Cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco fueron condenados a penas superiores a los 14 años de presidio efectivo por un ataque perpetrado en 2022 en la región de La Araucanía.

El senador Miguel Becker valoró la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal que condenó a cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a penas superiores a los 14 años de presidio efectivo, por su participación en una serie de violentos ataques ocurrido en noviembre de 2022 en la región de La Araucanía.

La resolución judicial estableció penas de cumplimiento efectivo para los cinco condenados, quienes fueron declarados culpables de delitos como incendio, robo con violencia y secuestro, entre otros ilícitos cometidos en predios forestales de Lautaro.

Durante ese ataque, el grupo liderado por Pelentaro Llaitul – hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul- incendió maquinaria forestal, vehículos de trabajo y un campamento, además de sustraer diversas especies y secuestrar al conductor de una camioneta. Aunque la víctima no declaró en el juicio por temor, el tribunal acreditó el delito de secuestro con las pruebas reunidas durante la investigación.

Las condenas deberán cumplirse de manera efectiva en un recinto penitenciario, sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas, lo que representa un importante fallo en la persecución de hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur.

Bajo ese marco, el senador Miguel Becker valoró la decisión adoptada por la justicia y sostuvo que constituye una señal clara frente a quienes han cometido graves delitos en la región.

Becker enfatizó que “sin lugar a duda, lo que hoy día ocurrió en los tribunales de justicia es una gran señal para estos delincuentes, terroristas y cobardes que han actuado durante más de 25 años en la región. Y que hoy día entonces están condenados. Y van a pasar un largo tiempo en la cárcel para que tengan tiempo para pensar en todo el daño que han hecho en La Araucanía», afirmó el parlamentario.

El senador Becker destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, las policías y el Poder Judicial para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur, señalando que resoluciones como esta contribuyen a reafirmar el Estado de Derecho y entregar mayor tranquilidad a las familias de La Araucanía.

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El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y a otros cuatro acusados a penas que, en conjunto, superan los 15 años de presidio efectivo por el ataque armado a predios forestales ocurrido en 2022.

Más de 15 años de presidio efectivo deberá cumplir Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco lo condenara, junto a otros cuatro acusados, por los delitos cometidos durante un violento ataque registrado el 22 de noviembre de 2022 en predios forestales de las comunas de Lautaro y Temuco.

La sentencia también alcanzó a Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña, quienes fueron condenados como autores de una serie de delitos vinculados a la acción armada que afectó a trabajadores y empresas forestales.

El tribunal condenó a los cinco acusados a 7 años de presidio por el delito reiterado de incendio, además del pago de una multa de 10 UTM; 3 años y un día de presidio por el delito consumado de secuestro; y 3 años y un día de presidio, junto a una multa de 5 UTM, por el delito consumado de hurto. Asimismo, todos recibieron una pena adicional de 541 días de presidio y una multa de 2 UTM por un segundo delito de hurto. Además, Pelentaro Llaitul Pezoa y Juan Carlos Mardones Sáez fueron condenados a 541 días de presidio por el delito consumado de porte ilegal de municiones.

Las condenas deberán cumplirse de manera efectiva e incluyen, además, penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación para ejercer profesiones titulares durante el tiempo que duren las condenas, además del pago de las multas establecidas por el tribunal.

Los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2022, cuando un grupo armado irrumpió en predios forestales de Lautaro y Temuco, intimidando a trabajadores, incendiando camiones, maquinaria e instalaciones, sustrayendo vehículos y herramientas, y manteniendo retenido a uno de los trabajadores durante parte de su huida. Tras un amplio operativo policial, los cinco acusados fueron detenidos ese mismo día en una quebrada del sector de Chol Chol.

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la participación de los condenados en estos hechos, mientras que en los sitios del suceso fueron encontrados lienzos con consignas alusivas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización liderada por Héctor Llaitul, padre de Pelentaro Llaitul Pezoa.

