· Asimismo, cuestionó el “tono de advertencia” de la Superintendencia, y apoyó que forzar el cumplimiento “puede debilitar el modelo comunitario, sobrecargar a sus dirigentes, generar incumplimientos inevitables y poner en riesgo la continuidad de los servicios”.

· Para el senador, la aplicación de la ley debe contemplar fortalecimiento institucional, técnico y financiero a la figura de los APR, y conminó al MOP y la DOH a informar cómo los apoyarán.

El senador Francisco Huenchumilla recogió la alerta levantada por la Federación Nacional de APR de Chile, quienes fueron “advertidos” desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre fiscalizaciones y posibles sanciones, de encontrarse incumplimientos a las exigencias de la Ley 20.998 –cuerpo legal que busca regular los servicios sanitarios rurales–.

Cabe señalar que el pasado 07 de abril, la Federación que reúne a estos servicios emitió una declaración pública donde manifestaron preocupación por el “tono de advertencia” y “amenazas de sanciones” contenidas en un oficio enviado por el ente fiscalizador; y ante lo cual respondieron como gremio que la implementación de la ley “les exige como sanitarias”, pero que “no se les apoya” para alcanzar dichos estándares.

Advertencia y preocupación

El legislador citó el oficio de la SISS, donde se instruye a los APR que “toda solicitud de antecedentes, o instrucción impartida a un APR debe ser respondida en los plazos fijados; y que toda infracción, o incumplimiento de órdenes e instrucciones, los hará objeto de multas a beneficio fiscal”.

“Dicho oficio genera natural preocupación en los APR, por cuanto afirman que la aplicación de la ley no considera la realidad de los territorios ni con el carácter local, vecinal y comunitario, sin fin de lucro alguno, en que se sostienen estos sistemas”, señaló el parlamentario.

Para el legislador por La Araucanía, la autoridad “comete un error, y debería mostrar una actitud distinta hacia los APR. Los plazos de adecuación que dio la ley han ido finalizando, pero durante estos años de transición no hubo un esfuerzo consistente de apoyo y acompañamiento. Los APR son entidades comunitarias sin fines de lucro, no son empresas sanitarias”, planteó.

“Con esto quiero decir, que los APR no tienen ni la infraestructura, ni los cuadros técnicos, ni mucho menos la liquidez financiera de una empresa sanitaria. Ese es el punto político de apoyarlos”, dijo.

En este sentido, el legislador dijo apoyar “plenamente el planteamiento de la Federación, para que la implementación de la ley sea gradual y asociada a un plan de fortalecimiento de estas entidades, con financiamiento que lo permita, y con apoyo técnico permanente, que haga posible prestar un servicio de alto estándar como el que la ley está exigiendo”.

Lo que exige la ley

El parlamentario explicó que la intención de la ley “es del todo coherente: busca asegurar la calidad del servicio de APR; tender a su continuidad a todo evento; garantizar la equidad en el acceso al agua potable rural, y que los APR tengan una formalización jurídica, una gobernanza más estricta, o gestión administrativa y contable formalizada, entre otros aspectos”.

Sin embargo, el legislador explicó que su implementación “choca con un problema estructural de debilidad de estos sistemas en Chile, y les exige elevar el estándar pero sin convertirlas en empresas, ni dotarlas de capacidades técnicas o financiamiento adecuado”.

Huenchumilla explicó que entre las exigencias están “normas de continuidad y calidad del servicio, cuando muchos APR tienen infraestructura precaria o enfrentan escasez hídrica; u ordenar que la SISS fiscalice su funcionamiento o exija cumplimientos normativos, pero sobre problemas que hoy día son estructurales, y no causados por negligencia”.

También detalló que la normativa “dispone el cumplimiento de estándares financieros, como contabilidad formal o sostenibilidad, lo que choca con la poca o nula preparación de las personas en la materia; establece la responsabilidad de inversión y mantenimiento, cuando las comunidades no tienen recursos ni capacidad para ello; e incluso en algunos casos exige el salto a saneamiento de aguas servidas, una exigencia que es un mundo totalmente nuevo para un APR”.

“Con todo lo anterior, apoyo la alerta que levanta la Federación de APR: forzar la implementación de una ley que exige altos estándares de servicio, sin fortalecer sus capacidades y financiamiento, puede debilitar el modelo comunitario, sobrecargar a sus dirigentes, generar incumplimientos inevitables y poner en riesgo la continuidad de los servicios”, planteó.

El senador finalizó con “un llamado a la Dirección de Obras Hidráulicas, y al propio Ministerio de Obras Públicas, para que informen a la opinión pública sobre cómo acompañarán a los APR de Chile en el cumplimiento de esta ley, porque el Estado está al debe respecto de esta transición”.

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El parlamentario envió un mensaje al Ejecutivo: “Considero que el Gobierno debió ser más prudente con este tipo de acciones, y cuando se retiró este decreto, debió explicarse de inmediato que se trata de un proceso de revisión, y no un retiro permanente; que es lo que sabemos hoy, pero luego de generarse alarma en la comunidad”, planteó.

