José Alegría Morán, Académico Departamento de Ética Aplicada, Universidad Católica de Temuco.

Generalmente, cuando hablamos de violencia, pensamos en actos de fuerza que provocan daño a un tercero. Un insulto, un golpe, una humillación. Desde esa perspectiva, la discusión pública suele centrarse en cómo contener el acto dañino y proteger a la potencial víctima. Sin embargo, son escasas las reflexiones en torno a la raíz de la violencia, a las condiciones que permiten que estos actos dañinos emerjan.

Rara vez nos preguntamos si la violencia se manifiesta solo cuando hay un menoscabo evidente o si también puede ser silenciosa, imperceptible, cotidiana. Nos detenemos poco en comprender qué empuja a un joven a ingresar a su colegio y acabar con la vida de una inspectora, dejando a su paso estudiantes y trabajadores gravemente heridos. O qué ocurre en la mente de quienes deciden retener por la fuerza a una ministra y luego “acompañar” su salida entre insultos y golpes.

Estas son expresiones distintas de la violencia, pero comparten algo en común. El problema no se encuentra en el daño que se provoca, sino en aquello que hace posible provocarlo. Para causar daño a otro, lo primero que debe ocurrir es que ese otro deje de existir como sujeto. La violencia solo puede ejercerse sobre quien ha sido previamente convertido en objeto.

La víctima, en ese sentido, se transforma en un medio para el victimario. Es parte de un recorrido hacia un objetivo que se considera superior. No tiene historia, no tiene nombre, no tiene rostro. La violencia no consiste solo en dañar a alguien, consiste, antes que nada, en despojarlo de su condición de ser alguien para convertirlo en algo. Ahí se generan las condiciones para el daño explícito, o como una posibilidad latente.

No puedo ser violento con alguien que amo y respeto, solo puedo violentar aquello que cosifico. Por eso, debatir indefinidamente sobre más seguridad, más castigo o mayores atribuciones a las fuerzas de orden, difícilmente modificará la violencia. Sin abordar sus causas, solo administramos sus consecuencias.

El desafío es otro y exige trabajar cuanto antes en la convicción de que el otro importa y que su dolor importa. No basta con enseñar tolerancia, que apenas contiene la tensión de la diferencia, es necesario enseñar alteridad, una mirada donde el otro existe plenamente y no puede ser desplazado.

Solo una comunidad que se reconoce y se respeta está en condiciones de enfrentar la violencia, dando sentido a los vínculos, construyendo objetivos comunes y sosteniendo el respeto mutuo. En un tiempo marcado por la violencia en los espacios educacionales chilenos y por conflictos a escala global, apostar por el reconocimiento, el cuidado y el encuentro no es ingenuo, sino una condición indispensable para proyectar un futuro compartido.

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Mientras la parlamentaria cuestiona la existencia de desigualdades estructurales y del Ministerio de la Mujer, estudios regionales y cifras oficiales muestran persistentes brechas laborales, económicas y una alta incidencia de violencia intrafamiliar con mujeres como principales víctimas.

Las declaraciones de la senadora por La Araucanía, Vanessa Kaiser, en la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y en medios nacionales, volvieron a instalar una discusión que cruza lo político, lo social y lo estadístico: si en Chile existen o no desigualdades estructurales que afectan a las mujeres.

En su intervención, la parlamentaria fue enfática. “No hay problemas estructurales”, afirmó, cuestionando además la existencia del Ministerio de la Mujer, el cual —según sostuvo— “ha sido usado para implementar una política odiosa de los hombres contra las mujeres”. Incluso planteó que “tendría que haber entonces uno del hombre”.

Sus dichos no solo generaron reacciones en el mundo político, sino que también abrieron un contraste con los datos disponibles, especialmente en una región como La Araucanía, donde diversos estudios han advertido brechas persistentes en distintos ámbitos.

Brechas laborales que persisten en la región

Uno de los principales focos del debate está en el ámbito laboral. La senadora descartó que las diferencias salariales respondan a discriminación, señalando que “está absolutamente probado que las brechas de sueldo no tienen que ver con una discriminación”, y atribuyéndolas a decisiones personales o diferencias en preparación académica.

Sin embargo, estudios del Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera muestran que en La Araucanía las brechas de género no solo existen, sino que presentan un carácter estructural.

