El diputado independiente René Saffirio presentó hoy miércoles, un proyecto de reforma constitucional que pretende establecer un sistema de derechos y garantías para los adultos mayores y que beneficiará directamente a quienes tengan más de 60 años de edad, personas que requieren mayor apoyo del Estado y que según las proyecciones demográficas, en el 2050 será un tercio de la población del país.
“Los adultos mayores en Chile, constituyen un segmento social que históricamente ha sido vulnerable y vulnerado en sus derechos humanos, por factores como pobreza, abandono, maltrato, sumado a situaciones de discapacidad, enfermedades crónicas o la condición natural de envejecimiento”, dijo el legislador.
Según explicó, se busca “ir saldando la profunda deuda de abandono y postergaciones que el Estado y la sociedad mantienen con la población de la tercera edad de nuestro país”.
La iniciativa del congresista agregará un artículo que asegurará constitucionalmente a todos los adultos mayores “la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos, particularmente los reconocidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
El documento indica que será deber del Estado garantizar derechos tales como: el derecho al buen trato y a una vejez digna; el derecho a prestaciones integrales e interdisciplinarias en el cuidado de la salud; el derecho a prestaciones universales de seguridad social y a servicios sociales básicos; el derecho a la independencia y autonomía en la definición de sus planes de vida; el derecho a la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; y el derecho a una vida libre de violencia, prohibiéndose toda forma de abuso o discriminación arbitraria.
Saffirio añadió que “los órganos del Estado deberán diseñar y ejecutar políticas públicas, con un enfoque diferencial para el goce pleno y efectivo de los derechos de los Adultos Mayores. La ley establecerá un sistema integral de garantías y derechos de los Adultos Mayores”.
Asimismo, habrá “una Defensoría del Adulto Mayor, autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por la difusión, promoción y protección de los derechos de los Adultos Mayores. Una ley de quórum calificado determinará sus funciones y demás atribuciones”.
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