La sesión del Consejo Regional de La Araucanía terminó abruptamente cuando se investigaba la caída de la plataforma FNDR 8% que afectó a organizaciones sociales de toda la región.

Consejeros pidieron extender la sesión para continuar la fiscalización, pero el gobernador René Saffirio rechazó la prórroga y cerró el debate en medio de un duro cruce con el consejero Hans van der Molen.

Lo que comenzó como una jornada de celebraciones y aprobación de millonarios proyectos para distintas comunas de La Araucanía terminó convirtiéndose en una de las sesiones más tensas del último tiempo en el Consejo Regional. La Sesión Ordinaria N° 032 del CORE fue abruptamente levantada por el gobernador René Saffirio justo cuando se leía un informe de fiscalización sobre la caída de la plataforma de postulación a los Fondos Concursables FNDR 8% 2026, sistema utilizado por organizaciones sociales y territoriales para acceder a recursos públicos regionales.

El momento más polémico se produjo cuando el consejero Hans van der Molen pidió extender la sesión para concluir la revisión del informe. La respuesta de Saffirio elevó inmediatamente el tono del debate frente al pleno del CORE. “Sí, yo estoy presidiendo, y mientras yo esté aquí se hace lo que yo quiera”, afirmó el gobernador, frase que generó incomodidad entre consejeros por producirse en medio de una discusión sobre fiscalización pública y eventuales responsabilidades administrativas.

Hasta ese momento, la jornada había estado marcada por la aprobación de importantes iniciativas regionales, entre ellas cerca de 35 mil millones de pesos para la construcción del Liceo Atenea de Cunco, además de proyectos para Vilcún, Villarrica y otras comunas. Sin embargo, el ambiente cambió cuando el presidente de la Comisión de Régimen Interno, Hans van der Molen Mora, comenzó a leer el informe elaborado tras la revisión inicial de la falla de la plataforma FNDR 8%.

La comisión había citado al administrador regional Eduardo Correa, a la jefa de DIDESOH Érica López y al encargado de Tecnologías de la Información, Diego Iturra Neira. Pero solo este último asistió a la instancia. La ausencia de dos autoridades directamente vinculadas al proceso aumentó las dudas respecto de la gestión realizada durante la contingencia y reforzó la necesidad de profundizar la fiscalización impulsada por el CORE.

Mientras Van der Molen avanzaba en la lectura, Saffirio interrumpió señalando que el tiempo reglamentario de la sesión estaba vencido. La situación molestó a varios consejeros, considerando que durante la jornada hubo recesos prolongados asociados a celebraciones y aprobaciones de proyectos, tiempos que —según quienes participaron— no fueron considerados al momento de evaluar una eventual extensión de la sesión para terminar los puntos pendientes.

Precisamente por tratarse de una fiscalización vinculada a recursos públicos y organizaciones afectadas, Van der Molen propuso votar una prórroga para continuar la sesión. “Si quiere podemos someter a votación la extensión”, planteó el consejero. Sin embargo, Saffirio rechazó la idea señalando que “el tiempo está vencido, no se puede extender lo vencido”, para luego cerrar oficialmente la jornada indicando: “Habiéndose cumplido el tiempo máximo de la sesión, esta se levanta”.

El informe no solo buscaba aclarar por qué se cayó la plataforma FNDR 8%. También solicitaba antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas, la coordinación entre DIDESOH y el área TI, las decisiones tomadas durante la contingencia y el uso de recursos destinados a programas informáticos. Uno de los puntos más sensibles era la revisión de los criterios utilizados para designar al actual encargado del Departamento de Tecnologías de la Información, Diego Iturra Neira.

La comisión pedía antecedentes sobre el perfil del cargo, acto administrativo de designación, descriptor de funciones y currículums evaluados durante el proceso. Además, solicitaba información sobre la marginación de un funcionario específico del área tecnológica con experiencia en la materia. Para algunos consejeros, la fiscalización comenzaba a entrar en materias especialmente delicadas relacionadas con transparencia administrativa, estructura interna y criterios de nombramiento en un área estratégica del Gobierno Regional.

El debate sobre la pertinencia profesional y la estructura del área TI cobra aún más relevancia considerando que el Gobierno Regional ya ha sufrido al menos dos hackeos antes de la caída de la plataforma FNDR 8% en la administración actual. Debido a estas dificultades el propio gobernador René Saffirio anunció acciones judiciales contra quienes aseguró tener identificados como responsables de uno de esos ataques informáticos. Sin embargo, hasta ahora no se han conocido públicamente mayores antecedentes sobre el avance de esas acciones.

La controversia golpea especialmente al Gobierno Regional considerando que el área TI había sido recientemente fortalecida mediante adecuaciones organizacionales aprobadas por el propio CORE. Además, para 2026 se aprobaron cerca de 98 millones de pesos destinados a programas informáticos, modernización de sistemas y resguardo frente a ciberataques.

Precisamente por eso, la comisión buscaba determinar si existieron pruebas de carga, planificación ante alta demanda y planes de contingencia antes del colapso de la plataforma. La pregunta de fondo es si el Gobierno Regional hizo efectivamente lo necesario para evitar la caída del sistema que utilizan organizaciones sociales y territoriales para acceder a financiamiento público regional.

Transmisión de sesión

Otro elemento que aumentó la controversia fue lo ocurrido con la transmisión oficial de la sesión. Según antecedentes conocidos, el debate fue transmitido en vivo por el canal institucional del Gobierno Regional, pero la versión posteriormente disponible para revisión pública habría sido interrumpida antes del último intercambio entre Hans van der Molen y René Saffirio. Es decir, el momento más tenso de la discusión no quedó visible en el registro publicado posteriormente.

