorio, los montos no son homogéneos, lo que influye directamente en la capacidad de cada comuna para ejecutar proyectos.

Un fondo clave en una región dependiente

El impacto de estos recursos se explica por la realidad estructural de la región. A nivel nacional, durante 2025 se distribuyeron $2,9 billones a los municipios, de los cuales $2,7 billones provinieron del Fondo Común Municipal, principal sustento financiero de las comunas más vulnerables.

En ese contexto, el Fondo de Equidad Territorial actúa como un complemento clave, permitiendo a los municipios sostener su operación y avanzar en iniciativas que muchas veces no podrían financiar con recursos propios.

Distribución Fondo de Equidad Territorial – La Araucanía 2026 (MM$)

Total regional FET 2026: $8.565 millones.

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Daniel Schmidt M., decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, Universidad Autónoma de Chile.

Es motivo de alegría y también de tranquilidad que se hayan aprobado finalmente los recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal. Este anuncio adquiere un sentido aún más profundo al coincidir con la conmemoración de los diez años del siniestro que enlutó a los locatarios, a la ciudad y a toda la región, marcando un antes y un después en la vida urbana de Temuco.

Lo fundamental ahora es asegurar que el proceso de licitación y la ejecución de las obras pendientes avancen con agilidad, transparencia y una supervisión rigurosa, de modo que no volvamos a caer en un ciclo de licitaciones fallidas que termine por hacer insuficientes los recursos disponibles o, peor aún, permita que las obras ya ejecutadas continúen deteriorándose.

Temuco y La Araucanía necesitan recuperar este espacio de identidad cultural y de encuentro ciudadano, esa parada obligada para residentes y visitantes que, con un diseño renovado y acorde a los estándares actuales, puede contribuir a reactivar el alicaído espíritu del centro de nuestra capital regional y devolverle el rol que históricamente ha tenido en la vida social y económica del territorio.

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El Parlamentario Mallequino agradeció profundamente la distinción y subrayó que su trabajo siempre estará enfocado en ayudar a sus vecinos a tener una mejor calidad de vida.

Un reconocimiento por su “gran desempeño y buena disposición en conseguir los recursos para el proyecto”, le otorgó el Comité de Agua Potable Rural de Selva Oscura, comuna de Victoria, al diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva, durante el acto de inauguración parcial del Servicio de Agua Potable Rural de esa localidad.

Durante la ceremonia, dirigentes del comité destacaron que las obras permitirán mejorar, de manera significativa, la calidad del agua que consumen los habitantes del sector, quienes durante años enfrentaron problemas derivados de la turbidez del recurso, especialmente en períodos de lluvias.

El presidente del APR de Selva Oscura, Fernando Valenzuela Elgueta, explicó que “hoy día fue la inauguración oficial de nuestro mejoramiento del agua potable. Estamos contentos, estamos felices con nuestra gente, con nuestros vecinos y que esto nos trae un gran alivio después de sufrir tantos años con la mala calidad del agua”.

Asimismo detalló que los trabajos incluyeron la instalación de un sistema de filtrado para disminuir la turbidez del agua, además de la construcción de un estanque semienterrado con una capacidad de 500 mil litros, lo que permitirá asegurar el suministro por más tiempo.

“Y así —agregó Valenzuela— ya se pudo hacer una mejora donde también se colocó un filtro de turbidez, que era lo que nos afectaba. Eso se logró conseguir, que no está tampoco en el proyecto, pero al final con el trabajo de nosotros como dirigentes y con el apoyo también de la Junta de Vecinos se logró conseguir, que no fue barato, que fue bastante caro, sobre 100 millones de pesos, pero eso nos da una seguridad de que vamos a tener un agua de calidad”.

De igual modo destacó el apoyo recibido para completar el financiamiento del proyecto y resaltó que el diputado Beltrán gestionó recursos adicionales cuando la iniciativa enfrentó dificultades económicas.

