Carlos Esse, coordinador de UCCMA, analiza el impacto de la aprobación de la central hidroeléctrica Llancalil y la urgencia de crear el Centro del Agua por parte de las universidades regionales.
Con 10 votos a favor y 1 solamente en contra fue aprobada la construcción de la central hidroeléctrica Llancalil, la cual será construida en la comuna de Pucón e intervendrá dos ríos en la localidad de Huife Alto. Esta decisión fue analizada por el coordinador de la Unidad de Cambio Climático y Medio Ambiente (UCCMA) del Instituto de Estudios del Hábitat de la Universidad Autónoma de Chile, Carlos Esse, quien es Doctor en Ciencias Forestales y posee un amplio conocimiento en temas medioambientales y sostenibilidad.
Su primera impresión respecto al desarrollo del proyecto tiene relación con el cómo se presenta la intervención, pues se habla de una pequeña central de paso, la que de igual forma tendrá un impacto en el sector donde será emplazada, lo que no es advertido de forma clara en esta etapa de evaluación.
“Su presencia en un entorno natural único y de grandes beneficios ecosistémicos, viene a generar un impacto significativo sobre los ecosistemas naturales presentes en la zona. En este sentido, es indudable que la intervención de los cursos de agua generará modificaciones en la geografía y en el uso actual del suelo. Los recursos hídricos son la principal preocupación bajo el contexto el cambio climático, y cualquier alteración de los flujos naturales generará incertidumbre en la población que vive y se desarrolla en función de dichos recursos”, afirmó el investigador.
Si bien las centrales hidroeléctricas de paso eso generan menos impactos que las represas “existen también otras alternativas menos invasivas para la generación de energía, como las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), del tipo solar, térmicas o eólicas, pero dadas las características geográficas del territorio son inviables de ejecutar. Por lo tanto cabe preguntarse por qué insistir en sistemas que generan rechazos desde el propio territorio. Esto es lo que los habitantes locales se preguntan dejando la sensación de que no son escuchados ni protegidos sus intereses por la legislación actual”.
Es por ello que el Dr. Esse afirma que el rol de la sociedad civil es fundamental a la hora de evaluar los posibles impactos de proyectos que son implementados en el territorio donde habitan. “Los actores relevantes del territorio deben estar sentados en las mesas a la hora de planificar su territorio. Son ellos los afectados en forma directa por las acciones y decisiones que, en la mayoría de las veces, son dadas a conocer cuando dichas decisiones ya han sido tomadas. Por su parte, los organismos técnicos e investigadores tienen la misión de comunicar los posibles impactos que obras de esta naturaleza pueden generar en el territorio, deben aportar desde la dimensión técnica considerando los ejes fundamentales de la sostenibilidad de dichos proyectos. Las empresas, que son las que satisfacen necesidades que la propia sociedad les solicita, así como sociedad civil territorial, los organismos técnicos y universidades deben actuar indisolublemente con igualdad de contrapesos de manera que las decisiones sean equilibradas y consensuadas”.
EL VOTO EN CONTRA
Sobre el único voto en contra de la construcción de la central y la advertencia realizada por el Intendente Jorge Atton, quien argumentó sobre “un riesgo inminente e irreversible al medio ambiente”, el investigador de la Autónoma señala que “existen varios actores involucrados en la decisión final, varios de ellos con la función de velar porque el proyecto cumpla con las exigencias de la ley, más allá de las posibles externalidades que un proyecto de esta naturaleza puedan generar en el territorio y sus habitantes. La opinión del Intendente es válida al igual que la de muchos actores de la sociedad que se manifestaron en contra de este proyecto. Lamentablemente, las evaluaciones se centran en lo técnico y económico, dejando de lado los impactos territoriales que se generarán a mediano y largo plazo. Esa visión limitada es la que la legislación actual no logra dimensionar, y por lo tanto es un claro llamado a la revisión de cuerpos legales que no satisfacen las necesidades ambientales actuales, sobre todo ante fenómenos asociados al cambio global”.
¿ Quedan alternativas aún para impedir su construcción? De acuerdo a los plazos establecidos deberán pasar 10 días para la publicación de la resolución de la comisión evaluadora, posteriormente habrá un plazo de 30 días más para manifestar y argumentar en contra de la ejecución de la obra. Es aquí donde el coordinador de UCCMA cree que los antecedentes que se deben considerar tienen que poner en el centro de la mirada una de las aristas planteadas por el Plan Impulso Araucanía, el cual entre sus líneas busca potenciar el desarrollo turístico de La Araucanía y en especial de la zona lacustre.
“La gestión del recurso hídrico es una gran tarea para el territorio de La Araucanía y proyectos de esta naturaleza no aportan en solucionar los problemas de déficit hídrico en la región, más aún si se considera alterar cabeceras de cuencas hidrográficas aportantes del vital elemento. La posición del Intendente debe ser reforzada, y apoyada con una gran voluntad política para así lograr que se llegue a un consenso con las organizaciones civiles y las necesidades de desarrollo del propio territorio. Lo sucedido deja de manifiesto la urgente necesidad de generar el Plan Regional de Manejo de Recursos Hídricos y la recarga de acuíferos entorno al ansiado Centro del Agua que pretenden constituir las universidades de La Frontera, Católica de Temuco y Autónoma de Chile”.
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