La situación generó cuestionamientos debido a que las sesiones del Consejo Regional tienen un carácter público y su transmisión íntegra constituye un mecanismo de transparencia hacia la ciudadanía. Precisamente por tratarse de un órgano colegiado que administra y fiscaliza recursos públicos, existe una expectativa institucional y democrática de que las sesiones queden disponibles de manera completa, especialmente cuando se abordan materias sensibles vinculadas a fallas administrativas, recursos regionales y procesos de fiscalización.

Para algunos consejeros, el hecho de que la transmisión se interrumpiera justo antes del cierre conflictivo de la sesión terminó profundizando aún más las dudas sobre la forma en que se manejó el episodio. Más aún considerando que el informe fiscalizador quedó inconcluso y que no se permitió votar la prórroga solicitada para continuar la discusión.

Diferencias previas

El enfrentamiento entre Saffirio y Van der Molen no es nuevo. En noviembre de 2025 ambos ya habían protagonizado un duro cruce durante una sesión del CORE relacionada con un informe de Contraloría difundido por el gobernador en pleno periodo electoral. En esa oportunidad, Van der Molen acusó a Saffirio de realizar un “aprovechamiento político” del tema y cuestionó declaraciones sobre supuesto “crimen organizado”, frase que —según sostuvo— no aparecía en el informe revisado por los consejeros.

Ese antecedente vuelve a tomar fuerza ahora, ya que evidencia una tensión permanente entre el gobernador y parte del CORE respecto al rol fiscalizador del Consejo Regional. Aunque la sesión fue levantada abruptamente, las preguntas sobre la caída de la plataforma FNDR 8% siguen abiertas. El Gobierno Regional deberá aclarar qué provocó la falla, qué medidas preventivas existían, cómo se informó a las organizaciones afectadas y qué ocurrió con los recursos destinados al área informática.

El cierre de la sesión dejó instalada una imagen difícil de ignorar: una comisión fiscalizando, un informe interrumpido, autoridades ausentes, una transmisión cuestionada y consejeros solicitando una prórroga que nunca se permitió votar. La sesión terminó abruptamente, pero la controversia sigue creciendo dentro del Gobierno Regional y el CORE. La fiscalización, lejos de cerrarse, quedó instalada como uno de los temas políticos más complejos para la administración regional.

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Karam Puali será formalizado en una arista del caso Fundaciones por recursos adjudicados a través de la Corporación de Desarrollo, en un proceso que también salpica decisiones adoptadas desde el propio Gobierno Regional.

Un nuevo empresario será formalizado en el marco de la investigación por presunto fraude en el uso de recursos del fondo de reactivación económica ejecutado con dineros del Gobierno Regional de La Araucanía a través de la Corporación de Desarrollo Productivo.

Se trata de Karam Puali, representante de Inversiones MAK, quien será imputado por el Ministerio Público tras adjudicarse $50 millones en este programa, correspondiente al monto máximo de cofinanciamiento disponible.

La causa forma parte de una de las aristas del denominado caso Fundaciones, que indaga el destino de cerca de $8 mil millones transferidos entre 2022 y 2023 para impulsar iniciativas de reactivación económica, beneficiando a más de 300 empresas en la región.

Según antecedentes de la investigación dadas a conocer por Radio Biobío, tras una visita en terreno realizada por el Gobierno Regional, se constató que el proyecto financiado —la construcción de una terraza— no evidenciaba funcionamiento: el local se encontraba cerrado y las instalaciones en estado de abandono. A esto se suma que las rendiciones por el total de los recursos fueron observadas por la entidad pública.

El fiscal Raúl Espinoza confirmó que Puali será formalizado junto a Alejandro Martini Iriarte y su cónyuge, quienes enfrentarán cargos por obtención fraudulenta de prestaciones estatales.

El caso también abre cuestionamientos por eventuales conflictos de interés en la adjudicación de estos fondos. Puali mantiene vínculos con Martini y con Juan Pablo Leonelli —quien se desempeñaba como jefe de gabinete del Gore durante la ejecución del programa— a través de una sociedad constituida en 2021, lo que instala dudas respecto a su participación indirecta en procesos de decisión o influencia en la asignación de recursos.

El empresario villarricense, según antecedentes recabados, es esposo de Romina Tuma, exseremi en La Araucanía, y yerno del exparlamentario Eugenio Tuma.

Acciones del Gore Araucanía buscan recuperar recursos

Cabe recordar que el actual gobernador René Saffirio anunció recientemente acciones legales para recuperar los más de $8 mil millones correspondientes a este programa. Hace un mes efectuó este anuncio, señalando además que más que detectaron irregularidades en más del 90% de los beneficiarios, siendo 304 de las 327 empresas observadas.

En paralelo, la diputada Ericka Ñanco solicitó a la Contraloría General de la República realiar una investigación, la que ya está en curso, para esclarecer el uso de estos recursos públicos, en un caso que sigue sumando antecedentes y nuevos imputados.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
En este artículo se citan procesos judiciales en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (artículo 04 del Código Procesal Penal).

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Un nuevo revés judicial enfrenta el Gobierno Regional de La Araucanía, liderado por el gobernador René Saffirio, luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco ordenara la reincorporación del profesional Diego Villagra, quien fue desvinculado en marzo pasado.