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El Presidente sostuvo un encuentro privado con víctimas de la violencia rural en Collipulli, recibió una propuesta legislativa de reparación impulsada por el diputado Eduardo Cretton y reafirmó que recurrirá a las Fuerzas Armadas cuando sea necesario en zonas de excepción.

Con una reunión privada junto a víctimas de la violencia rural en la comuna de Collipulli concluyó la gira de tres días que el Presidente José Antonio Kast realizó por la Región de La Araucanía, una agenda marcada por encuentros ciudadanos, anuncios en materia de seguridad y el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo y la delincuencia.

Uno de los hitos más significativos de la visita fue el encuentro sostenido con usuarios del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural de Sercotec, instancia en la que también participaron los diputados Gloria Naveillán y Eduardo Cretton.

Tras la reunión, el Mandatario destacó la necesidad de avanzar en medidas concretas para quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.

«Detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar. Hoy me reuní con víctimas de terrorismo de la región para escucharlas y acompañarlas. Vamos a impulsar las iniciativas necesarias para hacernos cargo de una deuda que Chile tiene con La Araucanía», publicó Kast en sus redes sociales.

Proyecto para reparar a las víctimas

En el marco del encuentro, el diputado por La Araucanía, Eduardo Cretton, entregó al Presidente una propuesta de ley que busca establecer un sistema de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo en la región.

El parlamentario explicó que la iniciativa ha sido elaborada durante los últimos meses en conjunto con personas afectadas por los atentados.

«En el marco de su visita a la Región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con víctimas de la violencia y el terrorismo en la comuna de Collipulli. Nosotros llevamos trabajando meses en una propuesta de ley de reparación de víctimas de la violencia y el terrorismo. Lo hemos hecho con los afectados y le entregamos hoy esa propuesta al Presidente para que podamos avanzar en esta materia. Es urgente reparar a aquellas personas que por años el Estado de Derecho ha abandonado», afirmó.

Cretton también valoró la presencia del Mandatario en la provincia de Malleco.

«Agradecemos la preocupación que ha tenido el Presidente José Antonio Kast de venir a la provincia de Malleco, que es una de las provincias más pobres del país, donde faltan oportunidades, falta trabajo y donde, lamentablemente, se ha concentrado la mayor cantidad de atentados terroristas», sostuvo.

Debate por el uso de Fuerzas Armadas

La gira presidencial también estuvo marcada por el debate respecto de la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas para enfrentar hechos de violencia, discusión que se instaló luego del homicidio de un menor de edad durante una encerrona en la Región Metropolitana.

Durante su visita a La Araucanía, Kast calificó como «populistas» las solicitudes realizadas por algunas autoridades para desplegar militares en las calles, señalando que quienes hoy impulsan esa idea anteriormente cuestionaban el rol de las Fuerzas Armadas.

«Las Fuerzas Armadas sí tienen la preparación suficiente, pero algunas personas del mundo político no están preparadas para respaldar como corresponde a nuestras fuerzas militares cuando actúan», sostuvo.

Asimismo, agregó que «cuando yo hablo de populismo es cuando algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy levantan la voz para decir: ‘necesitamos a los militares en la calle'».

No obstante, precisó que, de ser necesario, su administración recurrirá al apoyo militar en el marco de los estados de excepción constitucional.

«Si tuviéramos que requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas de excepción, no quepa la menor duda que lo vamos a hacer», afirmó.

Polémica en Villarrica

El recorrido presidencial también estuvo marcado por un incidente registrado el jueves en Villarrica, donde Kast protagonizó un intercambio con una mujer que lo increpó durante una actividad pública.

Consultado posteriormente por lo ocurrido, el Mandatario señaló que «yo solo respondí a una persona que estaba filmando».

De acuerdo con la información entregada posteriormente por el Gobierno, la mujer fue detenida por Carabineros tras verificarse que mantenía dos órdenes de detención pendientes por el delito de estafa.

Con el cierre de su visita a La Araucanía, el Ejecutivo puso énfasis en el fortalecimiento de la seguridad, el respaldo a las víctimas de la violencia rural y el impulso de iniciativas legislativas orientadas a su reparación, materias que marcaron gran parte de la agenda presidencial en la región.