De acuerdo con estos análisis, las mujeres en la región enfrentan una menor participación en el mercado laboral, mayores niveles de informalidad y menores ingresos en comparación con los hombres. Estas diferencias se explican por factores como la alta ruralidad, el acceso limitado a oportunidades y, especialmente, la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.

En ese sentido, si bien parte de las brechas puede vincularse a trayectorias laborales distintas, los estudios coinciden en que dichas trayectorias están condicionadas por factores sociales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los elementos que más incide en la desigualdad es la carga de trabajo no remunerado. En La Araucanía, como en el resto del país, las mujeres concentran la mayor parte de las labores de cuidado, lo que limita su disponibilidad para empleos formales o jornadas completas.

Este factor aparece de manera reiterada en estudios de género como una de las principales barreras para la autonomía económica femenina, y permite explicar por qué muchas mujeres acceden a trabajos más precarios o con menor remuneración.

Así, la discusión sobre si las brechas responden a decisiones individuales o a condiciones estructurales sigue siendo uno de los puntos centrales del debate.

Violencia intrafamiliar y femicidios: cifras que marcan la discusión

Otro de los aspectos abordados por la senadora fue la violencia de género. En ese contexto, relativizó el peso de los casos individuales en la discusión, señalando que estos “dan absolutamente lo mismo” frente al debate sobre la perspectiva de género.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran un escenario relevante en esta materia. Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), durante 2025 se registraron 44 femicidios consumados en Chile. En La Araucanía, en tanto, se contabilizaron 4 casos, además de múltiples situaciones frustradas o tentadas.

A esto se suma que, a nivel nacional, entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, lo que evidencia una mayor afectación en este grupo y ha sido uno de los fundamentos para el desarrollo de políticas públicas específicas. Las estadísticas también muestran que gran parte de estos hechos ocurre en contextos de cercanía, como relaciones de pareja o convivencia, lo que refuerza el carácter complejo de este tipo de violencia.

El rol del Ministerio de la Mujer en el debate

En medio de la discusión, Kaiser cuestionó directamente la existencia del Ministerio de la Mujer, señalando que su implementación ha contribuido a instalar una visión que enfrenta a hombres y mujeres.

Actualmente, dicha cartera tiene como función coordinar políticas públicas en materia de equidad de género, incluyendo programas de prevención, atención y protección de víctimas de violencia, además de iniciativas orientadas a reducir brechas en ámbitos como empleo y participación.

Su existencia responde a una institucionalidad creada en función de diagnósticos que identifican desigualdades persistentes, tanto a nivel nacional como regional.

Una discusión que se tensiona entre política y evidencia

El debate abierto por la senadora se inserta en una discusión más amplia sobre el enfoque de género en las políticas públicas, donde conviven distintas interpretaciones respecto a su alcance y necesidad. “Se está usando a las mujeres para destruir a los hombres”, expresó la parlamentaria.

En regiones como La Araucanía, donde factores como la ruralidad, la pobreza y la desigualdad territorial influyen en el desarrollo social, esta discusión adquiere una dimensión particular.

Mientras desde el ámbito político se cuestiona la existencia de desigualdades estructurales, los estudios académicos y las cifras oficiales continúan mostrando un escenario donde estas brechas persisten, tanto en el acceso al empleo como en la exposición a situaciones de violencia en el ámbito privado.

Así, más allá de las posiciones ideológicas, el contraste entre discurso y datos vuelve a instalar una pregunta de fondo: cómo se construyen las políticas públicas cuando la evidencia disponible apunta en una dirección distinta a la planteada por parte del debate político.

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La votación se realiza este martes en el Congreso, en medio de la eventual visita del Presidente José Antonio Kast a la región —aún sin confirmación oficial— y con apoyos que comienzan a alinearse en torno a la medida.

Este martes marcará un momento clave para La Araucanía. El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrentará su primer gran test en materia de seguridad con la votación para renovar el estado de excepción en la macrozona sur, una herramienta que se mantiene vigente desde 2021 y que fue sostenida durante el gobierno anterior ante la persistencia de la violencia.

La jornada además está cruzada por la incertidumbre sobre la eventual visita del Mandatario a la región. Aunque no existe confirmación oficial a nivel local, trascendidos apuntan a que podría concretarse durante esta semana, coincidiendo con esta definición.