Según la resolución, el tribunal decretó la medida cautelar de reincorporación con goce de remuneraciones, dejando sin efecto el despido mientras se resuelve la demanda de tutela laboral presentada por el trabajador. En concreto, la decisión suspende los efectos de la Resolución Exenta N°315, emanada desde el Gore, permitiendo que Villagra retome sus funciones durante el desarrollo del proceso judicial .

El caso adquiere especial relevancia, ya que Villagra, al igual que Mario Fuentes Estay —cuya reincorporación también fue ordenada recientemente—, pertenece a la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (Aftragore). Esto refuerza el carácter sindical del conflicto, en medio de denuncias por eventuales vulneraciones a derechos laborales vinculados a la actividad gremial.

Con este fallo, la justicia laboral suma un segundo reintegro en contra de la actual administración regional, profundizando la controversia por los despidos ocurridos al interior del Gore. Ambos casos han sido impulsados por acciones judiciales que cuestionan la legalidad de las desvinculaciones y su posible relación con la participación sindical de los trabajadores afectados.

En este escenario, las resoluciones judiciales no solo reconfiguran el conflicto laboral, sino que también ponen el foco en la protección de la actividad sindical dentro del sector público, un elemento clave en las demandas levantadas por Aftragore.

La causa de Villagra continuará su curso con una audiencia preparatoria fijada para el próximo 1 de julio, instancia donde las partes deberán presentar pruebas y argumentos antes de avanzar a la etapa de juicio.

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La diputada ofició por programa de reactivación económica cuestionado, mientras cifras, versiones cruzadas y falta de claridad mantienen en incertidumbre a cientos de beneficiarios en la región.

Un nuevo foco de tensión se instala en La Araucanía luego de que la diputada Ericka Ñanco solicitara formalmente a la Contraloría General de la República investigar el destino de más de $8 mil millones entregados a través de un programa de la Corporación de Desarrollo Araucanía. La respuesta no tardó: el organismo confirmó el inicio de una indagación especial.

La acción apunta directamente a un programa impulsado durante la anterior administración del Gobierno Regional, que benefició a más de 300 empresas y emprendedores, pero que hoy está rodeado de cuestionamientos por la falta de claridad en el uso de los recursos.

“Se trata de una región que no puede seguir viendo cómo recursos destinados a la reactivación económica terminan bajo sospecha”, afirmó Ñanco, subrayando que continuará impulsando acciones de fiscalización hasta que se establezcan responsabilidades.

Un caso que vuelve a la primera línea

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a abril de 2025, cuando el gobernador René Saffirio —recién asumido en el cargo— encabezó la reapertura de las oficinas de la Corporación de Desarrollo Araucanía, tras meses sin funcionamiento.

En ese momento, la autoridad regional detectó la existencia de documentación y equipamiento que podrían estar vinculados a investigaciones del denominado Caso Convenios, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Entre los elementos incautados figuraban computadores, archivadores y material relacionado con proyectos financiados por el Gobierno Regional.

Durante esa misma fecha anunció el cierre definitivo de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía.

Cifras que generan inquietud

Un año después, el propio gobernador Saffirio volvió a encender el debate al transparentar cifras que no pasaron desapercibidas: de las 327 empresas beneficiadas por este programa, solo 23 habrían rendido correctamente los recursos, equivalente a cerca de un 7% del total.

Mientras que en forma paralela el Ministerio Público anunció para el próximo 7 de mayo la formalización del empresario y ex Republicano, Alejandro Martini, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, asociado a los 50 millones de pesos que recibió para su empresa Sociedad de Inversiones Martini.

El dato generó impacto inmediato, pero también abrió una serie de dudas. Muchos beneficiarios aseguran no haber sido notificados de observaciones formales ni contar con instancias claras para subsanar posibles errores, lo que ha instalado un clima de incertidumbre en torno a la real situación de cada proyecto.

A esto se suma el anuncio del Gobierno Regional sobre el inicio de los procesos de devolución de recursos, sin que hasta ahora se hayan detallado mecanismos, montos ni plazos, aumentando la preocupación entre los involucrados.

Cruce de declaraciones

El escenario se tensionó entre Saffirio y la Fiscalía luego de que cuestionara públicamente el actuar del Ministerio Público, señalando que “no investiga”, lo que provocó la inmediata respuesta del fiscal regional, quien defendió el carácter técnico de las investigaciones y descartó cualquier motivación política.

Este cruce de versiones ha contribuido a profundizar la incertidumbre en la opinión pública, en un caso donde aún no existen conclusiones oficiales de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Contraloría entra en escena

En este contexto, la solicitud de Ñanco y la apertura de una indagación por parte de la Contraloría aparecen como un paso clave para esclarecer los hechos. El organismo deberá revisar el uso de los recursos, los procesos administrativos y eventuales responsabilidades en la ejecución del programa.

Para muchos, esta investigación podría convertirse en una instancia determinante para dar certezas tanto a la ciudadanía como a los propios beneficiarios, quienes hoy se encuentran en medio de un debate marcado por la falta de información clara.

Mientras avanza la indagatoria, La Araucanía enfrenta un escenario complejo: millones de pesos en juego, instituciones bajo presión y una creciente demanda por transparencia en el uso de recursos públicos que, en su origen, buscaban impulsar el desarrollo económico de la región.

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Este mediodía, el Gobernador René Saffirio encabezó la inauguración del Sistema de Agua Potable Rural (APR) Montre Llancamil, en la comuna de Perquenco, iniciativa que beneficiará directamente a 190 familias del sector.

