El club acusó falta de condiciones mínimas de seguridad, agresiones a su delegación y daños a vehículos, asegurando que actuaron en legítima defensa.

El Club Deportivo San Antonio Unido de Temuco emitió una declaración pública tras los incidentes ocurridos al término del partido disputado el pasado domingo frente a Dante FC de Imperial, en el marco del campeonato regional, manifestando su profunda preocupación por una serie de hechos previos, durante y posteriores al encuentro.

Desde la institución lamentaron lo ocurrido y rechazaron cualquier acto de violencia dentro o fuera del recinto deportivo. Sin embargo, sostuvieron que los incidentes no pueden ser analizados de forma aislada, sino como parte de una cadena de situaciones que derivaron en una escalada de tensión que, a su juicio, pudo evitarse si se hubiesen garantizado condiciones mínimas de seguridad y organización.

Entre los antecedentes expuestos, el club denunció que la delegación visitante recibió un camarín en condiciones inadecuadas para su uso, debido a la presencia de sustancias químicas en su interior, lo que obligó a los jugadores a cambiarse en el exterior del recinto. Asimismo, acusaron la reubicación del acceso del equipo visitante a sectores colindantes con la hinchada local, situación que habría generado una exposición innecesaria y un ambiente de riesgo.

Respecto a los hechos posteriores al encuentro, indicaron que existen registros audiovisuales y testimonios que darían cuenta de agresiones y lanzamiento de objetos hacia integrantes de su delegación, además de daños materiales a vehículos de miembros del club que se encontraban estacionados fuera del recinto deportivo.

En ese contexto, desde San Antonio Unido afirmaron que sus jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes actuaron en el marco de la legítima defensa frente a agresiones previas, postura que —aseguran— estaría respaldada por el material audiovisual existente. Además, rechazaron cualquier intento de responsabilizar de manera unilateral a la institución, señalando que hubo participación de múltiples actores en los hechos.

Incidente previo en juveniles genera preocupación

A los hechos ocurridos el domingo se suma un incidente registrado el día sábado en Temuco, donde San Antonio Unido se enfrentó a 21 de Mayo en la serie juvenil (jugadores entre 15 y 18 años), ambos pertenecientes a la Asociación de Temuco. El encuentro, disputado en el Estadio Venecia del sector Amanecer, terminó con una pelea en cancha.

Si bien las imágenes de este episodio evidencian una situación de menor violencia en comparación a lo ocurrido posteriormente en Imperial, también reflejan la preocupación de las familias presentes ante el temor de que este tipo de situaciones escalen a escenarios más graves.

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la ANFA respecto a eventuales sanciones por estos hechos.

Sobre este episodio, el presidente de San Antonio Unido, Cristopher Vera, indicó que lo ocurrido con 21 de Mayo “es un tema ya solucionado con ellos, sobre el arbitraje”, agregando que ambos clubes coincidieron en ese diagnóstico, bajando así el perfil a la situación vivida en el encuentro juvenil.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con los valores del fútbol amateur y llamó a que los hechos sean revisados con objetividad, considerando la totalidad de los antecedentes y no solo registros parciales.

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El organismo fiscalizador detectó vulneraciones al caudal ecológico del río y una reforestación con apenas 0,4% de supervivencia, muy por debajo del 75% exigido por la normativa.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves contra la empresa Hidroangol SpA, titular de la Central Hidroeléctrica Río Picoiquén, emplazada en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, tras constatar una serie de incumplimientos a sus obligaciones ambientales establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La investigación se originó a partir de una fiscalización en terreno y de una denuncia vinculada al cumplimiento del caudal ecológico y de los planes de manejo forestal comprometidos por la compañía. 20601090796

Incumplimiento del caudal ecológico

Uno de los cargos dice relación con la obligación de mantener el caudal ecológico del río Picoiquén, fijado en un mínimo permanente de 753 litros por segundo, condición esencial para asegurar que la operación de la central no afectara significativamente el ecosistema fluvial.

Sin embargo, mediciones efectuadas durante fiscalizaciones detectaron valores muy por debajo de lo exigido. En una inspección realizada el 27 de abril de 2023, se registró un caudal de apenas 465 litros por segundo aguas abajo de la bocatoma, mientras la central se encontraba operando.

