Las autoridades entregaron los antecedentes de la iniciativa del Ejecutivo que se tramitará con suma urgencia en el parlamento.
En el marco de la jornada regional de consejos escolares, la seremi de Educación Marcela Castro Armijo y el Delegado Presidencial Regional, José Montalva Feuerhake, dieron a conocer antecedentes del proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, presentado recientemente ante el Congreso.
La propuesta legislativa, que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, aborda y promueve en forma integral, ordenada y sistémica una forma de gestión para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, fomentando acciones integrales, sistémicas y eficientes que ayuden a prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos.
Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, José Montalva, señaló que este proyecto busca dar respuestas a las necesidades en salud mental que dejó como consecuencia la pandemia.
“el cómo nos hacemos cargo de la salud mental de esos niños y niñas que hoy día tienen más condiciones materiales, pero desde el punto de vista psicológico tienen menos herramientas. Nos tenemos que hacer cargo, y eso es lo que se hace con esta ley, pues dispone de un procedimiento especial para sostenedores y quienes integran la comunidad estudiantil en generar instancias de convivencia. No va a ser de corto plazo, pero que permita entender que enseñar a convivir se pone al centro de las políticas de Educación”.
Asimismo, la seremi de Educación, Marcela Castro, precisó que “este proyecto de ley que se ingresa al Congreso viene a ordenar y dar mayor respaldo a la política de convivencia educativa al exigir la existencia de un coordinador de convivencia exclusivo en los establecimientos que reciban subvención del Estado, junto con hacerse cargo de otro actor fundamental, como son profesores y asistentes de la educación al resguardar su seguridad pues también sufren estos ciclos de violencia”.
Para la elaboración de este proyecto de ley se consideraron diversas iniciativas técnicas previas que han posicionado en el debate público la necesidad de regular los ejes de la convivencia, considerando los distintos tipos de violencia que surgen en el espacio educativo, como ciberacoso, discriminación, acoso sexual, entre otros: el informe del Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental (2022), el informe del Consejo para la Reactivación Educativa (2023), el reporte de recomendaciones de la Mesa Técnica Centros Educativos como Espacios Protegidos (2023), además de la reciente actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa (2024).
Además, la propuesta del Mineduc recoge otras iniciativas legislativas precedentes. Por ejemplo, amplía lo abordado en el proyecto de Ley Boletín N°13983, -conocido como “José Matías” en alusión al adolescente trans que se suicidó en Copiapó en 2019, víctima de bullying-, que se encuentra en segundo trámite, al incorporar ideas de diversos proyectos de ley relativos a convivencia educativa, no discriminación, seguridad, protección de los equipos educativos y prevención de delitos y consumo de drogas en los espacios educativos, entendidos como factores de riesgo que afectan el clima y la salud mental de las comunidades educativas. Además, integra contenidos relevantes para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.
Fortalecimiento de funciones
Contar con medidas efectivas para mejorar la convivencia es una demanda creciente de las comunidades educativas. En 2023, la Superintendencia de Educación – a nivel país- registró más de 17 mil denuncias, de las cuales el 72,1% fueron por convivencia, 4,9% más que el año anterior.
Para enfrentar esta demanda con un marco normativo adecuado, este proyecto de ley propone una serie de medidas que se agrupan en cuatro ejes:
1. Establece el rol del Estado para abordar la convivencia;
2. Robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa;
3. Fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico;
4. Contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos.
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