En este contexto, los parlamentarios de la zona han endurecido su discurso, especialmente apuntando a las contradicciones políticas que hoy marcan el debate.

El diputado por el distrito 23 de La Araucanía, Tomás Kast (Evópoli), fue particularmente crítico con sectores que hasta hace poco eran oficialismo y que hoy cuestionan la continuidad de la medida. “Hay una contradicción evidente. Durante el gobierno anterior, cuando eran oficialismo, apoyaron y mantuvieron el estado de excepción porque entendían que era necesario para enfrentar la violencia. Hoy, desde la oposición, relativizan esta herramienta por razones políticas, pese a que la situación en la Macrozona Sur no ha cambiado”, afirmó.

El parlamentario insistió en que la realidad en la región sigue siendo compleja. “La violencia no ha desaparecido, la gente sigue viviendo con miedo y continúan ocurriendo atentados. Eso demuestra que aún queda mucho por hacer y que no podemos bajar la guardia”, sostuvo.

En esa línea, Kast recalcó que el estado de excepción debe mantenerse mientras existan condiciones de riesgo, advirtiendo que retirarlo sin control territorial sería “simplemente irresponsable”. Asimismo, señaló que una eventual salida de las Fuerzas Armadas solo podría evaluarse cuando exista seguridad efectiva en la zona.

Por su parte, el diputado de Malleco Eduardo Cretton (UDI), reforzó la necesidad de mantener la medida, aunque planteando que el objetivo de fondo debe ser recuperar la paz y el Estado de Derecho en la región. “Mientras siga existiendo terrorismo y violencia en nuestra región, el estado de excepción ha sido la principal herramienta que nos ha permitido bajar los índices. Pero esto no puede ser eterno, el objetivo es que podamos volver a la normalidad con seguridad”, señaló.

Cretton además hizo un llamado directo a la oposición a respaldar la renovación, advirtiendo que un eventual rechazo tendrá costos políticos. “Si no se renueva, no es un fracaso del gobierno, es un fracaso de quienes se nieguen a hacerlo y tendrán que responder ante la ciudadanía”, afirmó.

El parlamentario también planteó que esta herramienta cuenta con respaldo ciudadano en la región y que incluso debiera fortalecerse en el corto plazo, como parte de una estrategia más firme frente a la violencia.

En medio de este escenario, otros sectores también han comenzado a fijar postura. La diputada Flor Contreras confirmó que el Partido de la Gente respaldará la continuidad de la medida, sumando apoyo a una votación que requiere al menos 79 votos en la Cámara de Diputados.

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Tribunal rechazó recurso de nulidad y ratificó la sentencia contra el imputado, tras acreditarse graves hechos de violencia y abuso cometidos contra su conviviente.

Un impactante caso de violencia extrema quedó definitivamente zanjado luego que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la condena de 15 años de presidio efectivo contra A.F.R.O.E., declarado culpable del delito de abuso sexual agravado cometido en la comuna de Padre Las Casas.

En fallo unánime (causa rol 152-2026), la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa, descartando vicios en la sentencia dictada previamente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

Con esta decisión, se ratifica íntegramente la condena por hechos ocurridos en abril de 2023, en el sector de San Ramón, donde el imputado protagonizó una violenta agresión contra su conviviente al interior del domicilio que compartían.

Según se acreditó en el juicio, durante la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril, el sujeto atacó a la víctima sin provocación, estrangulándola con sus manos, lanzándola al suelo y golpeándola con una tabla hasta romperla.

La violencia no se detuvo ahí. El condenado obligó a la víctima a permanecer en la vivienda, continuando las agresiones y sometiéndola a situaciones de abuso en un contexto especialmente degradante, lo que derivó en múltiples lesiones constatadas por el Servicio Médico Legal de Temuco.

En su resolución, la Corte fue clara al señalar que no existían fundamentos para anular el fallo, indicando que “no se aprecia que los sentenciadores estén castigando dos veces por los mismos hechos”, desestimando así los argumentos de la defensa.

Asimismo, el tribunal sostuvo que las alegaciones presentadas correspondían más bien a discrepancias con la valoración de la prueba, lo que no constituye causal suficiente para invalidar la sentencia.

