El Gobierno Regional informó la recuperación de recursos no ejecutados del programa para adultos mayores. Sin embargo, el conflicto judicial no se refiere a esa devolución, sino al procedimiento utilizado por el GORE para ejecutar una garantía por el monto total del convenio antes de concluir su cierre administrativo.

El gobernador de La Araucanía René Saffirio informó este martes que el Gobierno Regional recuperó $1.397.467.668 correspondientes al convenio «Capacitación en Nutrición y Autocuidado en Adultos Mayores», ejecutado por la Universidad Mayor.

«Recuperamos $1.397 millones transferidos a la Universidad Mayor para un programa con adultos mayores que no se ejecutó. Un avance concreto en la defensa de los recursos públicos de todas y todos en La Araucanía. Aún nos queda mucho por recuperar. En conjunto con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda se debe definir el destino de los fondos recuperados»», señaló la autoridad a través de su cuenta de Instagram.

En el comunicado oficial, el Gobierno Regional agregó que el reintegro «constituye un reconocimiento concreto de que existían recursos públicos que no fueron ejecutados» y destacó que el proceso judicial continúa.

¿Qué ocurrió con el convenio?

El convenio contemplaba recursos por $2.839 millones.

Cuando el Gobierno Regional de La Araucanía decidió ponerle término anticipado, una parte importante de esos recursos ya no alcanzaría a ejecutarse, por lo que la Universidad Mayor devolvió $1.397 millones, correspondientes precisamente al saldo disponible en la cuenta del proyecto. Ese reintegro fue materializado mediante un vale vista ingresado al GORE.

Hasta ese punto, los antecedentes no muestran controversia.

¿Dónde comienza el conflicto?

La controversia surge después.

Según los antecedentes judiciales, mientras aún debía desarrollarse el procedimiento administrativo de cierre del convenio —proceso en el que normalmente se revisan las rendiciones y se determina oficialmente el saldo final del proyecto— el Gobierno Regional decidió protestar la letra de cambio entregada como garantía e iniciar un juicio ejecutivo para cobrar $2.839.260.000, es decir, el monto total del convenio.

Es precisamente esa decisión la que hoy mantiene enfrentadas judicialmente a ambas instituciones.

Lo que sostiene la Universidad

La Universidad Mayor no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Sin embargo, en la demanda presentada ante el 3° Juzgado Civil de Temuco, sostiene que el Gobierno Regional ejecutó la garantía antes de finalizar el procedimiento de cierre técnico y financiero contemplado en el propio convenio.

En esa acción judicial, la institución afirma haber presentado el informe de cierre, en el que informó gastos ejecutados por $1.441 millones y un saldo cercano a $1.397 millones a favor del Gobierno Regional, documento que —según expone— nunca fue aprobado ni rechazado formalmente antes del inicio del juicio ejecutivo.

La demanda también sostiene que el protesto de la garantía provocó su incorporación al registro DICOM, generándole perjuicios institucionales y comerciales. Además, solicita que la justicia declare la ineficacia o nulidad de la letra de cambio utilizada para el cobro.

Lo que deberá resolver la justicia

El litigio no busca determinar si los $1.397 millones debían ser devueltos, ya que esos recursos fueron reintegrados tras el término anticipado del convenio.

La controversia radica en si el Gobierno Regional podía ejecutar la garantía por el monto total del convenio antes de concluir el procedimiento administrativo de cierre y determinar oficialmente las obligaciones pendientes, además de resolver las diferencias existentes respecto de las rendiciones observadas.

Será ese el punto que deberá resolver el tribunal.

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El tradicional evento gastronómico se realizará este sábado 4 de julio en el Parque Pulmahue, con estofados campesinos, vinos locales, cerveza artesanal, artesanías y decenas de emprendedores de la comuna. La entrada es completamente gratuita.

Los aromas de la cocina campesina volverán a tomarse Padre Las Casas este fin de semana con la tercera versión de la Fiesta del Estofado de San Juan, una celebración que promete reunir a familias de toda La Araucanía en torno a uno de los platos más tradicionales del sur de Chile.

La cita será este sábado 4 de julio, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el sector de los toldos del Parque Pulmahue, donde los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de gastronomía, cultura, emprendimiento y productos locales.

El gran protagonista será el tradicional estofado de San Juan, un contundente guiso preparado con pollo de campo, cerdo ahumado, longaniza, cuerito de chancho, papas cocidas y un sabroso caldo condimentado con vino blanco, ají cacho de cabra, verduras y el toque secreto de cada cocinera, una receta heredada por generaciones entre las regiones del Biobío y Chiloé.

