Por Francisco Huenchumilla
Senador
Nuestro país está sufriendo la peor crisis social y económica que haya experimentado desde 1982-83. La diferencia es que esa crisis tuvo su base en las malas políticas económicas de la dictadura y, muy particularmente, en la fijación del tipo de cambio en 39 pesos por dólar. Esta crisis, en cambio, tiene su origen en la necesidad de proteger las vidas de las personas.
Sin embargo, aunque parezca curioso, las medidas que nos permitirán salir del estado catatónico en que nos encontramos no son muy distintas. Más bien se parecen harto.
Lo que sorprende es que el actual gobierno no aproveche la incomparablemente mejor posición del país ahora que en 1982 para proteger a nuestro pueblo de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y para fortalecer la reactivación económica una vez que la expansión del virus esté bajo control.
En la etapa de cuarentena no tiene sentido crear programas de empleo, como en 1982-83 porque la gente no puede y no debe salir a trabajar. Lo que corresponde entonces es apoyar a las personas y a las empresas, sobre todo las más pequeñas, para que puedan, literalmente, sobrevivir.
En este sentido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0 fue un gran paso adelante, pero se queda corto en dos dimensiones: la cobertura es insuficiente, no se está llegando a todos los que lo necesitan (solo cubre al 80% del 40% más pobre) y los montos son mezquinos, no permiten que las familias puedan sobrevivir decentemente esta crisis. Peor aún, los menos pobres saldrán sumamente endeudados y tendrán que pagar tasas de interés de usura.
Algo similar ha pasado con los créditos a las MIPYME, los créditos tan anunciados simplemente no les llegan o los montos son insuficientes, inferiores a los tres meses de ventas que anunció el gobierno.
El 14 de junio hubo un Acuerdo entre partidos de oposición y el gobierno para establecer un paquete de apoyo económico de US$12.000 millones a ser usado en los próximos 24 meses.
Pero el gobierno, por medio de la Dirección de Presupuestos en su Informe Financiero del segundo trimestre, ya anunció que su política es no gastar ese monto y devolver por lo menos US$2.000 millones al Fondo el Estabilización Económica y Social (FEES).
Además, se fijó un sublímite de US$500 millones mensuales para lo que queda de 2020, cuando el gasto debería concentrarse en los meses de julio, agosto y posiblemente septiembre, los meses de cuarentena.
Si hubo acuerdo que un paquete de gasto de esa magnitud era necesario, ¿qué sentido puede tener ahorrarlo, a costa de no apoyar a familias vulnerables y pequeñas empresas? En vez de ahorrar esos montos, ¿no sería preferible alimentar a las familias que lo necesiten, y poner agua potable y electricidad en los campamentos al menos durante la emergencia?
¿O expandir temporalmente los recursos de la JUNAEB, que dice públicamente que tiene la capacidad, para proveer de alimentación por lo menos una vez al día a los sectores más afectados de todo el país?
No hay que ser muy imaginativo para concebir otras medidas de alto beneficio en apoyo a las personas que no son muy difíciles de ejecutar.
La reactivación económica y del empleo, lamentablemente, serán paulatinas y pausadas. Para fortalecer la recuperación es necesario mantener con vida a las empresas, sobre todo a las pequeñas que, usualmente, son las más débiles.
Las medidas para apoyar a las familias también ayudan a las pequeñas empresas porque compran sus productos. Muchas de estas no son formales, toda la operación la hace la dueña o el dueño a nombre propio. Mantenerlas con vida para que puedan activarse pos pandemia es fundamental. Para eso hay que hacer un esfuerzo especial para identificarlas, precisar sus necesidades y hacer lo necesario para mantenerlas a flote. Hay otras que los bancos conocen, pero a las cuales no les darán crédito. Esa es tarea del Estado directamente.
En este esfuerzo simultáneo en varios frentes que hoy necesitamos hacer ha quedado en evidencia que nuestro Estado no tiene toda la información que necesita sobre las personas y sobre la red de empresas que tenemos en el país. Hay mucha información sobre las grandes empresas, pero esas son una parte muy menor del universo que hoy necesitamos apoyar.
Una parte de los recursos para la reactivación, contemplados en el Acuerdo del 14 de junio, debieran estar dirigidos a fortalecer el contacto del aparato público con las familias y empresas a las cuales pretende atender.
Producto de la crisis inevitablemente habrá personas capacitadas que no tendrán empleo. Esas personas pueden ser útilmente empleadas en generar la información necesaria y, posteriormente, en mantenerla actualizada para poder atender a la población. Esto va desde los registros de los consultorios de barrio y las fichas de hogares, que al momento de usarlas se descubrió que no están actualizadas, hasta tener un buen registro de empresas y emprendedores incluyendo información de compras y ventas.
Lo peor que podemos hacer es sacar cálculos pequeños en torno al año electoral que ya se asoma, porque lo único que hará es empeorar la crisis. Lo otro que no nos podemos permitir es no aprender las lecciones de esta crisis. En especial que el Estado no tenga información de calidad y actualizada de las familias y empresas de nuestro país. No podemos diseñar políticas públicas “quirúrgicas”, como se ha pretendido, sin información adecuada.
Más allá de lo que podemos hacer en el futuro, la tarea de hoy es proteger a las familias de Chile. Al protegerlas también estaremos protegiendo nuestro futuro colectivo, en lo social y lo productivo.
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