El parlamentario expresó su preocupación por uso de recursos regionales para financiar expropiación de toma ilegal en San Antonio

El diputado Henry Leal, manifestó su profunda preocupación ante la reciente decisión del Gobierno de expropiar un terreno tomado ilegalmente en la comuna de San Antonio y financiar dicha operación con recursos públicos.

Según señaló el parlamentario, la propiedad en cuestión fue usurpada por terceros, pese a existir un fallo judicial que ordenaba su desalojo. Sin embargo, la medida adoptada por el Gobierno opta por indemnizar la situación mediante fondos estatales, lo que, a juicio del legislador, constituye “una señal de complicidad frente a un delito como la usurpación”.

Lo más grave —según denuncia— es que parte de los recursos destinados a esta expropiación provendrán del presupuesto de la Región de La Araucanía, afectando directamente a cientos de familias que llevan años esperando avances en materia habitacional.

“¿Qué le decimos a los comités de vivienda de La Araucanía que han esperado por tanto tiempo la compra de un terreno, cuando hoy se decide reasignar sus recursos para pagar una indemnización en una toma ilegal de otra región?”, señaló Leal.

El diputado, recalcó que La Araucanía merece respeto, y que la reorientación de fondos que debieran fortalecer la política habitacional local resulta inaceptable. A su vez, el parlamentario advirtió que los comités de vivienda deberán seguir esperando debido a esta decisión que desvía recursos regionales hacia la Región de Valparaíso.

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Lo anterior, conforme a instrucción particular emanada desde la Fiscalía Local de Angol a la PDI, que solicitaba la concurrencia de oficiales policiales a un inmueble de la capital provincial de Malleco, que se encontraba usurpado por el imputado, quien señaló mantenerse en dicho lugar debido a que éste se hallaba abandonado. Sin embargo, tras la denuncia del dueño de la vivienda se materializó el desalojo de esta propiedad y la detención del sujeto de 41 años, quien presentaba antecedentes policiales por daños simples y manejo en estado de ebriedad.

El imputado quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para su respectiva audiencia de control de la detención.

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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, cuestionó a la abogada Karina Riquelme por difundir supuestos antecedentes reservados en la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil en Máfil. La controversia reflota la disputa por la ocupación de un predio en conflicto y revive la polémica trayectoria de la jurista ligada a causas mapuche y a la Ley Antiterrorista.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, respondió con dureza a la abogada Karina Riquelme, quien representa a la familia de la activista desaparecida Julia del Carmen Chuñil Catricura. La defensora aseguró que un supuesto pinchazo telefónico, obtenido en la causa, demostraría que el empresario Juan Carlos Morstadt, propietario del terreno que habitaba la dirigente mapuche, habría reconocido que “la quemaron”.

Valencia sostuvo em La Tercera que la afirmación es una “interpretación parcial y completamente sesgada” de una diligencia reservada y confirmó que la Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación interna por filtración. “Lo publicado no refleja de ninguna manera el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja”, señaló, lamentando que se intenten transmitir diligencias en curso que se encuentran bajo secreto judicial.

Asimismo, ratificó la confianza en la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien lidera la indagatoria, y recordó que el Ministerio Público mantiene múltiples hipótesis abiertas sobre lo ocurrido con la dirigenta mapuche de Máfil.

Usurpación o recuperación: el trasfondo territorial

El caso Chuñil está atravesado por un conflicto de tierras. En 2015, la comunidad Putreguel reconocida en 2014 por Conadi y encabezada por la dirigenta, inició la ocupación del predio Reserva Cora Número Uno-A, en disputa con particulares y con el empresario forestal Juan Carlos Morstadt.

Para la comunidad, se trataba de una recuperación territorial vinculada a la memoria ancestral y amparada en la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, desde la perspectiva legal, el terreno estaba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de privados, lo que convirtió la ocupación en un acto de usurpación según el derecho común.

El conflicto derivó en amenazas y hostigamientos denunciados desde 2018 por la familia, en medio de un clima de tensiones entre las partes.

Línea de tiempo

• 8 de noviembre de 2024: Julia Chuñil desaparece tras salir con su perro a buscar animales en el predio.

• 10 de noviembre de 2024: La familia constata su ausencia y encuentra huellas de vehículo y objetos personales.

• Mediados de noviembre de 2024: Se presenta querella por desaparición forzada y otros delitos.

• 19 de diciembre de 2024: Incautación de prenda con presuntas manchas de sangre; peritajes habrían descartado ADN de Chuñil.