Escenario previo

El legislador, acto seguido, justificó las alertas que levantó la noticia. “El actual Gobierno en su campaña, y el actual presidente en su campaña, dieron a entender en repetidas ocasiones que las preocupaciones medioambientales parecían excesivas o sobredimensionadas para ellos”.

“Entonces, claro, naturalmente este anuncio dio bastante que pensar. A nivel de comunidades, pero incluso a nivel de autoridades, con la propia Municipalidad de Pucón emitiendo una declaración pública donde lamentan que el plan sufra un nuevo retraso”, consideró el parlamentario.

Relevancia

A continuación, el senador defendió la importancia del plan. “Acá La Araucanía, sus autoridades, su gente y las comunidades mapuche del territorio lacustre esperaban hace meses esta resolución, porque las microcistinas generan toxicidad y eso es un riesgo cierto para las personas y la preservación del ecosistema”.

En este sentido, Huenchumilla llamó al Ejecutivo a hacer aclaraciones: “La pregunta es cuánto tiempo va a durar este proceso de revisión interna”, subrayó.

“El Gobierno tiene todo el derecho a asegurar, que todo instrumento cumpla con los estándares técnicos y normativos. Pero será bueno que tengamos plazos estimativos concretos, de manera que la gente no sienta que esta es una acción que busca postergar, o aplazar indefinidamente, algo que el Lago Villarrica y su gente necesita. ¿Es este un proceso de revisión? ¿Se pretende volver a fojas cero? ¿Se pretende introducir cambios en el plan? Todo ello lo deben indicar”, planteó.

Finalmente, el senador valoró una iniciativa ambiental que “será pionera en Chile, por cuanto el Villarrica es el primer cuerpo de agua del país que contará con un plan de descontaminación. Ello es positivo en sí mismo, pero permite además acumular una valiosa experiencia que nos permita reaccionar rápido ante emergencias de este tipo”, puntualizó.

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¿Son aliados del proceso educativo o elementos distractores? Medios de comunicación o simples generadores de dopamina? Los teléfonos móviles ¿deben tener cabida en las aulas de escuelas y liceos de Chile?

Después de un extenso debate en el Congreso, nuestra institucionalidad tomó una decisión: los celulares no deben estar presentes en la sala de clases. Salvo excepciones: casos de emergencia, usos justificados y puntuales para el proceso educativo, o alguna otra salvedad que ya veremos.

Entonces, ¿es un acierto o una exageración? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido político que tiene regular este aspecto de la vida privada de las personas en contexto educativo?

Tengamos primero un repaso de lo que mandata la nueva norma. Se trata de una ley que modifica parte de la Ley General de Educación, con el fin de regular y prohibir el uso de celulares y otros dispositivos por el estilo, con acceso a Internet, durante actividades pedagógicas en establecimientos educacionales.

La ley restringe el uso de estos aparatos durante las actividades curriculares (principalmente en la sala de clases, pero no exclusivamente circunscrito a ella), con excepción de situaciones específicas.

Entre ellas se encuentran: necesidades educativas especiales, usando el dispositivo como apoyo acreditado; surgimiento de emergencias, catástrofes o peligros inmediatos; uso pedagógico planificado que incorpore el equipo móvil; condiciones de salud que requieran el monitoreo médico mediante dichos equipos, o solicitud justificada del apoderado por seguridad personal o familiar.

Este nuevo cuerpo legal, además, indica que la obligación abarca a toda la comunidad educativa; la prohibición o autorización de uso fuera de actividades curriculares queda a discreción de lo que defina el reglamento interno de cada establecimiento. La norma ya se encuentra en vigor, pero existe plazo hasta el 30 de junio para actualizar estas normativas internas.

Ahora, vamos a los argumentos. Desde la cartera de Educación se ha promovido que prohibir el uso de celulares en las aulas –algo que este senador comparte– ayuda a recuperar la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin interrupciones ni fragmentaciones.

¿Cómo comparto esta idea? Porque no es un invento de la política. Nosotros tomamos las decisiones, pero siempre sobre una base técnica: por ejemplo, un amplio estudio en Países Bajos constató empíricamente una mejora de hasta el 75% en la concentración de los estudiantes y un avance en hasta el 59% en el clima social percibido, así como un alza de hasta un 28% en los resultados escolares tras prohibir los smartphones en las escuelas, se informa en distintos medios de prensa internacional.

Fuentes del mismo tipo describen que en la India, por su parte, un estudio con casi 20 mil estudiantes constató que retirar los teléfonos móviles antes de la jornada escolar aumentó los puntajes académicos.

Todo ello, si lo sumamos a los numerosos estudios sobre población general (no estudiantes) donde se ha comprobado que la dopamina rápida generada por el scrolling en las redes sociales está provocando una suerte de “crisis global de concentración”, configura un cuadro final donde esta decisión se adopta, y en buena hora.

