En Chile, las redes comunitarias de abastecimiento de agua para la población no urbana con apoyo del MOP benefician a más de 1 millón 600 mil chilenos, lo que representa cerca de un 10% de la población total del país.
Las indicaciones de este acuerdo se presentarán a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados para dar continuidad al proyecto de ley.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y la directiva de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) representada por su presidenta Gloria Alvarado, firmaron un acta de acuerdo la mañana de este jueves que consensúa cambios al proyecto de ley para regular los servicios sanitarios rurales que actualmente se discute en el Congreso.
El Ministro Undurraga dijo que “con este acuerdo, estamos reimpulsando la ley de agua potable rural (APR), la que va a permitir darle una institucionalidad en el Estado y reconocer este sistema del que se benefician más de 1 millón 600 mil chilenos y que no tenían una regulación que protegiera a los usuarios y al propio sistema de APR compuesto por mil 700 pequeños sistemas”.
En mayo pasado, el Gobierno decidió cambiar el proyecto desde la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados –donde permanecía sin urgencia desde fines de 2009- a la de Recursos Hídricos y Desertificación y de que el MOP fijara una agenda de trabajo con la Fenapru para elaborar en conjunto las indicaciones a la iniciativa.
“En Chile, el agua potable tiene que ser un derecho”, aseguró Undurraga, y agregó que “la semana pasada ingresamos al Congreso un proyecto de ley que establece la prioridad del agua para el consumo humano en todo el país, le da la facultad a la Dirección de Aguas para hacer eso efectivo y el acuerdo de hoy va en la misma línea. Nosotros esperamos, de aquí a fin de año, ingresar este conjunto de nuevos elementos a la discusión de la ley, para que lo antes posible podamos tener la nueva ley de APR en nuestro país y así proteger a más de 1 millón 600 mil personas que se abastecen de agua potable en las zonas rurales”.
Para Gloria Alvarado, la presidenta de la Fenapru, “es un reconocimiento a la labor de los dirigentes de los servicios de agua potable rural (APR) que, a lo largo de Chile, son más de 7 mil y trabajan ad honorem”.
“Como dirigentes nacionales, hace unos meses presentamos unas indicaciones sustitutivas al proyecto de ley, las que fueron acogidas y hoy firmamos el acta de acuerdo en el que estamos casi en 100% de acuerdo con el ministerio y esperamos que el Poder Legislativo nos acoja como lo ha hecho el Ejecutivo con nuestras aspiraciones. Somos organizaciones público-comunitarias con un gran sentido social y llevamos más de 10 años luchando para que este proyecto de ley proteja nuestros servicios y los blinde ante la posibilidad de que sea sean solicitados en concesión y pasen a manos privadas”, agregó la dirigenta.
Las indicaciones de este acuerdo se presentarán a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados para dar continuidad a este proyecto de ley durante su segundo trámite constitucional.
Según cifras de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, cerca del 10% de la población total del país se abastece del recurso hídrico gracias al Programa de Agua Potable Rural de esa cartera, el que para 2015 prevé un presupuesto de $68 mil millones.
Actualmente, las cooperativas y comités de agua potable rural no cuentan con una normativa que fiscalice su funcionamiento y que regule los aspectos técnicos, tarifarios y patrimoniales que conlleva la instalación de sistemas para proveer agua de calidad a parte importante de la población no urbana.
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