• 30 de septiembre de 2025: Abogada Karina Riquelme afirma que un pinchazo telefónico incrimina a Morstadt.

• 2 de octubre de 2025: Fiscalía abre indagatoria por filtración y Valencia acusa interpretación sesgada.

La polémica trayectoria de Karina Riquelme

La abogada Karina Riquelme es una figura conocida en causas judiciales vinculadas al conflicto mapuche y a la Ley Antiterrorista en La Araucanía. Ha defendido a imputados de alta connotación pública, entre los más mediáticos están:

• Caso Luchsinger Mackay (2013): representó a comuneros acusados en el incendio con resultado de muerte del matrimonio de Vilcún, proceso que culminó con la condena del machi Celestino Córdova.

• Facundo Jones Huala: fue su defensora. El líder argentino de la Resistencia Ancestral Mapuche fue acusado de incendio y tenencia ilegal de armas, en un proceso que generó tensiones diplomáticas y gran atención mediática.

Estas causas han convertido a Riquelme en una abogada polémica y controvertida, respaldada por organizaciones de derechos humanos, pero cuestionada por sectores que la acusan de relativizar la violencia rural.

Un caso que sacude a La Araucanía y Los Ríos

La desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental y presidenta de la comunidad Putreguel, mantiene en vilo a la región y al país. Mientras su familia apunta a las amenazas derivadas del conflicto de tierras, el Ministerio Público insiste en no descartar ninguna hipótesis.

La controversia entre la Fiscalía y la abogada querellante revela también las fracturas políticas y sociales que atraviesan el caso: usurpación o recuperación, defensa de derechos indígenas o disputa legal de propiedad, investigación reservada o filtración sesgada.

Lo cierto es que, a casi un año de su desaparición, el paradero de Julia Chuñil sigue siendo un misterio que enfrenta a autoridades, abogados y comunidades en un terreno cargado de tensiones históricas y actuales.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Temuco, BICRIM, detuvieron en flagrancia a dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer por el delito de usurpación u ocupación de inmueble no violenta y sin daños en la comuna de Padre Las Casas.

Lo anterior, conforme a denuncia efectuada por la víctima a la PDI, quien manifestó ser propietario del inmueble usurpado desde febrero del presente año por estas personas, que se negaban a hacer abandono de la misma.

En vista de estos antecedentes y durante el transcurso de la investigación oficiales policiales de esta unidad territorial realizaron diversas diligencias investigativas a fin de esclarecer la comisión de este delito, logrando identificar, individualizar y constatar la efectividad de lo denunciado.

Por este motivo, la PDI concurrió al inmueble usurpado encontrando en éste a las dos personas que fueron detenidas, además de proceder al desalojo de la vivienda.

Los imputados aprovechándose de que el dueño de la vivienda afectada se hallaba internado en una casa de cuidados de adulto mayor ELEAM, procedieron a usurpar la vivienda, negándose a hacer la entrega de ésta a familiares directos del afectado, manteniendo el inmueble cerrado con cadenas y candado para impedir el acceso a la propiedad y de esta forma evitar que fuesen desalojados.

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales por infracción a la Ley 20.000 de drogas quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Temuco detuvieron a dos mujeres adultas por el delito flagrante de usurpación de propiedad, recuperando un inmueble valorado en 60 millones de pesos que había estado ocupado por cinco años.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Temuco detuvieron a dos mujeres mayores de edad por el delito flagrante de usurpación de propiedad. La propiedad usurpada está valorada en 60 millones de pesos y la detención se llevó a cabo conforme a una orden de investigación emanada desde la Fiscalía Local de Temuco.

El afectado, quien manifestó ser el propietario del inmueble ubicado en calle Los Héroes de la capital regional, denunció que la propiedad había sido usurpada por terceras personas mientras se encontraba deshabitada y desconocía la identidad o cualquier otro antecedente de estas. Esta situación se habría extendido durante cinco años, tiempo en el cual no había logrado recuperar su vivienda.

Según la información recabada, las imputadas habrían aprovechado que la casa habitación se encontraba sin moradores para usurparla, negándose a entregar el inmueble y a cancelar los servicios básicos del mismo, llegando incluso a cambiar las cerraduras para impedir el ingreso del verdadero propietario.

Para esclarecer este delito, los oficiales policiales de la PDI desarrollaron diversas diligencias investigativas, incluyendo análisis criminal e inteligencia policial. Estas acciones permitieron identificar e individualizar a las imputadas.