“Don Juan Carlos, al final —indicó— cuando nos habían facilitado mil 100 millones de pesos, nos faltaron 800 y tantos millones. A través del diputado, yo lo llamé varias veces a través de don Aarón Ríos, él nos escuchó y también hizo su descargo en nombre de nosotros, del pueblo de Selva Oscura, en la Cámara de Diputados, donde se lograron conseguir recursos para poder llevarlo a buen puerto hoy día”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de Selva Oscura, Manuel González Escobar, afirmó que “más que el acto de hoy, yo creo que la solución que tuvimos del mejoramiento del agua para todos nuestros vecinos, eso es lo más importante. Porque lamentablemente nosotros acá, cada vez que llovía, se nos cortaba el agua”.

El dirigente agregó que en invierno la turbidez del agua obligaba a muchas familias a comprar agua para cocinar o consumir, “entonces este adelanto es fundamental para todos los habitantes de Selva Oscura, porque ahora creo que tenemos un agua digna, un agua de calidad”.

González valoró el apoyo del Parlamentario Mallequino durante el desarrollo del proyecto. “Don Juan Carlos Beltrán siempre estaba con nosotros y en cada problema que hemos tenido, siempre lo llamamos y él da soluciones. En su momento, como este proyecto viene de 10 años, estuvo estancado, se le llamó y él lo agilizó y consiguió más recursos”.

Finalmente el diputado Juan Carlos Beltrán agradeció el reconocimiento, relevó el trabajo y la perseverancia del presidente del Comité del APR de Selva Oscura, Fernando Valenzuela para alcanzar este importante logro y aseguró que “siempre estaremos en terreno escuchando a nuestros vecinos, ayudándolos en lo que podamos y apoyando a instituciones como este Comité de APR y la Junta de Vecinos de Selva Oscura, presidida por don Manuel González, que lo dan todo para lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

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En esta oportunidad, se beneficiaron el Comedor Laurita Vicuña y el Comité de Acción Social Nueva Alborada con $300.000 cada uno, la Agrupación Perruna con $300.000 y Ecología Lautaro (EcoLau) con $100.000, recursos que permitirán fortalecer el importante trabajo comunitario que desarrollan en distintos sectores de Lautaro.

Esta acción concreta demuestra que el reciclaje impulsado en la comuna no solo genera un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también se traduce en apoyo directo a organizaciones sociales, fortaleciendo la economía circular local y el compromiso comunitario.

La donación fue posible gracias al convenio de colaboración vigente con la empresa MORCAS, encargada de gestionar parte importante del material reciclado recolectado en la comuna, generando recursos que son reinvertidos en beneficio de organizaciones locales.

El alcalde Ricardo Jaramillo destacó que Lautaro es pionero a nivel regional en generar recursos a través del reciclaje para reinvertirlos directamente en apoyo social, fortaleciendo la economía circular y el trabajo de organizaciones que cumplen un rol fundamental en la comunidad.

“Cuando reciclamos, no solo cuidamos el planeta, también apoyamos a nuestras organizaciones y fortalecemos el tejido social de Lautaro”, señaló la autoridad comunal, invitando a toda la comunidad a seguir donando y siendo parte de esta iniciativa que posiciona a la comuna como referente regional en gestión ambiental con sentido social.

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La presidenta de la Comisión de Seguridad, concejala Claudia Peñailillo, sostuvo que la decisión busca resguardar recursos públicos y evitar su entrega a una asociación “que ha perdido la confianza del Concejo”, en medio de investigaciones internas y denuncias por presuntas irregularidades.

El Concejo Municipal de Temuco rechazó el traspaso de $1.800 millones destinados a seguridad pública a la Asociación de Municipalidades Zona Metropolitana de La Araucanía (AMZOMA), decisión adoptada por todos los concejales, excepto el concejal Bizama, en medio de severos cuestionamientos a la gestión y probidad de la entidad.

La información fue entregada por la presidenta de la Comisión de Seguridad, la concejala Claudia Peñailillo, quien fue enfática en señalar que el rechazo no implica oponerse a la seguridad, sino evitar que recursos millonarios terminen en una institución altamente cuestionada.

