El informe de productividad que acompaña la iniciativa, señala que aumentaría la tasa de participación femenina en el mercado laboral desde un 49% a un 52%, que disminuiría la brecha salarial respecto de los hombres, previendo un optimista incremento en la remuneración de las mujeres de hasta un 20% y que se verían beneficiadas más de 233 mil mujeres que hoy no trabajan.
Pero la gran pregunta es ¿qué impacto real tendría esto en el mercado laboral?
Tan pronto trascendió que el proyecto sería financiado con una parte de cotizaciones con cargo al empleador, el empresariado encendió las alertas. Se habló de una suerte de impuesto al trabajo, que, por tanto, encarecería la contratación de mujeres con un efecto negativo, sobre todo en las Pymes.
La contribución promedio de los empleadores a la seguridad social en Chile es baja respecto de los países OCDE, que es el estándar con que debemos medirnos, si es al club al que pertenecemos. Mientras en países como Dinamarca es de un 8% o en Suecia es de un 4,5%; en el nuestro es apenas de un 1,15%.
Vale la pena preguntarse, entonces, qué buscamos como país al universalizar un legítimo derecho social para las mujeres, por cierto, pero cuyos impactos no están tan claros entre aquellos que deberán respetarlos.
Catalina Maluk
Decana Facultad de Economía y Negocios , U. Central
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