A ello se suman antecedentes previos: en enero de 2022 ya se había medido un caudal de solo 301 litros por segundo, situación que incluso derivó en una sanción de la Dirección General de Aguas. 20601090796

Para la SMA, el incumplimiento de esta medida es particularmente sensible, ya que el respeto del caudal ecológico es clave para preservar la biodiversidad, la vegetación ribereña y los procesos naturales del río, como la autorregulación de sedimentos y nutrientes.

Reforestación con supervivencia mínima

El segundo cargo —también calificado como grave— apunta al incumplimiento del plan de reforestación de bosque nativo comprometido como medida de mitigación ambiental del proyecto.

Según las inspecciones, la tasa de supervivencia de los ejemplares plantados alcanzó apenas un 0,4%, cifra extremadamente inferior al 75% mínimo exigido por la Ley de Bosque Nativo para considerar cumplida la obligación.

Los informes técnicos constataron además una densidad promedio de solo 7 plantas por hectárea, muy lejos de las 1.666 plantas por hectárea comprometidas en los planes de manejo aprobados.

Este incumplimiento, advirtió la SMA, implica una disminución del potencial del ecosistema para albergar flora y fauna, aumenta el riesgo de erosión deisonia y reduce la resiliencia ambiental del área intervenida.

Posibles sanciones

Ambos cargos fueron clasificados como infracciones graves, lo que podría derivar —según establece la normativa ambiental— en sanciones que van desde multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales, hasta la revocación de la resolución ambiental o la clausura del proyecto.

La empresa cuenta ahora con plazos legales para presentar un programa de cumplimiento o formular sus descargos dentro del procedimiento sancionatorio en curso.

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Una mesa técnica se formó hace algunos días en la comuna de Pucón, gracias a la coordinación liderada por la Municipalidad lacustre -a través de su Oficina de Planificación Territorial (de SECPLAC), el Departamento de Seguridad Pública y el departamento de Tránsito- junto a Carabineros y la empresa Whoosh, encargada del funcionamiento de los scooters eléctricos que hace casi un mes funcionan en la comuna con algunas “incivilidades”, lo que llevó a las autoridades a aumentar su fiscalización.

En ese marco es que todos los estamentos reunidos determinaron hacer cumplir una serie de medidas que aseguren el correcto funcionamiento de estos sistemas de transporte, que funcionan con pago vía tarjeta y teléfonos celulares, lo que llevó a la empresa administradora a asegurar multas a quienes no cumplan con su correcto uso.

Para eso es que esta semana se iniciaron fiscalizaciones, las que llegarán a bloquear cuentas, por uso de menores de 18 años que se vean utilizando estos aparatos. “También hacer el acercamiento a los papás para que empiecen una mejor educación y, a futuro, las cosas empiecen a funcionar mejor acá en Pucón”, indicó Miguel Ángel Andrade, jefe del Centro de Servicio de Woosh, responsable del funcionamiento de los scooters eléctricos, quien aclaró que “viene dentro de los términos y condiciones el mal uso de los scooters o el no uso del casco. Todo lo referente a los scooters, se va haciendo en base a multas”.

Las fiscalizaciones, en todo caso, deben siempre ser acompañadas, legalmente, tanto por Carabineros, como inspectores municipales de Seguridad Pública o fiscalizadores de la Seremi de Transportes.

Al respecto, Geral Salazar, mayor de Carabineros y Comisario de Pucón, confirmó que “vamos a fiscalizar y vamos a cursar los respectivos partes de cortesía a quienes anden sin cascos o cometan infracciones menores y aquellos menores que sean sorprendidos, la empresa les va a caducar definitivamente la cuenta, para así darle respuesta a los requerimientos de nuestra ciudadanía”.

En este ámbito, desde la Municipalidad de Pucón, el director (s) del Departamento de Tránsito, Patricio Ibáñez, detalló las medidas de seguridad que deben tomarse al utilizar estas “patinetas”; entre ellas, “circular en las vías públicas como lo hace cualquier vehículo normal o en ciclovías”, explicó el personero municipal, quien destacó que los usuarios “tienen que andar con los elementos de seguridad, como corresponde a una bicicleta; o sea, deben andar con casco de seguridad y un chaleco reflectante, que son los elementos de seguridad que corresponden a un tipo de vehículo como este”, rubricó Ibáñez.

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En el marco de la discusión del proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para adolescentes de 16 años que cometen delitos, el diputado Jorge Saffirio hizo un llamado al Gobierno a poner a las infancias en el centro y abordar la crisis del Servicio de Protección Especializada.