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La PDI, Carabineros y el Ejército ingresaron de madrugada a la comunidad autónoma de Temucuicui para detener al dirigente mapuche Jorge Huenchullán, quien permanecía prófugo desde 2021. El procedimiento incluyó extracción aérea y se desarrolló en medio de disparos y un amplio despliegue policial.

Una madrugada de máxima tensión se vivió este martes en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, luego que un amplio operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ejército permitiera concretar la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, comenzó cerca de las 02:00 horas y tuvo como principal objetivo capturar al dirigente, quien mantenía órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, además de una causa pendiente por usurpación no violenta correspondiente al año 2019.

Durante el operativo también fue detenida Carolina Padilla Manquel, pareja de Huenchullán, quien registraba una orden de aprehensión pendiente por tráfico en pequeñas cantidades. Ambos fueron trasladados posteriormente en un helicóptero del Ejército hasta la ciudad de Victoria.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el ingreso de las fuerzas policiales a Temucuicui se produjo en medio de disparos en el sector, situación que obligó a las unidades desplegadas a utilizar elementos disuasivos para dispersar a quienes se encontraban en las cercanías del procedimiento. Pese a la tensión del operativo, no se registraron funcionarios lesionados.

La captura de Jorge Huenchullán marca un nuevo episodio en uno de los territorios más complejos de la Macrozona Sur. El dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui era considerado uno de los rostros más visibles de las demandas territoriales mapuches en la provincia de Malleco y durante años actuó como vocero en negociaciones con empresas forestales y propietarios de predios reclamados por comunidades indígenas.

Sin embargo, en paralelo a su rol dirigencial, también enfrentó diversas investigaciones judiciales. Informes policiales y causas en curso lo vinculan al cultivo de cannabis y a presuntas redes de comercialización de droga en sectores de Ercilla y Victoria. En 2021, un allanamiento en su domicilio permitió la incautación de más de 500 plantas de cannabis, droga procesada, armamento y municiones.

El operativo generó inmediatas reacciones en el mundo político y gremial. El diputado Tomás Kast sostuvo que el procedimiento demuestra un cambio en la estrategia de seguridad en La Araucanía y afirmó que “se terminó la impunidad en zonas donde antes el Estado simplemente no entraba”. Además, destacó el actuar coordinado de las policías y las Fuerzas Armadas en la captura del dirigente mapuche.

Desde el sector agrícola, el secretario ejecutivo de SOFO, Carlo Rojas, valoró el despliegue realizado en Temucuicui y señaló que este tipo de acciones “son una clara señal” de que el Gobierno busca reforzar el Estado de Derecho en la región. También manifestó que esperan que estas medidas formen parte de una agenda permanente para recuperar la seguridad y el desarrollo en La Araucanía.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también destacó el procedimiento realizado en Temucuicui y aseguró que el operativo representa un avance en la recuperación del control territorial en una de las zonas más conflictivas de la región.

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Desde la teoría política y sociológica, los conflictos prolongados tienden a transformarse en espacios de disputa simbólica. Carl Schmitt sostenía que la política moderna se estructura sobre la distinción entre amigo y enemigo; en contextos de violencia persistente, esa lógica se intensifica porque el conflicto permite cohesionar sectores políticos, movilizar apoyos y legitimar decisiones excepcionales. Michel Foucault, por su parte, advertía que el poder no se ejerce únicamente mediante la represión, sino también a través de la administración de discursos y categorías. Así, definir si existe “terrorismo”, “violencia rural”, “resistencia”, “autodefensa” o “conflicto político” no es una cuestión semántica inocente: cada concepto habilita determinadas respuestas estatales y clausura otras.