Ahora bien, la socialización es otro punto. Estudios e investigaciones publicadas en revistas y webs de Chile y el extranjero llegan a la conclusión, más o menos compartida, de que el uso de teléfonos móviles en recreos interviene o reemplaza a interacciones sociales cara a cara o participación en juegos, aspectos que son formativos en el desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes.

Aún otros estudios documentan evidencias más preocupantes: que el uso problemático (tipo adictivo) de los smartphones se relaciona a menores con competencias socioemocionales más bajas (en autorregulación, procesamiento de la ira y la frustración, inteligencia emocional general y habilidades sociales); y todavía otros apuntan a que el uso de smartphones en las escuelas es un vehículo más para contenidos y comportamientos que desencadenan en incidentes de bullying.

Por lo demás, ¿qué sentido tiene prohibir el uso de los smartphones a la comunidad educativa toda? El argumento –al que este senador suscribe también– es que los adultos sean un modelo respecto de la pertinencia y responsabilidad en el uso de la tecnología; proveyendo a los alumnos de un contexto donde cada actor actúe en concordancia, y donde existan condiciones que faciliten la concentración de los niños y jóvenes.

Finalmente, Chile no está solo en esto: En Australia, por ejemplo, los distintos estados adoptaron desde 2024 prohibiciones rigurosas en la materia, que abarcan toda la jornada escolar, con teléfonos apagados y guardados, e incluso se prohibió que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

Por su parte, en Francia también se aplican estas medidas: desde 2018, no se permiten dispositivos conectados a Internet en las escuelas hasta los 15 años de edad, y desde 2025 el Estado exige que los estudiantes entreguen sus móviles nada más llegar al colegio. En España, la realidad es regional, pero en Madrid o Galicia han limitado o prohibido los smartphones en colegios.

¿Y Latinoamérica? Chile llega de los primeros. Sólo Brasil era el único país que tenía ya una ley para prohibir los dispositivos conectados en jornada escolar; y en México o Argentina, hay prohibiciones parciales sólo por provincias o entidades federales.

En definitiva, esta nueva ley se perfila como un aporte para mejorar la efectividad del aprendizaje, la convivencia escolar, el clima de las comunidades educativas y el desarrollo intelectual y psicosocial de niños, niñas y jóvenes. En todo sentido, la escuela debe ser un lugar protegido y potenciado en su rol por parte del Estado, que en esta ley se da la obligación política de poner límites razonables a los medios tecnológicos.

Este es el tipo de aportes y contribuciones que la política debe impulsar, por el bien de Chile y su gente.

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· Destacó que uno de los datos arrojados por el Censo, es que en los pueblos originarios a nivel nacional hay un patrimonio lingüístico plenamente vigente, “una riqueza lingüística que sigue viva, y que debemos cuidar”.

· Sin embargo, también destacó algunas brechas que afectan a los pueblos originarios en comparación con el resto de las personas, en materias como escolaridad, educación, vivienda o empleo. “Superarlas es un desafío para el Estado”, señaló.

El senador Francisco Huenchumilla dio a conocer en la región los resultados del Censo 2024, pero en lo relativo a los datos y cifras sobre pueblos originarios que habitan el país.

En efecto, el Censo 2024 –en general, aplicado a toda la población nacional– fue realizado entre los meses de marzo y julio de 2024, y registró los datos de casi 18 millones 500 mil personas a nivel nacional, un 48,5% de hombres y un 51,5% de mujeres.

En el caso de los pueblos originarios, el Censo 2024 contó con herramientas específicas para registrar y permitir contrastar las realidades de los 2.105.863 personas que, a nivel nacional, se identificaron como pertenecientes a pueblos originarios.

Preparación y registro

En este sentido, el parlamentario por La Araucanía aclaró de qué manera se censa y registra a las personas integrantes de pueblos originarios: “Cabe señalar que Chile se pliega y pone en práctica las convenciones y recomendaciones internacionales en esta materia, establecidas por Naciones Unidas, y según las cuales la base de la medición de los pueblos indígenas es la autoidentificación”.

El parlamentario explicó además que el censo dirigido a personas de pueblos originarios tuvo “una etapa de preparación con participación intercultural, que en este caso involucró a 953 personas indígenas y afrodescendientes, además de un espacio formal para revisar el funcionamiento de la autoidentificación y la pertinencia cultural de las preguntas, entre otros puntos,” detalló.

“Luego, las preguntas incluidas indagaron en pertenencia, es decir, considerarse o no perteneciente a un pueblo originario, y manejo de lenguas originarias; y en base a ello, un cruce de datos con el resto de los cuestionarios, para establecer también algunas estadísticas sobre las condiciones de vida de los censados. Todo un desafío metodológico, cultural y logístico que se logró con creces, por lo que corresponde reconocer y relevar el trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas”, dijo el senador.

Los resultados

Luego, el legislador pasó a detallar algunos de los datos arrojados por el Censo 2024, sobre la población que se identifica como perteneciente a pueblos originarios.