El alcalde de Padre Las Casas, Mario González, extendió una invitación a toda la comunidad para participar de esta fiesta que busca rescatar las tradiciones culinarias y fortalecer el trabajo de los emprendedores locales.

«Queremos invitar a vecinos de Padre Las Casas, Temuco y de toda la región a disfrutar de esta tercera versión del Estofado de San Juan, una fiesta que rescata nuestra gastronomía ancestral y que también pone en valor el trabajo de nuestros emprendedores, artesanos y productores locales», señaló.

Mucho más que un plato típico

Además del tradicional estofado —que tendrá un valor de entre $8.000 y $9.000— la feria contará con cerca de 30 stands donde los visitantes encontrarán una amplia oferta de productos locales.

Habrá artesanías en greda, madera, piedra, boqui y textil mapuche; miel, mermeladas, conservas, pastas de ají y otros productos agroelaborados, además de cerveza artesanal y vinos producidos en la comuna.

Entre los expositores estará Verónica Torres, productora de vinos Pinot Noir del sector Renaco-Pichiquepe, quien presentará sus vinos de clima frío elaborados en una viña familiar que ha crecido temporada tras temporada.

Para Magaly Gavilán, cocinera del sector Pilpilco Maquehue, este tipo de encuentros son fundamentales para mantener vivas las recetas tradicionales.

«Estas son comidas que se preparan con productos naturales y mucho cariño. Es importante que las nuevas generaciones conozcan estas preparaciones que forman parte de nuestra identidad», comentó.

Con entrada liberada y un ambiente pensado para toda la familia, la Fiesta del Estofado de San Juan busca consolidarse como una de las principales celebraciones gastronómicas del invierno en La Araucanía, invitando a disfrutar de los sabores que han marcado la historia del campo chileno.

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A dos meses de anunciar el inicio de la recuperación de cerca de $9 mil millones observados en un programa de reactivación económica, el gobernador René Saffirio trasladó el foco desde los beneficiarios y la restitución de recursos hacia una ofensiva judicial contra exautoridades y exdirectivos vinculados a la administración anterior del Gobierno Regional.

Tras semanas de fuertes declaraciones sobre presuntas irregularidades en fondos de reactivación económica, el gobernador René Saffirio volvió a instalar el tema en la agenda pública con una querella que apunta a exautoridades y exdirectivos vinculados a la anterior administración del Gobierno Regional.

Desde su llegada al cargo, Saffirio ha convertido la revisión de los recursos transferidos durante la gestión anterior en uno de los ejes centrales de su administración. Conferencias de prensa, declaraciones públicas, cuestionamientos a la Fiscalía y anuncios de recuperación de fondos han marcado una estrategia comunicacional que ha mantenido el caso permanentemente en la agenda regional.

El primer gran anuncio relacionado con la Corporación de Desarrollo Araucanía —organismo que actualmente preside en su calidad de gobernador regional— ocurrió a comienzos de abril, cuando informó que el 90% de las rendiciones asociadas a un programa de reactivación económica ejecutado entre 2022 y 2023 habían sido observadas o rechazadas.

Según detalló entonces la autoridad, cerca de $9.000 millones fueron distribuidos entre más de 320 empresas de La Araucanía, advirtiendo que las observaciones detectadas generaban dudas respecto del destino de una parte importante de esos recursos.

En aquella oportunidad, Saffirio anunció sumarios administrativos, eventuales acciones judiciales y el inicio de un proceso de recuperación de fondos públicos. «Estamos realizando un análisis exhaustivo de todos los antecedentes disponibles, con el objeto de definir las acciones legales que correspondan», señaló en abril. Además, agregó que el foco estaba puesto en resguardar los recursos públicos y perseguir eventuales responsabilidades.

Sin embargo, dos meses después de ese anuncio, no existe información pública detallada respecto del avance de los cobros comprometidos ni de eventuales recuperaciones efectivas de recursos por parte del Gobierno Regional. Tampoco se conocen públicamente acciones de restitución concretas por parte de beneficiarios del programa, varios de los cuales han sostenido que ejecutaron las iniciativas de acuerdo con las bases y exigencias establecidas.

Pero mientras se esperan señales concretas sobre la recuperación de esos recursos, el gobernador pasó a una nueva ofensiva judicial que involucra a una decena de personas y que tiene como principales figuras al exgobernador regional Luciano Rivas; al exjefe de gabinete y exdirector de la Corporación de Desarrollo Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin; y al exdirector ejecutivo de la Corporación, Cristian Salas.

La incorporación de Salas llama particularmente la atención, considerando que hasta ahora el debate público había estado centrado principalmente en la figura del ex gobernador y su círculo más cercano.