En Chile, el conflicto mapuche ha sido instrumentalizado por distintos sectores políticos. La derecha lo ha utilizado frecuentemente como evidencia del debilitamiento del orden público y de la necesidad de fortalecer el aparato coercitivo del Estado. Parte de la izquierda, en cambio, lo ha interpretado como consecuencia de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, enfatizando dimensiones de exclusión, despojo territorial y colonialismo interno. Ambos enfoques contienen elementos reales, pero muchas veces reducen un fenómeno extraordinariamente complejo a narrativas funcionales a sus propios proyectos políticos.

La disminución relativa de hechos violentos durante parte del gobierno de Gabriel Boric puede analizarse desde esa perspectiva. No necesariamente como resultado de una capacidad especial de gestión, sino porque existía una relación distinta entre sectores históricamente vinculados al activismo territorial, organizaciones radicales y actores políticos que pasaron a ocupar espacios institucionales. La literatura sobre movimientos sociales y cooptación política —desde Antonio Gramsci hasta Sidney Tarrow— muestra que cuando sectores movilizados perciben canales de incidencia dentro del sistema, parte de la presión violenta puede disminuir temporalmente.

Eso no significa que el conflicto desaparezca ni que exista subordinación orgánica entre grupos radicalizados y el gobierno de turno. Uno de los rasgos centrales del escenario en La Araucanía es precisamente la ausencia de una conducción unificada. No existe una sola organización, ni una jerarquía central, ni una estrategia común. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por ejemplo, ha desarrollado una lógica de “resistencia autónoma” que busca incentivar núcleos de acción más que construir una estructura cohesionada. Su discurso privilegia la confrontación contra el sistema económico y el Estado antes que la subordinación a una orgánica vertical. En ese contexto, basta compartir ciertos principios generales —anticapitalismo, reivindicación territorial, resistencia al Estado— para legitimar acciones diversas y descentralizadas.

La composición de quienes participan en acciones violentas demuestra además que el fenómeno excede lo estrictamente territorial. Las muertes de figuras como Matías Catrileo o Pablo Marchant revelan que parte de la radicalización también proviene de jóvenes urbanos, militantes ideológicos o activistas externos al territorio mapuche tradicional. Esto refuerza la idea de que el conflicto se transformó en un símbolo político más amplio, capaz de articular causas antisistémicas, identitarias y revolucionarias.

Desde esa lógica, también resulta insuficiente afirmar que el aumento de hechos violentos bajo un gobierno que prometió seguridad representa simplemente un fracaso administrativo. Los conflictos fragmentados suelen reaccionar frente a cambios en las relaciones informales de poder. Cuando actores que antes mantenían vínculos, canales o afinidades con sectores movilizados salen del espacio institucional, pueden debilitarse ciertos mecanismos de contención indirecta. Esto no implica conspiración ni coordinación, sino transformaciones en el ecosistema político del conflicto. En estudios sobre insurgencia y violencia política, este fenómeno suele describirse como pérdida de intermediación o ruptura de puentes informales entre el Estado y actores radicalizados.

Otro elemento central es la progresiva hibridación entre reivindicación política y economías criminales. Sectores como Temucuicui representan precisamente esa complejidad. Allí convergen demandas históricas, control territorial, resistencia política y dinámicas asociadas al crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, armas y robo de madera. Diversos autores han descrito cómo ciertas insurgencias o movimientos armados terminan financiándose mediante economías ilícitas, generando incentivos propios para la continuidad de la violencia. Cuando eso ocurre, las acciones dejan de responder únicamente a objetivos políticos y comienzan también a proteger intereses económicos clandestinos.

Esa transformación vuelve extremadamente difícil cualquier solución simple. No basta con más policías, ni únicamente con diálogo político, ni exclusivamente con reconocimiento territorial. El conflicto se encuentra fragmentado entre actores con motivaciones distintas: algunos mantienen demandas políticas e identitarias; otros operan bajo lógicas revolucionarias antisistémicas; otros participan derechamente de circuitos criminales. Incluso dentro de las comunidades mapuche existen profundas diferencias respecto al uso de la violencia, la relación con el Estado y las estrategias de autonomía.