“Ellos ascienden al 11,5% de la población del territorio. De este grupo, un 8,8%, la primera mayoría, corresponde a personas autoidentificadas como mapuche; con buena distancia, en segundo lugar vienen las personas Aymara, un 1%; y luego, todas con menos del 1%, aparecen los pueblos Diaguita, Quechua, Lickanantay, Colla, Chango, Rapa Nui, Kawésqar, Selknam y Yagán”.

El parlamentario profundizó también en otros indicadores: “Entre las regiones con mayor población de pueblos originarios se cuentan la RM, con más de 545 mil personas, seguida de La Araucanía, con más de 347 mil, y Los Lagos, con más de 236 mil; Biobío, con poco más de 150 mil, y Valparaíso, con poco más de 103 mil. Las de menor población indígena fueron Ñuble, con poco más de 20 mil personas; Aysén, con poco más de 29 mil; Magallanes, con poco más de 38 mil, Maule, con poco más de 47 mil, y O’higgins, con poco más de 50 mil”, indicó.

Para el parlamentario, otro indicador de relevancia obtenido fue que “un 2,9% de las personas de 5 años o más, a nivel nacional, declararon hablar o entender alguna lengua originaria; siendo La Araucanía la región con más prevalencia de esta característica, un 15% de su población; seguida de Arica y Parinacota, con un 13,1% de su población”, informó. “Todo ello da cuenta de una riqueza lingüística que sigue viva, pero que debemos cuidar”, relevó.

En otro punto, el senador lamentó y dijo que el Estado enfrenta “el desafío” de “algunas brechas que este tipo de mediciones constatan entre la población indígena y no indígena del país. Por poner un ejemplo, un 8,8% de personas de pueblos indígenas manifiestan el logro educativo de la educación superior, frene a un 14,5% de las personas que no se identifican con pueblos originarios”.

Finalmente, el legislador indicó que “también son algo más bajas entre integrantes de pueblos indígenas la tasa de alfabetismo, o el promedio de años de escolaridad. Y algo más alta para ellos la tasa de desempleo en varios periodos; la cantidad de personas que habitan viviendas que deben ser reemplazadas, denominadas “irrecuperables”, o la cantidad de personas que viven en hacinamiento”, concluyó.

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· Sin embargo, mostró preocupación por las ideas de un sector político, sobre las demandas del pueblo mapuche: ““Pensar que alguien pueda volver a usar la fuerza del Estado, en este caso contra chilenos de origen mapuche, o mapuches derechamente, para aniquilarlos por la fuerza de las armas, es un camino equivocado”, aseveró.

· También desdramatizó el denominado “turismo electoral”: “yo más bien estoy por regular el uso del dinero en la política”, planteó.

En conversación con medios de prensa, el senador Francisco Huenchumilla abordó el panorama post elecciones del pasado domingo, donde él mismo resultó reelecto para un nuevo periodo senatorial de 8 años por La Araucanía.

El legislador abordó temáticas como el turismo electoral, la relación entre el dinero y la política, o el aterrizaje de la denominada ultraderecha, en la bancada parlamentaria de La Araucanía.

Sobre la región, el senador dijo que “hoy día, por cualquier razón, la gente eligió sus cinco senadores, y a sus diputados (…) la gente se pronunció, y todos los electos tienen mis respetos como parlamentarios electos. Las diferencias las vamos a ver en el camino, a ver cómo se comportan votando en la Cámara, votando en el Senado; cómo se comportan acá en la región de La Araucanía con sus ideas, sus propuestas. Eso lo veremos a partir de marzo”.

“Pero, mientras tanto, hoy día yo aprovecho de saludarlos y de dar la bienvenida a la bancada de senadores y diputados de la región de La Araucanía. Yo espero trabajar bien con ellos, y tener diálogo y respeto, por el bien de la región”, planteó.

Turismo electoral y el dinero en la política

En este sentido, y consultado sobre si regularía el turismo electoral, el parlamentario dijo creer que “esa es una medida artificial; yo más bien estoy por regular el uso del dinero en la política. Porque la pregunta es cuánto gastaron los candidatos en esta vuelta, que veíamos miles de palomas; de donde salió esa plata, miles de afiches, de vehículos, camiones. Sería bueno saber cuánto se gastó. Yo estoy disponible para abrir las cuentas y decir cuánto gasté”.

Para el senador, lo central es “¿Quién está detrás de toda esa plata? Bueno, han salido en los medios nacionales los grandes empresarios, que le dieron a un sector. El uso del dinero, del dinero y la política, eso es lo que trae a la sociedad un mal” dijo el senador, respecto de cómo la inyección de ingentes recursos en los sectores de derecha puede inclinar los resultados electorales.

“Ese es el peligro que tenemos hoy día en Chile, más allá del turismo electoral (…) si la gente vota, simplemente hay que respetarlo”, especificó.

Ultraderechas y la región

Acto seguido, el senador se refirió al aterrizaje de la denominada ultraderecha en la nueva conformación de la bancada legislativa regional, específicamente en temas de seguridad y el concepto de “mano dura” que han introducido, respecto de las demandas del pueblo mapuche.