De esta forma, la justicia confirmó la gravedad de los hechos y la responsabilidad del condenado, cerrando un caso que ha generado fuerte impacto por la violencia ejercida contra la víctima.

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El ataque destruyó maquinaria y camiones de la empresa Áridos Dominga en la Ruta 5 Sur.

Un nuevo hecho de violencia se registró en la comuna de Lautaro, donde un atentado incendiario afectó a la empresa Áridos Dominga y destruyó vehículos y maquinaria de trabajo.

El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva, se trasladó durante la mañana de este lunes 2 de marzo a la zona para solidarizar, constatar en terreno los daños y manifestar su rechazo a lo ocurrido.

“Estamos iniciando —afirmó el parlamentario mallequino— la última semana legislativa de nuestro presente periodo con pésimas noticias, pues acabo de pasar a la comuna de Lautaro, en donde lamentablemente se realizó un nuevo atentado incendiario perjudicando a un esforzado mini empresario que genera mano de obra y que hoy van a quedar familias sin su sustento diario”.

Asimismo recalcó que “condeno enérgicamente este atentado; toda la región y nuestro país tenemos que seguir avanzando”.

El diputado Beltrán indicó, además, que realizará gestiones para apoyar al afectado. “A primera hora me trasladé a la comuna de Lautaro para solidarizar, ver en terreno las consecuencias del lamentable atentado que afectó a un emprendedor que con grandes esfuerzos ha logrado tener su maquinaria para aportar al progreso de la comuna. Un pésimo comienzo de semana, por lo que haré las gestiones para que se destinen los apoyos correspondientes para él y su familia”.

Detalles del ataque

El ataque se produjo cerca de las 21:50 horas en el kilómetro 650 de la Ruta 5 Sur, en el sector La Cantera, donde funciona la empresa Áridos Dominga.

Según los antecedentes recopilados, un grupo de aproximadamente cinco sujetos, con sus rostros cubiertos, arribó al lugar en una camioneta blanca. Una vez en el recinto, realizaron disparos intimidatorios y luego prendieron fuego a dos camiones tolva, un cargador frontal y una camioneta pertenecientes a la empresa.

Tras causar los daños, efectuaron nuevos disparos al aire y abandonaron el sitio.

Finalmente Juan Carlos Beltrán pidió a las autoridades policiales que, como siempre, hagan todo lo posible por determinar la identidad de los delincuentes y así ponerlos tras las rejas. También hizo el llamado a las actuales autoridades para que apoyen al afectado con la Oficina de Atención a Las Víctimas.

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A 12 días del inicio del nuevo gobierno que ha anunciado un enfoque de “emergencia”, el subsecretario del Interior aseguró que la actual administración deja una Macrozona Sur con menos violencia y una ruta de Estado en marcha.

A menos de dos semanas de que asuma el nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast —quien ya anunció la conformación de un comité de seguridad para reforzar lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”—, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, defendió la gestión del Ejecutivo en la Macrozona Sur en entrevista con el programa La Mañana de Agricultura, de Radio Agricultura.

En ese espacio, el subsecretario afirmó que el principal cambio en estos cuatro años ha sido el paso desde un escenario de violencia desbordada hacia uno de diálogo territorial. “En 2021 hubo 1.600 hechos de violencia. Hoy estamos entregando 1.600 diálogos territoriales a través del Plan Buen Vivir”, sostuvo, marcando lo que considera un giro estructural en la región.

Una región en colapso en 2022

Ramos aseguró que el gobierno recibió una Araucanía en una situación crítica. “En mayo del 2022 teníamos un paro de camioneros terrible, disparos en la Ruta 5, y yo mismo tenía que trasladarme con chaleco antibala y casco entre el Biobío y La Araucanía”, recordó.

A su juicio, la región transitó desde una violencia casi desbordada —con incluso “ribetes de autotutela entre las partes”— hacia un escenario donde el diálogo, la inversión y la presencia del Estado comienzan a marcar una nueva etapa.