Esta semana, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada por Saffirio por los delitos de administración desleal y prevaricación, acción judicial que involucra además a exfuncionarios, asesores jurídicos y exdirectivos vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

La querella sostiene que existiría un perjuicio patrimonial cercano a los $5.900 millones asociado a gastos observados y rechazados dentro del programa de reactivación económica financiado con recursos regionales.

Según la presentación judicial, la denominada Comisión de Evaluación Estratégica —integrada por Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas— habría participado en decisiones de adjudicación que favorecieron proyectos con menor puntaje por sobre iniciativas mejor evaluadas. La acción judicial sostiene además que existirían deficiencias documentales y eventuales conflictos de interés que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

La ofensiva judicial representa un nuevo capítulo en una controversia que ha estado marcada por sucesivos anuncios públicos del gobernador. Mientras Saffirio insiste en la necesidad de perseguir responsabilidades y recuperar recursos públicos, desde sectores cercanos a la administración anterior han cuestionado que gran parte de los antecedentes expuestos hasta ahora correspondan a observaciones administrativas que aún deben ser revisadas en profundidad y que no necesariamente implican recursos perdidos o mal utilizados.

Asimismo, algunos observadores advierten que el foco comunicacional del caso ha ido mutando con el paso de las semanas. Lo que inicialmente se presentó como un proceso orientado a recuperar recursos observados desde los beneficiarios finales, hoy aparece concentrado en la búsqueda de responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron en la toma de decisiones dentro de la institucionalidad regional.

Por ahora, la querella recién inicia su tramitación y será la investigación judicial la que deberá determinar si existieron o no responsabilidades penales por parte de los exdirectivos y exautoridades apuntados por el actual gobernador.

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La sesión del Consejo Regional de La Araucanía terminó abruptamente cuando se investigaba la caída de la plataforma FNDR 8% que afectó a organizaciones sociales de toda la región.

Consejeros pidieron extender la sesión para continuar la fiscalización, pero el gobernador René Saffirio rechazó la prórroga y cerró el debate en medio de un duro cruce con el consejero Hans van der Molen.

Lo que comenzó como una jornada de celebraciones y aprobación de millonarios proyectos para distintas comunas de La Araucanía terminó convirtiéndose en una de las sesiones más tensas del último tiempo en el Consejo Regional. La Sesión Ordinaria N° 032 del CORE fue abruptamente levantada por el gobernador René Saffirio justo cuando se leía un informe de fiscalización sobre la caída de la plataforma de postulación a los Fondos Concursables FNDR 8% 2026, sistema utilizado por organizaciones sociales y territoriales para acceder a recursos públicos regionales.

El momento más polémico se produjo cuando el consejero Hans van der Molen pidió extender la sesión para concluir la revisión del informe. La respuesta de Saffirio elevó inmediatamente el tono del debate frente al pleno del CORE. “Sí, yo estoy presidiendo, y mientras yo esté aquí se hace lo que yo quiera”, afirmó el gobernador, frase que generó incomodidad entre consejeros por producirse en medio de una discusión sobre fiscalización pública y eventuales responsabilidades administrativas.

Hasta ese momento, la jornada había estado marcada por la aprobación de importantes iniciativas regionales, entre ellas cerca de 35 mil millones de pesos para la construcción del Liceo Atenea de Cunco, además de proyectos para Vilcún, Villarrica y otras comunas. Sin embargo, el ambiente cambió cuando el presidente de la Comisión de Régimen Interno, Hans van der Molen Mora, comenzó a leer el informe elaborado tras la revisión inicial de la falla de la plataforma FNDR 8%.

La comisión había citado al administrador regional Eduardo Correa, a la jefa de DIDESOH Érica López y al encargado de Tecnologías de la Información, Diego Iturra Neira. Pero solo este último asistió a la instancia. La ausencia de dos autoridades directamente vinculadas al proceso aumentó las dudas respecto de la gestión realizada durante la contingencia y reforzó la necesidad de profundizar la fiscalización impulsada por el CORE.

Mientras Van der Molen avanzaba en la lectura, Saffirio interrumpió señalando que el tiempo reglamentario de la sesión estaba vencido. La situación molestó a varios consejeros, considerando que durante la jornada hubo recesos prolongados asociados a celebraciones y aprobaciones de proyectos, tiempos que —según quienes participaron— no fueron considerados al momento de evaluar una eventual extensión de la sesión para terminar los puntos pendientes.

