Cada cierto tiempo, sectores ligados a la ultra derecha chilena comienzan a levantar mediáticamente supuestas relaciones de mapuches (en genérico) con las Farc de Colombia. De nuevo, un fiscal, Emiliano Arias, contribuye a dar tributos políticos en su condición de “operador de justicia”, quien también investiga a directivos RN en temas de corrupción y boletas caso SQM.
El Fiscal hace referencia a una situación de larga data, los supuestos mails extraídos de una computadora de quien fuera comandante de las Farc, Raúl Reyes, muerto por bombardeos junto a otros miembros en la llamada operación Fenix perpetrada en 2008 por fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano. Desde ese momento han salido una serie de vinculaciones, entre ellos, lo de un militante del PC de Chile quien habría señalado en unos de sus correos sobre el interés de unos “compañeros mapuches”, sin especificaciones, ni hechos concretos.
Cada dos años en promedio, desde el 2008, se asoman los mismos montajes de buscar relación de recuperación de tierras, atentados, grupos violentistas y las Farc de Colombia, coincidentemente, de la mano de los mismos sectores. Lo reciente, se enmarca dentro de las campañas de agresiones entre grupos políticos, sin embargo, utilizan la situación Mapuche, enfrascando el genérico de todo un Pueblo, promoviendo actos racistas que va más allá de cualquier disputa ideológica, más aún, cuando desde el propio movimiento Mapuche han surgido diversos actos solidarios con Pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Colombia que han sido víctimas por parte de las acciones bélicas del estado colombiano y también de las Farc.
¿Quién tiene vínculos con la guerra sucia en Colombia?
Ninguna expresión que luche por derechos del Pueblo Mapuche pudiese vincularse con algún referente que es parte de la ‘guerra sucia’ en ese País, la que aún no termina a pesar del llamado acuerdo de paz.
Son de cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos, un poco más de 5,9 millones de personas desplazadas y 218.000 muertos. Entre los desplazados se encuentran más de un millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y 6% de sus poblaciones.
Referentes bélicos de Colombia, el Estado y gobernantes (sin paramilitares), más los denominados guerrilleros de las Farcs, vienen desde hace un tiempo con mesas de diálogo para la paz, sin embargo, las principales víctimas del conflicto bélico: campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan viviendo la violencia estructural, sus opiniones no son consideradas, son vedadas, así como sus representantes (autoridades ancestrales , dirigencia organizacional – territoriales); sin que se les garantice un derecho humanitario ante tantos años de masacres, genocidios, desplazamientos forzosos; y el actual avasallamiento de industrias extractivas como mineras y petroleras.
A modo de referencia de relaciones Chile y Colombia de esta guerra sucia, quien fuese jefe nacional de la policía de Colombia, José Roberto León Riaño, señaló el 26 de abril del 2013 a través de publicitadas declaraciones difundidas por agencia Efe y medios chilenos ligados a sectores conservadores, que, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron entrenamiento en Chile a grupos radicales mapuches hace entre tres y cuatro años, argumentando en los hallazgos en la computadora de “Raúl Reyes”, que ha dado a diversos tipos de suposiciones y campañas.
José Roberto León Riaño, en su carrera policial, tuvo su paso por Cundinamarca (2003), luego fue enviado por el presidente colombiano de la época, Alvaro Uribe a Estados Unidos (2004 – 2005) “delegado como adjunto” donde habría tenido una serie de instrucciones de inteligencia bélica que lo aproximan a instancias como la escuela las américas, FBI y CÍA, en pleno periodo de Bush. A su regreso en el 2005 es designado como Comandante de la Policía Metropolitana de Cali donde planeó y ejecutó el Plan Maestro de “Seguridad Ciudadana”. En el 2007 fue nombrado como Director Nacional de Escuelas y luego se desempeñó como Director de Carabineros y seguridad rural hasta junio de 2009 cuando fue asignado como Inspector General donde logró la certificación por parte del ICONTEC para la oficina que dirigía. Finalmente, el ex ministro de defensa de Uribe, sindicado como responsable de los “falsos positivos”, el actual Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, amigo personal del presidente chileno Sebastián Piñera, lo nombró el 2012 como jefe nacional de la policía colombiana, cargo que cumplió hasta el 2013.
Los montajes en Chile
Cabe consignar que estos antecedentes de vínculos Mapuches – Farc han sido reiteradamente descartados por la Policía de Investigaciones, Carabineros y hasta la propia CIA de Estados Unidos según los Wikileaks.
Los documentos de WikiLeaks indicaron que Estados Unidos no encontró vínculos entre los mapuche -que luchan por sus tierras al sur de Chile- y grupos armados internacionales como FARC o ETA, y que además consideró que sus protestas fueron magnificadas por los medios locales con “descarados titulares”, noticia que fue difundida por diario El País de España.