“La fuerza, y el monopolio que tiene el Estado sobre la fuerza, debe usarse como la última ratio como se dice, cuando han fracasado todos los métodos políticos. Y acá digamos, creo que hay una institucionalidad que ha estado funcionando (…) creo que hay mucho desconocimiento. Las comunidades indígenas y el pueblo mapuche no van a agachar la cabeza simplemente”, consideró.

“Si el señor Kast está convencido de que él, o su gente, yendo a amenazar a determinadas comunidades van a lograr que éstas se escondan, o se rindan, o que agachen la cabeza (…) no vamos a tener una tranquilidad total, mientras ellas tengan objetivos políticos de demandar al Estado en la restitución de las tierras”, abundó el legislador.

El congresista hizo una advertencia: “el método es la política, y eso es dialogar, buscar los acuerdos (…) y si alguien cree que las Fuerzas Armadas van a venir aquí y van a empezar a matar gente están equivocados (…) yo he trabajado toda mi vida, en el Parlamento, en la Comisión de Defensa. Los altos mandos son oficiales renovados, más allá de lo que pasó en la Dictadura”, analizó.

En este sentido, el parlamentario puso sobre aviso: “Pensar que alguien pueda volver a usar la fuerza del Estado, en este caso contra chilenos de origen mapuche, o mapuches derechamente, para aniquilarlos por la fuerza de las armas, es un camino equivocado”, recalcó.

“Entonces, yo aprovecho de saludar a los nuevos senadores y diputados que han sido electos. Y espero que tengamos una buena relación humana y una buena relación política, para que entre todos trabajemos por hacer de la Araucanía una gran región (…) pero no me parece que el uso de la fuerza de las armas sea la solución que la región espera”, puntualizó.

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El legislador puso sobre la mesa acciones “concretas” a explorar: plantear a Agricultura el desarrollo de cooperativas integradas, o la ampliación de la base de agricultores que reciben subsidios; cuestionar posibles colusiones de la industria agroalimentaria, dados los bajos precios que los agricultores reciben por sus productos; impulsar políticamente ideas como la agricultura de contrato, eventuales políticas arancelarias o medidas antidumping sobre cereales y otros productos agrícolas importados, o impulsar un fortalecimiento del poder comprador de Cotrisa, entre otras.

El senador Francisco Huenchumilla acogió la demanda y reclamo de gremios e integrantes del sector agrícola en La Araucanía y el país, que acusan una “crisis profunda” en la agricultura de mercado interno en Chile, e hizo un llamado a las instituciones del Estado a abordar en serio la problemática, junto con comprometer “gestiones políticas” para empujar soluciones que beneficien al sector.

El legislador analizó que “nuestra región produce el 42% de la producción triguera nacional; por su parte, la producción nacional alcanza sólo el 45% del consumo anual de trigo en Chile. Ello no parece un problema en sí mismo, pero los agricultores acusan que la importación está ahogando a los agricultores nacionales, quienes no pueden competir con el precio más bajo de ese grano”.

La problemática

El senador añadió que por ello los agricultores “acusan competencia desleal, también de parte de cierta agricultura subsidiada; y los bajos precios que la agroindustria les paga por sus productos. Partiendo por los molinos, que hacen diferencias, según los agricultores, de hasta 150 pesos por kilo en el trigo, según si es nacional o importado. Lo mismo ocurre con otros cereales y el maíz”.

El parlamentario explicó de esta forma la baja de la participación del cereal chileno en el total del mercado. “Si la rentabilidad para los agricultores es baja, ¿qué incentivo tienen para continuar en el rubro? Esto destruye todo un entramado que se forma en el mundo del agro; en La Araucanía, son ciudades y pueblos completos, cuyos empleos y economía depende enteramente de la agricultura”.

Acciones e ideas de mejora

En este sentido, planteó el legislador, “lo primero que hago es poner un grano de arena respecto de la visibilización de este problema. Creo que si los políticos ayudamos a poner el tema sobre la mesa, el reclamo de los agricultores tendrá más alcance, porque esto no es cosa de derechas o izquierdas, se trata de seguridad alimentaria”.

El senador recalcó que “como dicen los propios agricultores, es importante un cambio de modelo en la forma que tiene el campo de producir. Ellos plantean la idea de que nazcan cooperativas integradas, que cultiven, procesen, elaboren y comercialicen, siguiendo modelos como el alemán, para que el campo vuelva a ser rentable”.

“Otro camino, que puede reflejarse en futuras leyes de Presupuestos, es ampliar la base de agricultores que reciben apoyo estatal; a través de INDAP para los pequeños productores, o bien promoviendo líneas preferenciales de crédito desde BancoEstado para quienes no califican en los programas actuales”, añadió.

Respecto de los bajos precios que afectan al cereal nacional, Huenchumilla reconoció que “en Chile no es posible fijar precios artificialmente, pero sí investigar casos sospechosos de colusión, donde desde luego un senador puede reunir antecedentes y presentar un requerimiento ante la FNE. Si hay antecedentes suficientes, claro que es posible hacerlo”, explicó.