Precisamente por tratarse de una fiscalización vinculada a recursos públicos y organizaciones afectadas, Van der Molen propuso votar una prórroga para continuar la sesión. “Si quiere podemos someter a votación la extensión”, planteó el consejero. Sin embargo, Saffirio rechazó la idea señalando que “el tiempo está vencido, no se puede extender lo vencido”, para luego cerrar oficialmente la jornada indicando: “Habiéndose cumplido el tiempo máximo de la sesión, esta se levanta”.

El informe no solo buscaba aclarar por qué se cayó la plataforma FNDR 8%. También solicitaba antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas, la coordinación entre DIDESOH y el área TI, las decisiones tomadas durante la contingencia y el uso de recursos destinados a programas informáticos. Uno de los puntos más sensibles era la revisión de los criterios utilizados para designar al actual encargado del Departamento de Tecnologías de la Información, Diego Iturra Neira.

La comisión pedía antecedentes sobre el perfil del cargo, acto administrativo de designación, descriptor de funciones y currículums evaluados durante el proceso. Además, solicitaba información sobre la marginación de un funcionario específico del área tecnológica con experiencia en la materia. Para algunos consejeros, la fiscalización comenzaba a entrar en materias especialmente delicadas relacionadas con transparencia administrativa, estructura interna y criterios de nombramiento en un área estratégica del Gobierno Regional.

El debate sobre la pertinencia profesional y la estructura del área TI cobra aún más relevancia considerando que el Gobierno Regional ya ha sufrido al menos dos hackeos antes de la caída de la plataforma FNDR 8% en la administración actual. Debido a estas dificultades el propio gobernador René Saffirio anunció acciones judiciales contra quienes aseguró tener identificados como responsables de uno de esos ataques informáticos. Sin embargo, hasta ahora no se han conocido públicamente mayores antecedentes sobre el avance de esas acciones.

La controversia golpea especialmente al Gobierno Regional considerando que el área TI había sido recientemente fortalecida mediante adecuaciones organizacionales aprobadas por el propio CORE. Además, para 2026 se aprobaron cerca de 98 millones de pesos destinados a programas informáticos, modernización de sistemas y resguardo frente a ciberataques.

Precisamente por eso, la comisión buscaba determinar si existieron pruebas de carga, planificación ante alta demanda y planes de contingencia antes del colapso de la plataforma. La pregunta de fondo es si el Gobierno Regional hizo efectivamente lo necesario para evitar la caída del sistema que utilizan organizaciones sociales y territoriales para acceder a financiamiento público regional.

Transmisión de sesión

Otro elemento que aumentó la controversia fue lo ocurrido con la transmisión oficial de la sesión. Según antecedentes conocidos, el debate fue transmitido en vivo por el canal institucional del Gobierno Regional, pero la versión posteriormente disponible para revisión pública habría sido interrumpida antes del último intercambio entre Hans van der Molen y René Saffirio. Es decir, el momento más tenso de la discusión no quedó visible en el registro publicado posteriormente.

La situación generó cuestionamientos debido a que las sesiones del Consejo Regional tienen un carácter público y su transmisión íntegra constituye un mecanismo de transparencia hacia la ciudadanía. Precisamente por tratarse de un órgano colegiado que administra y fiscaliza recursos públicos, existe una expectativa institucional y democrática de que las sesiones queden disponibles de manera completa, especialmente cuando se abordan materias sensibles vinculadas a fallas administrativas, recursos regionales y procesos de fiscalización.

Para algunos consejeros, el hecho de que la transmisión se interrumpiera justo antes del cierre conflictivo de la sesión terminó profundizando aún más las dudas sobre la forma en que se manejó el episodio. Más aún considerando que el informe fiscalizador quedó inconcluso y que no se permitió votar la prórroga solicitada para continuar la discusión.

Diferencias previas

El enfrentamiento entre Saffirio y Van der Molen no es nuevo. En noviembre de 2025 ambos ya habían protagonizado un duro cruce durante una sesión del CORE relacionada con un informe de Contraloría difundido por el gobernador en pleno periodo electoral. En esa oportunidad, Van der Molen acusó a Saffirio de realizar un “aprovechamiento político” del tema y cuestionó declaraciones sobre supuesto “crimen organizado”, frase que —según sostuvo— no aparecía en el informe revisado por los consejeros.

Ese antecedente vuelve a tomar fuerza ahora, ya que evidencia una tensión permanente entre el gobernador y parte del CORE respecto al rol fiscalizador del Consejo Regional. Aunque la sesión fue levantada abruptamente, las preguntas sobre la caída de la plataforma FNDR 8% siguen abiertas. El Gobierno Regional deberá aclarar qué provocó la falla, qué medidas preventivas existían, cómo se informó a las organizaciones afectadas y qué ocurrió con los recursos destinados al área informática.

