Columna de opinión de Ángela Vivanco Martínez, Vicerrectora Académica Universidad Santo Tomás y abogada constitucionalista.
Esta semana, por ocho votos, los diputados miembros de la Comisión de Salud de la Cámara aprobaron la idea de legislar del proyecto de ley “que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto nos han llamado la atención las numerosas inconsecuencias que presenta y cuán evasivos han sido varios de los intervinientes en el proceso para hacerse cargo de ellas.
No cabe duda que el aborto – así, con todas sus letras – es un problema social. En efecto, está asociado con la educación sexual de la juventud, la autonomía de la mujer y su salud reproductiva, el papel del varón frente a un embarazo no deseado, la red social de apoyo a la madre con pocos recursos y oportunidades. Pero también es un problema frente a la vida humana. No podemos ignorar que el sujeto en gestación es un miembro de nuestra especie, genéticamente humano, además de dependiente, vulnerable y sin culpa alguna del modo en que fue engendrado.
Buscar en la redacción de nuestra Constitución argumentos de texto para justificar que ese ser “no es persona” o tiene “derechos de inferior rango” a los nacidos, es un subterfugio jurídico que busca desposeer a los humanos “indeseados” de su estatuto propio.
La Carta Fundamental, esa misma que nos ha servido de marco para la abolición progresiva de la pena de muerte; para prohibir la destrucción de embriones humanos en la investigación científica; para sancionar la discriminación arbitraria y para proteger a las personas con discapacidad, no puede ser jamás terreno fértil para transformar la destrucción de un ser humano en una prestación médica; que, por cierto, es lo que hace el proyecto, mucho más que despenalizar conductas.
¿Significa ello, entonces, la obligación de las gestantes de ser mártires ante un embarazo que ponga en riesgo su vida? No existe tal exigencia legal ni moral. Hoy y sin necesidad de reforma legal, los embarazos de alto riesgo pueden interrumpirse y, sin ánimo matador, se busca salvar si es posible a la madre y al hijo. Así, la desgraciada redacción de “futuro riesgo de la vida” en el proyecto, parece un modo de abrir posibilidades de aborto no declaradas.
Otra inconsecuencia se visualiza en la causal de inviabilidad post parto del gestado. ¿El que va a morir en un tiempo breve, tiene menos derecho a la vida? Se llegó a decir en la Comisión que lo único que le era debido era la protección intrauterina, lo cual priva al de poca sobrevivencia de ser titular de derechos. Para qué decir de la causal de violación: el sistema renuncia a perseguir al autor del delito, le proporciona un entorno de protección, establece un procedimiento para facilitar que menores violadas aborten a la otra víctima del caso, que es el hijo engendrado de un modo tan bárbaro.
La necesidad de un Chile coherente de enfrentar situaciones como las descritas, repletas de dolor y abandono, demandan una mínima ecuanimidad ante todos los derechos involucrados, preguntarnos qué espera en realidad quien sufre estas situaciones y, particularmente, qué significa el ser humano para nosotros, más allá de la terrible depreciación que haya podido sufrir en otras sociedades.
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