Por ello, atribuir la disminución o aumento coyuntural de ataques a las “habilidades” de un gobierno termina siendo una lectura reduccionista y funcional políticamente. La violencia en la Macrozona Sur posee raíces históricas, culturales, económicas y políticas de larga duración. Los gobiernos pueden alterar temporalmente las condiciones del conflicto, modificar incentivos o generar ciertos niveles de contención, pero difícilmente controlarlo por completo mientras persistan la fragmentación organizativa, la legitimidad simbólica de la resistencia y las economías ilegales que alimentan la continuidad de la violencia.

En definitiva, el uso político del conflicto consiste precisamente en transformar una realidad compleja en un relato simple y útil: “se controló porque gobernaban los correctos” o “se desató porque fracasó la seguridad”. Ambas interpretaciones ignoran que el conflicto mapuche contemporáneo es una estructura heterogénea, descentralizada y atravesada por factores históricos y criminales que ningún gobierno, por sí solo, puede resolver rápidamente.

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Carabineros, Fiscalía y Ejército ingresaron de madrugada a la comunidad de Temucuicui en un procedimiento que terminó con detenidos por robos violentos, ataques incendiarios, drogas y vehículos robados. Dos imputados continúan prófugos.

Una verdadera operación de alto impacto se desarrolló durante la madrugada de este miércoles al interior de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, donde un amplio despliegue policial terminó con cinco personas detenidas, droga incautada, chalecos antibalas decomisados y nuevas pistas sobre una serie de violentos ataques registrados en la Macrozona Sur.

El operativo comenzó cerca de las 04:30 horas y fue ejecutado por personal especializado de Carabineros, específicamente efectivos de la Sección OS9 Araucanía, GOPE y Control de Orden Público (COP), todo bajo coordinación de la Fiscalía y con apoyo del Ejército. El objetivo: allanar domicilios vinculados a investigaciones por robos con violencia, atentados incendiarios, disparos injustificados y tráfico de drogas.

Según los antecedentes, las diligencias se concentraron en el sector Fundo Alaska, al interior de Temucuicui, donde fueron registrados al menos tres domicilios dentro de la comunidad y otro inmueble en el radio urbano de Ercilla. Pero el procedimiento no estuvo exento de riesgo.

Durante el ingreso policial se registraron disparos que incluso impactaron vehículos institucionales, reflejando el nivel de tensión y violencia que enfrentaron las fuerzas desplegadas en el lugar. Aun así, el operativo avanzó y permitió concretar varias detenciones clave para investigaciones que se arrastraban desde agosto de 2025.

Robos de camionetas, incendios y ataques armados

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían involucrados en una serie de delitos ocurridos en Ercilla, Collipulli y Traiguén, donde operaban utilizando armas de fuego para intimidar y robar camionetas, varias de las cuales posteriormente terminaron incendiadas.

Entre los hechos investigados aparecen el robo de una camioneta Maxus T60 en agosto de 2025, la sustracción de una Ford Ranger días después y violentos atentados incendiarios ocurridos en octubre del mismo año, donde vehículos fueron quemados tras ráfagas de disparos. Incluso una Toyota Hilux robada en diciembre forma parte de la indagatoria.

Las autoridades sostienen que parte de estos ataques afectaron directamente a conductores y vehículos que transitaban por la Ruta 5 Sur, una de las zonas más golpeadas por hechos de violencia rural en los últimos años.

Quiénes fueron detenidos

Entre los detenidos figura Aliwenko Queipul Huenchullán, de 18 años, acusado de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Según la investigación, estaría vinculado a ataques armados contra vehículos y personas en la Ruta 5 Sur.

También fueron detenidos Rosa Huenchullán Queipul, de 45 años, y Luis Patricio Queipul Hueiquil, de 55, ambos investigados por receptación de vehículos motorizados. A ellos se suman otras dos personas arrestadas en flagrancia por infracción a la Ley 20.000, vinculada al tráfico de drogas.