“Ayer en el Concejo se planteó traspasar $1.800 millones a AMZOMA para seguridad. Yo estoy haciendo todo para que Temuco tenga seguridad, pero no para entregarle recursos a una asociación que hoy tiene investigaciones internas, denuncias graves y una confianza completamente dañada”, sostuvo.

Cuestionamientos a AMZOMA y pérdida de confianza

Peñailillo detalló que la decisión se sustenta en antecedentes públicos y formales, incluyendo una investigación interna en curso instruida por la propia asamblea de AMZOMA, que busca esclarecer denuncias por presuntas irregularidades.

Entre los hechos denunciados se incluyen una eventual licitación irregular para una capacitación adjudicada a la nuera del jefe de Operaciones del municipio por altos montos, el uso de chalecos antibalas vencidos, la entrega de equipamiento deficiente, como zapatos en mal estado, para el personal contratado a través de Anzoma y que prestan servicios de Seguridad en la comuna, además del presunto uso indebido de una tarjeta de débito institucional para gastos indefinidos sin fiscalización.

“Estamos hablando de contrataciones de personal que están trabajando con chalecos vencidos, zapatos rotos y recursos usados sin control. Rechazar este traspaso es precisamente para que la plata se use bien y vaya realmente a seguridad pública”, afirmó la concejala.

Agregó que estos cuestionamientos no provienen solo de Temuco. En el acta del Concejo Municipal de Padre Las Casas, sesión ordinaria número 119 del 8 de octubre de 2024, ya se deja constancia del malestar interno, señalando que “Temuco controla AMZOMA” y que dicha comuna no ve un beneficio real, incluso planteando revaluar su continuidad en la asociación.

Dudas legales y advertencia por eventual responsabilidad administrativa

La concejala Peñailillo explicó que uno de los ejes centrales del rechazo es la interpretación del artículo 137 de la ley, que regula el funcionamiento de las asociaciones municipales.

“La ley no autoriza gastar por ‘tema’, autoriza gastar por finalidad. Y la finalidad debe ser común. Si el gasto se realiza solo en Temuco, con personal solo para Temuco y cubriendo problemas solo de Temuco, entonces no hay una solución común, es un gasto local”, señaló.

Añadió que un convenio no puede “maquillar” un gasto comunal como asociativo. “En los municipios, lo que no está expresamente permitido, no se aprueba. Rechazar hoy no es estar contra la seguridad; es no exponernos como Concejo aprobando algo que no está bien justificado en la ley”, recalcó.

En ese sentido, planteó que antes de insistir en una nueva votación, debería existir un pronunciamiento para aclarar la legalidad del mecanismo propuesto, advirtiendo que una mala decisión podría generar eventuales responsabilidades administrativas o legales y, peor aún, un mal uso de los recursos públicos.

“No es frenar la seguridad, es defender los recursos públicos”

La concejala también respondió a las críticas surgidas por un error inicial en la referencia del artículo legal, aclarando que ello no altera el fondo del debate.

“Ese error de referencia de la ley no cambia el fondo de lo planteado. Esta no está derogada sino que se efectuó un cambio de numeral. Mi intervención nunca se basó en una ley inexistente, sino en una disposición real que regula la finalidad de las asociaciones municipales”, sostuvo.

Finalmente, Peñailillo enfatizó que el rechazo del traspaso busca proteger recursos públicos y abrir la puerta a alternativas más transparentes, como licitar servicios, traspasar sueldos bajo el Código del Trabajo y destinar los recursos adicionales directamente a Seguridad Pública de la misma Municipalidad, con mejores mecanismos de fiscalización.

“Rechazamos estos $1.800 millones para resguardar los dineros y evitar que terminen en manos de una institución que hoy no da garantías. La seguridad es prioritaria, pero debe hacerse bien, con probidad, legalidad y responsabilidad”, concluyó.

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● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, «la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso», expresando que «un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley».

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría «un beneficio concreto» para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas «multiespecies» asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, «el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías».

La líder gremial agregó que, «si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país».

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.

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El Ministerio de Salud entregó al Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN) más de 507 millones de pesos como parte del plan nacional de disminución de tiempos de espera para la red pública 2022-2026. Estos recursos permitirán reforzar la capacidad de respuesta en la provincia y entregar atenciones oportunas a las personas.