El diputado Saffirio inició su intervención señalando que la propuesta responde a la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, con el narcotráfico y el crimen organizado infiltrados en las comunidades. Sin embargo, como integrante de la Comisión de Familia, manifestó su preocupación por la «dolorosa realidad» de que el Estado no se ha hecho cargo de los niños, niñas y adolescentes.

Criticó duramente al Servicio de Protección Especializada, calificándolo de «incapaz» y «negligente» en la protección de las infancias, y denunció situaciones como la derivación de niños bajo su cuidado a centros psiquiátricos por falta de residencias disponibles. Además, alertó sobre una «preocupante falta de probidad» en el Servicio, mencionando la acusación contra el propio director por filtrar bases de un concurso público sin que hasta ahora haya sanciones ni responsables.

El diputado Saffirio lamentó la ausencia de ministros y autoridades en las discusiones de la Comisión de Familia, enfatizando que los niños, niñas y adolescentes institucionalizados también son parte del futuro del país.

A pesar de estas críticas, anunció su voto a favor del proyecto con la «convicción clara» de que «castigar no basta». Argumentó que no se puede seguir pidiendo cuentas a jóvenes que crecieron sin protección, sin afecto, sin oportunidades, sin Estado. Por ello, hizo un llamado al Gobierno a «ponerse las pilas» y priorizar las infancias.

El proyecto en discusión busca abordar la seguridad pública, pero el discurso del diputado Saffirio subraya la necesidad de complementar las medidas punitivas con políticas efectivas de protección y apoyo a la infancia y adolescencia vulnerable.

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El diputado por la Región de La Araucanía e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Henry Leal (UDI), llamó al Congreso a despachar a más tardar esta semana un proyecto de ley que se está discutiendo desde fines del año pasado y que busca endurecer las sanciones contra los menores que participen en delitos graves como robo con secuestro, violación y homicidio.

Al respecto, cabe recordar que dicha iniciativa se enmarca en medio de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país y la cada vez mayor participación de adolescentes en hechos delictuales.

Justamente, uno de los antecedentes que esgrimió el parlamentario de la UDI para respaldar la propuesta fue un indicador de la Fiscalía Nacional, que reveló que entre 2023 y 2024 aumentaron en un 9,8% las causas sobre responsabilidad penal de menores de entre 14 y 17 años en el país, una cifra que no se registraba desde hace casi una década y que rompió la baja que se mantenía de 2019.

Por lo mismo, Leal valoró que el proyecto proponga que el máximo de pena que podría recibir un joven de entre 14 y 16 años sea de diez y no cinco años, como ocurre en la actualidad, considerando que dicho rango ha sido calificado como “insuficiente” dado el escenario delictual que vive el país.

“A medida que pasan los días, se está volviendo cada vez más habitual ver a jóvenes y menores de edad participando en distintos delitos en nuestro país, incluyendo algunos de absoluta gravedad. Y esto ocurre, en gran parte, porque tanto ellos como las organizaciones criminales en que actúan saben que el rango de pena que hoy existe es absolutamente irrisorio dado el contexto que vivimos. Por lo tanto, si estamos hablando de los delitos más graves, como robo con secuestro, violación, homicidio simple o calificado, es del todo pertinente endurecer a diez años las sanciones contra los menores de 14 y 16 años que los cometan, porque cinco años son completamente insuficientes por el daño que terminan causando, tanto a la sociedad como a las propias víctimas”, indicó el diputado.

En ese sentido, además de igualar la pena de diez años que hoy pueden recibir los menores de entre 16 y 18 años, el integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja también explicó que el proyecto intensifica el plan de intervención contra los adolescentes que quebranten el internamiento de régimen cerrado en que se encuentren. Asimismo, en caso de fuga o evasión, también se establece que no podrán pedir la sustitución o remisión de su condena por hasta un año.

Pero además, la propuesta legal también dispone que los tribunales de justicia estarán obligados a escuchar a las víctimas al momento de resolver una sustitución o remisión de una condena contra un menor de edad, otorgando así un derecho a quienes precisamente han sufrido con su accionar.

Por lo mismo, Leal llamó al Congreso, especialmente a los parlamentarios de gobierno, a “poner en primer lugar a las víctimas y no a los delincuentes”, señalando así que “no podemos seguir dilatando un proyecto de ley sumamente necesario y que será una herramienta muy importante para evitar que las organizaciones sigan reclutando a menores de edad para cometer sus actividades delictivas”.