“Y si bien no se pueden fijar los precios, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, puede promover la agricultura de contrato, como mecanismo que entregue escenarios más ciertos para los agricultores a la hora de comercializar sus productos”, añadió.

Además, el parlamentario explicó que el Ministerio de Hacienda “puede analizar eventuales políticas arancelarias; o la Comisión Antidistorsiones puede establecer, previo análisis, medidas antidumping, como ya se ha hecho con la importación de acero para proteger la industria siderúrgica. Y, finalmente, se puede y se debe fortalecer, más decididamente, el poder comprador de Cotrisa”.

“Estaré analizando cuáles de estas ideas pueden requerir proyectos de ley o medidas administrativas, y cuáles de ellas dependen de gestiones políticas, e impulsaremos este trabajo”, puntualizó el legislador.

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Este sábado 16 de agosto, concluyeron de manera exitosa las negociaciones de varios partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana, para inscribir en conjunto una lista parlamentaria mayoritaria que permita un mejor rendimiento electoral en los próximos comicios al Congreso.

En la instancia el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, señaló que “nosotros tomamos la decisión de concurrir a esta coalición, y estamos cumpliendo hoy día una de las fases que es tener un acuerdo parlamentario”.

Trabajo conjunto

El senador por La Araucanía, a su vez, destacó que “esto lo hemos logrado haciendo un muy buen trabajo entre todos los partidos. Mañana trabajaremos el programa de Gobierno, y de esa manera, queremos decirle al país que vamos a contribuir en esta coalición de partidos progresista”.

El legislador destacó que la coalición de centroizquierda “quiere el desarrollo del país, el crecimiento económico, la seguridad, la salud y el bienestar, con justicia social para todos”.

“Ese va a ser el papel que como DC queremos aportar a esta coalición, y esperamos que en el curso de los próximos meses tengamos un gran debate a nivel nacional con todas estas ideas”, planteó.

Objetivo cumplido

En este sentido, el parlamentario tuvo una valoración positiva del trabajo realizado y afirmó que “se han cumplido las expectativas y los objetivos que nosotros teníamos en el acuerdo parlamentario”.

Además, confirmó que la meta de llevar candidatos en duplas, a fin de optimizar el rendimiento electoral, se cumplió: “Finalmente son seis duplas que pedimos en distintos distritos, y esto está concordado, aparte de un conjunto de otros candidatos a lo largo del país”, explicitó.

Finalmente, y respecto de su propia reelección como senador por La Araucanía, el congresista indicó que “yo tenía muchas dudas en realidad, pero ahora como presidente del partido, no me puedo escapar, así que tendré que ir a la reelección. Ahí estaremos”, puntualizó.

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· Tras la reunión con la candidata, el senador reforzó la idea de un Chile “con una potente economía social de mercado, y una democracia que respeta los derechos humanos y el pluralismo de todos los sectores; donde la seguridad es un eje fundamental, con la participación de nuestras fuerzas de orden y seguridad, y con plena justicia para todos”.

El senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, junto a la directiva de su partido, se reunieron oficialmente con la candidata a la presidencia de las fuerzas de centroizquierda, Jeannette Jara, este martes de 05 de agosto en Santiago.

El encuentro constituyó la primera cita presencial entre la candidata y la directiva de la DC, desde que el partido, en su Junta Nacional, definió sumarse a la candidatura de Jara y trabajar por ella, por votación mayoritaria de su base militante.

En este marco, y junto con conversar aspectos programáticos macro –que el partido espera posicionar en un programa común de la coalición– la dirigencia presentó a la postulante a la presidencia un listado de nombres del partido disponibles para incorporarse al comando.

Impresiones

“Quiero decirles que ha sido una reunión muy grata, afectuosa”, señaló el presidente de la DC y senador por La Araucanía.

El legislador detalló a la prensa que “conversamos con mucha franqueza, sobre el desafío que tenemos hoy día en Chile con esta nueva coalición de centroizquierda. Y hablamos del sentido que tiene que tener la coalición; de tener una finalidad que más allá del ejercicio del poder, tenga por objeto trabajar por Chile para que tengamos una economía potente, tengamos inversión, tengamos crecimiento, y al mismo tiempo tengamos políticas públicas que signifiquen justicia social para los sectores sociales más carenciados”.

El senador DC manifestó disposición de su partido para trabajar “con esta coalición progresista, compuesta por partidos con historia, con distintas visiones del mundo, pero que tendremos una hoja de ruta que implica la confección de un programa de gobierno. Y en ese programa tendrá que manifestarse lo que vamos a hacer en estos cuatro años de gobierno”, explicitó.

“Para esos efectos tenemos que hacer todos el esfuerzo posible para tener un acuerdo parlamentario, que le muestre al país que tenemos gobernabilidad, que somos capaces de tener una autogobernanza en esta coalición múltiple, que tiene prácticamente 10 partidos”, apuntó.