Durante los allanamientos, Carabineros incautó teléfonos celulares, vestimentas asociadas a delitos investigados, chalecos antibalas y diversas sustancias ilícitas que quedaron sujetas a análisis especializados.

Dos prófugos y prisión preventiva

Pese al amplio despliegue, dos personas continúan prófugas: Aukaman Queipul Huenchullán, de 18 años, investigado por robo con intimidación, incendio y disparos injustificados; y Nayadeth Millanao Millape, de 19, acusada de atentado contra la autoridad, hurto y receptación de vehículo motorizado.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Collipulli decretó prisión preventiva para uno de los principales imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación quedó fijado en dos meses.

“No existe ningún territorio inexpugnable”

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, valoró el resultado del megaoperativo y aseguró que el procedimiento demuestra que “no existe ningún territorio que sea inexpugnable o que esté fuera del alcance del Estado de Derecho”.

Además, confirmó que los detenidos pertenecen a una comunidad que públicamente respalda las acciones de la orgánica radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM), aunque aclaró que eso no implica necesariamente pertenencia formal al grupo.

La comunidad de Temucuicui ha sido históricamente escenario de múltiples operativos policiales y episodios de violencia en medio del conflicto territorial en La Araucanía, convirtiéndose nuevamente en foco nacional tras este masivo despliegue que mantuvo en tensión a toda la zona durante la madrugada.

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El diputado Tomás Kast valoró el operativo realizado en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, procedimiento que permitió la detención de cinco personas con órdenes vigentes, además de un importante decomiso de droga y armamento.

Gracias a labores de inteligencia y al uso de drones, se identificaron distintos puntos utilizados para actividades ilícitas y se concretaron allanamientos en diversos domicilios. Entre los detenidos hay personas vinculadas a atentados terroristas, tráfico de drogas, receptación de vehículos robados y hechos de violencia registrados en la Ruta 5 Sur.

Tomás Kast señaló que “este fue un gran golpe al terrorismo y al crimen organizado que opera en La Araucanía. Pese a los disparos registrados durante el procedimiento, el operativo fue silencioso, planificado y eficaz, terminando sin heridos y con los objetivos cumplidos”.

Asimismo, valoró el rol de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmando que “cuando las instituciones trabajan coordinadamente, se fortalece el Estado de Derecho y se entrega tranquilidad a las familias”.

Finalmente, sostuvo que “existe un tremendo contraste entre este trabajo serio y lo que vimos en el gobierno anterior. Basta recordar cómo la exministra Izkia Siches ingresó con gran despliegue comunicacional y rimbombancia a Temucuicui y terminó saliendo trasquilada”.

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El diputado por la provincia de Malleco, Eduardo Cretton, reiteró su apoyo a la continuidad del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía, en el marco del debate legislativo sobre su renovación en la macrozona sur.

El parlamentario afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido clave para disminuir los índices de violencia, actuando como un elemento disuasivo frente a grupos terroristas. En esa línea, cuestionó declaraciones del exsubsecretario Víctor Ramos, emitidas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, respecto a que el terrorismo estaría en retirada.

“El estado de excepción es fundamental, ha sido la principal herramienta que nos ha permitido disminuir los índices de violencia y terrorismo”, señaló.

La medida, vigente desde 2022, se extenderá por 30 días más. La prórroga, que comienza a regir el 27 de marzo, se hará efectiva en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Finalmente, Cretton hizo un llamado a mantener esta medida de forma transversal, advirtiendo que su eventual término podría significar un retroceso en materia de seguridad, aunque planteó la necesidad de evaluar mejoras a futuro para abordar integralmente la crisis que afecta a la región.

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La votación se realiza este martes en el Congreso, en medio de la eventual visita del Presidente José Antonio Kast a la región —aún sin confirmación oficial— y con apoyos que comienzan a alinearse en torno a la medida.

Este martes marcará un momento clave para La Araucanía. El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrentará su primer gran test en materia de seguridad con la votación para renovar el estado de excepción en la macrozona sur, una herramienta que se mantiene vigente desde 2021 y que fue sostenida durante el gobierno anterior ante la persistencia de la violencia.