La actividad contó con la participación de consejeros regionales, el alcalde de Perquenco y representantes de las comunidades de Montre y Llancamil, quienes valoraron el impacto de esta obra largamente esperada.

El proyecto recibió una inversión 2.700 millones de pesos de parte del Gobierno Regional, que considera una red de distribución de cerca de 39 kilómetros, un estanque metálico de 100 metros cúbicos y la instalación de 190 arranques domiciliarios, permitiendo que decenas de familias accedan por primera vez a agua potable en sus hogares.

En la ceremonia, el Gobernador Saffirio destacó el sentido social de la iniciativa, señalando que “hoy no solo inauguramos infraestructura, estamos cambiando la vida de 190 familias que por años esperaron una solución concreta. El acceso al agua es dignidad, y ese es el tipo de desarrollo que estamos impulsando en La Araucanía”.

El jefe regional también subrayó que este proyecto refleja una gestión eficiente de los recursos públicos, ya que durante su ejecución se logró ampliar la cobertura inicial sin aumentar el presupuesto, incorporando más familias al sistema gracias a ajustes técnicos y optimización de recursos.

“Aquí hay una historia que partió en 2009, son muchos años para llegar a este día en que se abre la llave y sale agua potable. Son 190 familias de la comunidad que tendrán este recurso tan fundamental para vida humana, para la producción animal, para la conservación de nuestros ecosistemas y que hoy día se hace una realidad”, dijo.

Cristian Herrera, presidente de la Comisión de Agua Potable del Consejo Regional (CORE) expresó su satisfacción por el hito que hoy se celebra.

“Estamos muy contentos participando de la actividad, son 190 familias que hoy ven materializando un sueño de más de 15 años. El agua es un elemento fundamental y que como Consejo Regional seamos capaces de generar las instancias para que estos sueños se cumplan nos tiene muy felices”, señaló.

Por su parte, desde la comunidad destacaron el trabajo conjunto entre vecinos, municipio y Gobierno Regional, que permitió concretar la iniciativa que hoy se traduce en una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable en el sector.

Pedro Colicoy, presidente del Comité de APR, indicó que “estamos muy agradecidos como directiva de este tremendo beneficio que nos entrega el Estado a través del Gobierno Regional. Nos demoramos 16 años para que esto fuera efectivo, pero hoy salió”.

Mario Baez, presidente de la comunidad Martin Quiñinao Montre, agradeció la inversión pública. “Estamos inaugurando este proyecto y queremos darle las gracias al Gobernador y a las autoridades, porque este proyecto es algo histórico para las comunidades. Sufríamos mucho la escasez de agua. Algunos vecinos no tenían agua ni para darle a sus aves. Con este proyecto ya no vamos a tener ese problema”, indicó.

El alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, manifestó su agradecimiento al Gobierno Regional. “Estamos muy contentos como administración, ya que son bastantes recursos para 190 familias que no van a tener que esperar más apara tener agua una vez a la semana. Agradecer al Gobernador y al Consejo regional por estos recursos”, sostuvo.

El sistema contempla además infraestructura clave para su funcionamiento, como sala de tratamiento, sistema de impulsión, generador eléctrico y procesos de desinfección, asegurando un servicio continuo y con estándares sanitarios adecuados para las familias beneficiadas.

Finalmente, el Gobernador Saffirio reafirmó el compromiso del Gobierno Regional con el desarrollo de los sectores rurales, indicando que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para avanzar en equidad territorial y mejorar las condiciones de vida en toda La Araucanía.

“Nuestro compromiso es claro: que ninguna familia en la región tenga que vivir sin acceso a un servicio tan básico como el agua potable”, concluyó Saffirio.

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El municipio argumenta que no puede asumir los cerca de $2 mil millones que requiere la reparación del recinto, mientras el Gobierno Regional aprobó más de $39 mil millones para el nuevo Mercado Municipal, en un contexto marcado por dudas sobre la gestión de grandes proyectos.

El Pabellón de La Araucanía —también conocido como el “Pabellón del Amor de Chile”— vuelve a quedar en el limbo. A menos de un año de haber asumido su concesión, la Municipalidad de Temuco decidió iniciar su devolución al Ministerio de Bienes Nacionales, argumentando que su reparación resulta económicamente inviable.

La cifra es concreta: cerca de $2 mil millones, reconoció el alcalde Roberto Neira en Radio Biobío,, costaría recuperar la estructura, hoy visiblemente deteriorada por la humedad, con presencia de hongos y daños estructurales que continúan avanzando mientras el recinto permanece cerrado.

Neira fue claro: sin certezas de apoyo estatal, el municipio optará por devolver el inmueble. La decisión se sustenta en estudios que advierten que la intervención debe ser urgente para evitar un deterioro mayor.

Contraste de cifras y prioridades

La definición se produce en paralelo a la aprobación, por parte del Gobierno Regional de La Araucanía, de más de $39 mil millones para la construcción del nuevo Mercado Municipal, obra que será ejecutada por la propia Municipalidad como unidad técnica.

El contraste es evidente: mientras se descarta una inversión de $2 mil millones para recuperar una infraestructura existente y con valor cultural, se avanza en un proyecto de mucho mayor envergadura presupuestaria.

A este escenario se suma otro dato relevante. En etapas previas del Mercado Municipal ya se han destinado cerca de $15 mil millones que no lograron traducirse en una obra definitiva, lo que obligó a replantear el proyecto y reiniciar el proceso. Hoy, la iniciativa vuelve a impulsarse con una nueva inyección de recursos que supera los $39 mil millones.