Despliegue en el comando

De esta manera, la directiva de la DC también busca incorporarse en el comando de Jeannette Jara para aportar. “Le hemos propuesto un conjunto de nombres a la candidata, a su disposición, para que puedan integrar los distintos aspectos que surgido a un comando; los aspectos estratégicos, los ejes programáticos, territoriales”, dijo el senador.

En el listado, entregado por la secretaria general Alejandra Krauss, figuran las economistas Ana María Correa o Jacqueline Saintard; Ernesto Moreno, doctor en Sociología y exalcalde de Recoleta; Luis Ruz, cientista político y director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad, el think tank de la DC; Eduardo Reveco, ingeniero y experto en temas de seguridad; o Carmen María del Picó, Dinka Tomicic, Marcos Espinosa, Guido Iturriaga y Ximena Llamin, dirigentes territoriales.

“Vamos a integrarnos al comando en las distintas esferas y niveles, y esperamos demostrarle al país que tenemos un relato, un cuento; que es posible que entre nuestras diferencias tengamos una visión de lo que debe ser Chile”, planteó.

“Talante humano” de Jara y temas valóricos

Asimismo, el presidente de la DC afirmó que “hemos comprobado una vez más el talante personal de la candidata, a quien yo conocía en nuestro trabajo en el Senado; pero ahora la estoy conociendo ya más humanamente, y me doy cuenta que efectivamente por algo la gente le dio un triunfo tan contundente en las primarias”.

Finalmente, Huenchumilla no consideró que los temas valóricos de cada partido sean obstáculo para formar alianzas. “Esta coalición es muy respetuosa de aquellas cuestiones en que no tenemos acuerdo (…) cada partido podrá entonces hacer reserva de algunos temas que son muy sensibles”.
“También naturalmente eso hace que nosotros, por la composición que tiene la DC en su interior, un partido que tiene su matriz en el cristianismo como ética, podamos dejarlo consignado. Esta es una coalición de 10 partidos (…) ¿es posible en medio de sus diferencias que 10 partidos se pongan de acuerdo? Ese es el mérito de esta coalición”, puntualizó.

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El senador Francisco Huenchumilla informó a la región que la Cámara Alta aprobó en general el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Se trata de una iniciativa emblemática del Gobierno que establece el cuidado como un derecho universal garantizado por el Estado, en sus dimensiones del derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el autocuidado, y teniendo como foco y fin el bienestar de las personas en situación de dependencia, las personas sin plena autonomía, y también quienes cuidan de ellos.

Para el legislador, el reconocimiento de este derecho y la fundación del Sistema Nacional de Cuidados “se funda en que actualmente podemos hablar de una crisis de los cuidados en Chile, causada por el envejecimiento poblacional, la disminución de las redes familiares y la feminización casi exclusiva de un trabajo muchas veces no remunerado, donde más de un 85% de personas que cuidan son mujeres no remuneradas y en situación de pobreza”.

La iniciativa está actualmente en tramitación en el Senado, en su segundo trámite constitucional.

Propósito

Pero todo lo anterior puede cambiar: el legislador explicó que “lo que se está empujando en el Congreso es la fundación de una institucionalidad pública, de carácter permanente, que organice y regule un sistema de cuidados en el país, dando apoyo y cuidado a quienes dependen de otros para su bienestar físico y mental, pero que además reconozca y respalde a quienes cumplen dicha labor”.

En este sentido, el legislador explicó que el proyecto busca “institucionalizar, sistematizar y normar una actividad que normalmente ha sido realizada en el ámbito doméstico, principalmente por mujeres y sin reconocimiento o remuneración alguna, elevándola al nivel de deber colectivo del Estado y la sociedad, y organizado como política pública permanente”.

De esta forma, el senador relevó que “se establece el cuidado como un derecho humano en sus dimensiones de cuidar, en el caso de quienes asumen el rol de cuidar a otros; ser cuidado, en el caso de las personas que son dependientes o no autovalentes, como niños, adultos mayores o pacientes de enfermedades catastróficas o invalidantes; y el debido autocuidado al que cada ser humano, en uno u otro rol, tiene derecho a acceder y donde el Estado puede y debe tener un rol facilitador”.

“De esta manera, la problemática de la necesidad del cuidado, así como el rol de cuidado, que históricamente tuvieron poca o nula visibilidad, apoyo o reglamentación, ahora pasan a tener visibilidad y valoración. Ello se asegura otorgándole a estos derechos un estatus jurídico similar a derechos sociales como la salud y la educación”, planteó el parlamentario.

La institucionalidad y detalles

En este sentido, el congresista por La Araucanía explicó que el proyecto “introduce la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; sistema que articula, coordina y regula la oferta de apoyos y cuidados existentes, y crea otras nuevas; esto aplica para las iniciativas estatales, pero también las de carácter privado y las de carácter comunitario, que quedarán organizadas como parte de una oferta de cuidados a disposición de la sociedad”.

“De esta forma, el SNAC tendrá el efecto de fomentar la autonomía, prevenir la dependencia, fomentar la vida independiente y tender al bienestar de personas cuidadas y cuidadoras”, explicó.

