La petición nace de una serie de denuncias de parte de funcionarios contratados a honorarios en esta cartera durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quienes afirman que en las últimas semanas fueron intencionalmente mal evaluados por la actual administración con el objeto de propiciar su desvinculación, aduciendo a una de las cláusulas de sus contratos donde se estipula que una mala evaluación en el desempeño de sus tareas es causal inmediata de desvinculación del organismo.
La medida afectaría a unos 30 gestores territoriales de toda la región que hasta hoy cumplen labores de inscripción y acompañamiento social, laboral y psicosocial de familias en extrema pobreza beneficiadas con programas del Estado.
Según la denuncia comunicada por estos gestores, la última evaluación hecha por el Ministerio en la región concordó en evaluar en el grado de “ineficientes” a funcionarios que mantienen una tendencia política de derecha, o que fueron contratados y participaron de la administración anterior, falseando una serie de datos como inasistencias a reuniones convocadas, no visitas a las comunas y no entrega de información y retroalimentación a los equipos del Programa, lo que a juicio de los denunciantes no es la realidad, para lo cual afirman tener los antecedentes que refutan tales evaluaciones y que deberían ser considerados en la actual fase de apelación.
La sensación que existe detrás de estas acciones, a juicio de los afectados es que “hay una intención política que lo que busca es desvincular y perjudicar a funcionarios que en evaluaciones anteriores tenían notas sobresalientes alcanzando la aprobación de los municipios y de las familias atendidas. Esto es injusto e indignante por el momento en que esto se hace, a mitad de año, y luego de que muchos de los nuevos funcionarios ya han sido capacitados por nosotros”, indicó uno de los perjudicados.
Para el diputado Rathgeb, “esto es complejo porque sabemos que cualquier funcionario público que es desvinculado con calificación deficiente va a tener el impedimento de postular a un cago dentro de la institución pública, por lo que más allá de una coyuntura producto de un cambio de administración hay una mala intención de perjudicar a ciertas personas que colaboraron con la administración anterior y que hoy día han cumplido un buen desempeño”, señaló.
Quien también manifestó su preocupación en este tema fue el diputado René Manuel García, quien afirmó tener antecedentes de que estas prácticas se estarían replicando en comunas de su distrito, donde gestores también habrían recibido malas evaluaciones injustificadas.
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