En ese contexto, en los últimos meses también se han evidenciado tensiones entre el Gobierno Regional y el municipio respecto a la capacidad técnica de la casa edilicia para asumir la ejecución de una obra de esta magnitud, instalando un debate sobre estándares de gestión y control.

Estimaciones fallidas y deterioro acelerado

La decisión sobre el pabellón también expone inconsistencias en su planificación. Cuando se concretó la concesión en 2025, Bienes Nacionales y la Municipalidad de Temuco estimaban una inversión cercana a los $600 millones para su recuperación, muy por debajo de los casi $2 mil millones que hoy se proyectan.

En menos de un año, el costo prácticamente se triplicó, lo que instala dudas sobre la precisión de las evaluaciones iniciales y la viabilidad real del compromiso asumido.

El propio alcalde ya había adelantado la postura: el pabellón no figuraba entre las prioridades municipales y los recursos disponibles —poco más de $350 millones— eran insuficientes para su recuperación. El resultado es una infraestructura emblemática abandonada, que se deteriora a la vista y que ahora será devuelta al Estado sin haber sido reactivada.

El edificio, construido para la Expo Milán 2015 y trasladado posteriormente a Temuco como símbolo cultural, suma así un nuevo capítulo marcado por la falta de continuidad en su gestión.

Hoy, su estado ya no es solo un problema de mantención. A las puertas de un nuevo invierno, el deterioro avanza sobre una estructura que permanece vacía a los pies del cerro Ñielol, obligando a las autoridades a definir con claridad qué se hará con un espacio cuyo daño parece cada vez más difícil de revertir.

Lo que alguna vez congregó a miles de personas y proyectó una imagen cultural de la región, con actividades, ferias y espectáculos, hoy se acerca a convertirse en un ejemplo de infraestructura pública sin destino claro.

En ese escenario, la discusión deja de ser únicamente presupuestaria y se traslada a un plano más amplio: cómo se planifican, priorizan y ejecutan las inversiones públicas cuando los proyectos cambian de escala, se reevalúan o no logran sostenerse en el tiempo.

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Marcelo Parra fue apartado de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo y una investigación judicial en su contra.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, ordenó la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de su jefe de gabinete, Marcelo Parra, luego de que este fuera formalizado por el delito de fraude de subvenciones.

La medida implica que Parra permanecerá separado de sus funciones mientras se mantenga en curso la investigación sumaria en su contra, en línea con los principios de probidad y transparencia en la función pública.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el sociólogo es investigado por la adjudicación de más de $8 millones mediante una subvención de la Municipalidad de Temuco, destinada a un proyecto de reciclaje de la Fundación Karukeché Sin embargo, la indagatoria apunta a que los recursos habrían sido utilizados para fines personales.

A esto se suma lo señalado recientemente por Fiscalía, que expuso la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, incluyendo una factura cercana a los $6 millones para justificar maquinaria que, según los antecedentes, ya había sido adquirida previamente y que habría sido solicitada al proveedor por no pago.

Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, el jefe de gabinete quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Además, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El gobernador Saffirio señaló que tomó conocimiento de los hechos a partir de la información entregada por el propio Parra, tras lo cual instruyó la apertura del sumario. “Dispuse de inmediato el inicio de un sumario administrativo en estricto apego a los principios de probidad y transparencia”, afirmó.

En este contexto, Araucanía Noticias consultó al Gobierno Regional respecto a la pertinencia de instruir un sumario administrativo considerando que los hechos investigados no estarían directamente vinculados al Gore. Asimismo, se solicitó información sobre si durante el período de suspensión el jefe de gabinete continuará percibiendo remuneraciones pese a no ejercer funciones.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno Regional.

La investigación se mantiene en curso, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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Empresa ligada a su entorno cercano recibió recursos del mismo programa que hoy enfrenta cobros por más de $8 mil millones tras masivas rendiciones rechazadas.

El cuestionado programa de reactivación económica del Gobierno Regional de La Araucanía suma un nuevo antecedente, esta vez con implicancias políticas, luego de que una empresa vinculada al entorno cercano de la diputada Ericka Ñanco apareciera entre las beneficiarias de la iniciativa.

El caso se instala en un escenario marcado por las recientes declaraciones del gobernador René Saffirio, quien confirmó el inicio de un proceso de restitución de más de $8 mil millones en recursos mal rendidos, tras detectarse que —según precisó la autoridad— cerca del 90% de las rendiciones fueron rechazadas u observadas en el programa ejecutado entre 2022 y 2023.

A esto se suman cuestionamientos al avance de las investigaciones, en medio de críticas públicas del gobernador regional respecto del rol de la Fiscalía en el caso.

Un programa bajo fuerte cuestionamiento

El programa, ejecutado a través de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, benefició a más de trescientas empresas de la región, las que cofinanciaron iniciativas orientadas principalmente a la adquisición de equipamiento para fortalecer su actividad económica.

En este contexto, la empresa Ñankus SpA, con domicilio en Nueva Imperial y giro en telecomunicaciones, figura como beneficiaria de un cofinanciamiento cercano a los $21 millones.

Si bien la asignación se enmarca dentro de un universo amplio de proyectos, los antecedentes de ejecución comienzan a levantar interrogantes.

Facturas y vínculos bajo la lupa

Según los datos disponibles, la empresa habría rendido gastos por más de $40 millones, respaldados en dos facturas, en el marco de un esquema donde el Gobierno Regional financiaba el 50 por ciento del total de las iniciativas escogidas.

