Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador
La indesmentible realidad de haber creado una generación profundamente endeudada es el punto de partida para que, desde la política, reflexionemos –y procuremos cambiar–, el actual modelo de créditos con el que miles de jóvenes acceden cada año a su educación superior en Chile.
Este sistema, es sólo otra muestra del ortodoxo modelo económico que fue escogido de facto, hace 40 años atrás, para nuestro país: el neoliberalismo, paradigma donde el desarrollo individual y la libertad son los valores preponderantes que rigen la sociedad. En teoría, las oportunidades están allí, y lo único que debe hacer el ciudadano de a pie, es tomarlas. Si no las puede pagar, o cómo lo hace… bueno, de aquello no se habló por años. Hasta ahora.
En ese esquema, por supuesto no tenía cabida la educación gratuita. Se la vio, seguramente, como un “regalo” que muy pocos merecerían. Para la inmensa mayoría de las familias, se establecieron sistemas de créditos, como el Crédito con Aval del Estado (CAE), y desde los años 90 y hasta la actualidad, unos dos millones de estudiantes se endeudaron para cursar sus estudios superiores.
Pero hoy, para muchos de estos jóvenes, el augurio de un mejor futuro se esfumó. La existencia de esta deuda se traduce en que sus evaluaciones crediticias, no les permiten comprar una vivienda, o comenzar un emprendimiento. Hay quienes incluso relacionan la deuda universitaria, con una disminución en la cantidad de jóvenes que adquieren casa propia. Vaya revés para esa promesa de progreso y bienestar. Vaya aterrizaje forzoso para estos estudiantes, que fueron primera generación de su familia en llegar a la universidad.
Por todo lo anterior, creemos que el proyecto de ley que aprobamos en general, este jueves en el Senado, para despenalizar la deuda universitaria, es un primer paso de justicia. Sus ideas centrales son interpretar la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, para aplicarla a estos créditos; y modificar las leyes que regulan actualmente a los créditos universitarios, para terminar con los mandatos en blanco, la deducción de ingresos por parte del empleador, y permitirles a los deudores utilizar las herramientas de Ley de Insolvencia.
Es decir, mejorar la posición de los deudores universitarios desde su posición actual, muy gravosa y desventajosa, para ponerlos en un rango similar al de un deudor común y corriente.
Sin embargo, es meritorio detenernos en la frase primer paso de justicia. Este debate, a nuestro juicio, no puede terminar en la aprobación y promulgación de este proyecto de ley. El desafío más grande sigue siendo analizar la condonación total o parcial de la deuda universitaria.
Y en la misma dirección, hechos como los acá descritos traen nuevamente a colación que el actual modelo de desarrollo de Chile, individualista, competitivo y basado en el dinero, ya cumplió su ciclo en Chile. Es hora de dar un giro y abrirnos hacia una Economía Social y Ecológica de Mercado –Alemania es un buen ejemplo–, con un estado protagonista y más solidario, que garantice derechos básicos para sus ciudadanos, y que dé al país un rumbo y una hoja de ruta clara y definida hacia el desarrollo. La educación gratuita y de calidad es una deuda pendiente, en la que hemos avanzado, pero todavía falta.
El mensaje desde nuestra posición, a los grupos económicos y a la derecha, es que nuestra disposición y votos en el Congreso están. Hagamos justicia en esta materia, y avancemos un paso más en redefinir las prioridades para el Chile del mañana: un país más justo y solidario, donde el sueño de miles de crecer y progresar no sea gravado, penalizado, limitado ni lastrado.
Dejar una contestacion