Los fondos entregados a través de la ejecución de recursos extraordinarios, permitirán resolver consultas nuevas de especialidad médica y odontológica, intervenciones quirúrgicas mayores y menores, además de implementar estrategias de contactabilidad de pacientes -que aseguran la depuración de registros, la confirmación de citas y la priorización de casos- y Hospital Digital, que amplía la atención a través de telemedicina en distintas especialidades.

Este plan representa el cumplimiento del compromiso adquirido en el Protocolo de Acuerdo de la Ley de Presupuestos 2025. Los recursos comenzaron a distribuirse inmediatamente después de la aprobación de la ley de licencias médicas grandes emisores, demostrando nuestra determinación por resolver prontamente los problemas de salud de miles de chilenos y chilenas, señaló la ministra Aguilera el pasado 30 de agosto, en el lanzamiento de la estrategia desarrollada en el Hospital San Juan de Dios.

TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Un aspecto relevante del programa es que todas las prestaciones se realizarán fuera del horario institucional, es decir, después de las 17:00 horas y durante fines de semana, complementando la labor habitual de los equipos de salud, aumentando así la capacidad resolutiva de los hospitales de la red asistencial de Malleco.

La subdirectora de Gestión Asistencial del SSAN, María Soledad González destacó el impacto que esta estrategia tiene para las personas y señaló que “esta inyección de recursos, que es un esfuerzo grande del Gobierno y del Ministerio de Salud, impacta directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ese es el objetivo final. Sabemos que cuando una persona espera mucho tiempo por una cirugía o por una atención médica, o incluso cuando no la recibe, su calidad de vida se ve afectada porque su patología no se resuelve. Y cada paciente es también un grupo familiar que sufre con esa espera”.

En definitiva, se espera beneficiar a usuarios de la provincia de Malleco, quienes podrán resolver atenciones que, en muchos casos, superan el año de espera. La ejecución de este plan se extenderá hasta octubre de 2025 y será monitoreado por el SSAN y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quienes velarán por la correcta utilización de los fondos y el cumplimiento de las metas.

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Según el legislador, «le manifestamos al Delegado Presidencial nuestra preocupación por estos atrasos, los que claramente afecta fuertemente a cientos de familias que dependen de estos dineros para vivir el día a día. Él nos explicó que la tramitación para que se liberen los dineros es bastante compleja porque debe pasar tres veces por la Contraloría».

«Nosotros le pedimos al Delegado que se agilice lo más posible la tramitación, que se realicen todas las gestiones necesarias para que este pago salga lo antes posible. Ante esto, el Delegado manifestó su total voluntad para avanzar de forma diligente», indicó el legislador.

Por su parte, Eduardo Abdala señaló que «quiero agradecerle la visita al diputado, porque finalmente para nosotros es muy importante también poder conversar con la autoridad respecto de qué es lo que efectivamente está pasando. Nosotros no hemos tenido retraso en los procedimientos administrativos. Estamos avanzando de acuerdo a las posibilidades que nosotros mismos tenemos y adicionalmente a gestiones que estamos haciendo».

Finalmente, el Delegado Presidencial indicó que » el ideal para nosotros es que podamos entregar los recursos para pago a más tardar, ojalá la próxima semana, pero yo insisto, dependemos nosotros de este trámite de contraloría».

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· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

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La dirección de Seguridad Pública presentó un plan a la Subsecretaría de Prevención del Delito para obtener financiamiento que permitan consolidar el exitoso programa privado – municipal que se ejecuta desde hace siete años. El proyecto transforma la vida de adolescentes en riesgo social a través del boxeo y una red de apoyo integral.

En medio de los flagelos que enfrentan los menores de edad que residen en el macrosector Pedro de Valdivia, muchos de ellos expuestos a contextos de violencia, drogas y criminalidad, la municipalidad de Temuco quiere fortalecer un programa que está reconduciendo vidas. Se trata de “Impulsando Campeones”, una estrategia preventiva que utiliza el boxeo como herramienta de transformación personal y social para niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 20 años.