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Luego de conocerse la noticia de la detención, durante la madrugada del lunes 29 de julio, de tres de los implicados en el homicidio de los suboficiales mayores de Carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid, perpetrado entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27 de abril en Cañete, el diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán, manifestó su regocijo por este procedimiento adelantado por Carabineros y el Ministerio Público de La Araucanía.

“Quiero manifestar —afirmó el Parlamentario Mallequino— mi alegría por la detención de los presuntos autores del grave asesinato de los tres funcionarios de Carabineros de Chile, perpetrado cobardemente en Cañete en abril pasado. Lo único que pido es que se les apliquen las sanciones más duras que existen en la ley chilena”.

Asimismo indicó que “quiero felicitar la excelente labor que ha estado desarrollando, en este caso, la Fiscalía de La Araucanía, cuyo fiscal regional está encargado de esta ardua investigación que hoy está dando tan buenos frutos y los instamos a continuar con el trabajo hasta dar con todos los responsables y reunir todas las pruebas necesarias para que respondan ante la sociedad y la ley por tan vil crimen que afectó a tres familias chilenas y a todo un país”.

El diputado Beltrán señaló, además, que siempre estará disponible, como legislador de la República, para ofrecer su respaldo a todas las instituciones que trabajen en beneficio de la justicia y a dar su voto favorable a todos los instrumentos legales que favorezcan la prevención y el castigo de este tipo de hechos.

Por último reiteró su solidaridad con las familias directas de los funcionarios asesinados, quienes cada día sufren en carne propia la ausencia de una de las personas más importantes de la familia.

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“Creo que hemos aprobado un buen proyecto que establece penas de cárcel para delitos de colusión que van desde los 3 años y un día a 10 años de presidio, sin posibilidad que después el juez se pueda bajar de ese mínimo”, advirtió el legislador.

Asimismo, Espina explicó que esta norma establece una multa que puede llegar a 47 millones de dólares, puede ser hasta el 30 por ciento de las ventas de una empresa cuyos productos fueron objeto de colusión o puede ser hasta el doble de los beneficios que hayan obtenido.

En ese sentido, el parlamentario señaló que “creo que es un proyecto que tiene el objetivo de proteger la libre competencia. Sanciona duramente a quienes la vulneran y establece indemnización a todas las personas que son afectadas por la colusión. También establece una fuerte multa y penas de cárcel, sin posibilidad que la persona sancionada pueda acceder a un beneficio carcelario antes del año que haya sido condenada. Es una norma que establece una dura sanción para los delitos de cuello y corbata”.

Finalmente, el legislador agradeció a la ministra (s) de Economía, Natalia Piergentili, por el reconocimiento que le hiciera en Sala al señalar que “el senador Espina contribuyó de manera muy relevante a tener un proyecto robusto y macizo”.

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Al respecto, es que el legislador solicitó al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, la presentación de iniciativas legislativas que aumenten las penas a quienes agreden a personal policial en servicio y que fortalezcan y protejan a los funcionarios que en primera línea de fuego deben combatir y hacer frente a la delincuencia.

El diputado Rathgeb expresó así su adhesión a la demanda de ex uniformados de la institución quienes piden más garantías de protección y justicia para quienes a diario deben acudir a procesos delictuales, emergencias y movilizaciones ciudadanas, arriesgando sus vidas para asegurar el orden público y la integridad del resto de los ciudadanos sin recibir apoyos concretos de parte de las autoridades de Gobierno.

“Quiero manifestar –afirma Rathgeb- mi apoyo a esta institución, más cuando su labor aparece denostada por otro órgano del Estado como es el Instituto de Derechos Humanos al acusar a la institución castrense en un texto escolar de represión en  las marchas para evitar la reunión libre de las personas que luchan por sus derechos. Este hecho es grave, ya que en el fondo es el mismo Gobierno quien critica y agrede a una de sus instituciones, cuestionando su función de resguardo de la Seguridad y el Orden Público, aspectos que cumple asumiendo las directrices del propio Gobierno”.

Al respecto, añadió que hoy la presión de algunas organizaciones sociales y políticas ha determinado que los efectivos en muchos eventos deban coartar su actuar, “esto claramente impide que se cumpla el objetivo de resguardo a la población y  pone en riesgo la integridad de los mismos funcionarios”.

