La moción presentada por el parlamentario de La Araucanía, que garantizará el cumplimiento de los contratos y velocidad mínima de conexión de red, quedó a un paso de convertirse en ley luego de exitosa jornada en el Congreso.
El pasado 17 de octubre la sala del Senado resolvió por unanimidad apoyar el proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima de acceso a Internet.
El parlamentario de La Araucanía, solicitó el respaldo del informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias producidas en la tramitación de la iniciativa, ingresada el 11 de Septiembre 2012.
En ese sentido, el senador Jaime Quintana, señaló que “este un proyecto de nuestra autoría que fue aprobado en la comisión mixta, no le falta ningún trámite parlamentario, está completamente despachado por el Congreso”.
De esta forma, toda empresa de telecomunicaciones que preste el servicio proveedor de Internet –ya sea a través de cable o celular- estará obligada a garantizar una velocidad mínima de conexión, de acuerdo a lo ofrecido en sus planes comerciales.
En la actualidad, el senador Jaime Quintana pudo constatar que los proveedores entregaban sólo un 30% de la velocidad de acceso publicitada. Una vez publicada la ley, los proveedores tendrán 6 meses para informar a sus clientes las velocidades promedio contratadas, independiente del horario y procedencia del sitio visitado. De no cumplirse lo pactado, el usuario podrá solicitar la reparación o restitución del servicio, así como una compensación por el tiempo en que éste no funcionó o lo hizo, pero de forma defectuosa.
Es por lo anterior, que Quintana aseguró que “este es un proyecto que busca transparentar más el mercado de los proveedores de acceso a internet, donde fundamentalmente el problema lo tenemos en horas peak, cuando cualquier persona quiere acceder a los servicios de internet, ya sea telefonía fija o móvil y se encuentra con el que el espectro está completamente saturado”.
En la misma línea, el congresista explicó que “lo que va a haber, es una certificación de esas empresas por parte de la subsecretaría de Telecomunicaciones. Desde luego tienen que estar las concesiones respectivas, contar con un plazo de 6 meses para poder transparentar cuáles son los rangos promedios de velocidad en los distintos horarios en que se va a prestar el servicio”.
El senador de La Araucanía, además advirtió que la reclamación del proveedor sólo podrá hacerse ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en conjunto con la presentación de antecedentes que desmientan el alegato, basados en mediciones de calidad del servicio hechas por un organismo técnico independiente, designado mediante licitación pública.
De no proceder de tal forma, la Subsecretaría resolverá en favor del usuario, sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad fiscalizadora de efectuar sus propias mediciones, en cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, el legislador dijo que “nos parece que es fundamental para un país que busca modernizarse, para una región que se moderniza, contar con un servicio de internet al acceso de todos pero también con calidad”.
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