Delitos que provocan daños medioambientales y que ocurren a lo largo del país. La PDI está tomando cartas en este asunto para investigar su origen y consecuencias. En la IX Región durante el periodo 2015 al 2017 se han registrado 19 órdenes de investigar de esta problemática.
Un delito que ha generado interés de investigación policial por parte de la PDI, en el último tiempo, debido a la gran cantidad de delitos asociados es lo relacionado a la extracción ilegal de áridos y usurpación de aguas, los que son sacados desde lechos y cauces de ríos.
Casos transversales a todo el país se encuentra investigando la Policía de Investigaciones de Chile, a través de sus seis Brigadas de Delitos Medioambientales y las Brigadas de Investigación Criminal con asiento en todo el territorio nacional, quienes trabajan en forma coordinada con peritos de Laboratorio de Criminalística para determinar científicamente las presencia de estos delitos y la identificación de los implicados.
En La Araucanía, las encargadas de efectuar las diligencias investigativas y denuncias en forma regular, pero no por ello menos preocupante, son las siete Brigadas de Investigación Criminal distribuidas en las Provincias de Cautín y Malleco, además de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales Valdivia (Bidema), con jurisdicción desde la VIII a la XVI región, que cuenta con 12 casos por estos delitos desde el periodo 2015 al 2017, localizadas en Los Ríos y Los Lagos.
Cabe destacar, que entre el 2016 y lo que va corrido del 2017, en todo el país hay 119 órdenes de investigar e instrucciones particulares, relacionadas a extracción de áridos o usurpación de aguas investigadas solamente por las Bidema, a lo que se suman investigaciones en otras unidades de la PDI.
A pesar que la Bidema Los Ríos no cuenta con investigaciones solicitadas desde el Ministerio Público de La Araucanía, las Brigadas de Investigación Criminal ubicadas en Cautín y Malleco contabilizan un total de 19 órdenes de investigar por esta misma problemática, principalmente en sectores rurales.
El trabajo policial ha sido variado y dichas causas pueden ser investigadas desde aristas económicas por el no pago de impuestos de las cooperativas, emprendimientos o empresas que sacan áridos trabajando de manera ilegal, hasta medioambientales al poner en riesgo incluso obras públicas o la propiedad civil al generar cambios en los cauces de los ríos los que ponen en peligro las estructuras o población aguas abajo, lo que hace que en estas investigaciones la PDI trabaje de manera conjunta con otras entidades como municipios, Dirección General de Aguas y el SII, transformándolas en tareas intersectoriales de gran interés.
Si bien los permisos de extracción de áridos dependen de cada municipio, las normativas incluso llegan a prohibir que las empresas puedan extraer material en zonas cercanas a puentes por lo que continuamente el Ministerio de Obras Públicas debe estar reparando dichas zonas para no poner en riesgo dichas estructuras.
“Muchas veces las extracciones de áridos genera cambios de cauces que quizás en el instante no se notan, pero cuando hay crecidas por lluvias potentes las consecuencias pueden ser importantes, poniendo en riesgo el acceso de captación de aguas de los canales de regadío, alteración del ecosistema humedal, contaminación acústica; contaminación por emisión de material particulado, además de otros delitos conexos de tipo tributario o falsificación de documentos” señala la comisario Carolina Herrera, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Valdivia (Bidema), con jurisdicción en la IX Región.
“Sin embargo, no menos importante son los efectos que la faena industrial genera cuando esta es superior a la capacidad del rio para reponer el material que se extrae. Esto debido a que una baja en el nivel del cauce de los ríos, genera potenciales daños aguas abajo a las fundaciones de puentes y otras obras fluviales”, agrega la oficial.
En el caso de la extracción de áridos y de acuerdo al artículo 571 del Código Civil, las figuras penales aplicables en caso de extracción ilegal serán las que afectan a la propiedad, en la generalidad de los casos, siendo los delitos de hurto y robo, según se use o no la violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas, dependerá si es pena privativa de libertad o multa.
Usurpación de Aguas
“La usurpación ilegal de aguas desde diversos tipos de afluentes, provoca un detrimento en los agricultores o habitantes de las zonas, ya sea de tipo económico o en la calidad de vida de las personas al restarles la posibilidad de uso de tan vital elemento”, afirma la jefa de la Bidema Valdivia.
Según el artículo 56 del Código de Aguas, cualquier persona puede cavar un pozo en suelo propio para las bebidas y uso doméstico, sin embargo si este pozo es usado para regar terrenos más extensos, estamos en presencia de un aprovechamiento y un delito. En ocasiones los pozos se alimentan de napas subterráneas, las que a su vez nutren ríos cercanos, cuyos caudales son propiedad de todos los chilenos, provocando menoscabo en otros vecinos que se ven afectados. El solo hecho de tener un terreno no les entrega propiedad sobre bienes estatales, por lo que hay gestionar los permisos adecuados para su uso.
Los infractores por el delito de usurpación ilegal de aguas se exponen a penas, según el artículo 459 del Código Penal, que pueden llegar hasta los 540 días de cárcel y las 20 Unidades Tributarias Mensuales.
El análisis y trabajo que realiza la PDI en esta materia ha permitido determinar que este tipo de delitos se extiende por todo el territorio nacional y por ello es tan importante de investigar, “acá hay una serie de delitos asociados y por ello invitamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos en las Bidema o en las Bicrim. Hace unos días la ministra de Bienes Nacionales definió este tema como un verdadero “dolor de cabeza” para su cartera y nosotros estamos investigando los hechos para determinar las responsabilidades a lo largo del país”, puntualizó la comisario Herrera.
Finalmente el llamado a la comunidad es a tomar conciencia y denunciar en la unidad más cercana o al nivel emergencias 134 de la PDI, ya que es una problemática que nos afecta a todos los chilenos y realizar esta actividad ilícita genera conflictos ambientales.
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