Durante la jornada del jueves, los detectives procedieron a desalojar el inmueble y a detener a las dos mujeres. Tras el accionar policial, el afectado pudo finalmente recuperar su propiedad.

Una de las detenidas cuenta con antecedentes policiales previos por hurto reiterado.

Las imputadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su correspondiente audiencia de control de la detención.

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La declaración pormenorizada de una víctima refuerza la acusación contra el machi, quien arriesga 9 años de cárcel por delitos relacionados con la ocupación violenta de dos predios en Padre Las Casas.

El juicio oral contra el machi Juan Queupumil Gómez, acusado de usurpación violenta, daños simples, hurto y amenazas, avanzó este jueves en el Tribunal Oral de Temuco con la declaración de una de las víctimas. El caso involucra la ocupación de los predios agrícolas «Casa Teja» y «Puente Largo», ubicados en el kilómetro 4,5 de la ruta que conecta Padre Las Casas con Cunco, en La Araucanía.

Según detalló el abogado querellante Reinaldo Osorio, el testimonio de la víctima presentó un relato detallado y dramático de los hechos, reforzando la acusación contra el machi. “Él dejó más que claro cuál es la participación que tuvo el acusado en los hechos que son materia de la acusación. Dio un relato pormenorizado y, por momentos, dramático de la situación que tanto él como su familia han sufrido al ser objeto de la usurpación del predio”, explicó Osorio.

Acusaciones y posibles sanciones

El Ministerio Público acusa al machi Queupumil de liderar la ocupación de los predios desde el 23 de noviembre de 2020, donde junto a su comunidad habría instalado un rewe (altar ceremonial mapuche), ingresado animales, realizado siembras, y construido rucas para pernoctar. Además, se le responsabiliza de la destrucción de instalaciones, incluidas las casas ubicadas en los terrenos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel, junto con el pago de multas y otras sanciones accesorias. El juicio, que comenzó el 30 de diciembre de 2024, está programado para extenderse al menos por 20 jornadas.

Defensa del acusado

En su declaración inicial, el machi Queupumil insistió en su inocencia y rechazó las acusaciones de liderar a la comunidad en la ocupación de los predios. Según afirmó, su rol ha sido únicamente de apoyo a su pueblo, negando haber participado en los delitos que se le imputan.

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A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Usurpaciones, el presidente del Gremio de Agricultores, Sebastián Naveillán, se refirió a la norma que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles y su relevancia para la seguridad en la Macrozona Sur.

“Hacemos un llamado a todos los dueños de los predios para que realicen sus denuncias por usurpación, necesitamos que todas las hectáreas estén produciendo alimentos en Malleco, sigan así. Cada dueño de un inmueble que esté usurpado debe denunciar para que de una vez por todas sea entregado a él, y pueda volver al sistema productivo el campo usurpado. ”, dijo.

Al mismo tiempo, el presidente del gremio agradeció a los parlamentarios que en su momento promulgaron la ley. Además, reiteró que, “el respeto de la propiedad privada es la base para una democracia sana”.

Además, fue enfático en que cualquier persona que violente la propiedad privada, “debe ser condenado”.

Cabe recordar que la Ley de Usurpaciones fue aprobada en el Congreso el pasado 8 de noviembre con la totalidad del veto presentado por el Gobierno, junto a las 14 observaciones que modificaron su contenido.

Se promulgó sin la figura de la legítima defensa privilegiada, con flagrancia permanente sólo para la policía (a fin de evitar la autotutela de civiles), y con sanciones diferenciadas dependiendo de la gravedad del delito.

En la actualidad, las penas llegan hasta cinco años por usurpaciones violentas, hasta tres por usurpaciones con daño sobre las cosas, y hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia, según lo determine el juez.

Por su parte, El Observatorio Judicial, en su último informe sobre Violencia en la Macrozona Sur con relación a las usurpaciones, y analizó un total de 211 causas ingresadas a los tribunales de justicia entre 2018 y 2023 en las regiones de Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, encontrando 34 causas reservadas.

Sin embargo, solo se conoce la identidad del 58% de los imputados (considerando 177 causas), mientras que el 42% de los casos restantes las acciones se presentan contra quien resulte responsable.

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Es importante señalar que, de las 177 causas analizadas, solo el 17% fue formalizada, y apenas 4 causas resultaron en condenas, lo que refleja un alarmante 2% de éxito en la persecución penal. En cambio, encontramos 33 causas que terminaron por decisión de no perseverar y 19 que terminaron por sobreseimiento definitivo.