El cierre de la sesión dejó instalada una imagen difícil de ignorar: una comisión fiscalizando, un informe interrumpido, autoridades ausentes, una transmisión cuestionada y consejeros solicitando una prórroga que nunca se permitió votar. La sesión terminó abruptamente, pero la controversia sigue creciendo dentro del Gobierno Regional y el CORE. La fiscalización, lejos de cerrarse, quedó instalada como uno de los temas políticos más complejos para la administración regional.

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Karam Puali será formalizado en una arista del caso Fundaciones por recursos adjudicados a través de la Corporación de Desarrollo, en un proceso que también salpica decisiones adoptadas desde el propio Gobierno Regional.

Un nuevo empresario será formalizado en el marco de la investigación por presunto fraude en el uso de recursos del fondo de reactivación económica ejecutado con dineros del Gobierno Regional de La Araucanía a través de la Corporación de Desarrollo Productivo.

Se trata de Karam Puali, representante de Inversiones MAK, quien será imputado por el Ministerio Público tras adjudicarse $50 millones en este programa, correspondiente al monto máximo de cofinanciamiento disponible.

La causa forma parte de una de las aristas del denominado caso Fundaciones, que indaga el destino de cerca de $8 mil millones transferidos entre 2022 y 2023 para impulsar iniciativas de reactivación económica, beneficiando a más de 300 empresas en la región.

Según antecedentes de la investigación dadas a conocer por Radio Biobío, tras una visita en terreno realizada por el Gobierno Regional, se constató que el proyecto financiado —la construcción de una terraza— no evidenciaba funcionamiento: el local se encontraba cerrado y las instalaciones en estado de abandono. A esto se suma que las rendiciones por el total de los recursos fueron observadas por la entidad pública.

El fiscal Raúl Espinoza confirmó que Puali será formalizado junto a Alejandro Martini Iriarte y su cónyuge, quienes enfrentarán cargos por obtención fraudulenta de prestaciones estatales.

El caso también abre cuestionamientos por eventuales conflictos de interés en la adjudicación de estos fondos. Puali mantiene vínculos con Martini y con Juan Pablo Leonelli —quien se desempeñaba como jefe de gabinete del Gore durante la ejecución del programa— a través de una sociedad constituida en 2021, lo que instala dudas respecto a su participación indirecta en procesos de decisión o influencia en la asignación de recursos.

El empresario villarricense, según antecedentes recabados, es esposo de Romina Tuma, exseremi en La Araucanía, y yerno del exparlamentario Eugenio Tuma.

Acciones del Gore Araucanía buscan recuperar recursos

Cabe recordar que el actual gobernador René Saffirio anunció recientemente acciones legales para recuperar los más de $8 mil millones correspondientes a este programa. Hace un mes efectuó este anuncio, señalando además que más que detectaron irregularidades en más del 90% de los beneficiarios, siendo 304 de las 327 empresas observadas.

En paralelo, la diputada Ericka Ñanco solicitó a la Contraloría General de la República realiar una investigación, la que ya está en curso, para esclarecer el uso de estos recursos públicos, en un caso que sigue sumando antecedentes y nuevos imputados.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
En este artículo se citan procesos judiciales en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (artículo 04 del Código Procesal Penal).

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Un nuevo revés judicial enfrenta el Gobierno Regional de La Araucanía, liderado por el gobernador René Saffirio, luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco ordenara la reincorporación del profesional Diego Villagra, quien fue desvinculado en marzo pasado.

Según la resolución, el tribunal decretó la medida cautelar de reincorporación con goce de remuneraciones, dejando sin efecto el despido mientras se resuelve la demanda de tutela laboral presentada por el trabajador. En concreto, la decisión suspende los efectos de la Resolución Exenta N°315, emanada desde el Gore, permitiendo que Villagra retome sus funciones durante el desarrollo del proceso judicial .

El caso adquiere especial relevancia, ya que Villagra, al igual que Mario Fuentes Estay —cuya reincorporación también fue ordenada recientemente—, pertenece a la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (Aftragore). Esto refuerza el carácter sindical del conflicto, en medio de denuncias por eventuales vulneraciones a derechos laborales vinculados a la actividad gremial.

Con este fallo, la justicia laboral suma un segundo reintegro en contra de la actual administración regional, profundizando la controversia por los despidos ocurridos al interior del Gore. Ambos casos han sido impulsados por acciones judiciales que cuestionan la legalidad de las desvinculaciones y su posible relación con la participación sindical de los trabajadores afectados.