El proyecto nació en 2018 de la mano de la Academia SBL Temuco, liderada por el entrenador José Carlos Garrido, no solo enseña técnica deportiva, sino también disciplina, autocontrol, respeto, perseverancia y visión de futuro. Actualmente, se desarrolla en el sector Los Cóndores y cuenta con una convocatoria activa de hasta 50 jóvenes.

“Impulsando Campeones” salva vidas, alejando a adolescentes de entornos de alto riesgo e interrumpiendo posibles trayectorias delictivas, en línea con los principios impulsados por el futuro Ministerio de Seguridad Pública. La dirección de Seguridad Pública de Temuco articula esta intervención con otras unidades municipales como SENDA Previene Temuco, la Oficina Local de la Niñez, el programa Somos Barrio, el departamento de Deportes y el departamento de Salud Municipal, garantizando un acompañamiento integral.

Los participantes del programa acceden a entrenamientos seguros, guiados por profesionales que actúan como referentes positivos. El gimnasio Pedro de Valdivia y el Ribereño son los principales espacios donde se desarrolla la actividad, y ya se proyecta la creación de una liga de boxeo municipal, el apoyo al perfeccionamiento profesional de talentos deportivos y, a largo plazo, la construcción de un Centro de Deportes de Contacto en Pedro de Valdivia.

Además, se está evaluando un nuevo componente psicosocial complementario al entrenamiento físico, que incorporaría disciplinas culturales como grafomuralismo y breakdance. Este plan creado por el departamento de Programas de la dirección de Seguridad Pública, actualmente en revisión por la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene un presupuesto estimado de $60 millones y busca potenciar aún más el modelo de intervención integral.

El respaldo municipal ha sido constante. En 2022, el alcalde Roberto Neira y el Concejo Municipal apoyaron a Garrido y al boxeador Mario Esparza en su preparación internacional en México, consolidando así el compromiso de Temuco con una seguridad pública centrada en la prevención y las oportunidades.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira adelantó que el municipio va “a apoyar decididamente aún más este programa, porque creemos, acá lo que se hace con el deporte es dar oportunidad a aquellos que muchas veces ven caminos más complejos. Vamos a trabajar, queremos llegar a 500 jóvenes haciendo boxeo, jóvenes que hoy día realmente están enfocados en las competencias, en la disciplina, en el deporte, y no están en otra cosa. Y eso es lo que como municipalidad también nos interesa, porque esto también es seguridad, seguridad al final del día, seguridad social”.

Por su parte, Israel Campusano, director de la dirección de Seguridad Pública ratificó que el “compromiso del alcalde Roberto Neira, su concejo y el de la dirección es mantenerlos vigentes, no dejarlos solos, entregarles el equipamiento, lo que ellos necesitan, porque ellos no tienen las mejores comodidades, no tienen los mejores recursos y muchas veces no tienen ni familia bien constituida. Por lo tanto, hoy el compromiso del alcalde ha sido poder mantener vigente este tipo de programas porque finalmente no solamente va a entregarnos campeones, que eso ya lo ha hecho, sino que va a entregar disciplina, va a entregar herramientas para poder desenvolverse en la vida y ser un aporte”.

Por último, José Carlos Garrido, fundador de “Impulsando campeones” y director de la Academia SBL, recalcó que lo más importante del programa es que inculca valores como la “perseverancia, disciplina, respeto y sobre todo compromiso, porque ellos tienen que tener un compromiso personal también con ellos mismos para, a pesar de todas sus dificultades, levantarse, venir a entrenar y hacer algo distinto también a lo que tal vez otros jóvenes no están haciendo ahora y que los invitamos a todos a venir, a que hagan deporte, como lo dijo el alcalde, el deporte salva vidas (…) a través del deporte podemos salvar a muchos jóvenes que hoy en día están carentes de muchas cosas. Entonces, a todos los concejales, a todas las personas que estén dispuestos a apoyarnos, son bienvenidos acá, a sumarse al Proyecto Social Impulsando a Campeones”, concluyó Garrido.

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