La iniciativa busca incorporar al Código Penal la denominada “posición de garante” para quienes administren o estén a cargo de establecimientos destinados al cuidado y residencia de personas mayores. La propuesta establece que la responsabilidad penal deberá acreditarse cuando exista un riesgo grave, conocido y evitable que derive en la muerte de un residente.

Tras el incendio que destruyó el Hogar de acogida “El Edén”, en Villa Comuy, al poniente de Pitrufquén, que dejó 16 adultos mayores fallecidos, el senador por La Araucanía, Miguel Becker presentó un Proyecto de Ley que busca establecer expresamente la responsabilidad penal de quienes tengan bajo su cuidado a personas mayores en establecimientos destinados a su residencia y atención.

La iniciativa, impulsada por el parlamentario en su calidad de integrante de la Comisión de Adulto Mayor del Senado, propone incorporar al Código Penal una norma que establezca la denominada “posición de garante” para propietarios, administradores, directores o responsables efectivos de estos recintos.

De acuerdo con la propuesta, quienes asumen el cuidado de personas mayores adquieren también un deber jurídico de proteger su vida e integridad física. En ese marco, la responsabilidad penal podría configurarse cuando exista un peligro grave, concreto y objetivamente previsible, que sea conocido por el responsable y que este tenga la posibilidad material de evitar.

Entre las situaciones consideradas por el proyecto se encuentran eventuales deficiencias graves en materia de prevención y protección contra incendios, instalaciones eléctricas o de gas, vías de evacuación, capacidad máxima del recinto y disponibilidad de personal suficiente para asistir a residentes que no puedan evacuar por sus propios medios.

El senador Becker explicó que la propuesta surgió directamente “después de los lamentables hechos de Pitrufquén, donde 16 adultos mayores fallecieron calcinados por el fuego” en tragedia ocurrida en Pitrufquén, y planteó la necesidad de establecer responsabilidades para quienes tienen a su cargo a personas mayores.

El parlamentario agregó que la iniciativa apunta a que existan responsables cuando una persona mayor fallezca como consecuencia de un riesgo que pudo haber sido evitado.

“En ese sentido, va a ser un delito el hecho de que un adulto mayor fallezca en un siniestro. Y va a haber personas responsables que, en definitiva, respondan ante los familiares de estos adultos mayores”, afirmó Becker.

La propuesta, establece que deberán acreditarse elementos como la existencia de un deber de protección, el conocimiento del peligro, la capacidad efectiva de evitarlo y la relación entre la omisión y el resultado producido.

Asimismo, el proyecto plantea que la posición de garante opere con independencia de que el establecimiento cuente o no con autorización sanitaria. Con ello, se busca evitar que la informalidad del recinto pueda impedir la determinación de eventuales responsabilidades derivadas del cuidado que efectivamente se haya asumido.

Según Becker, el objetivo de la iniciativa no es promover el cierre de los establecimientos que actualmente prestan atención a personas mayores, sino reforzar las condiciones de seguridad y delimitar las responsabilidades cuando existan riesgos graves que pudieron ser evitados.

“Esperamos que esto signifique no el cierre de los establecimientos, pero sí tomar todas las medidas del caso con el propósito de evitar cualquier siniestro de este tipo, en cualquier parte de nuestro país”, sostuvo el senador.

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En el marco de un proceso de justicia restaurativa y mediación penal juvenil, una joven usuaria del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de La Araucanía encabezó una jornada formativa sobre la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), dirigida a alumnos de diversos establecimientos educacionales municipales de la comuna.

La actividad surgió como una medida socioeducativa y de reparación del daño tras el rayado no autorizado de un muro municipal. Como compromiso restaurativo ante la comunidad, la estudiante asumió el desafío de traspasar su experiencia a otros estudiantes, abordando el alcance legal de este tipo de actos y concientizando sobre la importancia y el cuidado del espacio público.

Al respecto, la directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de La Araucanía, Claudia de La Hoz, destacó la relevancia de la mediación penal juvenil como motor de transformación social: "Este tipo de instancias demuestran el verdadero sentido de la justicia restaurativa. A través de la mediación penal juvenil, no solo buscamos que los jóvenes asuman la responsabilidad de sus actos, sino que también reparen el daño mediante acciones con un impacto positivo directo en la comunidad. Ver a una joven liderando este espacio de concientización frente a sus pares nos confirma que la educación, el diálogo y la responsabilización son las herramientas más efectivas para una reinserción social real".

Por su parte, G.G., estudiante que lideró la exposición, relató su vivencia en este proceso: "Yo cometí un delito simple y me derivaron a mediación penal. La idea era encontrar una solución, así que propuse hacer una charla sobre esto mismo para informar, admitiendo que lo que hice estuvo mal. Se llegó a este acuerdo exitoso de hacer la charla e informar a los chiquillos. Fue una experiencia súper buena, nunca había tenido una oportunidad así ni mucho menos dar una charla a una cantidad numerosa de gente; me gustó demasiado".

Asimismo, desde el ámbito educativo valoraron el enfoque preventivo y la cercanía de la jornada. Daniel Burgos, profesor de la Escuela Campo Deportivo de Temuco y asesor del Centro de Estudiantes, sostuvo: "Participamos en una charla bastante interesante, adecuada al nivel de los estudiantes en cuanto a vocabulario, cercanía y didáctica. Esto funciona de manera preventiva dentro del marco legal de nuestro país y nos deja el desafío de replicar la información entre pares. Es fundamental que los niños comprendan desde pequeños que cada derecho va acompañado de un deber, y valoramos que se apueste por iniciativas cercanas para su formación inicial".

La jornada contó con la colaboración del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Temuco y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, reafirmando el compromiso intersectorial por promover el cuidado del entorno común y la prevención del delito en etapas tempranas.

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La iniciativa busca establecer un régimen de responsabilidad penal y civil para los convocantes de manifestaciones públicas, incorporando penas de hasta cinco años de cárcel por daños a bienes públicos y privados e identificando las convocatorias por redes sociales.

El diputado Tomás Kast (Evópoli) solicitó formalmente a través de un oficio al ministro de Seguridad, Martín Arrau, acelerar la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad legal para organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas. La iniciativa toma relevancia tras conocerse la creación de "Frente Común", una nueva alianza entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que busca coordinar un "proceso de agitación" y salir a las calles a protestar contra las reformas del Gobierno.

La propuesta legal busca responsabilidad ante los daños materiales que se producen en el contexto de movilizaciones y fortalecer la protección de las víctimas afectadas por actos vandálicos. De acuerdo con el parlamentario, la aparición de este nuevo bloque, que planea sumar al Colegio de Profesores y a estudiantes secundarios, hace indispensable fijar reglas claras de prevención para evitar que las ciudades sufran nuevamente las consecuencias de la violencia.

Al respecto, el legislador de Evópoli señaló que “en Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Ante los anuncios de este Frente Común de iniciar un proceso de agitación en las calles, esto tiene que cambiar con urgencia. Este proyecto busca establecer responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto incorpora una nueva figura penal para los daños causados a bienes públicos o privados en el contexto de manifestaciones, estableciendo penas que pueden llegar hasta cinco años de cárcel y multas que varían según la magnitud de los perjuicios ocasionados. Además, considera presunciones legales respecto de quienes convocan actividades a través de plataformas digitales, redes sociales o servicios de mensajería masiva.

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