En este escenario, las resoluciones judiciales no solo reconfiguran el conflicto laboral, sino que también ponen el foco en la protección de la actividad sindical dentro del sector público, un elemento clave en las demandas levantadas por Aftragore.

La causa de Villagra continuará su curso con una audiencia preparatoria fijada para el próximo 1 de julio, instancia donde las partes deberán presentar pruebas y argumentos antes de avanzar a la etapa de juicio.

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La diputada ofició por programa de reactivación económica cuestionado, mientras cifras, versiones cruzadas y falta de claridad mantienen en incertidumbre a cientos de beneficiarios en la región.

Un nuevo foco de tensión se instala en La Araucanía luego de que la diputada Ericka Ñanco solicitara formalmente a la Contraloría General de la República investigar el destino de más de $8 mil millones entregados a través de un programa de la Corporación de Desarrollo Araucanía. La respuesta no tardó: el organismo confirmó el inicio de una indagación especial.

La acción apunta directamente a un programa impulsado durante la anterior administración del Gobierno Regional, que benefició a más de 300 empresas y emprendedores, pero que hoy está rodeado de cuestionamientos por la falta de claridad en el uso de los recursos.

“Se trata de una región que no puede seguir viendo cómo recursos destinados a la reactivación económica terminan bajo sospecha”, afirmó Ñanco, subrayando que continuará impulsando acciones de fiscalización hasta que se establezcan responsabilidades.

Un caso que vuelve a la primera línea

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a abril de 2025, cuando el gobernador René Saffirio —recién asumido en el cargo— encabezó la reapertura de las oficinas de la Corporación de Desarrollo Araucanía, tras meses sin funcionamiento.

En ese momento, la autoridad regional detectó la existencia de documentación y equipamiento que podrían estar vinculados a investigaciones del denominado Caso Convenios, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Entre los elementos incautados figuraban computadores, archivadores y material relacionado con proyectos financiados por el Gobierno Regional.

Durante esa misma fecha anunció el cierre definitivo de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía.

Cifras que generan inquietud

Un año después, el propio gobernador Saffirio volvió a encender el debate al transparentar cifras que no pasaron desapercibidas: de las 327 empresas beneficiadas por este programa, solo 23 habrían rendido correctamente los recursos, equivalente a cerca de un 7% del total.

Mientras que en forma paralela el Ministerio Público anunció para el próximo 7 de mayo la formalización del empresario y ex Republicano, Alejandro Martini, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, asociado a los 50 millones de pesos que recibió para su empresa Sociedad de Inversiones Martini.

El dato generó impacto inmediato, pero también abrió una serie de dudas. Muchos beneficiarios aseguran no haber sido notificados de observaciones formales ni contar con instancias claras para subsanar posibles errores, lo que ha instalado un clima de incertidumbre en torno a la real situación de cada proyecto.

A esto se suma el anuncio del Gobierno Regional sobre el inicio de los procesos de devolución de recursos, sin que hasta ahora se hayan detallado mecanismos, montos ni plazos, aumentando la preocupación entre los involucrados.

Cruce de declaraciones

El escenario se tensionó entre Saffirio y la Fiscalía luego de que cuestionara públicamente el actuar del Ministerio Público, señalando que “no investiga”, lo que provocó la inmediata respuesta del fiscal regional, quien defendió el carácter técnico de las investigaciones y descartó cualquier motivación política.

Este cruce de versiones ha contribuido a profundizar la incertidumbre en la opinión pública, en un caso donde aún no existen conclusiones oficiales de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Contraloría entra en escena

En este contexto, la solicitud de Ñanco y la apertura de una indagación por parte de la Contraloría aparecen como un paso clave para esclarecer los hechos. El organismo deberá revisar el uso de los recursos, los procesos administrativos y eventuales responsabilidades en la ejecución del programa.

Para muchos, esta investigación podría convertirse en una instancia determinante para dar certezas tanto a la ciudadanía como a los propios beneficiarios, quienes hoy se encuentran en medio de un debate marcado por la falta de información clara.

Mientras avanza la indagatoria, La Araucanía enfrenta un escenario complejo: millones de pesos en juego, instituciones bajo presión y una creciente demanda por transparencia en el uso de recursos públicos que, en su origen, buscaban impulsar el desarrollo económico de la región.

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Este mediodía, el Gobernador René Saffirio encabezó la inauguración del Sistema de Agua Potable Rural (APR) Montre Llancamil, en la comuna de Perquenco, iniciativa que beneficiará directamente a 190 familias del sector.

