Parlamentario sostiene que limitarlo al estado de excepción restringe las postulaciones y pide a la autoridad que postulación al beneficio sea automático y menos engorroso para los afectados._

La letra chica sería la causante de que sólo 9 de las 106 propiedades que constan en el catastro del Ministerio del Interior como predios usurpados en la macrozona sur, han sido favorecidos con el beneficio que consta en la Resolución Exenta N°40 del Servicio de Impuestos Internos, pese a que han postulado 42.

Se trata de un beneficio que desde hace tiempo gestionaba el parlamentario y que finalmente vio la luz en marzo de este año, ocasión en la que observó que las exigencias para acceder al beneficio -que consiste en un descuento de hasta el 90% de las contribuciones, siempre y cuando el predio estuviera ocupado en un 100%-, acotarían en exceso el número de predios afectados que podían postular.

Tal como informó el parlamentario en sus redes, solicitó la información vía oficio al Servicio de Impuestos Internos, confirmando con esto, que la principal traba es que se limitó el beneficio al estado de excepción, en consecuencia que en la zona hay usurpaciones que se extienden por años, sin que sus propietarios puedan siquiera acceder a ellos, no obstante, deben cumplir con las obligaciones tributarias.

“Este beneficio debería ser automático, según el propio catastro del Ministerio del Interior y no hacer que los agricultores que por años han pagado tributos por una propiedad sin poder ejercer su derecho, incluso en algunos casos familias han tenido que dejar sus hogares, cansadas del ataque permanente, de amenazas y hostigamiento de parte de sus usurpadores”, declaró Mellado, junto con llamar al Gobierno a ponerse en el lugar de los agricultores que hoy se enfrentan a esta situación de usurpación, debido a la nula capacidad del Estado de garantizarles algo tan básico como el uso de su propia propiedad.

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El diputado Miguel Mellado ofició al director nacional del Servicio de Impuestos para conocer antecedentes actualizados respecto de quienes han sido beneficiados con la Resolución Exenta N°40, que establece procedimientos especiales para rebaja de contribuciones de predios ocupados, ubicados en zonas declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia.

Si bien Mellado había advertido que según la resolución del SII con fecha 30 de marzo, muchos potenciales beneficiarios quedarían fuera debido a los requisitos, “hoy, después de lo señalado por la Asociación de Agricultores de Malleco, respecto de que pocos habían postulado y muchos menos habían podido acceder a este beneficio que creo que es mínimo, necesario y yo diría que justo, creo que es necesaria una revisión”, puntualizó.

Este descuento es un tema que desde hace tiempo venía planteando Mellado a las autoridades de Gobierno, no obstante, cuando se logró, objetó que el beneficio se condicionara al estado de excepción y que fuera un máximo de 90%. “Primero, porque hay muchos agricultores cuyos predios están usurpados desde mucho antes que entrara en vigencia el estado de excepción y porque ellos llevan años siendo víctimas del terrorismo y de la inacción del Estado, y se han visto incapacitados de trabajar su tierra e incluso en algunos casos, de vivir en ellas porque son amedrentados, atacados, hostigados”, dijo.

En este contexto, el parlamentario le solicitó también, a través del oficio, revisar la Resolución en cuestión y replantearse el tema, tomando en cuenta los años que los afectados han sufrido pérdidas, sin que hasta el día de hoy se solucione el tema de inseguridad que les afecta por décadas.

A su juicio el SII avanzó, “pero falta un esfuerzo adicional, una revisión caso a caso. “Hay casos de agricultores que no han podido pagar las contribuciones desde 2019, incluso antes, porque les quemaron su capital de trabajo, les impidieron el acceso, les robaron animales, como el caso de Roxana Carrut. Cómo se les va a exigir a ellos que paguen, cuando no han podido trabajar y hacer productivo el terreno usurpado”, destacó Mellado.

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A juicio de Kast, quien ha sido uno de los impulsores de esta medida, “esta condonación es una buena noticia, pero que de todas maneras representa una retribución insuficiente de parte del Estado, pensando en todos aquellos ciudadanos que, por la inoperancia estatal, no pueden usar y gozar pacíficamente de sus bienes raíces”.

“Valoramos que el gobierno haya recogido la inquietud que hemos planteado con el senador García y otros parlamentarios más de la Araucanía y el Biobío, pero aquí aún queda mucho por hacer para restituir a las víctimas parte de los perdido”, añadió el legislador.

Por último, el legislador señaló que envió un oficio al SII para solicitar el estado de tramitación de esta resolución. “Esperamos que en los próximos días tengamos un cronograma claro respecto a cómo se va a operativizar este dictamen. Aquí hay personas afectadas que no pueden seguir esperando y es un deber de las autoridades agilizar su implementación».

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