La gratuidad al 2016, como creemos se implementará, muestra un nivel de improvisación poco visto; se han cambiado ya cinco veces las definiciones y no sabemos qué pasará al final. Sin embargo, tenemos que atenernos a lo que conocemos y, pese a las sucesivas modificaciones en el anuncio, éste es inequitativo, segregador y distorsionador del sistema.
Para sostener lo dicho, me detengo en dos aspectos. El primero es que esta forma de implementar la gratuidad tiene un fuerte sesgo anti regiones y desprotector de los estudiantes vulnerables.
El anuncio excluye a la mayoría de las instituciones privadas, especialmente IPs y CFTs, que en las últimas décadas promovieron el fuerte aumento en la cobertura regional y en sectores vulnerables en la educación superior, pasando de 200 mil a un millón 200 mil estudiantes. Esto provocará que gran parte de los estudiantes vulnerables de regiones no tenga gratuidad en 2016, mientras los recursos se concentrarán en las grandes urbes y para alumnos con menos vulnerabilidad en términos relativos.
El segundo aspecto es que la forma de aplicación afecta la igualdad, ya que los alumnos de instituciones privadas son excluidos sin atender a su situación de vulnerabilidad, por condiciones o requisitos ajenos a las leyes que regulan la educación superior, afectando la igualdad de trato que debe dar el Estado a las familias vulnerables y a las instituciones, en abierta contradicción con la Constitución.
De esta forma, existe un claro riesgo de extender el trámite de la Ley de Presupuesto, llevándolo a examen ante el Tribunal Constitucional, afectando la estabilidad y certeza jurídica que se requieren para seguir formando a nuevos técnicos y profesionales para el país, y la generación de condiciones que mejoren nuestra alicaída economía, al retrasar la aprobación del presupuesto fiscal para el 2016.
Víctor García Ossa, Economista y Rector Santo Tomás Osorno
Leonardo Jaña López, Abogado Universidad Santo Tomás
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