La Red de Acción por los Derechos Ambientales – RADA – es una organización ciudadana que ha venido trabajando desde el año 2006 en la defensa y promoción de los derechos socio-ambientales. Largo es el camino recorrido en el transcurso de estos años, en los cuales hemos difundido, acompañado y apoyado a organizaciones y comunidades que se han visto vulneradas en sus derechos ambientales, estableciendo también redes a nivel regional, nacional e internacional, entre otras acciones y logros.
Como organización de la sociedad civil, nuestro funcionamiento siempre ha sido desde la autonomía y la horizontalidad y en función al trabajo colaborativo y voluntario de sus miembros.
Vale precisar que, la RADA enfrenta hoy múltiples desafíos, principalmente en la problemática de la gestión de los residuos sólidos a nivel regional (problema no es solo local, también afecta a Chile y resto del mundo). Prueba de lo anterior, es la grave crisis en el manejo de la basura que vive nuestra capital regional (Temuco), que actualmente envía «la basura» a un relleno sanitario en la comuna de Los Ángeles (región del Bio Bio), motivo por el cual las autoridades han planteado la instalación de una planta incineradora de residuos sólidos en la comuna de Lautaro, como la solución a esta crisis.
Esta situación, nos insta a seguir avanzando y difundiendo el desarrollo de un circuito de gestión de residuos sustentable y sobre todo no contaminante para nuestra salud y el medio ambiente. Nos parece una prioridad avanzar hacia un modelo de sociedad y gestión que evite la generación de residuos sólidos, poniendo énfasis en la educación, prevención, reducción, reparación, re-utilización, compostaje y reciclaje, lo que se conoce a nivel mundial como la Estrategia Basura Cero y que la RADA promueve desde hace muchos años.
Como organización ciudadana que trabaja activamente en proponer soluciones y experiencias concretas de gestión de residuos basadas en estos principios, queremos señalar que el modelo tradicional de economía lineal que consiste en extraer, producir, usar y tirar es obsoleto. Más bien, creemos que es fundamental avanzar como sociedad, hacia una economía circular que use los recursos naturales de una manera sensata, para resolver las necesidades de las personas y no de los capitales. Es por esta razón que durante el mes de abril de 2017 y en el marco de una Asamblea General, hemos reafirmado nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos ambientales, actualizando nuestros documentos fundacionales y fortaleciendo nuestra estructura organizacional.
A más de 10 años de la fundación de nuestra organización, mantenemos la fuerza y aprovechamos el aprendizaje para seguir avanzado con lucidez en la construcción de un mundo mejor donde la justicia socio-ambiental sea un pilar de nuestra sociedad.
Queremos ser enfáticas/os al señalar que, al día de hoy, ninguna propuesta política o programa de candidatos/as a la presidencia y parlamento, considera la gestión sustentable de los residuos sólidos como una alternativa que dé respuesta a los problemas expuestos anteriormente. Tampoco se han pronunciado frente al proyecto de planta incineradora WTE Araucanía, por lo cual hacemos un llamado a la ciudadanía a exigir una política real y sustentable, no solo en temas de gestión de residuos sólidos, si no en la construcción de una sociedad más justa social y ambientalmente.
Aprovechamos la ocasión para reiterar que es deber de la empresa WTE Araucanía SpA, responder a todas y cada una de las 4.000 observaciones ciudadanas ingresadas en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del peligroso y cuestionado proyecto de planta incineradora de residuos que pretende instalar en Lautaro para lucrar con el servicio de disposición final de residuos de Temuco.
Finalmente, saludamos el lanzamiento de la política regional de gestión de residuos como parte del cumplimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, producto de la denuncia por racismo ambiental contra el Estado de Chile, interpuesta por comunidades mapuche afectadas por vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas, y organizaciones como la RADA.
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