Decreto de 1998 permite disponer de financiamiento para que ex generales directores de la institución puedan costear medidas de protección, automóviles, bencina y otros gastos.
“Los recursos del Estado son para ejercer la función pública. Si no hay un fundamento de seguridad personal, los gastos para las ex autoridades no se justifican”. Así de tajante fue el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, al referirse a los gastos que actualmente realiza Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.
La institución argumentó que dicho financiamiento responde a la existencia de un decreto de 1998 de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que entre otras cosas, permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para la ex autoridad.
“Disponer genéricamente de recursos por su calidad de ex autoridad es cuestionable y anacrónico (…) si no hay antecedentes que lo justifiquen, esto pasa a ser un privilegio que hay que revisar. Estos son recursos públicos que podrían estar destinados a algo bastante más útil”, agregó Drago en una entrevista en radio Cooperativa, aclarando que el decreto aludido por Carabineros para justificar estos gastos jamás ha sido calificado como “reservado” por el CPLT, argumentando que tampoco se justifica que “el nivel de control externo de Carabineros sea a veces tan débil».
Cerca de $75 millones habría gastado Carabineros, entre los años 2015 y 2017, sólo para financiar el combustible utilizado por los automóviles en que actualmente se desplazan seis ex generales directores de la institución.
Mayor transparencia en operaciones de inteligencia
El presidente del CPLT también se refirió a los trabajos de inteligencia realizados por la institución en el marco de la llamada “Operación Huracán”, exigiendo mayores niveles de transparencia en la investigación y en los procedimientos utilizados para el desarrollo de las indagaciones.
“Las instituciones de inteligencia tienen que tener un chequeo externo en un régimen democrático y no pueden funcionar sin la fiscalización o supervisión externa. A veces, la sola revisión de la autoridad política puede ser insuficiente, por lo que se necesita un equilibrio y mayor balance para que las entidades no se transformen en poderes autónomos, que muchas veces, pueden terminar cometiendo irregularidades”, sentenció Drago.
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