La jornada además está cruzada por la incertidumbre sobre la eventual visita del Mandatario a la región. Aunque no existe confirmación oficial a nivel local, trascendidos apuntan a que podría concretarse durante esta semana, coincidiendo con esta definición.

En este contexto, los parlamentarios de la zona han endurecido su discurso, especialmente apuntando a las contradicciones políticas que hoy marcan el debate.

El diputado por el distrito 23 de La Araucanía, Tomás Kast (Evópoli), fue particularmente crítico con sectores que hasta hace poco eran oficialismo y que hoy cuestionan la continuidad de la medida. “Hay una contradicción evidente. Durante el gobierno anterior, cuando eran oficialismo, apoyaron y mantuvieron el estado de excepción porque entendían que era necesario para enfrentar la violencia. Hoy, desde la oposición, relativizan esta herramienta por razones políticas, pese a que la situación en la Macrozona Sur no ha cambiado”, afirmó.

El parlamentario insistió en que la realidad en la región sigue siendo compleja. “La violencia no ha desaparecido, la gente sigue viviendo con miedo y continúan ocurriendo atentados. Eso demuestra que aún queda mucho por hacer y que no podemos bajar la guardia”, sostuvo.

En esa línea, Kast recalcó que el estado de excepción debe mantenerse mientras existan condiciones de riesgo, advirtiendo que retirarlo sin control territorial sería “simplemente irresponsable”. Asimismo, señaló que una eventual salida de las Fuerzas Armadas solo podría evaluarse cuando exista seguridad efectiva en la zona.

Por su parte, el diputado de Malleco Eduardo Cretton (UDI), reforzó la necesidad de mantener la medida, aunque planteando que el objetivo de fondo debe ser recuperar la paz y el Estado de Derecho en la región. “Mientras siga existiendo terrorismo y violencia en nuestra región, el estado de excepción ha sido la principal herramienta que nos ha permitido bajar los índices. Pero esto no puede ser eterno, el objetivo es que podamos volver a la normalidad con seguridad”, señaló.

Cretton además hizo un llamado directo a la oposición a respaldar la renovación, advirtiendo que un eventual rechazo tendrá costos políticos. “Si no se renueva, no es un fracaso del gobierno, es un fracaso de quienes se nieguen a hacerlo y tendrán que responder ante la ciudadanía”, afirmó.

El parlamentario también planteó que esta herramienta cuenta con respaldo ciudadano en la región y que incluso debiera fortalecerse en el corto plazo, como parte de una estrategia más firme frente a la violencia.

En medio de este escenario, otros sectores también han comenzado a fijar postura. La diputada Flor Contreras confirmó que el Partido de la Gente respaldará la continuidad de la medida, sumando apoyo a una votación que requiere al menos 79 votos en la Cámara de Diputados.

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El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo una reunión con Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cárcel de Angol, recinto catalogado como de alta seguridad, con el objetivo de abordar los principales desafíos en materia de seguridad.

Durante su visita, el parlamentario destacó la importancia de fortalecer el rol de Gendarmería y avanzar en cambios estructurales que permitan enfrentar de mejor manera el crimen organizado. En esa línea, fue enfático en señalar que “las cárceles deben dejar de ser universidades del delito. Si queremos combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, debemos partir por reformar las cárceles”.

El diputado también valoró la labor que realiza el personal penitenciario en condiciones complejas, subrayando la necesidad de entregar mayores herramientas y respaldo institucional para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, Cretton adelantó parte del trabajo legislativo que se impulsará desde el Congreso, indicando que “una de las primeras materias que veremos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados será una reforma a Gendarmería, que permita separar el servicio de reinserción social de las funciones de custodia y control de la población penal”.

Finalmente, el parlamentario reiteró que avanzar en una modernización del sistema penitenciario es clave para mejorar la seguridad pública y prevenir la reincidencia delictual, especialmente en una región que enfrenta importantes desafíos en materia de orden y seguridad.

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