80% menos de violencia

El subsecretario aseguró que hoy existe un 80% menos de violencia rural, resultado que atribuyó no solo al Estado de Excepción, sino también a una estrategia más amplia. “No se puede sostener que un conflicto se resuelve solo por la vía de la seguridad”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la acción del gobierno combinó medidas de control con políticas de desarrollo e institucionalidad, como el Plan Buen Vivir, la mantención del Estado de Excepción y la creación en 2023 de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

Presencia del Estado e inversión

Ramos mencionó avances concretos en presencia estatal, como la instalación de un BancoEstado en Ercilla, el primer proyecto habitacional del Minvu en Tirúa y obras del Ministerio de Obras Públicas en comunas de Arauco y Malleco. “Eso no es por arte de magia. Es gestión de cuatro años donde nos metimos hasta el último rincón de La Araucanía”, señaló.

Mejoras sociales

El subsecretario también vinculó la reducción de la violencia con cambios en indicadores sociales. “La macrozona es hoy más segura y más próspera. Redujo su desempleo bajo el promedio nacional y dejó de estar en el último lugar de pobreza multidimensional”, afirmó.

Para Ramos, esto refleja un cambio de trayectoria. “La Araucanía de 2022 es absolutamente distinta a la de 2026. Pasó de ser un lugar lleno de violencia y sin esperanza, a uno donde empieza a percibirse inversión y desarrollo”, sostuvo.

La Comisión y la ruta de Estado

Uno de los ejes que el gobierno saliente considera centrales es la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que —según Ramos— permitió generar un espacio transversal con participación de distintos sectores políticos.

“Esto se trata de establecer una ruta de Estado. Nunca pretendimos resolver el conflicto en cuatro años. Eso es imposible. Pero sí echar a andar un camino que pueda ser transitado por el gobierno siguiente”, explicó.

A su juicio, el principal cambio fue modificar la dirección del conflicto. “La violencia iba al alza, hoy va a la baja. La inversión iba a la baja, hoy va al alza”, señaló.

Sobre Temucuicui

Consultado por sectores como Temucuicui, el subsecretario descartó que existan territorios fuera del alcance del Estado. “El Estado no tiene problema para entrar a ninguna parte. Se han realizado allanamientos y detenciones cuando la justicia lo ha estimado”, afirmó, agregando que muchas veces se ha construido una caricatura de la región.

El mensaje al próximo gobierno

Las declaraciones de Ramos se dan en medio del contraste con el enfoque anunciado por el nuevo gobierno, que ha planteado reforzar la seguridad bajo una lógica de “emergencia”.

Frente a ello, el subsecretario insistió en que la administración saliente deja una base distinta. “Nosotros encontramos una Araucanía en estado de emergencia. Hoy entregamos una región que empieza a tener ruedas para impulsar su desarrollo”, concluyó.

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La sentencia quedó firme tras el rechazo del recurso de nulidad presentado por la defensa del condenado.

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la condena de presidio perpetuo calificado contra Fernando Carlos Henríquez Iturrieta, declarado autor del delito consumado de parricidio por la muerte de su madre, crimen ocurrido en marzo de 2024 en la comuna de Collipulli.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Tercera Sala del tribunal de alzada, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, ratificando así la sentencia dictada previamente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.

De acuerdo con los antecedentes establecidos en el juicio, el hecho se registró la noche del 17 de marzo de 2024 al interior del domicilio ubicado en calle Gabriela Mistral, donde el condenado se encontraba junto a su madre, Elena Iturrieta Aguilera.

En ese contexto, y tras originarse una discusión entre ambos, el sujeto comenzó a insultar a la víctima en el baño de la vivienda, lugar donde la mantuvo por un periodo de tiempo para posteriormente agredirla de manera reiterada.

El fallo acreditó que el hombre golpeó a su madre en múltiples ocasiones, principalmente en el rostro y la cabeza, provocándole lesiones contusas de carácter grave, además de una fractura en su muñeca izquierda, heridas que finalmente le causaron la muerte.

Al revisar la sentencia, la Corte de Temuco descartó que existiera error de derecho en el fallo original, concluyendo que la resolución fue dictada conforme a la normativa vigente y que no se configuraban las causales necesarias para anular el juicio.

Con ello, la condena de presidio perpetuo calificado quedó a firme, sanción que corresponde a la pena más alta del ordenamiento penal chileno y que implica un extenso periodo efectivo de privación de libertad antes de optar a cualquier beneficio.

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Se trata de una de las condenas más relevantes contra ataques incendiarios vinculados a grupos radicalizados en el sur del país, en este caso, la Coordinadora Arauco Malleco, cuyo líder Héctor Llaitul fue también condenado a 23 años de prisión efectiva en mayo de 2024.

