Alberto Espina Otero
Senador de La Araucanía
El brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay y los numerosos actos de violencia extrema ocurridos en La Araucanía, de los cuales han sido víctimas compatriotas mapuche y no mapuche, jamás pueden justificarse bajo contextos históricos. Es deber de las autoridades del país adoptar todas las medidas a su alcance para capturar a los culpables e impedir que estos hechos sigan repitiéndose. También es deber de todos los líderes políticos, condenar sin ambigüedades estos hechos.
Es absolutamente comprensible la indignación, impotencia y temor que sienten los habitantes de La Araucanía, ya que lo mínimo que se puede pedir en un país democrático en que rige el Estado de Derecho, es que se garantice la seguridad de la ciudadanía. Me consta que el Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para cumplir con este objetivo. Los demás poderes del Estado también deben hacerlo, incluyendo a los Jueces, los Fiscales y las Policías.
Aún cuando es dramático y duro reconocerlo, estos hechos de violencia han abierto un espacio para abordar los problemas de fondo que afectan a La Araucanía desde los inicios de nuestra República y que no han sido enfrentados con eficacia en el pasado.
El primero de ellos es constatar que el Estado de Chile, entre 1884 y 1919, entregó a las comunidades mapuche 3.078 títulos de Merced (equivalente a los actuales títulos de dominio), con una extensión aproximada de 475 mil hectáreas que equivale aproximadamente al 10% del territorio que originalmente les pertenecía. Lo grave es que parte importante de las mismas hectáreas, el Estado de Chile, las vendió, donó o remató en favor de inmigrantes europeos, quienes por más de un siglo las han poseído y trabajado con esfuerzo de generación en generación.Es decir, hay una sobreposición de títulos sobre las mismas tierras, de manera que los Mapuche e inmigrantes tienen razón cuando las reclaman como propias.
Un segundo problema es que La Araucanía es por esencia multicultural. Los mapuche, si bien se sienten en su inmensa mayoría chilenos, son un pueblo que tiene su propia identidad, tradiciones, cultura y lengua, lo que un sector de la sociedad chilena aún no termina de reconocer, peor aún, en muchos casos los mira en menos y discrimina, generando resentimiento y desconfianza en muchos de nuestros compatriotas indígenas.
Por otra parte, una minoría muy ideologizada proclama “la Nación Pueblo Mapuche”, pretendiendo su separación del Estado de Chile, realizando acciones violentas de “reivindicación territorial y productiva”.Esto último además de ser inaceptable e inviable, no representa las legítimas aspiraciones de la inmensa mayoría de los Mapuche, algunos de los cuales reclaman pacíficamente las tierras que el propio Estado de Chile les entregó mediante Títulos de Merced.
Es un paso muy importante el acuerdo entre el Gobierno y los parlamentarios de la Araucanía de la Alianza y la Concertación, gestado luego de escuchar la opinión de los principales líderes de la región, entre ellos loncos y machis mapuche, agricultores y parceleros no mapuche.
Este acuerdo establece que el Gobierno impulsará, en una primera etapa, tres proyectos durante este año. Una ley Araucanía, que consiste en un plan de desarrollo con financiamiento a largo plazo en compensación al retraso de la región producto de los errores cometidos en el pasado por el Estado de Chile y que contemple una definición sobre el conflicto de tierras, determinando las hectáreas que corresponden a las Comunidades Mapuche y la posibilidad que ellas opten por otros sistemas de compensación, previo acuerdo de los distintos sectores de la región.Otra ley que establezca un procedimiento de consulta indígena de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, y una ley que crea el Consejo de Pueblos Originarios, a fin de contar con una institucionalidad permanente de participación indígena, cuyos integrantes sean elegidos democráticamente por sus comunidades.
Finalmente, es muy importante constatar que el Gobierno ha logrado grandes progresos en la Araucanía. El presupuesto regional, prácticamente se ha duplicado, se han creado 46.000 empleos, se han formado 17.200 emprendimientos y la pobreza extrema se redujo en un 41% respecto del año 2009. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y por eso el acuerdo alcanzado, si lo materializamos, será sin duda un importante legado para los habitantes de la Araucanía.
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