Una de estas facturas corresponde a la empresa Kubik SpA, cuyo giro está asociado a publicidad, producción de eventos e instalación de sistemas de seguridad.

Uno de los elementos que genera dudas es que la dirección registrada de esta empresa corresponde a una vivienda en Temuco, ubicada en calle Gabriela Mistral, en el sector Campos Deportivos, donde además operaría la sociedad Red de Capacitación de Chile (RED CAP). Es en este punto donde se incorporan nuevos antecedentes que complejizan el caso.

Ambas firmas comparten un nombre en común: Martha Izaguirre, quien figura como representante legal de RED CAP y como una de las dos socias de Kubik.

RED CAP e Izaguirre ya habían sido observadas en un informe de Contraloría, en el marco de otro programa financiado con recursos públicos —ejecutado por la Fundación Hernando de Magallanes—, donde se detectaron inconsistencias en la ejecución y facturación.

En ese caso, orientado a la capacitación de conductores de la locomoción colectiva en Temuco y Padre Las Casas, el organismo fiscalizador intentó recabar antecedentes directamente desde la empresa, sin éxito, luego de que su representante se negara a declarar, lo que impidió esclarecer su rol.

¿Qué sucedió? Se detectaron 8 facturas en total, emitidas por RED CAP a Fundación Hernando de Magallanes por un monto de $246.800.000, sin que existieran antecedentes previos que acreditaran un rol formal dentro de la ejecución del programa, situación que no pudo ser aclarada ni por la Fundación Hernando de Magallanes ni por la propia Izaguirre y que constan en los informes emanados desde Contraloría.

Los antecedentes expuestos abren un nuevo manto de dudas sobre este episodio, el cual deberá ser objeto de indagación tanto por parte del Gobierno Regional de La Araucanía como de la justicia. Hasta ahora, la autoridad regional no ha entregado detalles sobre cómo se implementarán las acciones destinadas a la restitución de los recursos mal rendidos en el marco de este programa, mientras que será el Ministerio Público el encargado de determinar eventuales responsabilidades en caso de configurarse hechos de carácter delictual.

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Fiscalía acusa fraude en subvención asociado a la Municipalidad de Temuco y apunta a uso personal de fondos destinados a reciclaje a través de la Fundación Karukeché, cercana a la diputada Ericka Ñanco.

Fiscalía confirmó la formalización de Marcelo Esteban Parra, actual jefe de gabinete del gobernador regional René Saffirio, para el próximo 13 de abril, por su presunta responsabilidad en un fraude vinculado a uso de recursos públicos.

El Ministerio Público sostiene que, en 2023, Parra —ex presidente de la Fundación Karukeché— presentó el proyecto “Karuplast” por más de $8 millones, orientado a instalar una planta de reciclaje de plástico. Sin embargo, según publicación de Mega, la investigación apunta a que la iniciativa habría sido utilizada como una fachada para obtener financiamiento, sin intención real de ejecución.

Según los antecedentes, cerca de $7,9 millones habrían sido transferidos a su cuenta personal de Marcelo Parra, siendo utilizados en gastos particulares, incumpliendo el objetivo del convenio suscrito con la Municipalidad de Temuco.

A esto se suma la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, donde se incluyó una factura cercana a los $6 millones para justificar la compra de maquinaria que, de acuerdo con la Fiscalía, ya había sido adquirida previamente. El perjuicio fiscal se estima en al menos $5.950.000, recursos que no habrían sido destinados al fin comprometido.

La causa no solo involucra a Parra. En la misma audiencia serán formalizados otros integrantes de la Fundación Karukeché, ampliando el foco de la investigación sobre esta organización en el marco del Caso Convenios: Diego Iturra, quien actualmente también es parte del equipo del gobernador Saffirio; Jorge Acuña y Luis Alberto Fuentes Lobos.

Todo esto ocurre en un escenario de creciente tensión regional, marcado por cuestionamientos públicos del propio gobernador Saffirio al avance de las investigaciones en la región y críticas dirigidas al fiscal regional.

En paralelo, el caso ha reactivado antecedentes anteriores que vinculaban a la diputada Ericka Ñanco con la fundación. La parlamentaria descartó cualquier relación directa, señalando que se trataba de información falsa, aunque reconoció que personas de su equipo trabajaron en la organización en el pasado.

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Cifras que escalan, acusaciones que golpean primero en la prensa y un relato que apunta a redes políticas completas. El gobernador René Saffirio no solo denuncia: instala un clima donde todos quedan bajo sospecha, incluso antes de que existan conclusiones.

En La Araucanía, el caso por más de $8.000 millones dejó de ser solo una investigación en curso. Hoy es también un fenómeno político marcado por la forma en que el gobernador René Saffirio ha decidido enfrentarlo: con declaraciones de alto impacto, presión pública sobre la Fiscalía y una narrativa que avanza más rápido que los propios procesos judiciales. No es solo el fondo lo que genera ruido, sino la forma.

El punto más crítico fue directo al corazón del sistema. “Tenemos un Ministerio Público que no investiga”, afirmó en Radio Cooperativa, sugiriendo incluso un conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por su vínculo con la Universidad Autónoma como docente. La frase no solo elevó el tono: instaló una duda estructural sobre la imparcialidad de la investigación.

Desde la Fiscalía, la respuesta fue categórica. Garrido recordó, según consignó el Diario Austral, que la institución no persigue enemigos políticos y que su trabajo es técnico, no político, advirtiendo que muchas críticas nacen de la ignorancia sobre los procedimientos y avances reales.