La madrugada del 13 de octubre de 2023, el sur de Chile vivió una escena que se ha repetido en múltiples comunas durante años: fuego, armas, amenazas y una ruta paralizada por el terror. Pero esta vez, más de dos años después, la justicia cerró el caso con una condena que marca un punto de inflexión en la Macrozona Sur.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles sentenció a Óscar Hernán Cañupán Calfín a 17 años de presidio efectivo, mientras que Bastián Andrés Llaitul Vergara, Axel Cristóbal Campos Vivallos, Roberto Alejandro Garling Infanta y José Ignacio Lienqueo Márquez fueron condenados a 15 años y un día de cárcel por los delitos de incendio y amenazas. También fueron condenados Rafael Genaro Pichún Collonao y Tania Violeta Zagal Albornoz por su participación en los incendios.

Se trata de una de las condenas más relevantes contra ataques incendiarios vinculados a grupos radicalizados en el sur del país, en este caso, la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, cuyo líder Héctor Llaitul fue también condenado a 23 años de prisión efectiva en mayo de 2024, por su vinculación a hechos similares .

Una operación armada con actores de tres regiones

El fallo judicial revela que el atentado no fue obra de una célula local, sino de una operación interregional coordinada, con participantes provenientes de La Araucanía, Biobío y Chiloé. El tribunal acreditó desplazamientos desde Chiloé, Malleco y Cautín hacia Biobío, lo que demuestra una logística territorial de largo alcance.

Sobre el origen de los condenados se tiene que:

• Óscar Hernán Cañupán Calfín: Temuco, comunidad Quelhue, Región de La Araucanía.
• Bastián Andrés Llaitul Vergara: Padre Las Casas, Región de La Araucanía.
• Axel Cristóbal Campos Vivallos: Lumaco, Región de La Araucanía.
• José Ignacio Lienqueo Márquez: Nueva Imperial, Región de La Araucanía.
• Roberto Alejandro Garling Infanta: Castro, isla de Chiloé, Región de Los Lagos.
• Rafael Genaro Pichún Collonao: comunidad Temulemu, Traiguén, Región de La Araucanía.
• Tania Violeta Zagal Albornoz: sector Cabezas del Diuto, Los Ángeles, Región del Biobío.

La planificación: croquis, inteligencia territorial y logística

El ataque comenzó meses antes de octubre de 2023. Zagal Albornoz informó sobre faenas forestales cercanas a su domicilio, elaboró mapas y croquis con rutas de acceso, vías de escape y ubicación de maquinarias y retenes policiales. Posteriormente, Llaitul Vergara viajó a la zona para reconocer el terreno y fijar los puntos del ataque.

La Fiscalía sostuvo que la fecha fue elegida estratégicamente, coincidiendo con un juicio contra otros integrantes del grupo, como señal de desafío al Estado de Derecho.

La madrugada del terror: secuestro, amenazas y fuego

A las 2:20 horas del 13 de octubre de 2023, cinco sujetos armados irrumpieron en un predio forestal en camino a Antuco. Vestían ropa oscura, pasamontañas y chalecos antibala. Subieron a la cabina de un camión, amenazaron al conductor con armas de fuego, lo golpearon y lo obligaron a atravesar el vehículo en la ruta. Luego lo incendiaron completamente.

Minutos después interceptaron un segundo camión, obligaron a su conductor a trasladarlos hasta un cruce cercano a viviendas y también lo incendiaron, generando riesgo para la población. Ambos siniestros fueron calificados como incendios consumados.

Tras los incendios, los atacantes huyeron en un vehículo tipo jeep. Carabineros los interceptó, pero los sujetos aceleraron y dirigieron el vehículo contra los funcionarios policiales, quienes debieron esquivar el impacto. El tribunal dio por acreditado que esta maniobra constituyó homicidio frustrado contra carabineros en ejercicio de sus funciones.

Durante la persecución, los imputados se cambiaron de ropa y arrojaron objetos para ocultar evidencia.
Al ser detenidos, portaban vestimentas oscuras, teléfonos celulares y un bidón con olor a combustible.

En el sitio del suceso se encontró un lienzo con consignas vinculadas a la Coordinadora Arauco Malleco.
Para la Fiscalía, el atentado tenía un objetivo simbólico: demostrar capacidad operativa mientras se juzgaba a otros integrantes del grupo.