Por último, el legislador manifestó su disposición a reunirse con quienes demandan una mayor atención y resguardo a los efectivos para escuchar sus requerimientos y  propiciar proyectos de ley que mejoren sus condiciones laborales y acción policial.

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La instancia está conformada por la Fiscalía Nacional y las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, y de Pensiones.

En la sede del Senado en Santiago se reunió el senador Eugenio Tuma con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y los Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras; de Valores y Seguros y de Pensiones; Eric Parrado, Carlos Pavéz y Tamara Agnic, respectivamente, para conformar una mesa de trabajo que propondrá un cambio legal para aumentar las sanciones por delitos económicos.

Al término del encuentro, el legislador del PPD dijo que fijaron un mes y medio de plazo para diseñar una iniciativa y aludió a la Colusión de las Farmacias, diciendo que “la convicción de la ciudadanía es que no hay sanción, que hay impunidad pese al pago de multas debido a que éstas son insignificantes respecto del beneficio. Lo mismo está ocurriendo con el Caso Cascadas, donde accionistas de las AFP y accionistas minoritarios de otras sociedades han sido vulnerados en sus derechos, no se sienten protegidos, y sienten que no hay sanción”.

En ese contexto aseguró que “la legislación va muy atrás con lo que está aconteciendo con quienes delinquen”, puesto que los crímenes son cada vez más sofisticados y preparados. “Constituimos una mesa de trabajo a objeto de modificar la legislación, establecer penas para disuadir la comisión de delitos masivos de cuello y corbata que no parecen como sancionados y queremos que sean sancionados para disuadir estas acciones”.

FISCAL NACIONAL VALORÓ EL ENCUENTRO

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, dijo que fue “una reunión provechosa, estamos en sintonía todos acá en la mesa”. Al mismo tiempo afirmó que el diálogo tuvo lineamiento estratégico de persecución penal, lo que ha sido fundamental en su gestión en la Fiscalía.

“Los delitos de cuello blanco generan conmoción y violentan a la sociedad en la medida que la gente con menos recursos es desposeída no solo de sus bienes materiales y de sus sueños por personas que atentan contra el orden público económico o comenten delitos de fraude masivo o de leyes especiales de valores, bancos, etc”.

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La nueva disposición legal superó su último trámite legislativo, incorporando entre otras medidas la prohibición de encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas fuera de aquellos lugares autorizados y señalizados por la autoridad.

En condiciones de ser promulgadas quedaron las modificaciones al proyecto que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales, tras superar su último trámite legislativo por unanimidad de los parlamentarios presentes en la cámara de diputados.

Para el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, con esta aprobación “se está creando conciencia en la población sobre la importancia de tener responsabilidad del daño ecológico y material que le hacen al país los incendios forestales”.

“Con esta aprobación unánime incrementaremos significativamente las penas y sanciones, tanto aflictivas como económicas, a quienes provoquen incendios sobre todo de manera intencionada. Además, se están entregando más facultades a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para hacer una labor incluso más eficiente en el control y prevención de los siniestros”, aclaró el Ministro.

“En La Araucanía, los incendios forestales afectan anualmente 5000 hectáreas de vegetación de distintas especies. Del total de siniestros, el 99% es imputable a la acción humana, es decir el hombre. Según estas cifras, es necesario que la comunidad se comprometa en la prevención de los incendios forestales, evitando que se produzcan, evitando sanciones”, indicó el Director Regional (S) de CONAF, Juan Francisco Ojeda.

Modificaciones

Las modificaciones fijan las penas para el delito de incendio a las formaciones xerofíticas y las Áreas Silvestres Protegidas. La iniciativa modifica la Ley de Bosques, señalando que el empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la ley y sus reglamentos y siempre que de ello no haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio (de 61 días a 3 años) y multa de 11 a 50 UTM ($440 a $2.000.000).

Del mismo modo, se detalla que “el que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquéllas definidas en la ley Nº 20.283, ganado, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales”.

El proyecto incorpora una nueva herramienta preventiva. Se prohíbe encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas fuera de aquellos lugares autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la administración de las mismas. Quien contravenga esa norma será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años) y multa de once a cincuenta unidades tributarias mensuales.

La modificación legal también establece que quien por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provoque incendio que cause daño en bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días a 5 años) y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el incendio se produjera en un Área Silvestre Protegida o se propaga a alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u otras fuentes de calor en las zonas y terrenos antes mencionadas, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años) y multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.

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