La actividad contó con la participación de consejeros regionales, el alcalde de Perquenco y representantes de las comunidades de Montre y Llancamil, quienes valoraron el impacto de esta obra largamente esperada.

El proyecto recibió una inversión 2.700 millones de pesos de parte del Gobierno Regional, que considera una red de distribución de cerca de 39 kilómetros, un estanque metálico de 100 metros cúbicos y la instalación de 190 arranques domiciliarios, permitiendo que decenas de familias accedan por primera vez a agua potable en sus hogares.

En la ceremonia, el Gobernador Saffirio destacó el sentido social de la iniciativa, señalando que “hoy no solo inauguramos infraestructura, estamos cambiando la vida de 190 familias que por años esperaron una solución concreta. El acceso al agua es dignidad, y ese es el tipo de desarrollo que estamos impulsando en La Araucanía”.

El jefe regional también subrayó que este proyecto refleja una gestión eficiente de los recursos públicos, ya que durante su ejecución se logró ampliar la cobertura inicial sin aumentar el presupuesto, incorporando más familias al sistema gracias a ajustes técnicos y optimización de recursos.

“Aquí hay una historia que partió en 2009, son muchos años para llegar a este día en que se abre la llave y sale agua potable. Son 190 familias de la comunidad que tendrán este recurso tan fundamental para vida humana, para la producción animal, para la conservación de nuestros ecosistemas y que hoy día se hace una realidad”, dijo.

Cristian Herrera, presidente de la Comisión de Agua Potable del Consejo Regional (CORE) expresó su satisfacción por el hito que hoy se celebra.

“Estamos muy contentos participando de la actividad, son 190 familias que hoy ven materializando un sueño de más de 15 años. El agua es un elemento fundamental y que como Consejo Regional seamos capaces de generar las instancias para que estos sueños se cumplan nos tiene muy felices”, señaló.

Por su parte, desde la comunidad destacaron el trabajo conjunto entre vecinos, municipio y Gobierno Regional, que permitió concretar la iniciativa que hoy se traduce en una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable en el sector.

Pedro Colicoy, presidente del Comité de APR, indicó que “estamos muy agradecidos como directiva de este tremendo beneficio que nos entrega el Estado a través del Gobierno Regional. Nos demoramos 16 años para que esto fuera efectivo, pero hoy salió”.

Mario Baez, presidente de la comunidad Martin Quiñinao Montre, agradeció la inversión pública. “Estamos inaugurando este proyecto y queremos darle las gracias al Gobernador y a las autoridades, porque este proyecto es algo histórico para las comunidades. Sufríamos mucho la escasez de agua. Algunos vecinos no tenían agua ni para darle a sus aves. Con este proyecto ya no vamos a tener ese problema”, indicó.

El alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, manifestó su agradecimiento al Gobierno Regional. “Estamos muy contentos como administración, ya que son bastantes recursos para 190 familias que no van a tener que esperar más apara tener agua una vez a la semana. Agradecer al Gobernador y al Consejo regional por estos recursos”, sostuvo.

El sistema contempla además infraestructura clave para su funcionamiento, como sala de tratamiento, sistema de impulsión, generador eléctrico y procesos de desinfección, asegurando un servicio continuo y con estándares sanitarios adecuados para las familias beneficiadas.

Finalmente, el Gobernador Saffirio reafirmó el compromiso del Gobierno Regional con el desarrollo de los sectores rurales, indicando que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para avanzar en equidad territorial y mejorar las condiciones de vida en toda La Araucanía.

“Nuestro compromiso es claro: que ninguna familia en la región tenga que vivir sin acceso a un servicio tan básico como el agua potable”, concluyó Saffirio.

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El municipio argumenta que no puede asumir los cerca de $2 mil millones que requiere la reparación del recinto, mientras el Gobierno Regional aprobó más de $39 mil millones para el nuevo Mercado Municipal, en un contexto marcado por dudas sobre la gestión de grandes proyectos.

El Pabellón de La Araucanía —también conocido como el “Pabellón del Amor de Chile”— vuelve a quedar en el limbo. A menos de un año de haber asumido su concesión, la Municipalidad de Temuco decidió iniciar su devolución al Ministerio de Bienes Nacionales, argumentando que su reparación resulta económicamente inviable.

La cifra es concreta: cerca de $2 mil millones, reconoció el alcalde Roberto Neira en Radio Biobío,, costaría recuperar la estructura, hoy visiblemente deteriorada por la humedad, con presencia de hongos y daños estructurales que continúan avanzando mientras el recinto permanece cerrado.

Neira fue claro: sin certezas de apoyo estatal, el municipio optará por devolver el inmueble. La decisión se sustenta en estudios que advierten que la intervención debe ser urgente para evitar un deterioro mayor.