La sentencia: sin asociación criminal, pero con organización

El tribunal absolvió a los acusados del delito de asociación criminal por falta de acreditación de una estructura jerárquica permanente. Sin embargo, estableció que existió coordinación, planificación y reparto de roles, configurando coautoría funcional y agravantes por actuar en grupo y de noche.

Durante décadas, los atentados incendiarios han marcado la Macrozona Sur. Esta sentencia representa uno de los golpes judiciales más significativos contra esa estrategia de violencia, con penas efectivas y evidencia de redes interregionales.

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La organización Mujeres Líderes Políticas distinguió a Ruth Hurtado Olave, secretaria general del Partido Republicano, por su liderazgo estratégico, coherencia política y aporte a la consolidación institucional del partido a nivel nacional.

La organización Mujeres Líderes Políticas (MLP) entregó un relevante reconocimiento a una trayectoria política caracterizada por la coherencia, la firmeza de principios y un liderazgo estratégico que ha marcado presencia en el escenario político nacional.

En esta ocasión, MLP distinguió como “Mujer Líder Política” a Ruth Hurtado Olave, secretaria general del Partido Republicano, en reconocimiento a su aporte sostenido en la consolidación institucional y política de la colectividad.

Aporte a la estructura del Partido Republicano

La organización destacó el rol de Hurtado en el fortalecimiento de la estructura territorial del partido, la formación y ordenamiento de equipos regionales y la instalación de una orgánica interna basada en la disciplina, la planificación y la claridad estratégica.

Su trayectoria es reconocida como un liderazgo con sólidas convicciones valóricas, capacidad de articulación política y un marcado rol en la formación de nuevos liderazgos, junto a una permanente vocación de servicio público.

Postura frente a la violencia en La Araucanía

Asimismo, se valoró especialmente su postura firme y consistente frente a la violencia que afecta a La Araucanía, contribuyendo a posicionar esta problemática como una prioridad país.

MLP destacó su impulso a una agenda clara en defensa del Estado de Derecho, el respaldo a las fuerzas de orden y seguridad y la protección efectiva de las víctimas de la violencia rural.

Visión institucional de Mujeres Líderes Políticas

La presidenta de Mujeres Líderes Políticas, Evelyn Rojas, relevó la importancia de reconocer liderazgos femeninos con impacto social y político.

“Reafirmamos la urgencia de avanzar hacia una gestión con auténtico sello de Estado, capaz de responder con seriedad y visión a los desafíos que enfrenta Chile”, señaló, destacando su compromiso con valores como el orden, la libertad y el desarrollo del país.

Con este reconocimiento, la organización reafirmó su compromiso con visibilizar el liderazgo femenino en la política, destacando a mujeres que, desde la convicción, la responsabilidad y el servicio público, contribuyen activamente al fortalecimiento democrático y al debate de los principales desafíos que enfrenta Chile.

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El acusado permanece en prisión preventiva por hechos ocurridos en abril de 2023, cuando la víctima fue agredida brutalmente por su conviviente al interior de un domicilio.

Este lunes se inicia el juicio oral por femicidio frustrado y abuso sexual agravado en contra de un hombre que se mantiene en prisión preventiva, acusado de protagonizar una agresión extrema contra su conviviente en la comuna de Padre Las Casas.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 y 4 de abril de 2023, cuando la víctima fue atacada al interior de su domicilio. Según la investigación, el imputado la golpeó reiteradamente, intentó asfixiarla y posteriormente la obligó a mantener actos de carácter sexual con animales, en un episodio de extrema violencia.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones, el acusado no solo atentó contra la vida de la mujer, configurando el delito de femicidio frustrado, sino que además incurrió en abuso sexual agravado, al forzarla a cometer estos actos con dos perros que habría recogido desde la vía pública.

Tras su detención, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representaba su libertad tanto para la víctima como para la sociedad.

El fiscal Luis Torres explicó que la decisión judicial se fundamentó en una serie de antecedentes presentados por el Ministerio Público. “El tribunal, considerando los antecedentes que esgrimimos, específicamente la declaración de la víctima, los informes periciales y set fotográficos, además de la evidencia material, determinó confirmar la medida cautelar de prisión preventiva”, señaló.

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