En el año 2011, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tuvieron que declarar por los mismos hechos que ahora vuelve a reflotar, los directores de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Gustavo González, General Director Subrogante de Carabineros, señaló (difundido por Radio Universidad de Chile): “es delicado afirmar una cosa de esa naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible hacerlo”. Por su parte, el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos, indicando: “no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y por eso digo que no tenemos información fidedigna”.
Este domingo 2 de agosto 2015, el Diario Austral que es parte del holding que controla el empresario Agustín Edwards, dio portada al ex Fiscal regional Francisco Ljubetic con el siguiente titular: “confirma los nexos de Mapuches con las Farc”, emitiendo versiones sin hechos concretos y de una manera más bien panfletaria, forma muy distante a la de un operador de justicia con supuesta base científica forense. Ljubetic es parte de sectores conservadores de la Región, ligado al político y empresario militante de Renovación Nacional, Teodoro Ribera, propietario de una Universidad donde Ljubetic hace clases. Asimismo, ha trascendido de su cercanía a sectores forestales a quienes el ex Fiscal jamás investigó pese a una serie de antecedentes sobre denuncias de autoatentados (enero 2012).
“Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; “el problema ha sido magnificado por los medios”; quienes alegan que existen lazos entre los mapuche y organizaciones terroristas extranjeras “no han proporcionado pruebas de ello” y “los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”…. Todos esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta conexión entre los mapuche y las FARC.
La Historia Farc – Mapuche no es nueva. En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuche de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006.
Lo mismo era resaltado por el diputado independiente -ex RN y ex ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg, quienes aseguraron que el Ministerio del Interior de la época estaba al tanto de la posible relación entre las Farc y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.
El ex Presidente y entonces presidenciable Sebastián Piñera, en agosto del año 2009, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y en agosto de este año con su cercano presidente colombiano Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuche y las Farc”.
Varios de estos personeros que han estado levantando este nivel de acusaciones, son parte de una serie de denuncias relacionados a hechos de corrupción, ya sea por boletas faltas, licitaciones o colusión político empresarial, incluyendo al ex Presidente Piñera, quien también señalaba a medios: “En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el gobierno) no está cumpliendo con su deber”, indicaba el ex mandatario en sus tiempos de campaña electoral.
El diputado José Manuel Edwards durante el año 2010, en varias ocasiones hizo de manera pública la relación entre grupos internacionales beligerantes como Las Farc y Mapuches; y en enero del año 2012, sin que existiese prueba alguna, luego de fatídicos incendios forestales, responsabilizaba a móviles mapuche, existiendo clara evidencia de la responsabilidad criminal de las propias empresas forestales, cuyos antecedentes no fueron atendidos por instancias de fiscalización del aparato público.
En Chile, varios ataques incendiarios a “propiedades” y que han tenido seguros comprometidos, ya sea plantaciones de monocultivos exóticos, instalaciones o camiones, han servido de motivo para influir a los sensacionalismos en la opinión pública por parte de la prensa empresarial sobre el denominado terrorismo y violencia Mapuche, como nuevo prejuicio, nueva estigmatización, desviando los asuntos de fondo, en el marco de legítimas movilizaciones por reclamaciones de tierras ancestrales y/o bien, para protestar por la imposición de nefastos proyectos (forestales, celulosas, hidroeléctricas); y a su vez, han servido de excusa para la militarización y criminalización de diversos territorios.
También, el asesinato de jóvenes Mapuches, como Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Melinao, Víctor Mendoza Collio, en el marco de movilizaciones por reclamación de tierras ancestrales, han sido utilizados como forma de provocación a los movimientos Mapuches por parte de aparatos siniestros de sectores público y/o privado, gatillando rabia, indignación, impotencia y propiciando acciones de protesta más radicales, para responder luego con olas represivas y de criminalización cuyo único propósito es la neutralización de las legítimas reclamaciones. Desde el asesinato de Lemún, en Noviembre de 2002, se instaló el plan de operación paciencia, articulación de sectores conservadores de sectores de la extrema derecho, de concertación y empresarios, cuyo objetivo central, fue la persecución a la Coordinadora Arauco Malleco, como asimismo, toda comunidad u organización territorial en proceso de recuperación de tierras. A esto se agrega las instalaciones de cooptaciones con fondos internacionales y la cizaña, una seguidilla de mentiras para descalificar a representaciones Mapuches y correspondiente desmovilización y fragmentación.
Alfredo Seguel
Grupo de trabajo Mapuche por derechos colectivos
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