Durante el primer semestre de este año, la Universidad Autónoma de Chile llevó a cabo un proceso de reflexión, tal como lo ha hecho desde el 2015, sobre su permanencia en la gratuidad, luego del cual hemos decidido entregar nuevamente a los futuros alumnos, la posibilidad de optar a este beneficio, aunque hacerlo involucra una importante disminución de los ingresos, ya que el arancel regulado -lo que el Estado aporta por la educación de un estudiante- es inferior al arancel fijado para cada carrera.
Tal como habíamos previsto hace tres años, esta política está generando crecientes problemas de sustentabilidad al sistema, los cuales han podido ser enfrentados por la Universidad Autónoma de Chile a través de esfuerzos económicos e institucionales que permitan no comprometer el proyecto de desarrollo institucional, su naturaleza esencialmente privada y su autonomía, razón por la cual, continuará evaluando año a año su permanencia en el sistema.
Hoy, vemos con preocupación el hecho de que aún no se establezcan plazos para solucionar la brecha de los aranceles a pagar por el Estado, en el marco de la política de gratuidad de la educación superior, y los costos reales que tienen las casas de estudio que, fuera de las actividades docentes, desarrollan como nosotros la investigación y la vinculación con el medio, acreditándose exitosamente en ellas.
Somos una institución que aporta a la generación de bienes públicos a través de la investigación, siendo la segunda universidad privada con mayor cantidad de publicaciones en revistas indexadas, superando así a muchas universidades estatales, calidad que se ve reflejada en distintos rankings.
Nuestra Universidad manifiesta su disposición para participar en el perfeccionamiento de una política pública que conjugue el bien mayor del beneficio de la gratuidad a los estudiantes, con el de crecimiento académico y viabilidad económica de las universidades.
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