Contraste de cifras y prioridades

La definición se produce en paralelo a la aprobación, por parte del Gobierno Regional de La Araucanía, de más de $39 mil millones para la construcción del nuevo Mercado Municipal, obra que será ejecutada por la propia Municipalidad como unidad técnica.

El contraste es evidente: mientras se descarta una inversión de $2 mil millones para recuperar una infraestructura existente y con valor cultural, se avanza en un proyecto de mucho mayor envergadura presupuestaria.

A este escenario se suma otro dato relevante. En etapas previas del Mercado Municipal ya se han destinado cerca de $15 mil millones que no lograron traducirse en una obra definitiva, lo que obligó a replantear el proyecto y reiniciar el proceso. Hoy, la iniciativa vuelve a impulsarse con una nueva inyección de recursos que supera los $39 mil millones.

En ese contexto, en los últimos meses también se han evidenciado tensiones entre el Gobierno Regional y el municipio respecto a la capacidad técnica de la casa edilicia para asumir la ejecución de una obra de esta magnitud, instalando un debate sobre estándares de gestión y control.

Estimaciones fallidas y deterioro acelerado

La decisión sobre el pabellón también expone inconsistencias en su planificación. Cuando se concretó la concesión en 2025, Bienes Nacionales y la Municipalidad de Temuco estimaban una inversión cercana a los $600 millones para su recuperación, muy por debajo de los casi $2 mil millones que hoy se proyectan.

En menos de un año, el costo prácticamente se triplicó, lo que instala dudas sobre la precisión de las evaluaciones iniciales y la viabilidad real del compromiso asumido.

El propio alcalde ya había adelantado la postura: el pabellón no figuraba entre las prioridades municipales y los recursos disponibles —poco más de $350 millones— eran insuficientes para su recuperación. El resultado es una infraestructura emblemática abandonada, que se deteriora a la vista y que ahora será devuelta al Estado sin haber sido reactivada.

El edificio, construido para la Expo Milán 2015 y trasladado posteriormente a Temuco como símbolo cultural, suma así un nuevo capítulo marcado por la falta de continuidad en su gestión.

Hoy, su estado ya no es solo un problema de mantención. A las puertas de un nuevo invierno, el deterioro avanza sobre una estructura que permanece vacía a los pies del cerro Ñielol, obligando a las autoridades a definir con claridad qué se hará con un espacio cuyo daño parece cada vez más difícil de revertir.

Lo que alguna vez congregó a miles de personas y proyectó una imagen cultural de la región, con actividades, ferias y espectáculos, hoy se acerca a convertirse en un ejemplo de infraestructura pública sin destino claro.

En ese escenario, la discusión deja de ser únicamente presupuestaria y se traslada a un plano más amplio: cómo se planifican, priorizan y ejecutan las inversiones públicas cuando los proyectos cambian de escala, se reevalúan o no logran sostenerse en el tiempo.

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Marcelo Parra fue apartado de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo y una investigación judicial en su contra.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, ordenó la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de su jefe de gabinete, Marcelo Parra, luego de que este fuera formalizado por el delito de fraude de subvenciones.

La medida implica que Parra permanecerá separado de sus funciones mientras se mantenga en curso la investigación sumaria en su contra, en línea con los principios de probidad y transparencia en la función pública.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el sociólogo es investigado por la adjudicación de más de $8 millones mediante una subvención de la Municipalidad de Temuco, destinada a un proyecto de reciclaje de la Fundación Karukeché Sin embargo, la indagatoria apunta a que los recursos habrían sido utilizados para fines personales.

A esto se suma lo señalado recientemente por Fiscalía, que expuso la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, incluyendo una factura cercana a los $6 millones para justificar maquinaria que, según los antecedentes, ya había sido adquirida previamente y que habría sido solicitada al proveedor por no pago.

Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, el jefe de gabinete quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Además, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El gobernador Saffirio señaló que tomó conocimiento de los hechos a partir de la información entregada por el propio Parra, tras lo cual instruyó la apertura del sumario. “Dispuse de inmediato el inicio de un sumario administrativo en estricto apego a los principios de probidad y transparencia”, afirmó.

En este contexto, Araucanía Noticias consultó al Gobierno Regional respecto a la pertinencia de instruir un sumario administrativo considerando que los hechos investigados no estarían directamente vinculados al Gore. Asimismo, se solicitó información sobre si durante el período de suspensión el jefe de gabinete continuará percibiendo remuneraciones pese a no ejercer funciones.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno Regional.

La investigación se mantiene en curso, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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