El ataque lanzado durante contra la escuela elemental de Jabaliya, en Gaza, donde más de 3.000 civiles desplazados habían buscado refugio, es un posible crimen de guerra y debe ser investigado de forma independiente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. El ataque mató al menos a 20 personas e hirió a decenas más de las que se encontraban en la escuela, situada en el campo de refugiados de Jabaliya, densamente poblado.
La evaluación inicial realizada por el OOPS –Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente–, que analizó fragmentos y daños en el lugar, indica que la escuela fue alcanzada por artillería israelí pese a que el OOPS había entregado 17 veces al ejército israelí sus coordenadas. Éste ha sido el sexto ataque contra una escuela gestionada por la ONU en Gaza desde que el 8 de julio comenzara la Operación “Margen Protector”.
“Si el ataque contra esta escuela fue consecuencia de fuego de artillería israelí, constituiría un ataque indiscriminado y un probable crimen de guerra. Nunca debe usarse artillería contra blancos en zonas civiles densamente pobladas, y su uso de esta manera jamás se consideraría un ataque ‘quirúrgico’”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Mientras la cifra de civiles muertos sigue aumentando a un ritmo alarmante, Israel tiene la obligación de tomar todas las precauciones factibles para proteger a la población civil frente a posibles daños. Resulta atroz que civiles que han atendido a las advertencias israelíes de que huyan de sus casas hayan resultado muertos o heridos durante la noche en el presunto refugio de una escuela de la ONU.”
Es inevitable que el uso reiterado de artillería en barrios civiles densamente poblados dé lugar a homicidios y heridas ilegítimos de civiles y a la destrucción y daños de edificios civiles, independientemente de cuál sea el objetivo deseado. Las fuerzas israelíes ya han utilizado esas tácticas temerarias anteriormente, por ejemplo en la Operación “Plomo Fundido” de 2008/2009, en la que murieron unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles.
En tres ocasiones en las últimas semanas, el OOPS ha informado de haber encontrado arsenales de cohetes palestinos en escuelas que no se estaban utilizando como refugio en ese momento. Amnistía Internacional pide a Hamás y a todos los grupos armados palestinos que no pongan en peligro a la población civil almacenando munición en instalaciones de la ONU y otros edificios civiles.
El ataque contra la escuela de la ONU se produjo al día siguiente de que la única planta energética de la Franja de Gaza fuera atacada y resultara gravemente dañada. Es probable que lleve al menos un año repararla.
“El ataque contra la planta energética, que ha dejado sin electricidad ni agua corriente a 1,8 millones de residentes de Gaza y a numerosos hospitales, tiene implicaciones humanitarias catastróficas, y es muy probable que constituya un crimen de guerra. No puede haber justificación para atacar una estructura civil que proporciona servicios esenciales a tantos civiles. La magnitud de las consecuencias de este ataque es devastadora, y podría constituir un castigo colectivo contra la población de Gaza”, ha manifestado Philip Luther.
“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la semana pasada una comisión de investigación sobre las violaciones del derecho internacional cometidas en el actual conflicto. Al contrario de lo que ha sucedido tras los conflictos previos en Gaza, esta vez su trabajo sobre estos y otros posibles crímenes de guerra debe llevar a que los responsables de delitos de derecho internacional comparezcan ante la justicia.”
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