Como un proyecto que “avanza en la línea correcta”, el senador Alberto Espina (RN) destacó la aprobación por unanimidad en la Cámara Alta de la moción que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal de controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.
Al respecto, Espina señaló que “uno de los delitos más reiterados, graves y cobardes que existen en nuestro país es la violencia intrafamiliar. En gran parte es ejercida en contra de las mujeres y lo más dramático es que cuando se cometen estos delitos no existen en la práctica medidas concretas y efectivas que protejan a las mujeres cuando denuncian a su pareja o marido de violencia intrafamiliar”.
En este sentido, el parlamentario por La Araucanía argumentó que la propuesta presentada por la senadora Adriana Muñoz (PPD) “busca que cuando una mujer hace una denuncia de violencia intrafamiliar, el juez -junto con prohibir entre otras medidas que el ofensor se pueda acercar a ella, o a su lugar común o de trabajo- establezca que deberá adoptar medidas que comprendan un sistema de supervisión electrónico que podrá consistir en un monitoreo telemático. Esto es en la práctica que se usen sistemas rápidos que posibiliten a las mujeres comunicar a la policía que el agresor se está acercando a ella”.
Finalmente, -insistió Espina- el proyecto “avanza en la línea correcta pero obviamente falta mucho por hacer en esta materia y para tener medidas efectivas de protección a las mujeres que sufren agresiones”.
Cabe precisar que la iniciativa señala que en la resolución judicial se deberá precisar la identificación de la unidad policial que velará por su cumplimiento y se podrá ordenar el control de su cumplimiento mediante el uso de algún sistema de supervisión electrónica.
Asimismo, para un efectivo cumplimiento del sistema de supervisión, las policías, el Ministerio Público y Gendarmería deberán celebrar protocolos de actuación interinstitucionales, los que deberán ser comunicados a cada Corte de Apelaciones a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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