Además del SNAC propiamente tal, el parlamentario abundó que “se creará una Secretaría de Apoyos y Cuidados dentro del Mideso, así como un Comité Interministerial y un Consejo de la Sociedad Civil, que en el país asegurarán la gestión de los cuidados entre los distintos sectores del Estado y con participación ciudadana”, planteó.

Con un enfoque inclusivo, indicó el legislador, los titulares o beneficiarios de este sistema serán “niños y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, personas con dependencia funcional y personas cuidadoras, sean remuneradas o no, reflejando y abarcando el ciclo de vida, tal como lo haría una política pública de calidad en materias de salud y bienestar”, indicó.

“Además, el proyecto incluye una perspectiva interseccional e intercultural para adecuar las prestaciones a la realidad territorial y cultural de las distintas zonas del país”, añadió.

Finalmente, Huenchumilla recalcó que el proyecto “busca ampliar la cobertura del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados ya existente (PRLAC), sobre todo en atención domiciliaria, con la contratación de más de 5 mil asistentes de cuidado. Por todo ello, el proyecto involucra un importante gasto fiscal”, puntualizó.

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En entrevista con El Austral de Temuco, el senador Francisco Huenchumilla analizó el triunfo de Jeanette Jara en primarias, las perspectivas del panorama político para los próximos meses de campaña, y deslizó las condiciones que deberían darse para que la DC considere apoyar la candidatura de la candidata comunista –u otros escenarios– siempre teniendo en cuenta el objetivo político de la supervivencia del partido. En este sentido, también descartó la idea de ser él mismo candidato presidencial.

Para el legislador, el triunfo de Jara fue “sorpresivo y contundente, donde influyó mucho la personalidad carismática de la candidata; aparte de haber hecho bien sus tareas como ministra, sobre todo, en la reforma de Pensiones (…) apeló a lo emocional y a la cercanía, frente a una candidata mucho más intelectual en su posicionamiento, como era Carolina Tohá”, consideró.

En este sentido, la lectura política e histórica del senador es que “este triunfo cambia el panorama general, porque es la primera vez en la historia de Chile que el PC es el eje central de lo que es la izquierda en Chile (…) un cambio de giro con un grupo de partidos que convierten a Jara en una candidata presidencial potente (…) hay que esperar a ver cuál será la reacción de la derecha”.

El camino DC

Acto seguido, el parlamentario reconoció que su partido se encuentra enfrentado “al dilema de si apoyar o no a una candidata que propuso el PC. Considerando el tipo de electorado y la conformación sociológica de la DC, cuyo electorado es distinto al clásico de izquierda, ya que proviene de una matriz cristiana, católica y más de centro”.

Sin embargo, el senador por La Araucanía fue claro en el diagnóstico: “La DC tiene que resolver su punto crítico desde el punto de vista político, y esto es la supervivencia del partido, la cual pasa por tener una elección parlamentaria que permita detener la declinación (…) dentro de las prioridades políticas que tiene la DC, la urgencia no es resolver una candidatura presidencial. La urgencia es tener una lista de diputados y senadores que permita detener la declinación, y así el partido pueda resurgir otra vez”.

En este sentido, el senador deslizó que “podemos tener una candidata presidencial que puede ser Jeannette Jara, u otro, pero la pregunta es qué logramos con eso desde el punto de vista de la supervivencia del partido”.

El senador detalló las estrategias: “Si vamos con un candidato propio, eso significa tener una lista parlamentaria propia, que es lo mismo que una muerte anunciada. Si vamos solos, no vamos a poder competir con un grupo de partidos de la izquierda y de la derecha, que van unidos. Ahora, si vamos con un candidato independiente, como Harold Mayne-Nicholls, MEO u otro, no hay nada que nos puedan ofrecer en materia parlamentaria”, explicitó.

Posibilidad de apoyo a Jara

“En consecuencia, como la DC necesita de una coalición de partidos que nos permita ser competitivos y tener una lista parlamentaria, entonces, lo que nos queda es Jeannette Jara (…) no lo descarto de plano, y como decisión política me abro a una discusión de cómo sería posible llegar a un acuerdo con Jeannette Jara en base a ciertos criterios”, señalo el legislador.

Sobre estos criterios, Huenchumilla planteó que “Jeannette Jara tiene que mostrar cuál es su coalición. Así, de llegar a un acuerdo lo hago con una coalición y no con la candidata del PC. Después hay que saber cuál es la base programática de esa coalición (…) y, finalmente, debe establecerse nuestra participación en materia de lista parlamentaria, concretamente, los cupos para ser competitivos en las próximas elecciones (…) no es un cheque en blanco”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario explicó por qué descarta ser candidato presidencial. “Ese camino significa quedar solos, y qué hacemos con nuestra lista parlamentaria. Para ser candidato presidencial se necesita de un partido fuerte, unido y cuadros que permitan gobernar. Dicho eso, uno siempre agradece la consideración”.

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