Pero en términos comunicacionales, el efecto ya estaba logrado: la sospecha quedó instalada.

A partir de ahí, el caso comenzó a moverse en dos dimensiones paralelas. Por un lado, la investigación formal con tiempos propios, donde ya ha habido avances consistentes. Y por otro, una construcción pública donde se revela información a los medios, las conclusiones se anticipan, se amplifican y generan un impacto inmediato en la percepción ciudadana.

El gobernador, volviendo a los $8.000 millones denunciados, sostiene su relato en cifras contundentes. De 327 empresas beneficiadas por el programa de reactivación económica de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, solo 23 habrían rendido correctamente, es decir, solo un 7% del total de los recursos terminó su proceso correctamente. El número impacta, pero también deja preguntas abiertas sobre el detalle real de cada caso.

Porque detrás de ese dato hay cientos de proyectos ejecutados, inversiones realizadas y beneficiarios que hoy observan cómo se instala públicamente la idea de irregularidades generalizadas. Muchos de ellos aseguran que nunca recibieron observaciones formales ni instancias para corregir errores, mientras muchos otros esperan ansiosos que se les entregue un listado para reconocerse dentro de ese 7%. Todo esto tensiona aún más el relato oficial.

En ese escenario, el caso del empresario y político Alejandro Martini se vuelve clave por el conjunto de relaciones que lo rodean. Su empresa —Sociedad de Inversiones Martini— no solo figura con rendiciones rechazadas, sino que se inserta en un grupo mayor de empresas relacionadas asociadas a su cónyuge y otros familiares como Inversiones El Refugio, Comercial MK Chile e Inversiones MAK, que en conjunto recibieron cerca de $199 millones con rendiciones completamente rechazadas, como consignó Biobío.

Pero el punto no es solo el monto. Es la estructura. Estas empresas operan en un entorno donde existen vínculos comerciales entre sí, facturación cruzada —como con Comercial Santa Pilar— y relaciones personales que complejizan la trazabilidad de los recursos. A eso se suma que Martini asegura haber ejecutado los proyectos y no haber sido informado de observaciones, enterándose por la prensa.

También se cita al exdiputado Diego Paulsen, actual embajador del gobierno entrante, que aparece junto a empresas familiares que recibieron recursos y presentan rendiciones observadas o rechazadas. Santa Clara SPA, Inversiones RGA, Comercial Decorene, Fruterra Gastronomía e Inversiones 530 son parte de ese grupo.

En estas empresas figuran nombres como María Valentina García Aguilera, Rodrigo García Aguilera, Margarita Aguilera Galaz y Ricardo García Migueles. También se suma Tomás Echavarri Fernández, vinculado a Inversiones G7, quien comparte relaciones comerciales con el mismo entorno. Las observaciones incluyen falta de respaldos, inconsistencias en facturas y dudas en la ejecución de algunos proyectos, aunque aún sin conclusiones judiciales definitivas.

Así, en varios casos, los recursos se utilizaron en operaciones entre empresas del mismo grupo familiar, lo que genera observaciones por posibles conflictos de interés o falta de independencia en las transacciones.

Muchos de estos actores sostienen que ejecutaron sus proyectos y que nunca fueron informados oportunamente de las observaciones. Es decir, que no hubo un proceso claro de seguimiento ni instancias reales de corrección.

Ese punto es clave porque cambia el eje del problema. Ya no es solo si hubo irregularidades, sino si el sistema fue capaz de detectarlas, comunicarlas y corregirlas a tiempo.

Ahí es donde el caso deja de ser individual y pasa a ser sistémico. Porque no se trata de una sola empresa, sino de un patrón —señala Saffirio— donde aparecen redes, relaciones y dinámicas repetidas. Y en ese entramado surge un nombre que se repite constantemente: Juan Pablo Leonelli Lepín.

Leonelli, redes internas y el patrón que se repite

Leonelli no es el rostro mediático del caso, pero sí uno de los más relevantes en su estructura. Exjefe de gabinete del Gobierno Regional durante la administración de Luciano Rivas, aparece vinculado tanto a la operación del programa como a relaciones personales con beneficiarios.

Asimismo, es hoy parte de dos procesos más avanzados por parte de Fiscalía, como lo son los casos Folab y Educ; y Fundación Local. Por estos hechos, Leonelli y otros ex funcionarios del Gore, el exdiputado Mauricio Ojeda y personas clave de las instituciones receptoras de recursos del Estado, se encuentran a la espera de la sentencia condenatoria.

Su rol es particularmente sensible también en este caso porque, mientras formaba parte de la estructura del programa, firmó rendiciones de empresas en calidad de responsable dentro de la misma Corporación, incluyendo algunas vinculadas a su entorno cercano, como el propio Martini, con quien mantiene una relación de amistad reconocida y estrecha hasta hoy. No es un detalle menor: es un elemento que instala dudas sobre los controles internos.

Además, su vínculo societario previo con actores políticos y empresariales refuerza la percepción de redes que se extienden más allá de un caso puntual. Leonelli no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica que cruza lo político, lo administrativo y lo privado.

Saffirio y la construcción del relato político

El programa investigado se originó durante la administración del exgobernador Luciano Rivas, en un contexto marcado por la crisis económica post pandemia. Su objetivo era reactivar la economía regional, cofinanciando y canalizando recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas de la región.