Para José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial, el delito de usurpación se ha convertido en una herramienta clave para grupos violentistas que buscan controlar territorios y ejercer actividades ilícitas como el robo de madera y el narcotráfico. “Este tipo de delitos, que suelen ir acompañados de amenazas e incendios, permite a estos grupos imponer su dominio a través de la violencia y la intimidación. Sin embargo, la escasez de condenas en los procesos judiciales por usurpación deja a las víctimas en una preocupante indefensión, fortaleciendo la impunidad y perpetuando la violencia en la región».

En cuanto a la identidad de los imputados, considerando 177 causas, excluyendo las reservadas, el informe arroja que el 58% (103) es conocida, mientras que en el 42% (74) de los casos restantes las acciones se presentan contra quien resulte responsable. Con todo, los datos muestran que a lo largo del tiempo hay un deterioro relativo en el porcentaje de imputados conocidos en los últimos dos años.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, dio cuenta que este nuevo informe sobre usurpaciones “ratifica la total impunidad con que se ha vivido este delito. El informe principalmente detalla casos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo que servirá como una herramienta útil de comparación en futuros informes respecto a los avances que implica esta nueva ley. Aún hay delito de usurpaciones, han bajado significativamente a partir del estado de emergencia, pero aún ocurren y lo que es más grave es que hay terrenos usurpados y no se hace cumplir la ley en el sentido de desalojarlos”, enfatizó.

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Desde hace algunos años nuestro sector sufre de constantes usurpaciones de los predios que paralizan la actividad en La Araucanía. Las usurpaciones y sus delitos asociados como amenazas y extorsiones detienen la producción, presionando a los propietarios y trabajadores a abandonar los campos por falta de seguridad pública. Por otra parte, quienes no han sido usurpados, sufren de igual forma la constante amenaza de la misma, con el consecuente alejamiento de inversiones, coberturas de seguros y la desvalorización de los patrimonios de las familias. Así, el predio sale del circuito productivo y deja de ofertar trabajo remunerado en el mercado laboral.

La normativa vigente que castiga la usurpación, rige desde el año 1874. Está obsoleta y no logra dar respuesta a los requerimientos actuales.

Por esto pedimos, que toda usurpación debe ser un delito con flagrancia permanente y debe permitir la detención de los usurpadores. Sólo así se reconoce el grave daño que provoca en las víctimas.

Instamos a promover una ley que defienda en forma efectiva la agricultura nacional y resguarde la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.

ROBERTO HEISE MÖLLER

PRESIDENTE

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA DE TEMUCO

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En un nuevo capítulo de indiferencia hacia las legítimas preocupaciones de nuestra ciudadanía, el Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric ha vuelto a dar la espalda a la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos al posponer la votación y tramitación de un proyecto de ley de vital importancia: la Ley de Usurpaciones.

Cabe recordar que este proyecto, ya respaldado por el Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, aguardaba hoy su fase decisiva en la sala de dicha cámara. Sin embargo, el Gobierno ha optado por el camino de la dilación, retirando prematuramente la urgencia a este proyecto crucial. Esta maniobra evasiva se evidencia ante la certeza de que no contaba con los votos necesarios para aprobar sus indicaciones propuestas, eludiendo la voluntad democrática del Congreso Nacional.

Una vez más, la discordancia entre las palabras y los hechos del Gobierno se hace patente, convirtiéndolo en un cómplice pasivo que otorga inmunidad y margen de acción a grupos delictivos violentos.

No es la primera vez que esta actitud se pone de manifiesto. Recordemos que durante el mandato anterior, los proyectos de seguridad propuestos por la actual administración fueron rechazados o dilatados por los mismos actores políticos que hoy gobiernan. Contradicción repetida a la hora de decidir continuar con el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur o el Indulto a quienes ejercieron violencia durante el Estallido Social.

Por otra parte, las indicaciones propuestas por el Gobierno en relación con esta ley, como mantener sanciones de multa en lugar de penas de cárcel para lo que llaman «usurpaciones no violentas», es en esencia mantener la impunidad actual. Esta omisión afecta a numerosos dueños de propiedades en todo el país, privándolos de justicia. Asimismo, la indicación que limita el alcance de la legítima defensa es un claro ejemplo de cómo se privilegia a los delincuentes por encima de las víctimas, sus familias y sus bienes.

Hacemos un llamado vehemente a que el Gobierno no repita los errores del pasado y actúe en pos del bienestar y seguridad de nuestra sociedad.  La ciudadanía merece una respuesta decisiva y acorde con la magnitud de los desafíos que enfrentamos. La hora de actuar es ahora.

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