Una labor especializada, operativa e investigativa es la que viene desarrollando desde hace 10 años la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (BRIDEHU), en materias de violación de Derechos Humanos, dividiéndose para ello en tres áreas de trabajo.
La primera, dice relación con todas aquellas investigaciones instruidas por los diferentes Ministros de las Cortes de Apelaciones del país, por delitos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante los años 1973-1990. Mientras que la segunda, se enmarca en dar cumplimiento a las instrucciones emanadas de las Fiscalías Militares, entidades que instruyen investigaciones orientadas a dilucidar hechos que revisten características de delito y sujetos que se encuentran afectos al Código de Justicia Militar. Por último, y como tercera área de trabajo, se encuentran las investigaciones del Ministerio Público, enmarcadas en delitos actuales que vulneran los derechos fundamentales de las personas o aquellos delitos con características especiales relacionados con Delitos Contra los Derechos Humanos.
De lo anterior, se desprende que el 78% del total de Decretos Judiciales a nivel nacional recibidos durante el primer semestre de 2017, corresponde a instrucciones impartidas por Cortes de Apelaciones y/o Tribunales de Justicia de nuestro país, por medio de 18 Ministros que sustancian causas por violaciones a los Derechos Humanos en el período comprendido entre los años 1973-1990. El 16% corresponden a decretos evacuados desde Fiscalías Militares por delitos en los que se encuentra involucrado personal afecto al Código de Justicia Militar, mientras que las indagatorias instruidas por el Ministerio Público, representan un 6% de las investigaciones que desarrolla la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, registrada entre enero y junio del año 2017.
Es importante destacar que esta unidad con asiento en la Región Metropolitana trabaja a la par con las Brigadas de Homicidios a nivel nacional y la Brigada de Ubicación de Personas, no sólo investigando delitos relacionados con la violencia política (1973-1990), sino también, aunque aún en menor proporción, aquellos hechos que hoy se consideran como violaciones a los Derechos Humanos y que suponen un nuevo desafío para los detectives del área.
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