Hoy ese mismo programa es presentado por Saffirio como parte de un “diseño” para transferir recursos a actores vinculados a la política. El mapa se amplía, pero también se vuelve más difuso, porque mezcla antecedentes administrativos, relaciones personales y sospechas políticas.

Saffirio da cuenta también del desorden interno del Gobierno Regional. Al asumir, señaló que encontró información extraviada, carpetas fuera de custodia y fallas graves en los sistemas de control. Sin embargo, también surge una interrogante inevitable: si el propio gobernador entregó hace más de un año toda la información de la Corporación a la PDI, ¿quiénes serían entonces los responsables del supuesto extravío de antecedentes? ¿Y por qué recién hoy, tras un año, se activan los controles internos y se anuncian sumarios?

Ese reconocimiento es clave, porque también involucra a la institucionalidad que debía fiscalizar el uso de los recursos y apunta nuevamente a quienes ya han sido vinculados a situaciones judiciales del caso Convenios, como el mismo Leonelli y otros funcionarios de la administración anterior.

El caso Kutralkura

Uno de los anuncios hechos por el gobernador Saffirio una vez asumió como autoridad fue el de eliminar la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, planteó entonces que entidades paralelas al Gore no deberían seguir administrando recursos públicos.

No obstante, hoy la Corporación se mantiene con un equipo de cinco personas a cargo: su gerente general Juan Cifuentes Martínez, quien asumió en mayo de 2025, además de un administrativo de apoyo, asesor jurídico, una profesional de administración y finanzas, además de una periodista.

Pese a la definición inicial del gobernador de cerrar esta Corporación, recientemente, un hecho complejizó el escenario: el traspaso de recursos a través de esta hacia iniciativas del programa Geoparque Kutralkura.

Pese a que, según el propio relato de Saffirio, existirían miles de millones en gastos rechazados, el propio Gobierno Regional transfirió recursos a la corporación —entidad presidida por el mismo gobernador—. Este punto no es menor, ya que la normativa establece que la transferencia de recursos públicos está supeditada a la previa rendición y aprobación de fondos anteriores, tal como ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República.

En consecuencia, la existencia de rendiciones pendientes o gastos rechazados impediría jurídicamente nuevas asignaciones, por afectar principios básicos como la probidad, juridicidad y control del gasto público.

El estilo que instala dudas antes que certezas

El llamado “estilo Saffirio” se ha caracterizado por instalar denuncias de alto impacto, cifras que escalan y anuncios que muchas veces no dialogan con los tiempos administrativos o judiciales.

Pasó, por ejemplo, con el Mercado Municipal de Temuco. En medio de un conflicto que escaló rápidamente a nivel mediático. La situación se dio tras una tensa controversia pública en la que Saffirio, en conferencia de prensa, acusó al alcalde Roberto Neira de eventuales actos “ilegales” y de no recibir información solicitada horas antes, afirmando que mantenía su compromiso de financiar el esperado proyecto del mercado, pero que evitaría hacerlo a través del municipio acusando falta de competencia.

Frente a estas declaraciones, Neira salió a responder, pidió cautela en el uso de las palabras y defendió la gestión municipal ante la prensa. Posteriormente, y tras gestiones que incluyeron la intermediación del recién asumido senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, el alcalde logró concretar una reunión con la ministra de Desarrollo Social.

En un plazo de apenas dos semanas, esa instancia permitió obtener avances concretos en el proyecto, los mismos dados a conocer por el alcalde Neira y que terminaron presionando al gobernador a insistir públicamente en la necesidad de “apurar el tranco”, en un escenario donde los procesos ya se encontraban en desarrollo.

También el retiro momentáneo del PDA del Lago Villarrica generó una reacción mediática, con anuncios de financiamiento que dependen del Consejo Regional, generando molestia entre consejeros por estas salidas en la prensa que no consideran los pasos que se deben dar para que el órgano colegiado pueda discutir estos apoyos.

Otro caso de alto impacto asociado del Gore Araucanía fue el cuestionamiento por $80.000 millones (50% del presupuesto regional, aproximadamente) que gestión anterior, uno de los golpes de 2025 y que tuvo una amplia resonancia a nivel nacional. Esto llevó a Saffirio a acusar la existencia de “crimen organizado” que involucraba al Gore por rendiciones de proyectos y programas de municipalidades, universidades y fundaciones en la Araucanía.

Pese al impacto de sus dichos, nadie pareció acusar recibo abiertamente, porque ante el “estilo Saffirio” existe una sensación generalizada de que contrariarlo podría ser perjudicial.

En resumen, la crítica que se repite en distintos espacios políticos es clara: la tendencia del gobernador a lanzar acusaciones de carácter penal de manera amplia, sin que necesariamente estén respaldadas por datos concretos en el relato o en procesos judiciales concluidos, para luego matizar o reinterpretar sus propias declaraciones cuando estas son cuestionadas. Una dinámica que incluso ha generado incomodidad dentro de su propio Consejo Regional.

El efecto es claro: impacto inmediato, pero también confusión.

Pero más allá de las diligencias, lo que predomina es la incertidumbre. Porque el caso ya no se juega solo en tribunales, sino también en la percepción pública que se construyó desde el inicio.

Y hay dudas que no se resuelven con declaraciones ni titulares, sino con pruebas y datos que permitan avanzar en la búsqueda de la justicia. Pero son afirmaciones que, una vez instaladas, se vuelven realidades difíciles de revertir. Y en eso, precisamente, radica la fuerza —y el riesgo— del llamado “estilo Saffirio”.

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